En Madrid, en el recurso de alzada para la unificación de criterio interpuesto por la DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (AEAT), con domicilio a efectos de notificaciones en C/ San Enrique, 17, 28071-Madrid, contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía, de 28 de octubre de 2016, recaída en la reclamación nº 41/06490/2014 interpuesta frente a acuerdo de declaración de responsabilidad solidaria.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: De la documentación obrante al expediente quedan acreditados los hechos siguientes:
1.- Por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) se dictaron las siguientes diligencias de embargo de créditos a la entidad mercantil V, S.L.:
-Diligencia nº 41XXXX91N de 24 de junio de 2011, notificada el 27 de junio siguiente, por importe de 12.069,71 euros.
-Diligencia nº 41XXXX59X de 20 de abril de 2012, notificada el 23 de abril siguiente, por importe de 73.966,01 euros.
En ambas diligencias se acordó lo siguiente:
Tramitándose expediente administrativo de apremio para el cobro de las deudas pendientes de pago correspondientes al obligado al pago arriba identificado [entidad H, S.L.] y habiendo transcurrido el correspondiente plazo de ingreso sin que haya sido atendido el pago de las deudas pendientes, teniendo constancia, según los datos y antecedentes que constan en la Agencia Tributaria, de la relación comercial que mantiene con el citado obligado al pago, SE DECLARAN EMBARGADOS los créditos a favor del mismo que tenga pendientes de pago a la fecha en que reciba esta diligencia, ya sean cantidades facturadas, pendientes de facturar o que no requieran facturación, así como aquéllos que sean consecuencia de prestaciones aún no realizadas derivadas de cualquier tipo de contrato en vigor con el citado obligado al pago, en cantidad suficiente para cubrir el importe de la deuda no ingresada en periodo voluntario, el recargo de apremio ordinario, los intereses y costas del procedimiento de apremio, por un importe total de ........... euros.
Seguidamente, en las diligencias se decía:
CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE EMBARGO
En cumplimiento de la presente diligencia de embargo deberá, en el plazo máximo de 10 díasa contar desde el siguiente a la fecha de su recepción, cumplimentar el Anexoque se adjunta, concretando el estado de los créditos embargados, y remitirloal órgano de recaudación que se indica en el mismo.
Podrá realizar la cumplimentación y el envío del Anexo por Internet, utilizando el programa de ayuda habilitado al efecto. Para ello deberá acceder a la dirección www.agenciatributaria.es y seleccionar: Sede Electrónica - Procedimientos, servicios y trámites - Recaudación - Consulta y Tramitación diligencias de embargo - Embargo de créditos, efectos y derechos realizables en el acto o a corto plazo - Contestación a diligencia de embargo.
Los créditos embargados deberán ser objeto de retención e ingreso en los términos que se recogen en el apartado "PLAZO Y FORMA DE INGRESO", salvo que previamente reciba una notificación en sentido contrario del correspondiente órgano de recaudación.
Tratándose de créditos de tracto sucesivo derivados de un contrato en vigor con el obligado al pago, no debe cesar en la práctica de las retenciones hasta que satisfaga el importe total que figura en el apartado ACUERDO, salvo que reciba la notificación indicada en el párrafo anterior.
La primera diligencia no fue contestada por V, S.L. ni remitiendo el anexo ni ingresando cantidad alguna. El 21 de noviembre de 2011 se le notificó documento informándole sobre el posible incumplimiento de una obligación asociada a la diligencia de embargo 41XXXX91N y recordándole la posibilidad de cumplimentación y envío del Anexo por Internet. Este último documento tampoco fue contestado por V, S.L.
La segunda diligencia (nº 41XXXX59X) fue contestada mediante la presentación telemática el día 8 de mayo de 2012 del Anexo de la diligencia de embargo, haciéndose constar la casilla B2 correspondiente a "En la fecha de notificación de la diligencia no existen créditos pendientes de pago ni contratos en vigor".No se consigna nada en el campo "Observaciones adicionales".
El día 26 de marzo de 2014 se notificó a la entidad V, S.L. requerimiento de información del artículo 93 de la Ley 58/2003, General Tributaria (LGT), para que aportase la siguiente documentación referida al período que abarca desde el 1 de enero de 2011 hasta la fecha actual:
- Libro Mayor de operaciones con el obligado al pago.
- Copia del/os contrato/s suscritos con el obligado al pago.
-Los pagos realizados al obligado al pago, así como los medios de pago utilizados.
- Si mantienen relación en la actualidad, importe facturado pendiente de pago y contratos en vigor.
2.- El día 20 de mayo de 2014 se notificó a la entidad V, S.L. un acuerdo de inicio de procedimiento para declararla responsable solidaria de las deudas de la entidad H, S.L. por incumplimiento de órdenes de embargo, al amparo del artículo 42.2.b) de la LGT.
Por acuerdo de 10 de junio de 2014, notificado el 17 de junio siguiente, se declaró a la entidad V, S.L. responsable solidaria de las deudas de la entidad H, S.L. con un alcance de 68.722,18 euros. Entre otros extremos, en el acuerdo se dice lo siguiente:
ANTECEDENTES Y HECHOS
ÓRDENES DE EMBARGO INCUMPLIDAS.
(..........)
Del examen de los modelos 347 de los años 2011, 2012 y 2013, se comprueba que la entidad H, SL declara operaciones de ventas/ingresos a V, SL, por los siguientes importes:
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VENTAS 347
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TOTAL
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1TRIM.
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2TRIM.
|
3TRIM.
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4TRIM.
|
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2011
|
21.610,49
|
624,35
|
1.204,40
|
9.140,82
|
10.640,92
|
|
2012
|
100.117,56
|
40.367,60
|
25.399,50
|
15.566,65
|
18.783,81
|
|
2013
|
27.359,60
|
12.732,83
|
8.099,63
|
3.214,14
|
3.313,00
|
Del examen de los modelos 347 de los años 2011, 2012 y 2013, se comprueba que la entidad V, SL declara operaciones de compras a H, SL, por los siguientes importes:
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COMPRAS 347
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TOTAL
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1TRIM.
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2TRIM.
|
3TRIM.
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4TRIM.
|
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2011
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21.610,49
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5.565,02
|
1.204,40
|
4.200,15
|
10.640,92
|
|
2012
|
100.117,56
|
40.367,60
|
25.399,50
|
15.566,65
|
18.783,81
|
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2013
|
27.359,60
|
12.732,83
|
8.099,63
|
3.214,14
|
3.313,00
|
Es decir los mismos importes, aunque en 2011 hay unas pequeñas diferencias en el primer y tercer trimestre, coincidiendo, sin embargo, el importe anual.
Del análisis de los modelos 347 presentados en los 3 últimos años por ambas sociedades se observa que H, SL y V, SL han declarado entre ellas ventas y compras respectivamente en todos los trimestres, lo que evidencia si no la existencia de un contrato suscrito entre ambas partes, al menos una relación continuada en el tiempo por un contrato verbal, con la misma fuerza desde el punto de vista del Derecho Mercantil que el contrato formalizado por escrito.
Así, el importe de las ventas declaradas por H, SL a V, SL y las compras declaradas por éste al deudor en el modelo 347 desde 2009 son las siguientes:
En el 2009: 20.762,82 euros
En el 2010: 24.769,79 euros
En el 2011: 21.610,49 euros
En el 2012: 100.117,56 euros
En el 2013: 27.359,60 euros
Teniendo en cuenta que las fechas en que se notificaron las diligencias de embargo 41XXXX91N y 41XXXX59X, se encuentran temporalmente entre operaciones declaradas, se constata que ha habido un incumplimiento de las diligencias de embargo por parte de V, SL.
ALEGACIONES
(........)
Aporta copia de LIBRO MAYOR del proveedor H, SL del período 01/01/2012 a 31/12/2012. Extractos bancarios en los que figuran los pagos recogidos en el Libro Mayor de la cuenta del proveedor H, SL. Copia de correos electrónicos entre V, SL con la que dicen era su antigua asesoría fiscal, respecto a los documentos solicitados en el requerimiento de información del pasado marzo, de fechas 31/3/2014 y 7/4/2014.
Pues bien, respecto de dichas alegaciones manifestamos:
Respecto a que del incumplimiento de contestación de la diligencia 41XXXX91N y del incumplimiento del requerimiento de información, declaramos incumplida también la diligencia 41XXXX59X, pese a haber sido contestada en tiempo y forma, se le comunica que es por el incumplimiento de ambas diligencias de embargo, por el que se inicia el procedimiento de derivación de responsabilidad solidaria.
