"Nº Certificado: 22…96

Titular: ... Axy

Destinatario: ... Axy

Concepto: acuerdo resp 43.1.b LGT

Codigo seguro de verificación: …9U3

De acuerdo con la información remitida por el prestador del Servicio de Dirección Electrónica Habilitada Única, la Agencia Estatal de Administrador Tributaria certifica que:

Axy está suscrito al Servicio de Notificaciones Electrónicas para el procedimiento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria denominado AEATPI20130101UNICO.

El acto objeto de notificación se ha puesto a disposición de Axy con fecha 20-05-2022 y hora 13:34 en el Servicio de Dirección Electrónica Habilitada Única".

"IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO

Nº Certificado: 22…96

Titular: ... Axy

Destinatario: ... Axy

Concepto: acuerdo resp 43.1.b LGT

Codigo seguro de verificación: …P6M

Axy (...) está obligado a recibir por medios electrónicos las comunicaciones y notificaciones a realizar por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria certifica que:

El acto objeto de notificación se ha puesto a disposición de Axy (...) con fecha 20-05-2022 y hora 13:34 en el servicio de dirección electrónica habilitada única.

Habiendo transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición del acto objeto de notificación en el servicio de dirección electrónica habilitada única, sin que Axy (...) haya accedido a su contenido, de acuerdo con el artículo 43.2 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se entiende que la notificación ha sido rechazada con fecha 31-05-2022 y hora 00:00, teniéndose por efectuada la notificación.

(...)".

"(...) SÉPTIMO: en el presente caso, el contribuyente presentó el 14/07/2022 Reclamación Económico-Administrativa, en adelante, REA, número 46/7417/2022 contra el acuerdo de derivación de responsabilidad con número de expediente 46…18V, por importe de 18.089,44 euros, solicitando la suspensión con dispensa de garantía al amparo de lo dispuesto en el art 46 RD 520/2005 e 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de desarrollo de la citada Ley en materia de revisión en vía administrativa.

OCTAVO: Dicho acuerdo de derivación se notificó el 31/05/2022, cuyo fin de plazo en periodo voluntario fue el 5/07/2022, interponiéndose REA posteriormente, en fecha 14/07/2022 con solicitud de suspensión, tras haberse iniciado el periodo ejecutivo, según el artículo 161.1 a) LGT, el 6/07/2022. Por tanto, la solicitud de suspensión con dispensa de garantías fue presentada en periodo ejecutivo, tal y como reconoce el interesado en el presente recurso.

NOVENO: Respecto a la alegación de la aplicación de las Sentencias del TS "299/2018 del 27 de febrero y 1309/2020 del 15 de octubre", se ha solicitado informe a la Oficina de Relación con los Tribunales para la resolución del presente recurso sobre la suspensión y la procedencia del apremio dictado, objeto de impugnación. Según dicho informe:

"La REA presentada incluye la liquidación número A46…73, cuya fecha límite de ingreso fue 05-07-2022, por lo tanto, la solicitud de suspensión con dispensa de garantías, ha sido presentada en periodo ejecutivo, por lo que no procede la suspensión cautelar de la deuda, considerándose el apremio correcto. Lo dicho anteriormente se entenderá sin perjuicio de las decisiones que adopte el Tribunal respecto a la pieza separada de suspensión, que pudieran hacer retrotraer sus efectos a la fecha de solicitud de la suspensión en el caso de concesión de la misma.

Ello en virtud de lo establecido en la Ley 11/2021, de 9 de Julio de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que añade dos apartados (números 6 y 9) al art 233 LGT, otorgando rango legal a la posibilidad de la Administración de continuar con su actuación en aquellos supuestos en que la deuda se encuentre en periodo ejecutivo, cuando se presenta una solicitud de suspensión con otras garantías distintas de las que otorgan la suspensión automática o con dispensa total o parcial".

