Criterio:
Cuando la deuda nace como resultado de un acto perseguible judicialmente en el momento en que se cometió, el artículo 221.4 amplía las posibilidades de su exigencia pues se exceptúa el plazo de tres años previsto en el artículo 221.3 del CAC para la notificación a deudores. Todo ello sin perder de vista que el plazo de limitación temporal de notificación de deuda al deudor, norma de derecho sustantivo, y las modalidades de notificación, se consideran como un todo indisociable cuyos elementos particulares no pueden considerarse aisladamente. El TJUE aclara qué debemos entender por “acto perseguible judicialmente”. En concreto se pronuncia sobre las siguientes cuestiones: i) quién determina que el acto sea perseguible judicialmente: la competencia para calificar un acto como “acto que puede dar lugar a la incoación de un proceso judicial punitivo” es de la autoridad aduanera a la que corresponda determinar la cuantía exacta de los derechos de importación y exportación controvertidos. (Sentencia TJUE ZF Zefeser, ECLI:EU:C:2007:811, C-62/06); ii) qué es un acto perseguible judicialmente y quién puede considerarse deudor: Sentencia ECLI:EU:C2017:778, DE 19/10/2017, c-522/16; iii) cuál es el plazo de ejercicio de la acción del 221.4. Sentencia ECLI:EU:C:352, de 17 de junio 2010, C-75/09.
El retraso en la notificación de la liquidación al deudor- representante indirecto no vulnera el principio de buena administración siempre que esté justificado por la necesidad de evitar perjuicios a la investigación judicial desarrollada.