Respecto a que no se ha incumplido la orden de embargo 41XXXX59X al existir un cumplimiento formal y completo de dicha diligencia, ya que con la documentación presentada se demuestra que en la fecha de la diligencia contestada el 8 de Mayo, V, SL no debía cantidad alguna a H, SL, se le comunica que en la diligencia de embargo se declaraban embargados los créditos a favor del obligado al pago que tenga pendientes de pago a la fecha en que reciba la diligencia, ya sean cantidades facturadas, pendientes de facturar o que no requieran facturación, así como aquéllos que sean consecuencia de prestaciones aún no realizadas derivadas de cualquier tipo de contrato en vigor con el citado obligado al pago, de modo que dentro de las obligaciones impuestas en la diligencia de embargo, se encuentra no solo contestar a la misma, sino contestar verazmente, lo que no se ha producido en este caso ya que la diligencia se recibe el 23/04/2012 y es contestada el 8/5/2012, pues bien, solo entre esas dos fechas y con la documentación aportada en las alegaciones presentadas se comprueba que V, SL realiza 3 transferencias a H, SL, como pagos a cuenta, lo que está corroborando es, si no la existencia de un contrato suscrito entre ambas partes, al menos una relación continuada en el tiempo por un contrato verbal, con la misma fuerza desde el punto de vista del Derecho Mercantil que el contrato formalizado por escrito. En la diligencia de embargo se le indicaban las consecuencias del incumplimiento de la misma "... a partir del recibo de esta diligencia, no tendrán carácter liberatorio los pagos realizados al obligado al pago,..."Además a lo largo de 2012, según la fotocopia del Libro Mayor aportado del proveedor H, SL, el saldo inicial es a favor de H, SL por importe de 4.228,64 euros, presentando éste último a lo largo del año 4 facturas, cada una de ellas presentada el último día de cada trimestre por importe total de 100.117,56 euros y realizando V, SL 21 pagos a H, SL por importe de 90.566,60 euros (de los que aporta fotocopias de distintos justificantes bancarios de 20 de dichos pagos) y quedando un saldo a favor de H, SL por importe de 13.779,60 euros. Nada se alega respecto a la diligencia de embargo 41XXXX91N.
Respecto al procedimiento de pago que se seguía con H, SL, que era el de adelantarle cantidades en concepto de pagos a cuenta de factura y que cuando el producto era recibido junto con la factura de compra se compensaban saldos; manifestando que en fecha 20/4/2012, días antes de recibir la 2ª diligencia de embargo se le efectuó un pago de 36.117,60 euros que cancelaba los pedidos representados y facturados en la factura 952/2012 de H, SL, de manera que a partir de ese 20 de abril del 2012 la situación de sus cuentas cruzadas era acreedora por importe de 8.470,00 euros de facturas pagadas por anticipado y que por eso la contestación fue negativa, ya que no debían cantidad alguna, sino que H, SL les debía producto pagado por anticipado, manifestar que a pesar de ese saldo acreedor se le siguieron realizando pagos a cuenta, como hemos manifestado antes, entre que se recibe la diligencia de embargo y la contestación se le hacen 3 pagos, y se siguen realizando a lo largo de todo el año, siendo el saldo a final de año, incluso deudor por parte de V, SL a favor de H, SL, lo que también pone de manifiesto que dicho procedimiento de pago, si no era por producto recibido, era bastante flexible. Nada se alega respecto a la diligencia de embargo 41XXXX91N.
Respecto a la falta de atención del requerimiento de 26 de marzo de 2014 no contestado, hablan de su incumplimiento por los profesionales a los que le tenían encargado el soporte fiscal y contable y que lo podemos comprobar en los correos electrónicos que presenta como prueba y que no obstante junto con las alegaciones presentan todos los documentos solicitados en el requerimiento de información. Pues bien respecto a dicha alegación le comunicamos que el incumplimiento de dicho requerimiento de información, no ha sido causa del presente procedimiento, sino que con dicho requerimiento, lo que la administración pretendía comprobar si la información que esta Dependencia tenía, a través de las declaraciones informativas presentadas por ambas entidades, era cierta y si habían existido causas que justificaran el incumplimiento de las diligencias de embargo y que en todo caso su incumplimiento podrá ser sancionado conforme a lo establecido en el artículo 203 de la LGT, pero no ha sido utilizado como motivación de la derivación. Y respecto a que con las alegaciones presentadas se han presentado todos los documentos solicitados en dicho requerimiento y que demuestran fehacientemente el hecho de que no ha habido incumplimiento, indicar que no han sido presentados todos los documentos requeridos, así de lo requerido y que se encuentra indicado en la página 2 de este acuerdo, solo se ha aportado copia del libro mayor del año 2012 y los pagos realizados en ese año así como la mayor parte de los medios de pago utilizados, pero también solo respecto de dicho año y en los que, como ya hemos comentado antes y que no vamos a volver a detallar, se evidencia las relaciones comerciales continuadas entre V, SL e H, SL. Nada se alega respecto a la diligencia de embargo 41XXXX91N.
Respecto a que mantener relaciones comerciales continuadas con un proveedor no es incompatible con haber cumplimentado en tiempo y forma una diligencia de embargo sin obligación de ingresar, debido a que en las fechas de las diligencias no hubiesen cantidades debidas, como es el caso y ya ha sido explicado y demostrado anteriormente. Respecto a dicha alegación, nos reafirmamos en su incumplimiento por cuanto que la contestación dada a la misma no es cierta, de modo que existen, entre el momento en que reciben la misma y el momento en que la contestan 3 pagos a H, SL, que tanto si eran por facturas recibidas, por productos recibidos ó como manifiestan pagos a cuentas de futuras facturas, lo que nadie discute es que los pagos han existido y por tanto se ha incumplido la diligencia de embargo que literalmente indicaba que se declaraban embargados los créditos a favor del obligado al pago que tenga pendientes de pago "... ya sean cantidades facturadas, pendientes de facturar o que no requieran facturación, así como aquéllos que sean consecuencia de prestaciones aún no realizadas derivadas de cualquier tipo de contrato en vigor con el citado obligado al pago..."quedando claro que existe relación contractual de algún tipo. Nada se alega respecto a la diligencia de embargo 41XXXX91N.
Respecto a que la derivación de responsabilidad, significa para V, SL un grave quebranto económico que significará el cierre y el despido de los trabajadores, al no ser asumible, en las actuales condiciones económicas, la deuda pretendida debido a la absoluta falta de liquidez y de crédito de que dispone actualmente la empresa. E invoca el artículo 3 de la Ley General Tributaria que dispone que la administración deberá aplicar las medidas tributarias con proporcionalidad, es decir que sean adecuadas y razonables, y en el apartado 3.2 se refiere al principio de "limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales" obligando a la administración a que efectúe sus intervenciones tributarias de la forma que resulte menos gravosa para el contribuyente. Comunicarle respecto a dicha alegación, que en este procedimiento no se está determinando la deuda tributaria sino declarando responsable solidario del pago de la deuda tributaria pendiente, hasta el importe del valor de los bienes o derechos que se hubieran podido embargar o enajenar por la Administración tributaria, las que, por culpa o negligencia, incumplan las órdenes de embargo.
Y termina solicitando se anulen las actuaciones de derivación emprendidas.
Respecto a las menciones realizadas sobre el acuerdo de adopción de Medidas Cautelares adoptadas en el seno del procedimiento de derivación, comunicarle que constituye un procedimiento diferente, que además ha recurrido en vía económico-administrativa y sobre el que no nos pronunciamos.
PRESUPUESTOS OBJETIVOS DE LA RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA.
Según lo dispuesto en el artículo 42.2.b) de la Ley 58/2003 General Tributaria de 17 de diciembre:
"También serán responsables solidarios del pago de la deuda tributaria pendiente y, en su caso, del de las sanciones tributarias, incluidos el recargo y el interés de demora del período ejecutivo, cuando procedan, hasta el importe del valor de los bienes o derechos que se hubieran podido embargar o enajenar por la Administración tributaria, las siguientes personas o entidades:
a) ...
b) Las que, por culpa o negligencia, incumplan las órdenes de embargo.
c) ...
d) ...
A través de las tres conductas tipificadas se pretende hacer responsable patrimonial a quien, con su actuación, causa daño de esta naturaleza a la Administración, presentando cada una de ellas sus propios contornos. La conducta advertida en el presente caso tiene lugar dentro de la fase del procedimiento de embargo mismo, impidiendo que las consecuencias derivadas de un embargo puedan ser llevadas a término por la negativa del destinatario de la correspondiente diligencia a acatarla o a actuar en consecuencia con ella, resultando, por tanto, subsumible en el apartado b) del referido artículo.
