SOLICITUD DE SUSPENSIÓN: 39-00128-2023-2
CONCEPTO: PROCEDIMIENTO RECAUDATORIO
NATURALEZA: Recurso de anulación contra resolución en PIEZA SEPARADA DE SUSPENSION
RECLAMANTE: XZ SL - NIF ...
REPRESENTANTE: ...
DOMICILIO: ... - España
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En fecha 28/02/2023 este Tribunal resolvió en sentido denegatorio la pieza separada de suspensión 39-00128-2023-1, en los siguientes términos:
"SEGUNDO.- La suspensión de la ejecución del acto impugnado en vía económico-administrativa se encuentra regulada en el artículo 233 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), que establece como regla general en su apartado 1 la suspensión automática del mismo en el caso de que el interesado garantice su importe, los intereses de demora que genere la suspensión y los recargos que pudieran proceder. Para ello, según previene el apartado 2 de este precepto han de prestarse determinadas garantías consistentes en depósito de dinero o valores públicos, aval o fianza de carácter solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución o fianza personal y solidaria de otros contribuyentes si bien, con carácter excepcional, se permite la aportación de otras garantías previa estimación de suficiencia por el órgano competente.
Ahora bien, el artículo 233.4 de la LGT prevé expresamente: El tribunal podrá suspender la ejecución del acto con dispensa total o parcial de garantías cuando dicha ejecución pudiera causar perjuicios de difícil o imposible reparación.
Y el artículo 233.5 de la LGT: "Se podrá suspender la ejecución del acto recurrido sin necesidad de aportar garantía cuando se aprecie que al dictarlo se ha podido incurrir en error aritmético, material o de hecho".
TERCERO.- El desarrollo reglamentario del artículo 233 de la LGT se encuentra en los artículos 39 a 47 del RGRVA.
De dicho desarrollo reglamentario, debemos destacar el artículo 40.2.c) y d) del RGRVA, que recoge la siguiente indicación: "La suspensión deberá solicitarse en escrito independiente e ir acompañada por los documentos que el interesado estime procedentes para justificar la concurrencia de los requisitos necesarios para su concesión y de una copia de la reclamación interpuesta.
Deberá aportarse necesariamente la siguiente documentación:[...]
c) Cuando la solicitud se base en que la ejecución del acto podría causar perjuicios de difícil o imposible reparación, deberá acreditarse dicha circunstancia.[...]
d) Cuando se solicite la suspensión sin garantía porque el acto recurrido incurra en un error aritmético, material o de hecho, se deberá justificar la concurrencia de dicho error."
Dispone con carácter general el artículo 46.1 del RGRVA previene que "El tribunal económico-administrativo que conozca de la reclamación contra el acto cuya suspensión se solicita será competente para tramitar y resolver las peticiones de suspensión con dispensa total o parcial de garantías que se fundamenten en perjuicios de difícil o imposible reparación, tanto para los supuestos de deuda tributaria o cantidad líquida, como en aquellos otros supuestos de actos que no tengan por objeto una deuda tributaria o cantidad líquida" añadiendo a continuación que "También será competente para tramitar y resolver la petición de suspensión que se fundamente en error aritmético, material o de hecho".
Asimismo, dispone el artículo 46.4 del RGRVA: "Subsanados los defectos o cuando el trámite de subsanación no haya sido necesario, el tribunal económicoadministrativo decidirá sobre la admisión a trámite de la solicitud, y la inadmitirá cuando no pueda deducirse de la documentación incorporada al expediente la existencia de indicios de los perjuicios de difícil o imposible reparación o la existencia de error aritmético, material o de hecho."
CUARTO.- En relación a los perjuicios, como señala sentencia 1279/2016, de 21 de diciembre, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª, Recurso contencioso-administrativo 1176/2015), tras analizar las normas relativas a la suspensión por los TEAR "se extraen las siguientes conclusiones:
1ª) La regla general para suspender la ejecución de los actos de contenido económico es su automatismo, sin necesidad de acreditar la existencia de perjuicios, mediante la aportación de aval bancario que garantice el cobro de la deuda tributaria.
