Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid
SALA COORDINACIÓN
FECHA: 25 de febrero de 2026
PROCEDIMIENTOS: 28-22996-2024-00 Y ACUMULADOS
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. I.SDES.
NATURALEZA: RECLAMACIÓN ÚNICA INSTANCIA GENERAL
RECLAMANTE: XZ ASESORES, SL -
REPRESENTANTE: BTS -
En MADRID , se ha constituido el Tribunal como arriba se indica, para resolver en única instancia la reclamación de referencia, tramitada por procedimiento general.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- En este Tribunal han tenido entrada las siguientes reclamaciones que se resuelven de forma acumulada:
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Reclamación
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F. Inter.
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F. Entra
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28-22996-2024
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11-12-2024
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13-12-2024
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28-26020-2024
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11-12-2024
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13-12-2024
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28-26021-2024
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11-12-2024
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13-12-2024
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28-26022-2024
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11-12-2024
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13-12-2024
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28-05276-2025
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01-04-2025
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02-04-2025
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28-20080-2025
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01-04-2025
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02-04-2025
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28-20081-2025
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01-04-2025
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02-04-2025
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28-20082-2025
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01-04-2025
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02-04-2025
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Segundo.- En fecha 11-12-2024 se presentó escrito de interposición de reclamación económico administrativa frente al Acuerdo de liquidación derivado del Acta de disconformidad A02-…4, dictado por la AEAT relativo al Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 2018 a 2021, lo que determinó la apertura por este Tribunal de las reclamaciones económico administrativas nº 28-22996-2024 por el ejercicio 2018, nº 28-26020-2024 por el ejercicio 2019, nº 28-26021-2024 por el ejercicio 2020 y nº 28-26022-2024 por el ejercicio 2021. Acuerdo de liquidación del que derivó una cuantía total a ingresar de 141.281,23 euros, siendo la cuantía de la reclamación a efectos de procedimiento e instancia de 40.751,44 euros, correspondiente al ejercicio 2019.
Tercero.- En fecha 01-04-2025 se presentó escrito de interposición de reclamación económico administrativa frente al Acuerdo de imposición de sanción con origen en la propuesta sancionadora A51-…4, dictado por la AEAT relativo al Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 2018 a 2021, lo que determinó la apertura por este Tribunal de las reclamaciones económico administrativas nº 28-05276-2025 por la sanción del ejercicio 2018, nº 28-20080-2025 por la sanción del ejercicio 2019, nº 28-20081-2025 por la sanción del ejercicio 2020 y nº 28-20082-2025 por la sanción del ejercicio 2021. Acuerdo de imposición de sanción del que derivó una cuantía total a ingresar de 62.382,64 euros.
Cuarto.- Las actuaciones de comprobación e investigación sobre XZ ASESORES SL se iniciaron mediante comunicación de inicio notificada el día 02/07/2022, con alcance general, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 148 de la LGT y en el artículo 178 del RGAT por los siguientes periodos y conceptos impositivos:
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Impuesto sobre Sociedades 2018 a 2021
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RETENCIONES/INGRESOS A CUENTA.CAPITAL MOBILIARIO Trimestre 2/2019 a Trimestre 4/2021
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RETENCION/INGRESO A CTA. RTOS TRABAJO/PROFES/ACT. ECONOMICAS Trimestre 2/2019 a Trimestre 4/2021
-Información general sobre XZ ASESORES.
La entidad XZ ASESORES, SL -en adelante también XZ- es una sociedad de responsabilidad limitada constituida mediante escritura pública otorgada el 16/07/2004, siendo socios: D. Bts 59,89%; Dª Axy 31,16%; Dª Cpr 0,97%; D. Vxm 2,00% ; D. Oml 2,00%; D. Css 2,00% y Lmu 2,00%.
En el periodo objeto de comprobación el domicilio social de la entidad se sitúa en la calle Domicilio actividad económica 1 de Madrid, trasladándose en fecha 16/01/2018 a la calle Domicilio actividad económica 2, siendo este el domicilio fiscal de la entidad desde el día 22/02/2018. El inmueble declarado como domicilio fiscal y social coincide con el domicilio declarado como vivienda habitual por D. BTS y su cónyuge, Dª AXY. Dicho inmueble es propiedad de la sociedad XZ, siendo alquilando de manera parcial para vivienda habitual a los socios mayoritarios.
En escritura de 16/01/2018 se designan como administradores mancomunados a Dª AXY y a D. BTS. En la escritura de constitución de la entidad se consigna que “el cargo de administrador será gratuito”. En escritura otorgada el 18/12/2019 se elevan a público los acuerdos sociales de la misma fecha en los que modifica el artículo 8 de los estatutos sociales relativo a retribución de los administradores, estableciendo al respecto lo siguiente: "El cargo de administrador será retribuido. La retribución consistirá en una cantidad dineraria y /o en especie fija que determinará la junta general de socios para cada ejercicio social, entre una cantidad de MIL EUROS (1.000 euros) y una máxima de CIENTO VEINTE MIL EUROS (120.000 EUROS). Una vez determinado por la Junta General la cantidad total a percibir por el órgano de administración, será este el encargado de repartir esta cantidad total entre sus miembros, reparto que no podrá ser igual para cada uno de ellos”.
En cuanto a la retribución percibida: “La diferencia entre la retribución percibida por los administradores de XZ se circunscribe al tiempo destinado a las labores que desempeñan cada uno de los administradores. Como se ha indicado en Diligencias anteriores, la Sra. Axy compatibiliza su trabajo por cuenta ajena en Madrid con su gestión de XZ.”
-Actividad económica realizada por XZ
En los ejercicios objeto de comprobación la entidad se encuentra dada de alta en los siguientes epígrafes del IAE. -842- SERVICIOS FINANCIEROS Y CONTABLES. -861.1- ALQUILER DE VIVIENDAS. -861.2- ALQUILER DE LOCALES INDUSTRIALES. -685 ALOJAMIENTOS TURISTICOS Y EXTRAHOTELEROS (desde el 29/08/2020).
XZ ha manifestado en relación con la actividad económica desarrollada que: “Constituye la actividad económica principal el arrendamiento de viviendas situadas en territorio español que han sido adquiridas por XZ utilizando para dicha ordenación una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa además de otros muchos medios humanos, materiales e inmateriales. XZ dispone de más de 30 inmuebles situados la mayoría de ellos en la Comunidad de Madrid. Así las cosas, durante los ejercicios objeto de comprobación, XZ ha desarrollado una actividad inmobiliaria consistente en la compra de inmuebles en Madrid para, en su caso, proceder a su reforma integral o parcial, y posterior comercialización para su arrendamiento a terceros. En relación con los inmuebles propiedad de la sociedad en Barcelona la actividad inmobiliaria ha consistido en la comercialización de estos para su arrendamiento a terceros. Asimismo, realiza otras actividades complementarias a su actividad principal de arrendamiento de inmuebles.”
Añadiendo el reclamante que: "Al margen de la actividad de alquiler la sociedad, a través de sus administradores, se dedica a:
- Dirigir, gestionar y administrar los valores representativos de los fondos propios de las filiales, mediante la correspondiente organización de medios materiales y personales.
- Además, XZ ejerce las funciones propias de los administradores o consejeros en el ejercicio de su cargo, actuando de conformidad con el interés social y velando por los intereses de los socios (...)".
Las personas que llevan a cabo esta actividad, según el reclamante, son:
"XZ, en la persona de Bts, es administradora mancomunada de la sociedad TW SL durante los ejercicios objeto de inspección.
-Desde el 01/04/2020 XZ, a través de Bts, es la administradora de PQ.
-Los administradores, Mª Axy y Bts, se reparten las restantes tareas según su especialización, estando la Sra. Axy centrada en la gestión y dirección de XZ, con especial atención a la actividad inmobiliaria.”
La reclamante aclaró posteriormente que:
"La Inspectora señala en la Diligencia 6 que parte de los ingresos que percibe XZ provienen de la «participación en el consejo de administración de las entidades TW y GH, actividad que se realiza como el propio contribuyente ha manifestado por “BTS”.
Al respecto debe indicarse que, si bien tal vez de manera poco detallada se indicó en la contestación a la Diligencia 2 que XZ, en la persona de Bts, es administradora mancomunada de la sociedad TW SL y GH, no solo es la persona que lleva a cabo las funciones inherentes a este cargo, sino que se llevan a cabo de forma conjunta con la Sra. Axy. (...)
Sus administradores son Bts Y Axy . Asimismo, para ejercer de forma correcta las funciones de administrador o consejero de TW, S.L. y GH , XZ destina sus propios medios materiales y humanos, pues cuenta con una estructura material y personalmente suficiente para ello”. Por tanto, no puede atribuirse únicamente el desempeño de esta actividad de forma personalísima a una persona concreta. Ni siquiera a los administradores mancomunados, ya que ellos se sirvan igualmente de los medios humanos y materiales de la sociedad.
Al objeto de dejar constancia, se indica de forma clara y expresa que XZ, en las personas de sus administradores, Don Bts y Doña Axy, es administradora mancomunada de la sociedad TW y GH ".
TW SL
En los ejercicios objeto de comprobación XZ ASESORES ostenta la participación del 50% de la entidad TW, SL, ostentando el otro 50% el hermano de D. BTS, D. MAS, a través de la entidad CD, SL.