La Resolución TEAC 2249/2006 DE 9 DE JULIO DE 2008, en su Fundamento de Derecho Segundo, establece que "De este precepto se deduce que los presupuestos necesarios para la apreciación de la responsabilidad son: por acción u omisión incumplir una orden de embargo, que como consecuencia de ese incumplimiento no se haya podido trabar el bien cuyo embargo se pretendía y que la conducta del presunto culpable sea culpable o negligente".
Los presupuestos básicos para la aplicación de dicho precepto son:
1. La existencia de un bien o derecho propiedad del deudor.
2. Que la persona obligada a cumplir la orden de embargo tenga conocimiento de la existencia de la misma, y
3. Que se incumpla dicha orden de embargo.
Estos presupuestos se dan en el presente caso.
1.La existencia de un bien o derecho propiedad del deudor: Créditos derivados de operaciones comerciales con el obligado al pago.
2.Que la persona obligada a cumplir la orden de embargo tenga conocimiento de la existencia de la misma: Todas las notificaciones se han realizado reglamentariamente.
3.Que se incumpla dicha orden de embargo
3.a)Obligación de ingreso: La normativa tributaria establece como obligación en el art. 81 sobre Embargo de otros créditos, efectos y derechos realizables en el acto o a corto plazo del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005 que:
"Cuando se trate de créditos, efectos y derechos realizables en el acto o a corto plazo no regulados en el artículos anterior, se procederá como sigue:
a)Si se trata de créditos, efectos y derechos sin garantía, se notificará la diligencia de embargo a la persona o entidad deudora del obligado al pago, apercibiéndole de que, a partir de ese momento, no tendrá carácter liberatorio el pago efectuado al obligado. Cuando el crédito o derecho embargado haya vencido, la persona o entidad deudora del obligado al pago deberá ingresar en el Tesoro el importe hasta cubrir la deuda. En otro caso, el crédito quedará afectado a dicha deuda hasta su vencimiento, si antes no resulta solventada. Si el crédito o derecho conlleva la realización de pagos sucesivos, se ordenará al pagador ingresar en el Tesoro los respectivos importes hasta el límite de la cantidad adeudada, salvo que reciba notificación en contrario por parte del órgano de recaudación."
Por tanto, dentro de las obligaciones impuestas en la diligencia de embargo, se encuentra no solo contestar a la misma, sino que cuando el crédito esté vencido se deberá ingresar el importe embargado, siendo que esta obligación no está sujeta a la voluntad del pagador.
3.b) Incumplimiento: En el presente caso es patente el incumplimiento de las órdenes de embargo en cuanto al requisito de la obligación de su contestación e ingreso en el Tesoro Público por parte de V, SL, ya que o bien no contesta a la diligencia de embargo, en el caso de la diligencia 41XXXX91N, o se limita a contestar que no existen créditos pendientes de pago ni contratos en vigor, siendo que han quedado demostradas las relaciones comerciales continuadas con el obligado al pago. Y respecto al requerimiento de información concreto que se le notificó el pasado 26 de marzo de 2014, éste no ha sido contestado.
En la diligencia se le notifica las CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO:
"Se le comunica que, a partir del recibo de esta diligencia, no tendrán carácter liberatorio los pagos realizados al obligado al pago, debiendo tener presente la responsabilidad en que pudieran incurrir al responder solidariamente del pago de la deuda tributaria pendiente y en su caso, del de las sanciones tributarias, incluidos el recargo y el interés de demora del período ejecutivo cuando procedan, hasta el importe del valor de los bienes o derechos que se hubieran podido embargar, las siguientes personas:
a) Las que sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la Administración tributaria.
b) Las que por culpa o negligencia incumplan las órdenes de embargo.
c) Las que con conocimiento del embargo, colaboren o consientan en el levantamiento de
los bienes.
d) Las personas o entidades depositarias de los bienes del deudor que, una vez recibida la notificación del embargo, colaboren o consientan en el levantamiento de aquéllos.
Asimismo debe tener en cuenta que, con carácter general, el incumplimiento en sus propios términos de las órdenes de embargo por el obligado al pago y por cualquier persona física o jurídica obligada a colaborar en el embargo así como las obstrucción o inhibición en la práctica de dichas órdenes, podrá dar lugar a la incoación de expediente sancionador, sin perjuicio de las acciones penales que procedan."
3.c) Declaración de Responsabilidad: En cuanto a la declaración de responsabilidad por el artículo 42.2.b) de la Ley 58/2003 General Tributaria, puede exigirse responsabilidad por el mero incumplimiento, si bien tendrá que demostrarse la existencia de culpa o negligencia. Para ello, puede requerirse la oportuna justificación documental que acredite si han existido causas para no cumplir con la obligación de ingresar (incumplimiento de condiciones contractuales del obligado al pago, falta de vencimiento de los créditos, etc.).
En el presente caso, V, SL ha dejado de ingresar en la AEAT las cantidades embargadas a H, SL, haciendo caso omiso de las diligencias de embargo correctamente notificadas, por lo que se da plenamente el incumplimiento de las diligencias de embargo por falta de ingreso, cuando menos por negligencia ya que debería haber retenido e ingresado las cantidades facturadas ó pendientes de pago desde el 27 de junio de 2011, hasta el importe señalado en las diligencias.
(..........)
ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD
En relación con el alcance de la responsabilidad el artículo 42.2 de la Ley 58/2003 General Tributaria, señala:
"También serán responsables solidarios del pago de la deuda tributaria pendiente y, en su caso, del de las sanciones tributarias, incluidos el recargo y el interés de demora del período ejecutivo, cuando procedan, hasta el importe del valor de los bienes o derechos que se hubieran podido embargar o enajenar por la Administración tributaria las siguientes personas o entidades:
a)....
b) Las que, por culpa o negligencia, incumplan las órdenes de embargo.
c)...
d)...
Habiéndose realizado el incumplimiento de las diligencias de embargo nº 41XXXX91N y 41XXXX59X y teniendo en cuenta que en la segunda diligencia están incluidas las deudas de la primera, y que esta segunda diligencia era por un importe de 73.966,01 euros, y que las deudas incluidas en la misma a fecha de hoy lo son por un importe de 68.722,18 euros y que los créditos facturados desde que se tuvo conocimiento de la primera diligencia de embargo hasta 2013 inclusive son superiores a dicho importe, el alcance se fija en el importe pendiente de las deudas tributarias incluidas en la diligencia 411223319559X.
ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD: 68.722,18 euros
3.- Frente al acuerdo de declaración de responsabilidad solidaria la entidad V, SL interpuso la reclamación económico-administrativa nº 41/06490/2014 el día 17 de julio de 2014 alegando, en síntesis:
- Reconoce el incumplimiento de la orden de embargo 41XXXX91N, producido por causas ajenas a su voluntad, por lo que asume que pueda ser derivada la responsabilidad, pero con el alcance de esa orden.
- Niega el incumplimiento de la orden de embargo 41XXXX59X por las razones siguientes:
(i) cuando recibió dicha orden no mantenía créditos pendientes con la deudora a la Hacienda Pública
(ii) los pagos efectuados a la deudora a lo largo del año lo fueron como consecuencia de relaciones comerciales posteriores a la fecha de recepción de la diligencia de embargo, sin que pueda entenderse que la continuidad en las relaciones obedece a un contrato verbal como entiende la Administración. Se trata de pedidos puntuales que se le hacen a un proveedor en función de las necesidades de la empresa, sin mediar ningún tipo de contrato, ni verbal ni por escrito. Decir que entre nuestra empresa y H, SL existe algo similar a un contrato verbal que tiene la misma fuerza que un contrato por escrito, porque le hagamos pedidos recurrentes en el tiempo, es una calificación aventurada e incierta, es lo mismo que decir que todos los empresarios españoles que adquieren productos ocasional o recurrentemente a los mismos proveedores sostienen con ellos "contratos formalizados por escrito desde el punto de vista del Derecho Mercantil".
4.- El Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía (TEAR, en adelante) dictó resolución el 28 de octubre de 2016 acordando: "ESTIMAR PARCIALMENTE la presente reclamación, anulando el acto impugnado respecto a la diligencia de embargo 41XXXX59X, de acuerdo con el fundamento de derecho SEPTIMO y confirmándolo respecto a la diligencia de embargo 41XXXX91N, si bien limitando el alcance a las deudas de esa diligencia pendientes de pago, conforme se señala en el fundamento de derecho CUARTO".