Señalar que el art. 233.9 LGT establece que "Si la deuda se encontrara en periodo ejecutivo, la presentación de la solicitud de suspensión con otras garantías distintas de las necesarias para obtener la suspensión automática, o con dispensa total o parcial de garantías (...) no impedirá la continuación de las actuaciones de la Administración, sin perjuicio de que proceda la anulación de las efectuadas con posterioridad a la fecha de la solicitud si la suspensión fuese concedida finalmente".

Por ello, al haber concluido el periodo voluntario, sin haberse satisfecho la deuda, se procedió a notificar la providencia de apremio impugnada el 16/08/2022, liquidándose los recargos del periodo ejecutivo que correspondan en virtud del artículo 28 de la Ley General Tributaria.

OCTAVO: Por otro lado, hay que señalar que según se regulado en el artículo 39.1 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, "La mera interposición de una reclamación económico-administrativa no suspenderá la ejecución del acto impugnado, salvo que se haya interpuesto previamente un recurso de reposición en el que se haya acordado la suspensión con aportación de garantías cuyos efectos alcancen a la vía económico-administrativa".

Examinado el expediente, se observa que no existe una suspensión anterior asociada a un recurso de reposición que hubiera de mantenerse, ni hasta la fecha se ha acordado la suspensión por el órgano competente, en relación a la reclamación económico-administrativa interpuesta.

Es por ello que, procede DESESTIMAR el presente recurso de reposición, confirmando la providencia de apremio impugnada".

"1. El período ejecutivo se inicia:

a) En el caso de deudas liquidadas por la Administración tributaria, el día siguiente al del vencimiento del plazo establecido para su ingreso en el artículo 62 de esta ley.

b) En el caso de deudas a ingresar mediante autoliquidación presentada sin realizar el ingreso, al día siguiente de la finalización del plazo que establezca la normativa de cada tributo para dicho ingreso o, si éste ya hubiere concluido, el día siguiente a la presentación de la autoliquidación.

2. La presentación de una solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario impedirá el inicio del período ejecutivo durante la tramitación de dichos expedientes.

No obstante lo anterior, las solicitudes a las que se refiere el párrafo anterior así como las solicitudes de suspensión y pago en especie no impedirán el inicio del periodo ejecutivo cuando anteriormente se hubiera denegado, respecto de la misma deuda tributaria, otra solicitud previa de aplazamiento, fraccionamiento, compensación, suspensión o pago en especie en periodo voluntario habiéndose abierto otro plazo de ingreso sin que se hubiera producido el mismo.

La interposición de un recurso o reclamación en tiempo y forma contra una sanción impedirá el inicio del período ejecutivo hasta que la sanción sea firme en vía administrativa y haya finalizado el plazo para el ingreso voluntario del pago.

La declaración de concurso no suspenderá el plazo voluntario de pago de las deudas que tengan la calificación de concursal de acuerdo con el texto refundido de la Ley Concursal aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, sin perjuicio de que las actuaciones del periodo ejecutivo se rijan por lo dispuesto en dicho texto refundido.

3. Iniciado el período ejecutivo, la Administración tributaria efectuará la recaudación de las deudas liquidadas o autoliquidadas a las que se refiere el apartado 1 de este artículo por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago.

4. El inicio del período ejecutivo determinará la exigencia de los intereses de demora y de los recargos del período ejecutivo en los términos de los artículos 26 y 28 de esta ley y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio".

"1. El procedimiento de apremio se iniciará mediante providencia notificada al obligado tributario en la que se identificará la deuda pendiente, se liquidarán los recargos a los que se refiere el artículo 28 de esta ley y se le requerirá para que efectúe el pago.

2. La providencia de apremio será título suficiente para iniciar el procedimiento de apremio y tendrá la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obligados tributarios.

3. Contra la providencia de apremio sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición:

a) Extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago.

b) Solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario y otras causas de suspensión del procedimiento de recaudación.

c) Falta de notificación de la liquidación.

d) Anulación de la liquidación.

e) Error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impida la identificación del deudor o de la deuda apremiada.

4. Si el obligado tributario no efectuara el pago dentro del plazo al que se refiere el apartado 5 del artículo 62 de esta ley, se procederá al embargo de sus bienes, advirtiéndose así en la providencia de apremio".