2ª) Con carácter subsidiario, los Tribunales Económico Administrativos pueden acordar la suspensión cuando el sujeto pasivo cumpla los siguientes requisitos: acreditar la imposibilidad de aportar aval bancario, probar la existencia de perjuicios de imposible o difícil reparación derivados de la ejecución del acto y, por último, ofrecer garantía suficiente de cualquier tipo que cubra el importe de la deuda impugnada más el interés de demora que se origine por la suspensión.
3ª) De forma excepcional, los Tribunales Económico Administrativos podrán acceder a la suspensión sin garantía si se aprecian perjuicios de difícil o imposible reparación y el sujeto pasivo no puede aportar garantía alguna.
En definitiva, la regla general es la suspensión mediante la aportación de aval bancario, mientras que los demás supuestos constituyen excepciones cuya aplicación requiere demostrar la existencia de perjuicios de imposible o difícil reparación, la imposibilidad de aportar aval, la suficiencia de las otras garantías ofrecidas y, en su caso, la imposibilidad de aportar garantía alguna."
Por tanto, en relación con la posible existencia de perjuicios de difícil o imposible reparación, la jurisprudencia viene exigiendo que se aporte prueba suficiente, por un lado, de la imposibilidad de aportar garantías, así como, por otro lado, del concreto perjuicio que pudiese ocasionarse de no acordarse la suspensión.
QUINTO.- En relación al error aritmético, material o de hecho, como ha señalado en numerosas ocasiones la jurisprudencia, debe ser una cuestión independiente de toda interpretación jurídica. Como señala la sentencia núm. 835/2011, de 17 noviembre, del TSJ de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª, Recurso contencioso-administrativo núm. 760/2009): "En cuanto a los errores materiales, la jurisprudencia exige para apreciar un error material subsanable que no se produzca una alteración del sentido del acto que se pretende rectificar y en sentencia de 2 de junio de 2003 la Sala Tercera del Tribunal Supremo afirma "no existe error material cuando su rectificación implique un juicio valorativo o exija una operación de calificación jurídica o cuando padezca la subsistencia del acto administrativo o genere la revocación del mismo en cuanto generador de derechos subjetivos, produciéndose uno nuevo sobre bases diferentes, pues el acto rectificador ha de mostrar idéntico contenido dispositivo, sustantivo y resolutorio que el acto rectificado."
En el caso de autos, no se acredita la existencia de error aritmético, material o de hecho, pues la omisión de las alegaciones que realmente si se presentaron es una cuestión de fondo que deberá hacerse valer con ocasión de la impugnación de la liquidación provisional en cuya tramitación se produjo; se trata de una cuestión de derecho, conculcación, en su caso, de un derecho como reconoce el recurrente, que requiere una calificación jurídica que incluso puede llevar aparejada la anulación y la sustitución de la liquidación por otra nueva en que se tengan en cuenta las alegaciones, bien sea para estimarlas o desestimarlas, pero que no puede calificarse de mero error material, aritmético o de hecho."