La anulación del acuerdo de responsabilidad respecto a la diligencia de embargo 41XXXX59X se fundamenta en la resolución del TEAR del modo siguiente (la negrita es nuestra):
QUINTO.- A juicio de este Tribunal, el deudor de un deudor tributario que recibe una orden de embargo de créditos está obligado a ingresar en la Hacienda Pública los importes de todas aquellas obligaciones que se hayan generado con aquél con anterioridad a dicha recepción o que sean consecuencia de prestaciones aún no realizadas derivadas de cualquier tipo de contrato en vigor, pero no está obligado a ingresar los importes de las obligaciones que se puedan generar en el futuro, salvo que reciba otra orden de embargo. Es decir, la persona que recibe una orden de embargo no está obligada a tener siempre presente y a recordar que si vuelve a contratar con el deudor tributario debe retener las cantidades que deba abonar al mismo para ponerlas a disposición de la Administración.
Como indicios acerca de la existencia de un contrato en vigor, la Administración acude a la relación estable con el obligado tributario, puesta de manifiesto mediante la aportación del modelo 347 tanto de la deudora de la Hacienda Pública como de la interesada en diversos ejercicios. A la luz de dichos modelos, se constata que desde el ejercicio 2009, la relación comercial entre estas ha sido constante en todos ellos, señalando, que si bien no existe contrato escrito, ha de existir un contrato verbal. Asimismo, señala que entre la notificación de la diligencia de embargo 41XXXX59X (el 23 de abril de 2012) y su contestación (8 de mayo de 2012), se producen 3 pagos a la deudora en concepto de pagos a cuenta, lo que para la Administración es prueba junto a lo anterior de que se ha incumplido la orden de embargo.
Frente a esta postura, la interesada opone que la operativa de la empresa, respecto a la deudora de la Hacienda Pública, debido a la absoluta carencia de liquidez era adelantarle cantidades en concepto de pagos a cuenta de factura, y cuando el producto era recibido junto con la factura de compra se compensaban saldos, siendo que a la fecha de la 23 de abril el saldo era acreedora en 8.470 euros de facturas pagadas por anticipado.
Es por ello, que la cuestión a dilucidar en el presente caso es si ha quedado suficientemente probado que estamos ante un contrato de suministro (verbal, como señala la Administración), que permita entender, que con las diligencias de embargo notificadas, y con los pagos realizados con posterioridad a estas, se estaba incumpliendo la orden de embargo, o por el contrario estamos ante unas compraventas mercantiles independientes entre sí, como opone la interesada, y que por tanto no implican incumplimiento de la orden de embargo.
SEXTO.- El contrato de suministro mercantil, ha sido definido por el Tribunal Supremo señalando que, "carente de regulación positiva, implica la necesidad de recurrir a las normas generales de las obligaciones y contratos, pues aunque sea afín a la compraventa, en su forma de "con entregas repartidas o diferidas, no puede identificarse con ella, admitiéndose por la doctrina que es un contrato "por el que una de las partes se obliga" a cambio de un precio a realizar en favor de otra, prestaciones periódicas o continuas», cuya función es la satisfacción de necesidades continuas para atender al interés duradero del acreedor»" y continúa diciendo: "atendiendo a la doctrina jurisprudencial y a la científica en general, es factible estimar como notas características del contrato de suministro la existencia de un solo contrato comprensivo de un conjunto de determinadas mercancías o géneros a servir en períodos de tiempo determinados o a determinar, con posterioridad y por un precio en la forma preestablecida por las partes."
Garrigues, por su parte, lo define como "Aquél por cuya virtud una persona se obliga a entregar a otra, mediante precio en dinero o signo que lo represente, en plazos sucesivos y cuantía que condicionada a las necesidades del adquirente, no puede ser fijada de antemano más que en términos sujetos a rectificación, una pluralidad de objetos muebles, unidades métricas de agua, gas o electricidad u otras cosas susceptibles de ser pesadas, medidas o contadas."
SEPTIMO.- A juicio de este Tribunal, en el expediente ha quedado acreditado que estamos ante una relación comercial continuada en el tiempo, pues se aportan los modelos 347 de los ejercicios 2009 a 2013, en los que ambas entidades declaran dicha relación. Del mismo modo, entiende que estamos ante un mismo producto, pues la interesada, al presentar alegaciones lo tilda de "el producto", siendo este singularizado. Asimismo, se trata de operaciones continuadas a lo largo del año, y no esporádicas como pretende la interesada, pues como muestra el libro mayor aportado por la interesada, a lo largo de 2012 se mantiene en todos y cada uno de los meses del año. Esto, unido a la falta de atención del requerimiento de información, que ni siquiera es aportado en el trámite de alegaciones, y en el que se podría determinar cual ha sido la operativa en ejercicios anteriores o en su caso, desde la notificación de la primera diligencia de embargo, arrojando luz al proceder de la interesada, es lo que a juicio de este Tribunal ha llevado a la Administración a determinar que estamos ante un contrato de suministro mercantil de carácter verbal, y que por tanto, se ha incumplido la orden de embargo.
Sin embargo, estos elementos aportados, no entiende este Tribunal que sean suficientes para determinar tal carácter, pues la mera repetición de contrataciones, sin más, no supone, necesariamente, una relación de tracto sucesivo o de suministro, que es lo que implica el incumplimiento de la orden de embargo, por lo que la Administración no ha practicado otra prueba que, siquiera indiciariamente muestre cosa distinta a una relación clientelar o habitual en el comercio, no incluyéndose en el expediente ni facturas, ni contabilidad de ambas entidades, u otros datos que pudieran llevar a este Tribunal a compartir el criterio de la Administración, por lo que el acuerdo ha de entenderse escasamente motivado respecto al incumplimiento de la orden de embargo 41XXXX59X.
SEGUNDO:Frente a la resolución del TEAR interpone la Directora del Departamento de Recaudación de la AEAT el presente recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio, por considerarla gravemente dañosa y errónea, alegando, en síntesis, lo que sigue:
1.- La cuestión sobre la que se centra el presente recurso extraordinario de alzada es el criterio del TEAR, contenido en el párrafo segundo del fundamento de derecho séptimo de su resolución, consistente en que, desatendido el requerimiento de información relativo a otra documentación complementaria, para acreditar la existencia de un contrato de suministro mercantil de carácter no escrito o una relación clientelar o habitual en el comercio no es suficiente basarse en los modelos 347 "Declaración anual de operaciones con terceras personas" de ambas entidades.
2.- En orden a hacer una exposición clara de la argumentación de este recurso, resulta adecuado referirse en primer lugar a la embargabilidad de las expectativas de créditos futuros.
La Administración tributaria puede embargar los créditos que el deudor tributario mantiene frente a terceros. Dado que una parte de los deudores tributarios desarrollan actividades empresariales, mercantiles o profesionales, esa facultad de embargo se extiende a la traba de expectativas de crédito futuro, basadas en un derecho subjetivo en formación, caracterizado por su incertidumbre pero protegido por el ordenamiento, susceptible de enajenación patrimonial y, por ende, de embargo.
Ahora bien, como no resulta posible el embargo puro y simple de derechos futuros respecto de los cuales no exista ninguna expectativa actual de existencia, por prohibirlo expresamente el artículo 588 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, con sanción de nulidad establecida tanto en ese artículo como específicamente para el ámbito administrativo en el 62.1.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace necesario diferencias entre ambas figuras.
La distinción entre la expectativa presente de un derecho futuro y un mero derecho futuro estriba, en el caso que ahora nos ocupa, en la existencia o no de una base contractual, escrita o no, que sirva de marco a un conjunto de relaciones comerciales periódicas y regulares en el transcurso de las cuales puedan surgir dichos créditos.
Cuando la relación contractual está por escrito no se presenta ningún problema doctrinal o de interpretación, de modo que lo que interesa aquí es referirse a la relación contractual no recogida por escrito, y que ha de entenderse como la relación comercial periódica y regular, en cuyo transcurso puedan surgir créditos comerciales.