TW, SL es la cabecera del grupo número Grupo Fiscal 1, a efectos del Impuesto sobre Sociedades. Entre otras entidades, TW S.L. participa en las entidades PQ SL en un 99,99% (salvo en 2018, en la que participa en un 93,69%) y GH SL, en la que también participa en un 99,99%.
En los ejercicios 2018 y 2019 son miembros del consejo de administración de la entidad TW SL las entidades XZ y CD, SL.
Señala la Inspección que en el modelo 200 presentado por la entidad TW, SL del ejercicio 2018 consta como administradores las entidades XZ ASESORES, SL y la entidad CD, SL constando como representantes legales D. MAS y D. BTS. Respecto del ejercicio 2019 constan como administradores D. MAS, D. BTS, XZ ASESORES y MN, SL.
En 2020 y 2021 siguen constando en la declaración presentada por TW SL del Impuesto sobre Sociedades como administradores D. MAS, D. BTS, XZ ASESORES y MN, SL, no obstante, según la Inspección, no existe constancia de recepción de retribución ni por XZ ni directamente por don D. BTS.
Hasta 1 de abril de 2020 TW, SL administraba la entidad PQ SL cuya persona física representante era BTS. A partir de 1 de abril de 2020 se nombra como administradora de PQ SL a GH, SL.
GH, SL
Por su parte la entidad GH, 8 pertenece en un 99,99% a TW S.L. La entidad GH, 8 SL no tiene empleados y su actividad es la promoción inmobiliaria de terrenos y alquiler de locales industriales. Recibe ingresos de la entidad PQ, SL por importe 546.315 euros y 1.832.341,40 euros respectivamente en los ejercicios 2020 y 2021. En el ejercicio 2019 no tiene imputaciones de ingresos.
En los ejercicios 2020 y 2021 son miembros del consejo de administración de la entidad GH, SL, las entidades XZ ASESORES, SL y CD, SL. Con anterioridad al nombramiento de XZ ASESORES, como administradora de la entidad GH, 8, SL ejercía la administración de la misma la entidad GH MI, SL representada por D. BTS.
XZ ASESORES, SL designa a Don BTS “como persona física representante de XZ ASESORES en el ejercicio de administradora única de GH, SL a los efectos del artículo 143 del RRM”. D. BTS acepta su designación y promete desarrollar el cargo con diligencia y fielmente manifestando que ni él ni la sociedad se encuentran incursos en ninguna incompatibilidad que limite su ejercicio ni especialmente en las circunstancias previstas en la ley 3/2015, de 30 de marzo”.
-Ingresos procedentes de las entidades TW, SL y GH, SL
XZ incluye dentro del INCN los ingresos procedentes de las entidades TW SL y GH SL por ser administrador de las mismas, concretamente los ingresos que recibe en cada uno de los periodos objeto de comprobación por dichos conceptos son los siguientes:
TW: 2018: 312.050 euros; 2019: 240.000 euros
GH: 2020: 150.000 euros; 2021: 150.000 euros
-Ingresos de D. BTS por su condición de administrador
D. BTS consta como autorizado en las cuentas bancarias de la entidad TW, SL, constando en algunas cuentas junto a su hermano D. MAS. Asimismo, D. BTS consta como único autorizado en las cuentas bancarias de GH, SL. Además, consta como autorizado de cuentas bancarias titularidad de PQ, SL (entidad participada al 99% por TW, SL).
D. BTS consta como administrador en los ejercicios objeto de comprobación en una serie de entidades sin que haya constancia, según la Inspección, de cobro y declaración de retribuciones por dicha administración -salvo por la administración de XZ ASESORES, SL-. Por su parte Don BTS, consta como representante en los ejercicios objeto de comprobación en una serie de entidades sin que haya constancia, según la Inspección, de cobro y declaración de retribuciones por dicha administración -salvo lo dispuesto por la administración de XZ ASESORES, SL-.
Dª Axy consta tan solo como administradora en los ejercicios objeto de comprobación de XZ ASESORES, SL y como representante de QR CB (comunidad de bienes que tiene junto con sus hermanas) y del patrimonio protegido a favor de Dª CPR.
-Información de los medios materiales y humanos de la entidad de XZ ASESORES, SL
-Medios humanos
-Empleadas por cuenta ajena: Dª Cms y Dª Fal:
Señala la reclamante que: “Las funciones desarrolladas por la Sra. Fal se circunscriben a los aspectos legales y paralegales, así como aspectos mercantiles e inmobiliarios, (...) es decir, funciones administrativas de gestión de los arrendamientos y labores de mantenimiento de las propiedades, revisar contratos de seguros, certificados digitales de la AEAT, responder y gestionar requerimientos de la AEAT, gestionar cambios de domicilio de sociedades, etc.”
Dª Cms: “La Sr. Cms es empleada de XZ desde el 15/02/2019 en el domicilio de ..., Barcelona. Las funciones desarrolladas por la Sr. Cms se circunscriben a los aspectos legales y paralegales, así como aspectos mercantiles e inmobiliarios, (...) entre los que puede destacarse la ordenación de documentos, digitalización de escrituras y otros documentos, revisión previa de escrituras que se iban a firmar en las notarías, revisar los acuerdos de juntas de las sociedades, constatar y revisar que los poderes estuvieran en vigor, revisar los contratos de compraventa de inmuebles, revisar los contratos de alquileres de inmuebles, revisar contratos de seguros, certificados digitales de la AEAT, responder y gestionar requerimientos de la AEAT, gestionar cambios de domicilio de sociedades, etc.”
-Medios materiales
La entidad para desarrollar su actividad cuenta con:
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Inmuebles destinados al alquiler.
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Inmueble propiedad de la entidad sito en calle Domicilio actividad económica 2, que constituye el domicilio social y fiscal de la actividad y que arrienda de carácter parcial a los socios constituyendo su vivienda habitual.
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Vehículos.
-Comprobaciones anteriores realizadas por la Inspección respecto de los ejercicios 2008-2012
XZ y D. BTS han sido objeto de actuaciones inspectoras por el concepto Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2008 a 2014, en el caso de XZ, y por el concepto Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ejercicios 2009 a 2015, en el caso de D. BTS.
Los hechos y regularización efectuada a XZ y D. BTS tiene dos puntos fundamentales: En primer lugar, se estima que se utiliza la entidad XZ como instrumento para conseguir una menor tributación de D. BTS por su trabajo "personalísimo". En segundo lugar, se regularizó la valoración de las aportaciones no dinerarias realizadas por D. BTS a XZ, en especial, la valoración que se efectúa de la aportación de TW.
-Comprobaciones anteriores realizadas por la Inspección respecto de los ejercicios 2014-2017
Respecto del ejercicio 2014, se considera que la entidad XZ es una sociedad interpuesta que simula prestar unos servicios que realmente presta D. BTS, valorando la remuneración al precio de mercado por el importe de las remuneraciones como representante del administrador en la entidad PQ. Respecto de los ejercicios 2015-2017 la regularización consiste en valorar a precio de mercado las remuneraciones de D. BTS como representante en PQ, ajustando la valoración en sede XZ y de D. BTS.
En fecha 15 de diciembre de 2022 el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña acuerda estimar en parte las reclamaciones interpuestas por la entidad en los siguientes términos:
"Respecto de la posible incorrecta determinación del valor de mercado de los servicios del Sr. Oml: (...)"
Respecto del periodo 2014 señala:
“No puede compartirse una argumentación intrínsecamente contradictoria como la expuesta, pues no es de recibo que se sostenga al mismo tiempo que XZ es una sociedad interpuesta que simula prestar unos servicios y que se proceda a corregir el valor de esos servicios en sede del socio y de XZ”.
En cuanto al periodo 2015 a 2017 el TEARC razona lo siguiente:
“Pues bien, a la vista de lo anterior resulta extraño que, en el presente caso, el ajuste de una operación o servicio que el Sr. Oml presta a PQ dé lugar, efectivamente, a un ajuste bilateral, pero no entre el Sr. Oml y PQ, sino entre aquél y XZ. Lo mismo ocurre con el servicio, de representación, que el Sr. Oml presta a TW, pero que se ajusta en XZ. Todo ello supone una distorsión de la metodología prevista en el artículo 18 LIS y una incorrecta asignación de rentas que es el objetivo último de esa metodología, pues a la postre se están asignando a XZ unos costes que, según la lógica del acuerdo impugnado, correspondería imputarlos a PQ y TW”.
-Análisis de los ingresos y gastos contabilizados y declarados por la entidad.
Según la Inspección, de acuerdo con los libros aportados, podemos distinguir los siguientes tipos de ingresos:
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Alquiler de inmuebles.
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Repercusión de suministros al arrendatario de dichos inmuebles.
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Otras prestaciones de servicios: la entidad incluye dentro de las mismos ingresos tales como, re facturación de gastos a entidades vinculadas, ingresos por perdida de fianza de inquilinos y prestación de servicios a la entidad DDF en 2018 y 2019.
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Ingresos por ser administrador de las entidades TW SL y GH, SL .
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Ingresos financieros.
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Dividendos.
