Asunto: IRPF. Base liquidable, Mínimo por discapacidad. Grado de minusvalía de personas que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez y de personas cuya incapacidad sea declarada judicialmente.
Criterio:
Se ratifica la postura de la Administración pues la sentencia aportada por el contribuyente, dictada en la vía contencioso-administrativa, no declara al interesado incapaz para todo acto de acuerdo con el artículo 199 del Código Civil (que dispone que "Nadie puede ser declarado incapaz sino por sentencia judicial en virtud de las causas establecidas en la Ley", siendo competente para declarar esta incapacidad exclusivamente la jurisdicción civil),sino que, simplemente, reconoce su discapacidad para desarrollar función laboral alguna y su derecho a una pensión, siendo precisamente por este reconocimiento de pensión -atendiendo a la discapacidad física del interesado- por lo que se considera acreditado un grado de minusvalía igual o superior al 33%.
En este sentido ha resuelto el Tribunal Económico-Administrativo Central (resolución 00-03651-2012 de fecha 24/04/2013).
En el mismo sentido se han pronunciado las Salas de lo contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ de Cantabria, sentencia de 03/01/2020, rec. 121/2019; TSJ de Aragón, sentencia de 07/06/2019, rec. 779/2018; TSJ de Cataluña -Sección Primera de Barcelona-, sentencia de 01/03/2019, rec. 637/2016; Sala de Málaga del TSJ de Andalucía, sentencia de 29/06/2018, rec. 283/2017).