El Auto de la Sala de lo Civil de la Audiencia Provincial de Valladolid de 19 de noviembre de 2002, recurso 349/2002, ilustra el criterio de distinción entre la expectativa presente de un derecho futuro y un mero derecho futuro. Así, ante el pretendido embargo de las devoluciones tributarias que "pudieran corresponder en la actualidad o en el futuro", se entiende que la expectativa jurídica embargable requiere de un hecho base o causa inicial generadora de un derecho patrimonial que en el futuro pueda consolidarse, como sucede, por ejemplo, con los derechos sucesorios o los sueldos dimanantes de una relación laboral, circunstancia que no concurre, sin embargo, con las eventuales devoluciones tributarias por los impuestos del valor añadido y sociedades, toda vez que éstas no surgen por la simple existencia de la mercantil ejecutada y constituirían, por tanto, una mera esperanza o posibilidad de existencia futura. En el caso de embargo de derechos hereditarios o de sueldos y salarios sí existiría ese hecho base, constituido, respectivamente, por el fallecimiento del causante y la condición de heredero del deudor y por la relación laboral concreta generadora como tal de un derecho de tracto sucesivo al cobro de un salario o una retribución mensual y periódica.
El Auto de la Sala de lo Civil de la Audiencia Provincial de Barcelona de 23 de enhero de 2004, recurso 824/2003, delimita también la expectativa jurídicamente relevante susceptible de embargo por contraposición a la mera posibilidad, que no lo será. Discutiéndose la posibilidad de embargar los derechos hereditarios que pueda ostentar la ejecutada en la herencia de su madre, se argumenta que la defunción de la madre por un lado, y el derecho a la legítima de la hija por otro, implican una expectativa jurídicamente relevante susceptible de embargo.
Finalmente resulta relevante citar la sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 29 de enero de 2016, recurso 874/2014, en la que se plantea un supuesto similar al examinado en el presente recurso extraordinario de alzada. Tras transcribir parcialmente dicha sentencia termina señalando la Directora recurrente, con base en ella, que la ausencia de documento en el que quede recogido por escrito el contrato o la relación comercial (en el supuesto de la sentencia, la carta de porte) no puede ser empleada por el destinatario de la orden de embargo como motivo para eludir la traba, dado que, de ser potestativo el otorgamiento de contrato en el sector de actividad, es libre de operar sin base contractual escrita, pero no podrá pretender que esta oscuridad deliberadamente creada pueda ser de su provecho y en perjuicio del acreedor ejecutante.
3.- Para llegar a la conclusión de que es conforme a derecho el embargo de expectativas de crédito futuro no basadas en una relación contractual formalizada por escrito sino en la existencia de un contrato no escrito entendido como una relación comercial periódica y regular, en cuyo transcurso puedan surgir créditos comerciales, puede añadirse la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 11 de junio de 2008 (RG 2515-07) y la sentencia de la Audiencia Nacional que la confirma, de 1 de enero de 2011, recurso 538/2008, que contempla un caso esencialmente igual al que ha motivado el presente recurso.
Y esa conclusión es válida porque no se trata de embargo de créditos futuros de cuya existencia no haya certeza ni siquiera en grado de expectativa, sino de créditos de existencia futura segura, esto es, de expectativas jurídicas relevantes, integrantes del patrimonio del ejecutado, por poder entenderlas como integradas en un tracto sucesivo comercial.
Ni en esa resolución ni en la sentencia que la confirma se menciona siquiera la necesidad de la existencia de un contrato de suministro o similar que conste por escrito. Por el contrario, el supuesto de hecho de la responsabilidad se produce porque, existiendo una relación comercial, la orden de embargo y el requerimiento de información que se notificaron a la responsable no fueron atendidos y contestados por ésta, de modo que se acudió a los modelos 347 de la declarada responsable para determinar tanto la existencia de la relación comercial continuada como la existencia de créditos comerciales satisfechos con posterioridad a la notificación de la orden de embargo.
4.- El modelo 347 tiene su soporte legal en los artículos 29.2.f), 93 y 94 de la LGT. Su desarrollo está contenido en el artículo 33 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. La Orden EHA/3012/2008, de 20 de octubre, modificada por las Órdenes EHA/3378/2011, de 1 de diciembre y HAP/1732/2014, de 24 de septiembre, desarrollan el artículo 33 del Real Decreto 1065/2007, estableciendo la configuración del modelo 347 y los datos que han de consignarse en él, aparte de los obvios de identificación del declarante y del cliente/proveedor: tipo de operación, importe anual de la operación, desglose de importes por trimestres...
Así pues, en la declaración modelo 347 se contiene lo necesario para determinar qué clase de relación hay entre un proveedor y su cliente, su distribución a lo largo del ejercicio, sus importes parciales y totales, así como su importancia relativa en función de la facturación total. Este documento no es sino el recopilatorio de las facturas emitidas y de los distintos asientos de contabilidad a que esa facturas dan lugar, que es la documentación que establece el TEAR como necesaria para determinar la existencia de un contrato de suministro de carácter no escrito.
Por otra parte, en la resolución impugnada no se da la debida trascendencia al hecho de que por parte de la mercantil se incumplió su obligación de atender el requerimiento de información que le fue notificado el día 26 de marzo de 2014, donde se le pedía diversa documentación, que no aportó, y que aportada parte de ella en vía económico-administrativa, el TEAR pudo verificar la procedencia de la declaración de responsabilidad puesto que se trataba precisamente de la que indica como relevante para determinar la existencia de la relación comercial continuada que motiva la obligación de cumplir las órdenes de embargo.
Termina la Directora recurrente solicitando la estimación del presente recurso extraordinario de alzada y la fijación del criterio siguiente: "La constatación de la existencia de un contrato de suministro no escrito o una relación comercial regular, en cuyo transcurso puedan surgir créditos comerciales susceptibles de embargo, de manera que las distintas obligaciones de pago que se generen a partir de la notificación de la orden de embargo a cumplir por el pagador deban ser ingresadas en la Agencia Tributaria para cubrir la deuda tributaria del acreedor, podrá realizarse con la documentación contable, comercial y mercantil correspondiente, así como con el modelo 347 Declaración anual de operaciones con terceras personas, y también exclusivamente con este modelo, en caso de que la Administración no disponga del resto de la documentación y no sea aportada tras el oportuno requerimiento".
TERCERO: El obligado tributario que en su día ostentó ante el TEAR la condición de interesado (cuya situación jurídica particular en ningún caso va a resultar afectada por la resolución que se dicte en el presente recurso, en virtud del artículo 242.3 de la LGT), no presentó alegaciones en el plazo concedido a tal efecto.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: Concurren los requisitos de competencia, legitimación y plazo para la admisión a trámite del presente recurso, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante, LGT).
SEGUNDO: La cuestión controvertida consiste en determinar si no mediando contrato escrito de suministro o tracto sucesivo concerniente a las relaciones comerciales entre el obligado al pago en un procedimiento administrativo de apremio y la persona o entidad deudora a quien se notifica la diligencia de embargo de los créditos que puedan surgir como consecuencia de tales relaciones, cabe inferir la existencia de un contrato verbal de dicha naturaleza por la constatación, a través de los modelos 347 de ingresos y pagos, de la continuidad y regularidad de dichas relaciones comerciales, de manera que las distintas obligaciones de pago que se generen a partir de la notificación de la orden de embargo a cumplir por el pagador deban ser ingresadas en la Agencia Tributaria so pena de incumplimiento de dicha orden.
TERCERO: Antes de afrontar la respuesta a la cuestión controvertida se hace necesario recordar en este momento las posturas adoptadas por las distintas partes:
- Para la Administración tributaria el incumplimiento de la orden de embargo 41XXXX59X se produce por la conjunción de los elementos siguientes:
(i) Existe una relación comercial continuada en el tiempo entre el declarado responsable, entidad V, SL, y el deudor de la Hacienda Pública, entidad H, SL, puesta de manifiesto en los modelos 347 de los ejercicios 2011, 2012 y 2013 presentados por ambas entidades, relación comercial que es también continuada a lo largo de los distintos meses de cada año como muestra el libro mayor aportado por la interesada correspondiente a 2012.
(ii) De dicha relación comercial continuada se infiere que ha de existir cuando menos algún tipo de contrato verbal entre las entidades V, SL y H, SL. que sirva de marco a la citada relación.
(iii) Se han efectuado pagos por la entidad V, SL a la entidad H, SL entre las fechas de notificación de la orden de embargo y la fecha de su contestación, así como posteriormente a lo largo del ejercicio 2012.
- El TEAR acepta que nos encontramos ante una relación comercial continuada en el tiempo y ante operaciones no esporádicas sino continuadas a lo largo del año, pero considera que estos elementos no son suficientes para determinar la existencia de un contrato de suministro de carácter verbal, toda vez que la mera repetición de contrataciones, sin más, no supone necesariamente una relación de tracto sucesivo o de suministro. Para el TEAR, por tanto, la Administración no ha probado cosa distinta a una relación clientelar o habitual en el comercio.