Por su parte, la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de junio de 1995 (Rec. 3811/1991):
«En efecto, la doctrina jurisprudencial de esta Sala, plasmada, entre otras, en las Sentencias de 18 de mayo de 1967, 24 de marzo de 1977, 15 y 31 de octubre y 16 de noviembre de 1984, 30 de mayo y 18 de septiembre de 1985, 31 de enero, 13 y 29 de marzo, 9 y 26 de octubre y 20 de diciembre de 1989, 27 de febrero de 1990, 16 y 23 de diciembre de 1991 y 28 de septiembre de 1992, tiene establecido que el error material o de hecho se caracteriza por ser ostensible, manifiesto e indiscutible, implicando, por sí sólo, la evidencia del mismo, sin necesidad de mayores razonamientos, y exteriorizándose prima facie por su sola contemplación (frente al carácter de calificación jurídica, seguida de una declaración basada en ella, que ostenta el error de derecho), por lo que, para poder aplicar el mecanismo procedimental de rectificación de errores materiales o de hecho, se requiere que concurran, en esencia, las siguientes circunstancias:
1) que se trate de simples equivocaciones elementales de nombres, fechas, operaciones aritméticas, o transcripciones de documentos;
2) que el error se aprecie teniendo en cuenta exclusivamente los datos del expediente administrativo en el que se advierte;
3) que el error sea patente y claro, sin necesidad de acudir a interpretaciones de normas jurídicas aplicables;
4) que no se proceda de oficio a la revisión de actos administrativos firmes y consentidos;
5) que no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto (pues no existe error material cuando su apreciación implique un juicio valorativo o exija una operación de calificación jurídica);
6) que no padezca la subsistencia del acto administrativo (es decir, que no genere la anulación o revocación del mismo, en cuanto creador de derechos subjetivos, produciéndose uno nuevo sobre bases diferentes y sin las debidas garantías para el afectado, pues el acto administrativo rectificador ha de mostrar idéntico contenido dispositivo, sustantivo y resolutorio que el acto rectificado, sin que pueda la Administración, so pretexto de su potestad rectificatoria de oficio, encubrir una auténtica revisión, porque ello entrañaría un fraus legis constitutivo de desviación de poder); y,
7) que se aplique con un hondo criterio restrictivo.»
SEXTO.- Hemos de pasar a comprobar si en el presente caso se dan dichos requisitos.
En cuanto a los perjuicios, el reclamante se limita a afirmar su existencia. Sin embargo ni justifica ni prueba dichos perjuicios: ni prueba la imposibilidad de aportar aval bancario, ni prueba los perjuicios, ni prueba la imposibilidad de aportar alguna otra garantía. En definitiva, el reclamante no cumple con la carga de la prueba que le corresponde.
En cuanto al error, el reclamante de igual forma no hace sino mencionar que concurre error material o de hecho, pero sin concretar nada más.
En definitiva, en el presente caso, no se acreditan los requisitos que exigen las normas y jurisprudencia aplicables para que el Tribunal acuerde la suspensión, con lo que procede admitir a trámite la solicitud de suspensión y desestimarla.
Por lo expuesto
Este Tribunal Económico-Administrativo acuerda DENEGAR LA SUSPENSIÓN."
SEGUNDO.- Notificada dicha resolución el 08/03/2023 a la interesada, en fecha 23/03/2023 se presenta escrito por la que se interpone "al amparo de lo dispuesto en el artículo 241 bis de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT)" recurso de anulación, basándose, en síntesis, en lo siguiente:
- El Tribunal no ha tenido en consideración que la solicitud de suspensión se solicita con base y fundamento a un acto nulo de pleno derecho ya que la providencia de apremio por concurrir el motivo establecido en el artículo 217.1.b) de la LGT en concreto, haberse dictado por órgano manifiestamente incompetente por razón del territorio, ya que la entidad tiene su domicilio fiscal en Madrid.
- La suspensión se solicita con base y fundamento en la incompetencia para desarrollar la gestión recaudatoria por parte de la Dependencia Regional de Recaudación de la Agencia Tributaria de la Delegación Especial de Cantabria, por lo que se solicitaba que se suspendiera con todos los actos de recaudación ejecutados hasta la fecha por dicho órgano contra mi representada en tanto no sea resuelta la reclamación Económico-administrativa interpuesta en evitación de mayores daños y perjuicios de difícil reparación.
- La LGT prevé la interposición del recurso de anulación en los casos previstos en el apartado 1º del artículo 241 bis de la LGT:
a) Cuando se haya declarado incorrectamente la inadmisibilidad de la reclamación.