“9. Si la deuda se encontrara en periodo ejecutivo, la presentación de la solicitud de suspensión con otras garantías distintas de las necesarias para obtener la suspensión automática, o con dispensa total o parcial de garantías, o basada en la existencia de error aritmético, material o de hecho, no impedirá la continuación de las actuaciones de la Administración, sin perjuicio de que proceda la anulación de las efectuadas con posterioridad a la fecha de la solicitud si la suspensión fuese concedida finalmente”.

“2. Si la deuda se encontrara en periodo voluntario en el momento de formular la solicitud de suspensión, la presentación de esta última basada en que la ejecución del acto podría causar perjuicios de imposible o difícil reparación o en la existencia de error material, aritmético o de hecho, incorporando la documentación a que se refieren, según el caso de que se trate, los párrafos c) y d) del artículo 40.2, suspenderá cautelarmente el procedimiento de recaudación mientras el tribunal económico-administrativo decida sobre la admisión o no a trámite de la solicitud de suspensión, salvo que concurra la circunstancia a la que se refiere el párrafo segundo del artículo 161.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre.

Si la deuda se encontrara en periodo ejecutivo, la solicitud de suspensión no impedirá la continuación de las actuaciones de la Administración, sin perjuicio de que proceda la anulación de las efectuadas con posterioridad a la fecha de la solicitud si la suspensión fuese concedida finalmente”.

“No procede la emisión de la diligencia de embargo cuando consta aún pendiente de resolución la solicitud de suspensión presentada con ocasión de la reclamación económico-administrativa interpuesta frente al acuerdo de declaración de responsabilidad”.

"(…) Los preceptos a interpretar deben serlo del modo más favorable a la posibilidad de otorgamiento de la tutela cautelar, en vía administrativa y económico-administrativa (concernidas ambas en este caso) e igualmente en sede jurisdiccional, en el sentido de que no puede la Administración iniciar la vía de apremio -ni aun notificar la resolución ya adoptada- hasta tanto no se haya producido una resolución, debidamente notificada, sobre la solicitud de suspensión, pues admitir lo contrario sería tanto como frustrar o cercenar toda posibilidad de adoptarla por el órgano competente para ello (…)”.

"(...) Pasando a estudiar el segundo motivo de impugnación tenemos que en fecha 26-4-16 se notificó la providencia de apremio al interesado, presentando reclamación económico administrativa en fecha 2-5-16 donde se instó la suspensión de la vía de apremio, no constando que la administración hubiese requerido al interesado de subsanación ni que admitiera a trámite la misma; en fecha 22-6-16 se dictó diligencia de embargo, siendo desestimada la solicitud de suspensión en fecha 26-6-19.

(...)

En este caso se solicitó la suspensión de la vía de apremio cuando esta ya se había iniciado, con la notificación de la providencia de apremio, pero desde dicha solicitud en fecha 2-5-16 hasta la denegación de la misma en fecha 26-6-19, no consta en el expediente que la administración dictara resolución alguna, bien requiriendo de subsanación al actor o bien dictando resolución de admisión o inadmisión a trámite de dicha solicitud, y dentro de este largo plazo de silencio administrativo se dictó la diligencia de embargo, actuación contraria a la doctrina jurisprudencial, recogida entre otras en la STS 5751/2020 de 28-5 cuando dice "el deber jurídico de resolver las solicitudes, reclamaciones o recursos no es una invitación de la ley a la cortesía de los órganos administrativos, sino un estricto y riguroso deber legal que obliga a todos los poderes públicos, por exigencia constitucional (arts. 9.1; 9.3; 103.1 y 106 CE), cuya inobservancia arrastra también el quebrantamiento del principio de buena administración, que no sólo juega en el terreno de los actos discrecionales ni en el de la transparencia, sino que, como presupuesto basal, exige que la Administración cumpla sus deberes y mandatos legales estrictos y no se ampare en su infracción -como aquí ha sucedido- para causar un innecesario perjuicio al interesado", debiendo por ende anularse la diligencia de embargo".