- La postura de la Directora recurrente podría sintetizarse en los argumentos siguientes:
(i) Si bien no cabe el embargo de créditos futuros sí resulta posible el embargo de expectativas de créditos futuros.
(ii) La existencia de una expectativa de crédito futuro (embargable por tanto) en el caso que nos ocupa, exige que exista una base contractual no escrita que sirva de marco a un conjunto de relaciones comerciales periódicas y regulares en el transcurso de las cuales puedan surgir esos créditos.
(iii) Esa base contractual no escrita que sirve de marco a un conjunto de relaciones comerciales periódicas y regulares se inferiría de la propia existencia de tales relaciones periódicas y regulares puestas de manifiesto a través de los modelos 347 de ingresos y pagos, como se desprendería de la resolución de este Tribunal Central de 11 de junio de 2008 (RG 2515/2007) y de la sentencia de la Audiencia Nacional que la confirmó.
CUARTO: En desarrollo del artículo 170 de la LGT concerniente a la diligencia de embargo, el artículo 81 del Reglamento General de Recaudación (RGR) aprobado mediante el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, regula el embargo de créditos, efectos, valores y derechos realizables en el acto o a corto plazo, señalando la forma de proceder en estos supuestos y, por tanto, las obligaciones que impone a la persona a la que se notifica la diligencia de embargo de créditos. Dispone el citado artículo 81 del RGR, en la redacción vigente al tiempo de los hechos examinados en el presente recurso, lo que sigue:
Artículo 81. Embargo de otros créditos, efectos y derechos realizables en el acto o a corto plazo
Cuando se trate de créditos, efectos y derechos realizables en el acto o a corto plazo no regulados en el artículo anterior, se procederá como sigue:
a) Si se trata de créditos, efectos y derechos sin garantía, se notificará la diligencia de embargo a la persona o entidad deudora del obligado al pago, apercibiéndole de que, a partir de ese momento, no tendrá carácter liberatorio el pago efectuado al obligado. Cuando el crédito o derecho embargado haya vencido, la persona o entidad deudora del obligado al pago deberá ingresar en el Tesoro el importe hasta cubrir la deuda. En otro caso, el crédito quedará afectado a dicha deuda hasta su vencimiento, si antes no resulta solventada. Si el crédito o derecho conlleva la realización de pagos sucesivos, se ordenará al pagador ingresar en el Tesoro los respectivos importes hasta el límite de la cantidad adeudada, salvo que reciba notificación en contrario por parte del órgano de recaudación.
b) Si se trata de créditos garantizados, también deberá notificarse la diligencia de embargo al garante o, en su caso, al poseedor del bien o derecho ofrecido en garantía, que podrá depositarse hasta el vencimiento del crédito. Vencido el crédito, si no se paga la deuda se promoverá la ejecución de la garantía, que se realizará siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 74.
Tal como señaló este Tribunal Central en su resolución de 29 de septiembre de 2016 (RG 3760/2016):
El receptor de una diligencia de embargo está sujeto a las siguientes obligaciones:
1- Debe de informar en el plazo que se señale en la diligencia de embargo, normalmente el general de 10 días del artículo 55.2 del Real Decreto 1065/2007, si tiene créditos pendientes de pago frente al deudor de la Hacienda Pública derivado de sus relaciones profesionales o mercantiles, tal y como puede deducirse de las obligaciones de información suministradas a la Administración. Asimismo se le indica que a partir de este momento no tendrá carácter liberatorio el pago efectuado al deudor de la Hacienda Pública. Esta información que se requiere por la Administración al receptor de la diligencia es necesaria en tanto que la Administración opera con los datos de las declaraciones presentadas por los operadores económicos en ejercicios pasados.
En la comunicación que se realice para contestar al órgano de recaudación se deberá indicar:
-Si el crédito o derecho se encuentra vencido, debiendo en este caso ingresar su importe hasta cubrir la deuda.
-Si el crédito no se encuentra vencido, quedando en ese caso afecto hasta su vencimiento si la deuda no resulta antes solventada.
-Si el crédito o derecho conlleva pagos sucesivos en cuyo caso se ordenará al pagador ingresar en el Tesoro los respectivos importes hasta el límite de la cantidad adeudada, salvo que se reciba notificación en contrario.
2- En aquellos supuestos en los que no exista ningún crédito pendiente de pago, también el receptor de la diligencia de embargo, está obligado a poner esta circunstancia en conocimiento de la Hacienda Pública en virtud del requerimiento de información practicado en el desarrollo de las facultades de la recaudación tributaria para lo cual contará con el plazo general de 10 días que se contempla en el artículo 55.2 del Real Decreto 1065/2007.
En segundo lugar, una vez cumplimentada la obligación de información por el receptor de la diligencia, con la orden de embargo emitida por la Hacienda Pública, se impone la obligación para su receptor de cancelar la deuda tributaria que mantiene el deudor apremiado con cargo al crédito de naturaleza privada que deriva de sus relaciones mercantiles.
En todo caso, las cantidades que se le exigen al receptor de una diligencia de embargo tienen un contenido cierto, que serán el importe de la deuda debida por el deudor apremiado en aquellos casos en los cuales el importe del crédito sea superior, o bien, el importe del crédito embargado si el importe de la deuda debida fuera superior.
A todo ello hay que añadir las consecuencias que puede acarrear el incumplimiento de una diligencia de embargo, de lo cual se dará comunicación en la propia notificación de la diligencia de embargo:
1-La falta de contestación a los requerimientos individualizados o la contestación incorrecta, incompleta o falsa dará lugar a la incoación de un expediente sancionador, de forma que sería declarado infractor tributario.
2- Por otro lado, los que, por culpa o negligencia, incumplan las órdenes de embargo serán responsables solidarios del pago de la deuda pendiente en los términos expresados en el artículo 42.2 de la LGT.
Por su parte, el artículo 42.2.b) de la LGT dispone:
Artículo 42. Responsables solidarios
"2. También serán responsables solidariosdel pago de la deuda tributaria pendiente y, en su caso, del de las sanciones tributarias, incluidos el recargo y el interés de demora del período ejecutivo, cuando procedan, hasta el importe del valor de los bienes o derechos que se hubieran podido embargar o enajenar por la Administración tributaria, las siguientes personas o entidades:
a) (.....).
b) Las que, por culpa o negligencia, incumplan las órdenes de embargo.
c) (.....).
d) (.....)".
El transcrito artículo 42.2 de la LGT de 2003, que tiene su antecedente en el artículo 131.5 de la Ley General Tributaria, 230/1963, de 28 de diciembre, configura una responsabilidad del pago de las deudas tributarias que tiene como fin el proteger la acción de cobro, que la doctrina ha perfilado como de naturaleza indemnizatoria, con base en el artículo 1.902 del Código Civil, es decir el resarcir a la Hacienda Pública en la cuantía que se corresponda con la acción ilegítima del responsable, que causa un daño mediando culpa o negligencia.
Tal como señala la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 2017 (Rec. casación 2601/2016) con esta figura del artículo 42.2.b) de la LGT se trata, en definitiva, de asegurar o reforzar el derecho al cobro de las deudas tributarias por parte de la Administración, incorporando al elenco de obligados, junto al deudor principal, a quien propicia con su conducta que el embargo pueda malograrse. Son notas distintivas de esta modalidad de responsabilidad solidaria según dicha sentencia, entre otras y por lo que aquí interesa, las siguientes:
(i) Se trata de una medida de aseguramiento o refuerzo de los derechos recaudatorios de la Administración, que incorpora, junto al deudor principal, a otras personas o entidades en régimen de responsabilidad solidaria.
(ii) La responsabilidad deriva del hecho de incumplir una orden de embargo.
(iii) Sólo puede incurrir en ella un tercero ajeno a la relación jurídica trabada entre la Administración tributaria, en el ejercicio de su potestad ejecutiva, y el deudor principal, por imperativo de la naturaleza solidaria de la responsabilidad.
(iv) La orden de embargo incumplida debe tener su título jurídico en una relación previa de este tercero con los bienes o derechos embargados, de la que surja un estricto deber jurídico cuya inobservancia abre paso a la declaración de responsabilidad.