En cuanto a los gastos contabilizados y declarados, los ajustes al resultado contable se clasifican en: Ajuste gastos no deducibles por no haber sido aportada factura o justificante; Ajuste gastos corrientes de vehículos no afectos a la actividad no deducible; Ajuste amortización de vehículos no afectos a la actividad no deducible; Ajuste deterioro venta vehículo no afecto a la actividad no deducible; Ajuste gastos no deducibles inmueble Calle A; Ajuste gastos no deducibles inmueble calle Domicilio actividad económica 2; Ajuste gasto prorrata; Ajuste amortización de otros bienes no deducible; Ajuste mayor amortización prorrata; Ajuste gastos de viajes no deducibles; Ajuste gastos no deducibles por estar duplicados; Ajuste otros gastos no deducibles por su no afección a la actividad; Ajuste por diferencias de ajustes de gastos no deducibles; Ajuste atenciones a clientes.
Ajuste total gastos no deducibles: 2018: 43.821,05 euros; 2019: 68.538,34 euros; 2020: 23.172,85 euros; 2021: 39.276,12 euros.
En cuanto a las incidencias detectadas por la Inspección hemos de destacar:
-Vehículos: La entidad es titular de los siguientes vehículos en los ejercicios objeto de comprobación: Vehículo 1; Vehículo 2; Vehículo 3; Vehículo 4; Vehículo 5. La Inspección respecto de los gastos de seguros, reparaciones y otros gastos relacionados con vehículos estima que no son deducibles por no estar afectos a la actividad. Sí considera deducibles los gastos relacionados con la MOTO SCOTER al considerarse que se puede utilizar en la búsqueda de inmuebles según lo señalado por el contribuyente.
Concluye la Inspección que los vehículos no solo son utilizados por Dª AXY y D. BTS para su uso particular, sino que son utilizados en algunos casos por los hijos de los mismos, por lo que no admite su deducibilidad.
-Inmuebles: Entre los inmuebles alquilados a los socios de la entidad se encuentra el situado en la Calle A: alquilado a Dña. CPR , D. LMU, D. OML y D. CSS.
Según la Inspección, la entidad alquila a precios inferiores a los de mercado el inmueble situado en Calle A. Los ingresos por alquiler, según la Inspección, son muy inferiores a los gastos imputados a dicho inmueble siendo destacable, a su juicio, el hecho de que en todos los ejercicios se realizan en él reformas de calado que no se realizarían si el inmueble no estuviera a disposición de la propia familia.
La Inspección no admite como deducibles gastos por cuenta de los arrendatarios no relacionados con la conservación del inmueble. No obstante, considera deducibles, pese a ser muy superiores a los ingresos recibidos, gastos inherentes a la titularidad del inmueble tales como el IBI y obras y reparaciones.
-Gastos viaje: Según la Inspección, la entidad registra en la cuenta 62900000-GASTOS DE VIAJE- facturas individualizadas de Renfe y asientos reclasificación de visa que en ocasiones se corresponden con billetes de rente, hoteles y comidas. Asimismo, respecto de los años 2020 y 2021 la entidad en la cuenta gastos de viaje incluye un último asiento bajo la denominación “gastos caja” en el que se recogen diferentes tickets de restauración, panadería, hoteles y garajes, entre otros.
Respecto de los billetes de Renfe, la Inspección considera deducibles los billetes de viaje MADRID-BARCELONA-MADRID, así como lo bono a nombre de Dª AXY y D. BTS con dicho origen y destino. También se consideran deducibles los trayectos a Palencia por haber justificado la afectación del viaje a la actividad, sin considerar deducibles los viajes con destino u origen Valencia y Lleida por no haber quedado acreditada la afectación con la actividad, ni aquellos trayectos BALELONA-MADRID-BARCELONA al manifestar los socios que su residencia se encuentra en Madrid, lo que a juicio de la Inspección, no concuerda con efectuar un viaje con origen en Barcelona y retorno final a dicha ciudad.
-Prorrata de IVA:
En el ejercicio 2019 la sociedad realiza el siguiente ajuste: 31/12/2019: Regularización prorrata: 30.009,62 euros.
La sociedad manifiesta lo siguiente al respecto: “De total de las cuotas de IVA soportado durante el ejercicio 2019 (73.760,81 euros), en relación con las cuotas destinadas a operaciones exentas, XZ se ha deducido el 0% de las cuotas de IVA soportado y, respecto de las destinadas a operaciones que generan y no generan derecho a deducir, ha aplicado prorrata general, conforme prevé el art. 106 LIVA". Esto es, 6.035,97 por el 50%, 3.017,99 euros.
Durante los 3 primeros trimestres, debido a un error del programa informático, se aplicó el porcentaje de prorrata general a la totalidad de las cuotas de IVA soportado, en vez de solamente a aquellas referidas a los gastos comunes de las actividades que generan y no generan el derecho a deducir. Advertido el error, en la última declaración del año se regularizaron las cuotas de IVA soportado, siendo la cuantía de la regularización 30.009,62 euros (33.027,60 - 3.017,99).”
Según la Inspección: En el primer trimestre en las declaraciones de IVA de forma incorrecta se considera deducible el 60% de todas las facturas (no solo las comunes a todos los sectores de actividad), en los trimestres 2º y 3º se considera deducibles el 40% del IVA de todas las facturas. Se realiza la regularización a efectos de IVA en el 4 Trimestre, siendo esta de 30.009,62 euros. En la medida en la cual según la Inspección la regularización procedente debería ser de 3.812,077 euros realiza un ajuste positivo por prorrata en IS de 26.197,55 euros.
-Gastos por atenciones a clientes.
Entre los gastos no deducibles hemos de destacar la regularización que realiza la Inspección por gastos de atenciones a clientes. En relación con estos gastos se debe tener en cuenta el límite establecido en el artículo 15.e) de la LIS, que pivota sobre el INCN. La Inspección modificó el INCN calculado por la reclamante, por lo que el límite resultó modificado y por tanto el importe deducible.
El ajuste realizado por la Inspección por tal concepto es el siguiente: 2018: 2.701,33 euros; 2019: 3.684,16 euros; 2020: 1.051,04 euros; 2021: 3.199,26 euros.
-Regularización de la reserva de capitalización.
La entidad aplica en los ejercicios 2018 y 2019 reservas de capitalización pendientes de aplicación de ejercicios anteriores -2016 y 2017-. Asimismo, genera reservas de capitalización en los ejercicios 2018 y 2019, aplicando parte en 2021 y dejando el restante para la aplicación en ejercicios futuros.
Según la Inspección, la entidad en la memoria de 2018 manifiesta dotar una reserva de capitalización por importe 15.398,68 euros, no obstante, no la llega a dotar, pues en el balance de 2019 el saldo de la reserva de capitalización es de 0,00 euros. Por tanto, la sociedad no solo no ha dotado la reserva de capitalización aplicable en 2018 sino que no cumple los requisitos de mantenimiento por un periodo de 3 años de las aplicadas en el ejercicio 2016 y 2017. Respecto de los años 2019 (que aplica la generada en 2017) y 2021 (que aplica igualmente la generada en 2018), y según la Inspección, no se hace mención alguna en la memoria y en los balances no figura dicha reserva con “absoluta separación y título apropiado”, por tanto, no cumple los requisitos para la aplicación de las mismas. No obstante, añade la Inspección que la reservas han sido analizadas en regularización realizada por la inspección respecto de los ejercicios 2016 y 2017 mediante liquidación notificada el 05/03/2021, no habiéndose pronunciado sobre la falta de cumplimiento de los requisitos y, por tanto, no se procede a integrar el importe de las deducciones aplicadas en 2016 y 2017 sobre las que la entidad ha incumplido de manera sobrevenida los requisitos de mantenimiento de la reserva.
-Aplicación del régimen especial de arrendamiento de vivienda:
Según la Inspección, la reclamante incluye a efectos de calcular la deducción del régimen especial de arrendamiento de viviendas la totalidad de los inmuebles de su titularidad, incluyendo asimismo aquellos inmuebles que son alquilados por habitaciones y que no constituyen, a su juicio, vivienda habitual, así como un inmueble que alquila con uso turístico -puerto Localidad 1-, incluyendo prestaciones extra-hoteleras y declarado IVA por el mismo.
Asimismo, la sociedad manifiesta al respecto de dicho inmueble lo siguiente: “Alojamiento turístico En las facturas emitidas por el arrendamiento de inmuebles destinados a uso turístico se repercute IVA, ya que se trata de alojamiento con servicios hoteleros. Dentro del precio van incluidos todos los suministros. XZ solo cuenta con un inmueble destinado a uso turístico (Puerto Localidad 1, ).”
La reclamante afirma que:
"Como se puede observar, los inmuebles arrendados por habitaciones están, todo ellos, ubicados en Madrid, concretamente en el Barrio …, es decir, un barrio humilde en el que residen un gran número de extranjeros muchos de ellos recién llegados de su país de origen. En la Cláusula Tercera de los contratos de arrendamiento se recoge expresamente que el destino de los inmuebles es cubrir las necesidades de vivienda habitual del arrendatario. (…) Asimismo, en la Cláusula Quinta, a pesar de que se establece una duración mínima (de 4 a 10 meses), que no meses alternos, se establece que dicho contrato podrá prorrogarse potestativamente para el arrendatario y obligatoriamente para XZ hasta un año y luego por plazos anuales hasta completar un máximo de tres. Como hemos indicado, la mayoría de los inquilinos son extranjeros y no aceptan el período de obligado cumplimiento del contrato de 6 meses que se recoge en el art. 11 de la LAU, atendida su escasa estabilidad profesional y económica. XZ tuvo que adecuarse a las necesidades del sector y de los potenciales arrendatarios, renunciando a un derecho contemplado en la legislación vigente a favor de los mismos. (...)
