Criterio:
La flexibilidad en la aportación de pruebas para acreditar la residencia fiscal estriba en la propia normativa dictada en desarrollo del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (Orden EHA 3316/2010), que establece en algunos supuestos la exigencia de que la prueba se realice mediante la aportación de una documentación específica: en ocasiones, "un certificado de residencia, expedido por las autoridades fiscales del país de residencia, que justifique esos derechos " (supuestos de aplicación de exenciones de la normativa interna y deducción de gastos en el caso de contribuyentes residentes en la UE) y, en otros supuestos, mediante la aportación de "un certificado de residencia fiscal expedido por la autoridad fiscal correspondiente que justifique esos derechos, en el que deberá constar expresamente que el contribuyente es residente en el sentido definido en el Convenio".
La normativa interna española (artículo 7 de la Orden EHA 3316/2010) exige como requisito sine qua non para la aplicación de la deducción de gastos en el caso de residentes comunitarios la aportación de un certificado de residencia fiscal simple emitido por las autoridades fiscales competentes del país en el que el interesado se declara residente fiscal en su autoliquidación IRNR. En el supuesto examinado el interesado, residente comunitario, aporta un certificado cualificado a efectos de CDI, lo que debe igualmente ser considerado suficiente bajo el principio latino qui potest plus potest minus.
Criterio reiterado en Resolución TEAC de 25-04-2023 (RG 4104-2020)