QUINTO: A juicio del TEAR "el deudor de un deudor tributario que recibe una orden de embargo de créditos está obligado a ingresar en la Hacienda Pública los importes de todas aquellas obligaciones que se hayan generado con aquél con anterioridad a dicha recepción o que sean consecuencia de prestaciones aún no realizadas derivadas de cualquier tipo de contrato en vigor, pero no está obligado a ingresar los importes de las obligaciones que se puedan generar en el futuro, salvo que reciba otra orden de embargo".Para el TEAR, por tanto, las órdenes de embargo no pueden referirse a créditos futuros sino tan sólo a créditos ya nacidos al tiempo de recibirse aquéllas o a créditos que aún no nacidos en tal momento deriven de un contrato en vigor existente con anterioridad a la recepción de las órdenes de embargo (contrato de suministro o tracto sucesivo). En opinión de dicho órgano económico-administrativo la Administración tributaria no ha acreditado la existencia de un contrato verbal de suministro en vigor pues los indicios acerca de tal existencia puestos de manifiesto tan solo mediante la aportación del modelo 347 de diversos ejercicios son insuficientes ya que únicamente acreditarían la mera repetición de contrataciones pero no una relación de tracto sucesivo o suministro.
La cuestión de fondo que subyace en el presente recurso extraordinario de alzada es la concerniente a si las órdenes de embargo han de limitarse a aquellos créditos ya nacidos en el momento en que dichas órdenes se reciben o si pueden extenderse a créditos "en formación" o sobre los que en tal momento sí existe una expectativa jurídica, como serían los derivados de un contrato de tracto sucesivo.
Como es sabido, el artículo 588.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), Ley 1/2000, de 7 de enero, de aplicación supletoria en el ámbito tributario por virtud del artículo 7.2 de la LGT, sanciona con la nulidad "el embargo de bienes y derechos cuya efectiva existencia no conste". Se prohibe así el embargo indeterminado, entendiendo por tal el que recae sobre bienes y derechos "cuya efectiva existencia no conste". Se ha significado por la doctrina que esta norma pretendió reaccionar frente a un repudiable estado de cosas existente bajo la ley procesal anterior en el que eran frecuentes los embargos genéricos sobre cualesquiera bienes del deudor o sobre ciertos derechos acerca de cuya existencia no concurría indicio alguno, con los problemas que ello originaba tanto para el ejecutante y el ejecutado como frente a terceros.
La propia LEC da la pauta de que por bien o derecho no hay que entender solamente el derecho perfectamente formado e inmediatamente exigible, sino también el derecho cuya exigibilidad esté aplazada (créditos realizables a corto, medio y largo plazo) e incluso auténticos derechos futuros, en el sentido de derechos que se constituirán en el futuro a condición de que subsista una situación concretamente existente en el momento del embargo (v.gr. sueldo del ejecutado, que éste tendrá derecho a percibir si subsiste la relación laboral). En consecuencia, no puede entenderse que, con su mención a la efectiva existencia de los bienes, el artículo 588.1 de la LEC está excluyendo la embargabilidad de las expectativas de derechos. Más bien debe sostenerse, de acuerdo con la doctrina más autorizada, que son embargables las expectativas de adquisición por el ejecutado de un bien o derecho que se funden en situaciones concretamente existentes en el momento del embargo. El precepto no prohibe, por tanto, el embargo de expectativas jurídicas siempre que se identifiquen de un modo indudable.
Así las cosas, la existencia de un contrato de suministro o de tracto sucesivo entre el deudor a la Hacienda Pública y el destinatario de una orden de embargo a la fecha de recepción de ésta última, permitiría el embargo de aquellos créditos posteriores a dicha fecha con origen en el mencionado contrato. Como señala el Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, en su sentencia de 21 de marzo de 2012:
"En nuestro Derecho positivo no se define lo que debe entenderse por contrato de tracto sucesivo, afirmando la doctrina que tiene tal carácter aquel por el que un proveedor se obliga a realizar una sola prestación continuada en el tiempo o pluralidad de prestaciones sucesivas, periódicas o intermitentes, por tiempo determinado o indefinido, que se repiten, a fin de satisfacer intereses de carácter sucesivo, periódico o intermitente de forma más o menos permanente en el tiempo, a cambio de una contraprestación recíproca determinada o determinable, dotada de autonomía relativa dentro del marco de un único contrato. Constituyen los contratos de suministro el paradigma de los de tracto sucesivo,.......".
Así se ha manifestado, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en su sentencia de 29 de enero de 2016 (recurso 874/2014), a cuyo tenor:
SEGUNDO
.- Sobre la existencia de un contrato de tracto sucesivo.
El origen de la controversia planteada arranca del art. 42.2 LGT que dispone que " 2. También serán responsables solidarios del pago de la deuda tributaria pendiente y, en su caso, del de las sanciones tributarias, incluidos el recargo y el interés de demora del período ejecutivo, cuando procedan, hasta el importe del valor de los bienes o derechos que se hubieran podido embargar o enajenar por la Administración tributaria, las siguientes personas o entidades: a) ... b) Las que, por culpa o negligencia, incumplan las órdenes de embargo. ". De esta responsabilidad solidaria se puede advertir que nace para proteger la presunción de legalidad y ejecutividad de los actos administrativos que integran el procedimiento de apremio frente a las conductas que obstaculizan o impiden la acción recaudadora, siendo aplicable en el presente caso el supuesto de la letra b), que se refiere a las personas " que, por culpa o negligencia, incumplan las órdenes de embargo. ". Como se dijo en la STS de 24 de febrero de 2012 (recurso de casación núm. 6337/2008 ), con referencia al artículo 131.5.b de le Ley General Tributaria de 1963, entonces aplicable: " Con carácter general el nacimiento de este supuesto de responsabilidad requiere de la concurrencia de diversos presupuestos. En primer lugar, el inicio de un procedimiento de apremio, en segundo término, la notificación de la diligencia de embargo y finalmente, que está resulte incumplida por las acciones u omisiones - culpables o negligentes- de un tercero, siendo suficiente con la existencia de una conducta que fuera posible calificar como incumplimiento de la orden de embargo. ". En el presente caso, no se discute la orden de embargo cautelar nº NUM000 de la Dependencia de Recaudación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en Palencia, no se cuestiona la notificación a la mercantil recurrente el 03.10.2011, ni los pagos al deudor principal con fecha 28.10.2011 y 03.11.2011, derivados de una factura de 31.10.2011. La controversia estriba en la determinación de la existencia misma del crédito a favor del deudor principal y a cargo de la mercantil recurrente toda vez que no cabe el embargo de créditos de futuro, a generar y/o nacer en un momento posterior al dictado de la diligencia de embargo ( art. 588.1 LEc " 1. Será nulo el embargo sobre bienes y derechos cuya efectiva existencia no conste. "). Mas si nos encontrásemos ante un contrato de tracto sucesivo, con percepción regular de pagos por parte del deudor subsidiario, cabe pensar que se trata de una única relación comercial y una única obligación, quedando entonces afectados todos esos pagos por la diligencia de embargo.
Por otra parte, este Tribunal Central en resoluciones de 23 de marzo de 2017 (RG 576/2016) y de 31 de mayo de 2017 (RG 94/2017), dictadas ambas en unificación de criterio, ha reconocido que la retribución periódica percibida por los dueños de los establecimientos de juego u hostelería donde se instalan máquinas recreativas constituye un derecho de crédito a su favor realizable periódicamente de acuerdo con las cláusulas del contrato en vigor, derecho que forma parte de su patrimonio y es, por ello, embargable. De manera análoga se ha pronunciado, también en unificación de criterio, en su resolución de 27 de octubre de 2016 (RG 4824/2016) en el sentido de que son conformes a Derecho las diligencias de embargo sobre los abonos en la cuenta del deudor tributario (establecimiento comercial) que se van realizando por la entidad financiera donde la cuenta está abierta como consecuencia de la utilización de terminales de puntos de venta o datáfonos en los que los clientes de aquél hacen el pago de los bienes o servicios adquiridos -fruto del contrato de afiliación entre el establecimiento comercial y el Banco-, sin necesidad de dictar una diligencia de embargo diferenciada por cada uno de los saldos que con la periodicidad pactada se abonan en la mencionada cuenta.
En el caso examinado en el presente recurso extraordinario de alzada no existe, sin embargo, un contrato comercial de tracto sucesivo formalizado por escrito entre el deudor de la Hacienda Pública y la entidad a la que la Administración tributaria exige el cumplimiento de la orden de embargo.
La acreditación de la existencia de un contrato de tracto sucesivo verbal, como cuestión probatoria que es, puede realizarse -en este caso por la Administración- por cualquier medio admisible en Derecho, reconociendo este Tribunal Central que a estos efectos puede resultar relevante por su contenido la declaración anual de operaciones con terceras personas.