Por tanto, podemos concluir que los contratos de arrendamiento por habitaciones se rigen bajo el paraguas de la LAU y las habitaciones arrendadas constituyen la vivienda habitual del arrendatario".
La Inspección no va a considerar como vivienda habitual los siguientes inmuebles, y por tanto se excluyen del régimen especial:
-Calle 1: (se alquila por habitaciones en todos los periodos objeto de comprobación).
-Calle 2: desde 2019. (se alquila por habitaciones desde febrero de 2019 por habitaciones)
-Calle 3: (se alquila por habitaciones desde enero 2021).
-Calle 3 bis: (se alquila por habitaciones desde septiembre de 2019).
-Calle 4: (se alquila por habitaciones desde abril de 2021).
-Calle 5: (se alquila por habitaciones desde agosto de 2021).
-Calle 6: (se alquila por habitaciones desde septiembre de 2019).
-Calle 7: (se alquila por habitaciones desde marzo de 2019).
A juicio de la Inspección, en estos inmuebles concurren las siguientes características: Se trata de un alquiler por habitaciones según los ingresos declarados y la facturación efectuada por las entidades NP y GGH. Se trata de alquileres temporales analizando los diferentes ingresos por cada habitación. Pese a haber sido solicitado y reiterado en diversas diligencias no se aportan todos y cada uno de los contratos (de todas las habitaciones en cada uno de los diferentes alquileres) y se aportan contratos residuales (especificados en los antecedentes de hecho) En los contratos aportados o se trata de alquileres temporales (3,4, 6 meses) que, si bien en algunos establecen la prórroga, se trata de una prórroga hasta 1 año o en algún caso hasta 3, no hasta 7 como establece la LAU o se establece que no es aplicable la LAU. Añade la Inspección que dichos inmuebles han sido considerados por el IVIMA como uso distinto de vivienda. Actualmente dichos inmuebles se anuncian como residencias universitarias o alquiler de habitaciones.
-Deducción por donativos
Según la Inspección, la deducción por donativos prevista en el artículo 20 Ley 49/2002 una vez calculado la base de la deducción a considerar en el ejercicio, la deducción será el 35% de ese importe, resultando entonces de aplicación el límite recogido en el 20.1 de la Ley 49/2002, que establece que será la cuota íntegra del período minorada en el resto de deducciones y bonificaciones generales. Por tal motivo la Inspección modifica el importe de la deducción aplicada declarada, la deducción pendiente de aplicar en periodos futuros y la cantidades donadas pendientes de generar base de deducción declaradas.
-Resumen de los motivos de regularización. Acuerdo de liquidación derivado del acta A02 7…4
De acuerdo con lo previsto en el artículo 157 de la LGT, se procedió a la incoación del acta de disconformidad, modelo A02, número …4, relativa al concepto Impuesto sobre la Sociedades de los ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021 en relación con la entidad obligada tributaria XZ ASESORES, SL.
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Se aprecia la existencia de una SIMULACIÓN RELATIVA en la actividad de administración de entidades en las que participa XZ, siendo realizada por D. BTS, socio y administrador de manera personalísima, utilizando por tanto el mismo dicha sociedad interpuesta para canalizar los ingresos recibidos y, por tanto, disminuir la tributación que le correspondería en su IRPF.
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Las razones de la simulación afirmada por la Inspección serían, a su juicio, el ahorro fiscal ilícito mediante la interposición de XZ, la vinculación existente entre D. BTS y la entidad XZ ASESORES SL, la descripción de las actividades de los administradores realizada por el propio obligado tributario, D. BTS figura tanto de administrador como representante de múltiples entidades del grupo empresarial del que es cabecera TW, SL sin declarar cobrar cantidad alguna por dichas funciones, los pagos de suplidos de viajes por parte de TW, SL y PQ a D. BTS y la ausencia de medios personales y materiales que añadan valor a la actividad realizada por D. BTS.
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Se regularizan gastos no deducibles por no cumplir los requisitos de deducibilidad que exige la normativa tributaria.
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Se regulariza la bonificación del régimen especial de arrendamiento de vivienda declarada por la entidad al apreciarse que se aplica respecto de inmuebles que no pueden considerarse incluidos dentro del arrendamiento de vivienda definido en el artículo 2.1 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, como exige el artículo 48.1 de la LIS, pues, se dedican al alquiler de habitaciones.
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Se regulariza la reserva de capitalización aplicada por la entidad por incumplimiento de los requisitos.
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Se regulariza la deducción por donativos generada y aplicada en vista de la nueva base imponible comprobada y de la cuota resultante a partir de la misma con arreglo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 49/2002, de 23 de noviembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Quinto.- Asociado a lo anterior se tramitó procedimiento sancionador, el cual finalizó con acuerdo de imposición de sanción en el que se entienden cometidas las siguientes infracciones:
- Infracción tributaria tipificada en el artículo 191 en los períodos 2018, 2019 y 2021 -siendo calificadas como leves-, e infracción tipificada en el artículo 193 de la LGT en el período 2020 -calificada como leve-.
Sexto.- Disconforme con lo anterior interpuso la interesada las presentes reclamaciones económico-administrativas ante este Tribunal Regional, en virtud de lo previsto en el artículo 235 de la LGT, alegando, en síntesis, las siguientes cuestiones:
-Inexistencia de simulación al nombrar administradora a una persona jurídica.
En la actividad de XZ de administrador de otras entidades, se dedica a dirigir, gestionar y administrar los valores representativos de los fondos propios de las filiales mediante la correspondiente organización de medios materiales y personales y, por ello, fue nombrado administrador o consejero de TW y GH.
Como exige la normativa mercantil, en caso de ser nombrado administrador una persona jurídica es necesario que esta designe a una “sola persona física” para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo. Es la pura exigencia mercantil para el nacimiento de esa figura de administrador persona jurídica. XZ nombró a uno de sus administradores, Don Bts, como representante persona física. No pueden nombrarse varios representantes, sino solo uno. Las retribuciones obtenidas por los administradores de entidades mercantiles reciben la calificación de operaciones vinculadas [TEAC de 24/09/2024 y de 20/03/2024]. La Inspección también calificó de operaciones vinculadas las funciones del representante persona física en sus actuaciones inspectoras del IS 2014-2017.
Una de las razones que aduce la Inspección para considerar la existencia de simulación es la falta de medios humanos y materiales específicos para esta actividad, a pesar de que la LSC 212 y 212. Bis, no exige una estructura de medios extraordinaria para efectuar la actividad detallada.
En definitiva, donde el TEAR Cataluña y la Inspección de la AEAT de Barcelona ven una operación vinculada muy elevada por el alto valor de los servicios, la Inspección de la AEAT de Madrid ve una simulación. Donde la Inspección de la AEAT de Barcelona ve amplios medios materiales de los que se ayuda el Sr. Oml, la Inspección de la AEAT de Madrid ve una ausencia total de medios. Con ello, el Tribunal Supremo fija como criterio jurisprudencial que no se ve vulnerado el principio de confianza legítima cuando la Administración dicta actos que cambian de criterio, siempre que lo razone suficientemente y con expresa referencia al criterio del que se aparta. En nuestro caso, la Inspección ni hace referencia expresa al criterio del que se aparta ni lo motiva.
-Sobre los gastos no deducibles.
Gastos relativos a vehículos: Debemos indicar que los vehículos VEHÍCULO 3, VEHÍCULO 4 y VEHÍCULO 5 en el que consta como usuaria y conductora una de las administradoras de la entidad, Axy, se encuentran igualmente afectos a la actividad de arrendamiento de inmuebles y es utilizado por ella en la búsqueda de inmuebles.
-Gastos inmuebles: La Inspección ha eliminado los gastos asociados a los inmuebles de Calle A. En este sentido, todos estos gastos son obligatorios para el arrendador, que está forzado a realizar todas las reparaciones que sean necesarias así como a asumir las consecuencias negativas y los costes que estos inconvenientes crean en los arrendatarios y, por ello, son a cuenta del arrendador sin repercusión alguna a los inquilinos.
-Gastos de viaje: Solo se admiten los gastos de viajes por los bonos de tren de Madrid Barcelona y a Palencia, al considerarlos afectos a la actividad de búsqueda, negociación y adquisición de activos inmobiliarios. Sin embargo, sorprendentemente, los desplazamientos de Valencia y Lérida, o los desplazamientos Barcelona-Madrid-Barcelona efectuados, además de los bonos de RENFE, han sido determinarnos como no deducibles cuando su afectación es exactamente la misma.