Que es el que se invoca y de aplicación en el recurso formulado.
- Como Fundamento de Derecho, señala que por "Lo fundamentado en el cuerpo del presente recurso y por La nulidad de pleno derecho de la providencia de apremio por concurrir el motivo establecido en el artículo 217.1.b) de la LGT en concreto, haberse dictado por órgano manifiestamente incompetente por razón del territorio, ya que la entidad tiene su domicilio fiscal en Madrid y, de hecho, la liquidación fue dictada por la Dependencia Regional de Inspección de dicha Comunidad, procede declarar la nulidad de pleno derecho de la liquidación reclamada".
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El artículo 241 bis de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), en la redacción dada por la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, así como el artículo 60 del Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa (RGRVA), aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, permiten interponer recurso de anulación en el plazo de 15 días contra las resoluciones y acuerdos en vía económico-administrativa ante el Tribunal que hubiera dictado la resolución o acuerdo que se impugna, correspondiendo la competencia para resolver al órgano del Tribunal que hubiese dictado la resolución o acuerdo.
Además de contra el acuerdo de archivo de actuaciones al que se refiere el artículo 238 de esta Ley, el recurso de anulación puede interponerse exclusivamente en los casos siguientes:
"a) Cuando se haya declarado incorrectamente la inadmisibilidad de la reclamación.
b) Cuando se hayan declarado inexistentes las alegaciones o pruebas oportunamente presentadas en la vía económico-administrativa.
c) Cuando se alegue la existencia de incongruencia completa y manifiesta de la resolución."
SEGUNDO.- Con carácter previo, hemos de examinar si es admisible la interposición del recurso de anulación frente a la resolución de este Tribunal por la que se deniega -que no inadmite, como manifiesta la reclamante- la suspensión solicitada.
El artículo 241 bis de la LGT establece:
"Artículo 241 bis. Recurso de anulación.
1. Contra las resoluciones de las reclamaciones económico-administrativas, las personas a que se refiere el artículo 241.3 de esta Ley podrán interponer recurso de anulación en el plazo de 15 días ante el tribunal que hubiera dictado la resolución que se impugna, exclusivamente en los siguientes casos:
a) Cuando se haya declarado incorrectamente la inadmisibilidad de la reclamación.
b) Cuando se hayan declarado inexistentes las alegaciones o pruebas oportunamente presentadas en la vía económico administrativa.
c) Cuando se alegue la existencia de incongruencia completa y manifiesta de la resolución.
2. También podrá interponerse recurso de anulación contra el acuerdo de archivo de actuaciones al que se refiere el artículo 238 de esta Ley.
(...)"
El apartado 2 citado, en relación con el artículo 238.2 in fine de la LGT, que dispone que: "El acuerdo de archivo de actuaciones podrá revisarse conforme a lo dispuesto en el artículo 241 bis de esta Ley".
A nivel reglamentario, el artículo 47.3 del RGRVA dispone:
"Artículo 47. Tramitación y resolución por el tribunal económico-administrativo de la solicitud de suspensión.
(...)
3. Contra la denegación podrá interponerse el correspondiente recurso contencioso-administrativo.
(...)".
TERCERO.- Pues bien, de la normativa expuesta se deduce, por un lado, que el recurso de anulación solo cabe contra resoluciones de las reclamaciones económico-administrativas, no frente a resoluciones de las piezas separadas de suspensión, y por otro, que contra la denegación de una suspensión competencia de los Tribunales Económico-Administrativos únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo.
En este sentido, el pie de recursos de la resolución por este Tribunal de la pieza separada de suspensión señaló:
"Contra la presente resolución puede interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a la fecha de esta notificación."
Esto es, conforme a los preceptos trascritos, el presente recurso de anulación debe declararse inadmisible.
·
Por lo expuesto
Este Tribunal Económico-Administrativo acuerda DECLARAR LA INADMISIBILIDAD del presente recurso.