La declaración anual de operaciones con terceras personas se encuentra regulada en los artículos 31 a 35 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio (RGAT) y en la Orden EHA/3012/2008, de 20 de octubre, por la que se aprueba el modelo 347 de Declaración anual de operaciones con terceras personas, así como los diseños físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de presentación.
El artículo 33 del RGAT regula el contenido de la declaración anual de operaciones con terceras personas. Dispone el apartado primero de dicho precepto, en la redacción aplicable a los hechos examinados en el presente recurso, lo siguiente:
Artículo 33. Contenido de la declaración anual de operaciones con terceras personas
"1. Los obligados tributariosa que se refiere el artículo 31.1 de este reglamento deberán relacionar en la declaración anual todas aquellas personas o entidades, cualquiera que sea su naturaleza o carácter, con quienes hayan efectuado operaciones que en su conjunto para cada una de dichas personas o entidades hayan superado la cifra de 3.005,06 euros durante el año natural correspondiente. La información sobre dichas operaciones se suministrará desglosada trimestralmente. A tales efectos, se computarán de forma separada las entregas y las adquisiciones de bienes y servicios.
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, tendrán la consideración de operaciones tanto las entregas de bienes y prestaciones de servicios como las adquisiciones de los mismos. En ambos casos, se incluirán las operaciones típicas y habituales, las ocasionales, las operaciones inmobiliarias y las subvenciones, auxilios o ayudas no reintegrables que puedan otorgar.
Con las excepciones que se señalan en el apartado siguiente, en la declaración anual se incluirán las entregas, prestaciones o adquisiciones de bienes y servicios sujetas y no exentas en el Impuesto sobre el Valor Añadido, así como las no sujetas o exentas de dicho impuesto.
Las entidades aseguradoras incluirán en su declaración anual las operaciones de seguro. A estos efectos, se atenderá al importe de las primas o contraprestaciones percibidas y a las indemnizaciones o prestaciones satisfechas y no será de aplicación a estas operaciones, en ningún caso, lo dispuesto en el párrafo a) del apartado siguiente".
Ahora bien, hechas las consideraciones anteriores, la pretensión de la Directora recurrente excede del ámbito de aplicación del recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio.
El artículo 242.1 de la LGT establece en qué casos se admitirá este recurso que, como medio extraordinario de impugnación que es, exige motivos tasados para su presentación, señalando:
"1. Las resoluciones dictadas por los tribunales económico- administrativos regionales y locales y por los órganos económico- administrativos de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía que no sean susceptibles de recurso de alzada ordinario y, en su caso, las dictadas por los órganos económico- administrativos de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía en única instancia, podrán ser impugnadas, mediante el recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio, por los Directores Generales del Ministerio de Economía y Hacienda y por los Directores de Departamento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por los órganos equivalentes o asimilados de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía respecto a las materias de su competencia, cuando estimen gravemente dañosas y erróneas dichas resoluciones, o cuando apliquen criterios distintos a los contenidos en resoluciones de otros Tribunales Económico- Administrativos del Estado o de los órganos económico- administrativos de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía.
Cuando los tribunales económico- administrativos regionales o locales o los órganos económico- administrativos de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía dicten resoluciones adoptando un criterio distinto al seguido con anterioridad, deberán hacerlo constar expresamente en las resoluciones".
Este Tribunal Central ha señalado en ocasiones anteriores (por todas, la resolución de 24 de septiembre de 2008, RG 6131/08) y en relación con este recurso extraordinario, que:
"....el error alegado debe ser susceptible de reiteración, esto es, que tenga carácter de generalidad. Así lo hemos indicado, entre otras, en la resolución de 28 de julio de 2004 (RG 345/2002), al señalar que "este extraordinario recurso tiene como finalidad el fijar un criterio uniforme en la aplicación de la Ley, cuando la llevada a cabo en la resolución recurrida se estime que es errónea, es decir, que infringe la Ley y sea, además, dañosa para el interés general. Por su propio objeto, el recurso se plantea en relación con la interpretación de la Ley, no siendo el remedio adecuado para la revisión de posibles errores de calificación en los que la resolución hubiere podido incurrir acerca de cuestiones de hecho o de valoraciones jurídicas, sólo relevantes para resolver la concreta cuestión planteada en el expediente". De esta forma, "implica el que el objeto de impugnación deba ser el del criterio o criterios que han desembocado en el resultado final de la resolución plasmado en su correspondiente "fallo", con abstracción de las circunstancias fácticas del caso concreto" (resolución de 5 de junio de 2003, RG 6694/2003 y en sentido análogo la de 23 de enero de 2003, RG 1717/2002).
De otra parte, esta generalidad, que lleva consigo que trascienda al caso definitivamente decidido en vía administrativa, supone que tenga efectos de futuro la resolución del recurso extraordinario y los criterios que puedan concluirse en el mismo, impidiendo la consolidación de una doctrina errónea de los TEAR.
En definitiva, se trata, con este medio de impugnación, de potenciar la seguridad jurídica a través de la unificación de criterios interpretativos y aplicativos del ordenamiento, "pero no en cualquier circunstancia", conforme ocurre con la modalidad general de reclamación económico-administrativa en única instancia o con el recurso de alzada ¿siempre que se den, desde luego los requisitos de su procedencia- sino sólo cuando la inseguridad derive de las propios criterios interpretativos adoptados por el TEAR. De ahí resulta relevante que no baste considerar simplemente que la resolución recurrida es dañosa y errónea sino que resulta necesario que exista un claro sentido con el que unificar criterio con el cual resolver una duda interpretativa de trascendencia, criterio este que deberá ser atendido posteriormente tanto por los correspondientes órganos de la administración como por los TEAR. No es pues una modalidad de recurso que sirva para eludir la inimpugnabilidad de resoluciones que, aún pudiendo estimar contrarias a Derecho, no alcancen los límites legalmente establecidos para el acceso al recurso de alzada, ni por ende, una última posibilidad de revisar en la vía económico-administrativa resoluciones eventualmente no ajustadas al ordenamiento para hacer posible una nueva consideración del caso por ellas decidido. Es, simplemente, un remedio extraordinario arbitrado por el legislador para poner de manifiesto los criterios del TEAC que deberán ser atendidos por la Administración tributaria. Y así lo hemos puesto de manifiesto con anterioridad (resolución de 27 de febrero de 2008, RG 3330/2007), siguiendo lo manifestado por el Tribunal Supremo (TS) en sentencia de 20 de marzo de 2002 (recurso de casación para unificación de doctrina número 9336/1996), dada la naturaleza y finalidad análogas, a salvo de los efectos y vinculación que las resoluciones de uno y otro órgano tienen, de los recursos a interponer ante el TEAC y el TS.
A juicio de este Tribunal Central lo que se cuestiona por la Directora recurrente no es propiamente un criterio de interpretación de la norma sino la decisión del TEAR de no aceptar, por insuficientes, determinados medios de prueba para la acreditación de la existencia de un contrato verbal de tracto sucesivo. El TEAR no pone en entredicho la posibilidad de que la Administración utilice la prueba indiciaria a que se refiere el artículo 108.2 de la LGT para justificar la existencia de un contrato de la naturaleza citada sino que se limita a declarar que en el caso analizado dicha acreditación ha resultado insuficiente a la vista de las actuaciones realizadas por la Administración. En este sentido, con independencia de que la Directora no comparta el fallo del TEAR, no cabe apreciar que el hipotético error de este último en la apreciación de los medios de prueba sea susceptible de reiteración, esto es, tenga carácter de generalidad, en la medida en que dicha apreciación empieza y termina en el concreto caso examinado. Como hemos señalado más arriba el recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio se plantea en relación con la interpretación de la Ley, no siendo el remedio adecuado para la revisión de posibles errores de calificación en los que la resolución hubiere podido incurrir acerca de cuestiones de hecho o de valoraciones jurídicas, sólo relevantes para resolver la concreta cuestión planteada en el expediente.
Resultaría improcedente, además, por lo que significaría de invasión de competencias, que este Tribunal Central se sirviera de la resolución de un recurso de alzada para unificación de criterio para decirle a la Administración tributaria cuáles son las concretas actuaciones que ésta debe realizar a fin de acreditar la existencia de una determinada realidad, en el presente caso de un contrato verbal de tracto sucesivo, cuando el ordenamiento jurídico reconoce la posible utilización de todos los medios de prueba admisibles en Derecho.
Por lo expuesto,
EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, en el recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio interpuesto por la DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, acuerda DECLARARLO INADMISIBLE.