-Gastos por regularización del porcentaje de la prorrata de IVA: La Inspección ha denegado la deducibilidad del ajuste de regularización de la prorrata practicada en el Modelo 303 del 4T-2019 por importe de 30.009,62 euros, que al no poder deducirse en IVA suponía un mayor gasto de IS. Sin desarrollar mayores explicaciones, la AEAT entiende que el importe que procede deducir en el IS-2019 por la regularización de la prorrata es de 3.812,07 euros y, por tanto, aplica un ajuste positivo de 26.197,55 euros. Para justificar lo anterior, la AEAT insiste en que se ha duplicado la deducibilidad de las cuotas de IVA soportadas en el ejercicio 2019, al considerarse simultáneamente gasto en el IS del citado ejercicio.
No obstante, como se puede comprobar en la tabla de la pestaña “ANÁLISIS 1T 2019”, estas cuotas de IVA soportado se incluyeron con mayor gasto en el IS directamente debido a que se consideró no deducible. El ajuste posterior de las cuotas de IVA soportado no deducibles en IVA no trae origen en estos gastos. No hay duplicidad.
En síntesis, XZ durante 1T-4T de 2019 aplicó el 60% de prorrata provisional (prorrata definitiva de 2018) sobre las cuotas de IVA deducible, conforme las reglas de la prorrata general, declarando en los Modelo 303 del 1T-4T de 2019 un importe de 33.027,60 euros como cuotas de IVA deducible. En el 4T-2019 la entidad calculó el % de prorrata definitiva (50%) y, conforme prevé el art. 103. Dos. 2º LIVA, y verificó que se debía aplicar la prorrata especial, en lugar de la prorrata general que venía aplicando (IVA deducible en prorrata general > 10% del IVA deducible en prorrata especial).
Por tanto, procedió con la regularización de la prorrata y, el IVA ajustado como no deducible en la casilla “44 Regularización por aplicación del porcentaje definitivo de prorrata” del modelo 303-4T-2019 se registró como mayor gasto del IS en la cuenta 634 Ajustes negativos en IVA . Por tanto, debe respetase el gasto por importe de 30.009,62 euros registrado en la cuenta 634 de 2019 motivado por la regularización de la prorrata y que considera mayor gasto en el IS las cuotas de IVA soportado no deducibles en IVA sin que, en ningún momento, se haya duplicado el gasto.
-Incorrecta regularización de la aplicación del régimen EDAV en relación con los arrendamientos cuyo destino es satisfacer las necesidades de vivienda de los inquilinos (art. 48.1 LIS).
La cuestión objeto de debate en el presente punto se centra en determinar si los alquileres de vivienda por habitaciones sobre los que XZ aplicó la bonificación relativa al régimen de entidades de arrendamiento de viviendas («Régimen EDAV») tienen vocación de satisfacer la necesidad permanente de vivienda, conforme establece el art. 2.1 LAU. Asimismo, la doctrina del TEAC (Resolución 28/22382/2023) mantiene como criterio: "Se considera que el reclamante tiene derecho a la reducción por arrendamiento de vivienda habitual aun cuando el contrato sea de arrendamiento por habitaciones, independientemente de que la duración de los mismos sea por meses, puesto que el destino de la vivienda es el de residencia habitual de los arrendatarios, cuando además, se ha pactado la posibilidad de prórroga de los mismos".
Por otro lado, con respecto a la calificación de arrendamientos temporales a que aduce la Inspección, tal casuística ha sido objeto de análisis por la propia DGT (V4837-16), en un caso en el que se alquila un inmueble por habitaciones por un plazo de 12 meses, con pacto de prórroga. La DGT concluye que dicho alquiler tiene el mismo tratamiento que cualquier alquiler de vivienda, al tener como finalidad primordial satisfacer la necesidad permanente de vivienda.
En cualquier caso, admitiendo la tesis de la Inspección relativa a la consideración de los arrendamientos por habitaciones como uso distinto de vivienda, se han cometido errores flagrantes referidos al cómputo de los ejercicios en el que los inmuebles se entienden arrendados por habitaciones.
En cuanto al acuerdo de imposición de sanción se refiere, el reclamante alega que:
-El nombramiento de una persona física como representante no es una simulación ni supone la comisión de ningún supuesto infractor.
-Ni en el acta de disconformidad de referencia ni en el acuerdo de liquidación derivado del mismo la Inspección apreció indicios de la comisión de ninguna infracción tributaria, lo cual goza de presunción de veracidad. En el presente caso no se ha ofrecido ni motivación suficiente ni prueba alguna que desvirtúe la razonabilidad del criterio del actuario.
-Se fundamenta la culpabilidad del contribuyente por mera referencia al resultado de la liquidación, por tanto no se fundamenta la culpabilidad.
-Se alega la dificultad técnico tributaria en el cálculo de la prorrata, la cifra de negocios, la reserva de capitalización y la aplicación de el régimen especial de arrendamiento de viviendas, lo cual excluye la culpabilidad.
-La actuación del contribuyente se amparó en una interpretación razonable de la norma que ha sido confirmada por la doctrina reiterada y vinculante del TEAC.
Séptimo.- De forma simultánea se han seguido actuaciones de comprobación e investigación con respecto a D. Bts de los ejercicios 2018 a 2021, que han dado lugar a un acuerdo de liquidación impugnado ante este Tribunal (RE-A 28-22980-2024 y acumuladas) que se resuelven en la misma fecha.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Este Tribunal es competente para dictar la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), así como en el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa (RGRVA), aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo. No concurre ninguna de las causas de inadmisibilidad previstas en el artículo 239.4 de la LGT.
Segundo.- Las reclamaciones económico-administrativas arriba señaladas se resuelven de forma acumulada al amparo de lo dispuesto por el artículo 230 de la LGT.
Tercero.- Este Tribunal debe pronunciarse respecto a lo siguiente:
-Procedencia de los actos administrativos impugnados.
Cuarto.- La primera cuestión que debe ser analizada por este Tribunal se centra en determinar si, tal y como sostiene Inspección, el ejercicio del cargo de administrador de XZ en las entidades TW y GH puede ser calificado de simulación, siendo realmente el señor D. BTS quien lo realiza efectivamente.
Así, afirma la Inspección que::
"En nuestro caso, el nombramiento de la entidad XZ como administradora de las entidades TW y GH no tiene ningún motivo económico válido que justifique dicho nombramiento, pues, XZ, más allá de D. BTS carece de cualquier medio que pueda desempeñar las tareas propias de un administrador o coadyuvar en el desarrollo de las mismas y que aportara algún tipo de valor añadido que justificara la designación de la persona jurídica como administradora en vez de directamente el de la persona física que acaba representando a la sociedad en dicha tarea. Ello conlleva que cuando TW y GH nombraron a XZ como administradora en realidad lo que perseguían es que D. BTS ejerciera las funciones propias de un administrador contribuyendo, a su vez, a que este pudiera obtener un ahorro fiscal ilícito en su IRPF por la diferencia de tipos entre el Impuesto sobre Sociedades y el IRPF. Recordemos que, D. BTS posee en los ejercicios comprobados el 59,89% de XZ que, a su vez, posee el 50% de TW quien posee el 99,99% de GH. Por tanto, D. BTS tiene una participación indirecta del 29,94% en TW y del 29,94 % en GH. A lo que cabe sumar que D. BTS y su hermano D. MAS figuran como presidente y secretario del consejo de administración de TW, SL y GH, SL. Todo ello explica la connivencia entre las partes que ha facilitado la simulación relativa detectada por la Inspección.
(...) A juicio de esta Oficina Técnica el hecho de que no exista ningún documento en el que expresamente se nombre a D. Bts como administrador es plenamente coherente con la simulación relativa apreciada puesto que existe un negocio jurídico aparente, XZ es la administradora de TW y de GH, y un negocio disimulado, que Sr. Oml es el que verdaderamente presta los servicios de administración. Muy burda sería la simulación si las partes dejaran constancia de la misma plasmando en algún documento al que pudiera tener acceso la Inspección que recogiera la verdadera voluntad de las partes.
Asimismo, tampoco es cierto que la Inspección no haya probado o motivado la simulación relativa regularizada puesto la misma ha sido acreditada a través de la prueba indiciaria."
En definitiva, expuesto lo anterior, la primera cuestión que plantea el expediente en cuanto al fondo consiste en determinar si en los periodos comprobados se ha producido simulación en los servicios de prestados por XZ como administradora de TW y GH.
Quinto.- El planteamiento de la Inspección impone acudir de inicio a lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley 58/2003, General Tributaria, según el cual:
"1. En los actos o negocios en los que exista simulación, el hecho imponible gravado será el efectivamente realizado por las partes.
2. La existencia de simulación será declarada por la Administración tributaria en el correspondiente acto de liquidación, sin que dicha calificación produzca otros efectos que los exclusivamente tributarios.
3. En la regularización que proceda como consecuencia de la existencia de simulación se exigirán los intereses de demora y, en su caso, la sanción pertinente".
Por otra parte el TEAC, acudiendo al concepto de simulación en el ámbito civil en el sentido empleado por la doctrina y la jurisprudencia, ha desarrollado una constante doctrina sobre la figura del negocio simulado, entendiendo que tal tipo de negocio jurídico, en sus aspectos fiscales, se caracteriza en que mediante él se crea una ficción con la que se enmascara la realidad obteniéndose una tributación menor de la que correspondería aplicando la legalidad al negocio real. Tal doctrina establece que los negocios simulados constituyen un tipo de negocio anómalo en los cuales existe una contradicción entre la voluntad interna y la voluntad declarada, de forma que de esta contradicción nace un negocio que se califica de aparente. Este negocio aparente puede encubrir otro negocio, cuando la simulación es relativa, o puede no encubrir negocio alguno, cuando la simulación es absoluta y las partes, en realidad, no quisieron celebrar negocio alguno, a pesar de su manifestación de voluntad en sentido contrario.
Como ha declarado reiteradamente la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la simulación contractual es un vicio de la declaración de voluntad en los negocios jurídicos, por el que ambas partes de común acuerdo y con el fin de obtener un resultado frente a terceros (que puede ser lícito o ilícito) dan a conocer una declaración de voluntad distinta de su querer interno. Así, la simulación contractual se produce cuando no existe la causa que nominalmente expresa el contrato, sin que se oponga a la apreciación de la simulación el que el contrato haya sido incluso documentado ante fedatario público (Sentencias de 2 de junio de 1993, de 1 de julio de 1988, de 5 de noviembre de 1988, de 10 de noviembre de 1988 o de 31 de diciembre de 1998).
Ahora bien, la causa del contrato que se celebra debe ser analizada tanto desde el punto de vista objetivo, esto es, el intercambio de prestaciones que cada negocio conlleva, pero también desde un punto de vista subjetivo, entendiendo como tal el motivo concreto o fin práctico perseguido por quienes celebran el negocio. Y como ha señalado el alto Tribunal en sus Sentencias de 1 de abril de 1998 y de 21 de julio de 2003 la causa, como elemento esencial del negocio jurídico, es un concepto objetivo, pero la simulación se produce cuando el móvil subjetivo de un negocio es, en principio, una realidad extranegocial, sin perjuicio de que puede tener tal entidad que las partes lo incorporen a la causa. Una vez delimitado el concepto de simulación, debemos pasar a analizar los elementos necesarios que deben concurrir para poder llegar a una conclusión sobre su existencia. Concretamente, deben concurrir los dos elementos siguientes:
- Por un lado, la existencia de un acuerdo simulatorio, es decir, la existencia de un acuerdo entre dos partes dotado de apariencia real.
- Por otro lado, la existencia de una finalidad de engaño, haciendo creer a los terceros en la realidad del acuerdo simulatorio en el que se contiene un negocio que no existe.
Además, de los dos citados elementos, que se encuentran claramente entrecruzados, se deriva la existencia de una divergencia consciente entre la voluntad declarada y la voluntad interna de las partes.
En el ámbito de la jurisprudencia europea, el criterio del Tribunal de Justicia Europeo no diverge del que mantienen los órganos judiciales y administrativos españoles, toda vez que en distintas sentencias (SSTJUE de 21/02/2006, asunto Halifax C-255/02 y asunto University of Huddersfield Higher Education Corporation C-223/03, de 21/02/2008, asunto Part Service C-425/06 y de 22/12/2010, asunto Weald Leasing C-103/09) toda vez que parte de que "la declaración de la existencia de una práctica abusiva no resulta de la naturaleza de las transacciones comerciales que normalmente realiza el autor de las operaciones que se trata, sino del objeto finalidad y efectos de estas operaciones", condicionando la calificación de un comportamiento como práctica abusiva a la concurrencia de dos requisitos: Existencia de una ventaja fiscal contraria a los objetivos de las disposiciones comunitarias y falta de una justificación distinta de la obtención de una ventaja fiscal.
Ahora bien, habida cuenta de que la simulación constituye la confección artificiosa de una apariencia destinada a velar la realidad que la contradice, es obvio que la prueba de la simulación encierra una gran dificultad, pues en el negocio simulado suelen concurrir todos los requisitos externos que constituyen la apariencia jurídica y, por tanto, la prueba ha de basarse en presunciones que fundamenten la convicción de la existencia del negocio simulado. La propia jurisprudencia civil destaca las dificultades prácticas de la prueba directa y plena de la simulación por el natural empeño que ponen las partes en hacer desaparecer los vestigios de la misma y por aparentar que el contrato es cierto y efectivo reflejo de la realidad (Sentencias del Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 1988, 17 de junio de 1991, 15 de noviembre de 1993 o 6 de junio de 2000). Esto hace preciso acudir a la prueba indirecta de las presunciones, que consisten en una labor intelectual a través de la cual quien debe calificar su existencia, partiendo de un hecho conocido, llega a dar con otro que no lo era, en este caso, la existencia de simulación. Esto supone la existencia de uno o varios hechos básicos completamente acreditados, y que entre éstos y la simulación exista un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, aun cuando quepa alguna duda acerca de su absoluta exactitud, ya que la presunción no es una fuente de certeza sino de probabilidad. Conforme a la doctrina del TEAC, consagrada en numerosas resoluciones, tal enlace se da cuando concurren los tres requisitos siguientes:
a) Seriedad, esto es, que exista un auténtico nexo o relación entre el hecho conocido y la consecuencia extraída que permita considerar ésta en un orden lógico, como extremadamente posible.
b) Precisión o, lo que es lo mismo, que el hecho o hechos conocidos estén plena y completamente acreditados y sean claramente reveladores del hecho desconocido que pretende demostrarse.
c) Concordancia entre todos los hechos conocidos, que deben conducir a la misma conclusión.
A estos efectos, establece el artículo 105.1 de la Ley 58/2003, General Tributaria, que:
"En los procedimientos de aplicación de los tributos quien haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo".
Y en su artículo 106.1 (de aplicación a la vía económico-administrativa por remisión expresa del artículo 214.1 de la misma norma) que:
"En los procedimientos tributarios serán de aplicación las normas que sobre medios y valoración de prueba se contienen en el Código Civil y en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, salvo que la ley establezca otra cosa".
En este sentido, el artículo 386 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, dispone que:
"1. A partir de un hecho admitido o probado, el tribunal podrá presumir la certeza, a los efectos del proceso, de otro hecho, si entre el admitido o demostrado y el presunto existe un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano. La sentencia en la que se aplique el párrafo anterior deberá incluir el razonamiento en virtud del cual el tribunal ha establecido la presunción.
2. Frente a la posible formulación de una presunción judicial, el litigante perjudicado por ella siempre podrá practicar la prueba en contrario a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior."
La propia Ley 58/2003, General Tributaria (LGT), recoge en su artículo 108.2 que:
"2. Para que las presunciones no establecidas por las normas sean admisibles como medio de prueba, es indispensable que entre el hecho demostrado y aquel que se trate de deducir haya un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano."
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, en su sentencia de 2/04/2008 (recurso nº 5371/2002), argumenta que:
"En relación con la válida utilización de la prueba de presunciones deben tenerse en cuenta los siguientes criterios generales acuñados por la jurisprudencia de esta Sala, según los cuales es necesario que concurran los siguientes requisitos: que aparezcan acreditados los hechos constitutivos del indicio o hecho base; que exista una relación lógica y precisa entre tales hechos y la consecuencia extraída; y que esté presente el razonamiento deductivo que lleva al resultado de considerar probado o no el presupuesto fáctico contemplado en la norma para la aplicación de su consecuencia jurídica como, por cierto, exige de manera expresa el reiterado art. 386.1 LEC 1/2000, párrafo segundo, al señalar que "en la sentencia en la que se aplique el párrafo anterior (las presunciones judiciales) deberá incluir el razonamiento en virtud del cual el tribunal ha establecido la presunción". O, en otros términos, como señalan tanto la jurisprudencia de esta Sala como la doctrina del Tribunal Constitucional, en la prueba de presunciones hay un elemento o dato objetivo, que es el constituido por el hecho base que ha de estar suficientemente acreditado, de él parte la inferencia, la operación lógica que lleva al hecho consecuencia, que será tanto más rectamente entendida cuanto más coherente y razonable aparezca el camino de la inferencia. Se habla, en este sentido, de rechazo de la incoherencia, de la irrazonabilidad y de la arbitrariedad como límites a la valoración de la presunción como prueba (Cfr. STS de 19 de marzo de 2001)".
Para poder habilitar la prueba indiciaria no resulta necesario que los hechos probados constituyan, en sí mismos, pruebas directas del hecho que se trata de demostrar. Son hechos que, aisladamente considerados puede resultar meramente circunstanciales, pero que, conjuntamente considerados, constituyen una prueba solvente del hecho que se pretende acreditar. Así, lo decisivo es tratar de determinar si entre los hechos que pudieran considerarse probados y las conclusiones a las que llega la Inspección existe una conexión lógica.
Las sentencias del Tribunal Supremo de 16/07/2002 (RG 3507/2000) y de 08/05/2003 (RG 708/2002) consideran:
"que la prueba indiciaria, circunstancial o indirecta es suficiente para justificar tal participación en el hecho punible, siempre que reúna unos determinados requisitos, que esta Sala recogiendo principios interpretativos del Tribunal Constitucional, ha repetido hasta la saciedad (entre las últimas sentencias dictadas, mencionemos a título de ejemplo, las de 13/12/99; 26/05/2000; 22/06/2000; 16/06/2000; 08/09/2000, etc.).
Estos requisitos son los siguientes:
1. Los indicios han de estar acreditados por prueba directa, con lo que se trata de evitar los riesgos inherentes a la admisión de una concatenación de indicios que aumentaría los riesgos en la valoración.
2. Los indicios tienen que estar sometidos a una constante verificación, que debe afectar tanto a la acreditación del indicio como a su capacidad deductiva.
3. Los indicios tienen que ser plurales e independientes o, siendo único, que posea una singular potencia.
4. Los indicios deben ser concordantes entre sí, de manera que converjan en la conclusión.
5. Esa conclusión debe ser inmediata, sin que sea admisible que el hecho consecuencia pueda llegar a través de varias deducciones o cadena de silogismos.
6. La prueba indiciaria exige una motivación que explique racionalmente el proceso deductivo por el que de unos "hechos-indicios" se deducen otros "hechos- consecuencia".
Sexto.- La Dependencia de Inspección analiza los medios materiales y humanos y concluye que estamos ante un supuesto típico de simulación, de tal modo que afirma la misma que en el presente caso se han puesto de manifiesto una serie de indicios (hechos ciertos y probados) que permiten, a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano, concluir que los servicios como administrador prestados por XZ a TW y GH son realizados efectivamente por el señor OML. La reclamante, por su parte, niega la simulación afirmada por la Inspección.
Este Tribunal comparte el criterio de la Inspección en función del cual esta afirma la simulación en la actividad como administrador de TW y GH, siendo una actividad realizada por el señor OML.
Los hechos e indicios que permiten tal conclusión son los siguientes:
-La existencia de un negocio real: la relación mantenida entre TW, GH y D. BTS. En tanto este último fue designado por XZ como representante persona física para el ejercicio del cargo de administrador de TW y GH, existió una relación jurídica entre estas sociedades y la persona física. La relación supuso que D. BTS ejerciese el cargo de administrador.
-Una apariencia de negocio, produciéndose al menos dos hechos simulados: la facturación de servicios por parte de XZ a TW y GH y el servicio prestado por D. MIGUEL a la sociedad interpuesta XZ.
-Y finalmente la existencia de un perjuicio para la Hacienda Pública: la estructura empresarial de XZ es utilizada por D. MIGUEL para disminuir su carga tributaria (por la ocultación total de estos ingresos en su IRPF).
La intención de esta ocultación es clara, pues el hecho de que D. Bts no percibiera ninguna retribución por el ejercicio de su función mientras la sociedad XZ percibía los ingresos procedentes de las entidades TW SL y GH SL por ser administrador de las mismas, no puede suponer sino una actuación consciente y deliberada.
Concretamente los ingresos que recibe en cada uno de los periodos objeto de comprobación por dichos conceptos son los siguientes:
-
TW: 2018: 312.050 euros; 2019: 240.000 euros
-
GH: 2020: 150.000 euros; 2021: 150.000,00 euros
La Inspección fundamenta suficientemente la existencia de un negocio simulado, en función de los siguientes hechos:
-Causa simulandi: Ahorro fiscal ilícito.
La causa de que D. BTS articule o canalice formalmente de manera fraudulenta sus prestaciones de servicios a través de la sociedad interpuesta XZ ASESORES, SL (bajo el control jurídico de su entorno familiar) radica en el disfrute ilícito de un tratamiento tributario más favorable, reduciendo la carga tributaria por la diferencia de tipos de gravamen aplicados en el IRPF y el IS, así como, en su caso, al diferimiento en la tributación de los beneficios de la sociedad en sede del socio hasta que finalmente se produzca (o, en la práctica, se declare la producción) de la distribución de resultados.
-Vinculación existente entre D. BTS y la entidad XZ ASESORES SL. Voluntad rectora común.
D. Bts es socio mayoritario (59,895%) y administrador mancomunado (junto con su cónyuge Doña Axy) de la entidad. El resto del capital lo ostenta su cónyuge (31,165%) y los hijos de D. BTS. Es, además, el único medio personal (de acuerdo con las comprobaciones de la inspección) que realmente realiza la administración de TW, SL y GH, SL. Hay que tener en cuenta además que en el momento de constitución de la sociedad (2004), la misma se constituye por el propio D. BTS y por sus 5 hijos, todos ellos menores de edad en dicho momento. D. BTS y su cónyuge, Dña Axy, son los únicos autorizados en las cuentas bancarias de la sociedad. Por tanto, en todos los ejercicios objeto de comprobación existe un absoluto control de D. BTS sobre la sociedad.
-Descripción de las actividades de los administradores realizada por el propio obligado tributario.
La sociedad en contestación a manifiesta diligencia número 2 manifiesta que: “(…) XZ, en la persona de Bts, es administradora mancomunada de la sociedad TW SL durante los ejercicios objeto de inspección. Desde el 01/04/2020 XZ, a través de Bts, es la administradora de PQ”. Respecto a las tareas de Dña. AXY en ningún momento manifiesta que realice la administración de TW, SL o GH, SL.
-Administración y representación de sociedades por parte de D. BTS.
D. BTS, figura tanto de administrador como representante de múltiples entidades del grupo empresarial del que es cabecera TW, SL sin declarar cobrar cantidad alguna por dichas funciones. Asimismo, no realiza ninguna otra actividad ni por cuenta propia ni por cuenta ajena. Además, D. BTS figura como autorizado de las cuentas bancarias de las entidades TW, SL , GH, SL y otras entidades del grupo. Figuran como presidente y secretario del consejo de administración de TW, SL y GH, SL D. BTS y D. MAS.
-Pago de suplidos de viajes por parte de TW, SL y PQ a D. BTS.
D. BTS recibe en su cuenta personal ingresos de la entidad TW, SL y de la entidad PQ. Se trata de repercusión de gastos por viajes en el seno de la actividad de TW, SL y PQ, SL que han sido previamente pagados por BTS y se le repercuten. En estos viajes podemos ver que quien realiza el viaje y a quien se le repercute los gastos que ha tenido es el propio D. BTS, identificando además al mismo por las propias entidades (en la hoja de gastos) como “administrador” o “CEO”.
-Ingresos recibidos como administrador son ingresos por las efectivas funciones realizadas.
En el caso de TW, SL son administradores mancomunados tanto la entidad XZ ASESORES, SL como la entidad CD, SL retribuyendo por la administración distintas cantidades, para cada uno de sus miembros, existiendo una gran diferencia entre la retribución de una y otra entidad, siendo la retribución dependiente de las funciones realizadas no por la simple participación en la entidad.
Esto es expresamente establecido en el ejercicio 2018 cuando los estatutos disponen “el cargo de administrador será remunerado en función de su efectiva dedicación al desarrollo de su labor”. Respecto de la administración de GH, SL la administración solo la lleva a cabo XZ ASESORES, SL, no recibiendo retribución alguna CD, SL, no pudiendo ser igualmente la retribución por la simple tenencia de capital o pertenencia al órgano de administración, sino debiendo de ser en todo caso por las funciones realizadas.
-Ausencia de medios personales y materiales que añadan valor a la actividad realizada por D. BTS.
Ausencia de medios materiales:
La entidad no dispone de ningún medio material concreto y especifico destinado a la administración de las entidades TW, SL y GH, S.L. Concretamente tan solo dispone de inmuebles destinados al alquiler y vehículos.
Ausencia de medios personales:
XZ ASESORES, SL, además de con D. BTS, cuenta con los siguientes medios personales:
-
Dña. AXY, como administradora de XZ ASESORES, SL, cónyuge de D. BTS y administradora mancomunada de XZ ASESORES, SL, que no realiza ninguna actividad en relación con la administración de las entidades TW, SL y GH, SL.
-
Por su parte, Dña. FAL y posteriormente Dña. Cms como trabajadoras por cuenta ajena, destinadas a la actividad inmobiliaria.
-Confusión patrimonial.
D. BTS y Dña. AXY no tienen viviendas en propiedad y utilizan dos viviendas titularidad de la sociedad que alquilan a un precio inferior al precio de mercado. Asimismo, no disponen de vehículos en propiedad, adquiriéndolos a través de la propia sociedad para su utilización personal y familiar, satisfaciendo la entidad gastos personales de los socios.
-Falta de independencia entre las cuentas bancarias de la persona física y la sociedad.
Existe una utilización indistinta de las cuentas bancarias titularidad de la entidad y del socio. Se pone de manifiesto el pago desde cuentas bancarias de la entidad de gastos no relacionados con la actividad de D. BTS pagados con la tarjeta a nombre de BTS y que no se corresponden con la actividad de la entidad.
-Actividad personalísima.
Históricamente D. BTS ha venido articulando a través de diferentes mecanismos la administración y representación de las sociedades del grupo. Se le asigna al mismo la administración por su especial cualificación, conocimiento y vinculación con el grupo empresarial. Se trata de la administración de entidades familiares vinculadas a la familia OML.
Las premisas puestas de manifiesto por la Inspección permiten afirmar a este Tribunal Regional, que D. BTS extrae de su tributación personal del IRPF las cantidades que percibe XZ como administrador, ya que, a pesar de realizar dichas funciones en representación de XZ, él no recibe ninguna retribución por ellas.
Sobre esta cuestión, en su escrito de alegaciones la parte reclamante insiste en que la prestación de servicios no fue simulada pero respecto a esta cuestión debe hacerse referencia a la prueba indiciaria o indirecta, al haber sido este el proceso deductivo utilizado por la Inspección, y que constituye un proceso de razonamiento que permite dar por acreditados unos hechos sobre los que no existe una prueba directa, la cual sin embargo puede deducirse razonablemente de la valoración conjunta de un grupo de hechos distintos que se estiman probados y que guardan relación con el que se pretende probar.
A la vista de los hechos relatados, este Tribunal Regional debe declarar ajustada a derecho la prueba de la simulación realizada por la Inspección, al observar el vínculo de razonabilidad exigido entre las presunciones apreciadas y la consecuencia lógica extraída. Los hechos puestos de manifiesto por la Inspección llevan razonablemente a concluir que esta ha recabado un conjunto de pruebas indirectas y no meras sospechas, de las que se infiere que XZ es una sociedad interpuesta para facturar las retribuciones que en realidad correspondían a su socio y administrador D. BTS por ejercer el cargo de administrador de TW y GH, evitando que la retribución percibida como administrador tributase como rendimiento del trabajo en su renta personal. Como ha señalado la jurisprudencia respecto de la prueba de presunciones, para admitir la prueba de presunciones debe concurrir un elemento o dato objetivo, como hecho base suficientemente acreditado, del cual y a través de un enlace preciso y directo se concluye el hecho que se pretende deducir, lo cual ha acontecido en el presente caso.
Por todo ello, debe confirmarse la calificación formulada por la Dependencia de Inspección: las cantidades facturadas por la sociedad XZ en realidad son retribuciones que corresponden exclusivamente al socio y, por tanto, tales retribuciones deben someterse a imposición en su IRPF.
Séptimo.- Alega la reclamante que la interpretación de la Inspección contradice la Ley de Sociedades de Capital. Como exige la normativa mercantil, en caso de ser nombrado administrador una persona jurídica es necesario que esta designe a una “sola persona física” para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo. Las retribuciones obtenidas por los administradores de entidades mercantiles reciben la calificación de operaciones vinculadas [TEAC de 24/09/2024 y de 20/03/2024]. La Inspección también calificó de operaciones vinculadas las funciones del representante persona física en sus actuaciones inspectoras del IS 2014-2017. Una de las razones que aduce la Inspección para considerar la existencia de simulación es la falta de medios humanos y materiales específicos para esta actividad, a pesar de que la LSC 212 y 212. Bis, no exige una estructura de medios extraordinaria para efectuar la actividad detallada.
En definitiva, alega que donde el TEAR Cataluña y la Inspección de la AEAT de Barcelona ven una operación vinculada muy elevada por el alto valor de los servicios, la Inspección de la AEAT de Madrid ve una simulación. Donde la Inspección de la AEAT de Barcelona ve amplios medios materiales de los que se ayuda el Sr. Oml, la Inspección de la AEAT de Madrid ve una ausencia total de medios. Con ello, el Tribunal Supremo fija como criterio jurisprudencial que no se ve vulnerado el principio de confianza legítima cuando la Administración dicta actos que cambian de criterio, siempre que lo razone suficientemente y con expresa referencia al criterio del que se aparta. En nuestro caso, la Inspección ni hace referencia expresa al criterio del que se aparta ni lo motiva.
Señala la reclamante que el Tribunal Económico Administrativo Central en Resolución 00/01354/2023 de fecha 24/09/2024, dictada en unificación de criterio (que reitera criterio de Resolución TEAC de 20 de marzo de 2024 (RG 1784/2023) transcribe varios artículos de la Ley de Sociedades de Capital, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2010, así como los artículos 142 y 143 del Reglamento del Registro Mercantil, recordando así mismo que en el caso de que la sociedad hubiese optado por estructurar a través de un Consejo de Administración su órgano de administración, la normativa mercantil establece la posibilidad de que se designe a un Consejero Delegado.
Alega que el TEAC en sus Resoluciones de fechas 20 de marzo de 2024, y 24 de septiembre de 2024, la segunda de ellas dictada en unificación de criterio, ha dado una respuesta precisa, clara y determinante y diferente, acerca de cuál debe ser el tratamiento fiscal que debe otorgarse a una persona física representante de una sociedad en el órgano de administración de una sociedad: la vía que el TEAC indica es la aplicación de la normativa de operaciones vinculadas
Este TEAR, como no podía ser de otro modo, no ignora la doctrina del TEAC expresada en mencionadas resoluciones que la reclamante refiere. No obstante, si bien en ellas la piedra de toque es la afirmación de que los servicios prestados por una persona física designada por una persona jurídica como administrador de una sociedad participada no se corresponden con la retribución por el ejercicio de sus funciones de consejero o administrador de la primera persona jurídica, se parte de la regularización de una operación como vinculada, a diferencia del caso aquí analizado, en que la AEAT aprecia la existencia de simulación, como se ha visto y este Tribunal ha tenido la oportunidad de confirmar.
Por tanto, si bien la controversia jurídica es la misma en ambos casos en términos fácticos (el presente y el analizado por el TEAC), la situación concreta a la que se aplica difiere; como decimos, en el TEAC se analizaba una operación vinculada mientras aquí nos hallamos ante un supuesto calificado como simulación.
Este órgano revisor delimita con precisión el objeto de la controversia, señalando que lo discutido no es la mera valoración de las operaciones realizadas, sino su validez y licitud en el marco del ordenamiento jurídico. En este sentido, la cuestión central consiste en determinar si concurre o no una simulación relativa en las operaciones examinadas. Una vez afirmada la existencia de simulación relativa, las operaciones vinculadas carecen de soporte jurídico, pues se trata de actos derivados de una realidad inexistente. En consecuencia, no procede atender a las alegaciones de la reclamante que se fundamentan en dichas operaciones, dado que jurídicamente no pueden producir efectos. El análisis debe centrarse exclusivamente en el negocio disimulado. En la medida en la cual cabe concluir la existencia de simulación relativa, no procede el análisis de operaciones vinculadas, tal y como hace el TEAC.
Así se deduce de los propios términos de la Resolución TEAC invocada por la reclamante, al delimitar los términos de la controversia jurídica:
" (...) SEGUNDO. Sobre la controversia jurídica y la normativa aplicable.
Como hemos detallado en los antecedentes de hecho, la controversia jurídica suscitada gira en torno a la determinación de las funciones de los consejeros o administradores de una persona jurídica y, en particular, a determinar si dichas funciones incluirían el ser la persona física designada por esa persona jurídica para que realice las funciones permanentes de administración de una segunda persona jurídica (persona jurídica administrada) de la cual la primera persona jurídica es su administradora.
Conclusión jurídica que es trascendente ya que solamente de concluirse que esas funciones de representación de la persona jurídica en los órganos de administración de otras sociedades no son propias del cargo de administrador o Consejero Delegado, existiría una operación vinculada entre la persona jurídica administradora y su administrador - en lo que atañe al ejercicio de esa representación permanente - de imperativa valoración a valor normal de mercado."
Alega la reclamante la vulneración del principio de confianza legítima en la medida en la cual en ejercicios anteriores la Inspección regularizo aplicando el régimen de operaciones vinculadas, situación que fue avalada por el TEAR de Cataluña.
En relación con los principios de confianza legítima y de seguridad jurídica se ha pronunciado el Tribunal Supremo en numerosas sentencias, entre las que cabe citar la Sentencia de 9 de marzo de 2017 (nº de Recurso: 219/2016), la Sentencia de 16 de febrero de 2017 (Nº de Recurso: 489/2016), la Sentencia de 28 de febrero de 2017 (Nº de Recurso: 402/2016) o, finalmente, la Sentencia de 28 de febrero de 2017 (nº de Recurso: 614/2016), en la que resume su doctrina del siguiente modo:
"(...)
A) El principio de protección a la confianza legítima, relacionado con los más tradicionales, en nuestro ordenamiento, de la seguridad jurídica y la buena fe en las relaciones entre la Administración y los particulares, comporta, según la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la jurisprudencia de esta Sala, el que la autoridad pública no pueda adoptar medidas que resulten contrarias a la esperanza inducida por la razonable estabilidad en las decisiones de aquélla, y en función de las cuales los particulares han adoptado determinadas decisiones. O, dicho en otros términos, la virtualidad del principio que se invoca puede suponer la anulación de un acto de la Administración o el reconocimiento de la obligación de ésta de responder de la alteración (producida sin conocimiento anticipado, sin medidas transitorias suficientes para que los sujetos puedan acomodar su conducta y proporcionadas al interés público en juego, y sin las debidas medidas correctoras o compensatorias) de las circunstancias habituales y estables, generadoras de esperanzas fundadas de mantenimiento (Cfr. SSTS de 10 de mayo, 13 y 24 de julio de 1999 y 4 de junio de 2001). Pero ello en el bien entendido de que no pueden apreciarse los necesarios presupuestos para la aplicación del principio invocado en la mera expectativa de una invariabilidad de las circunstancias, y que ni el principio de seguridad jurídica ni el de la confianza legítima garantizan que las situaciones de ventaja económica que comportan un enriquecimiento que se estima injusto deban mantenerse irreversibles.
B) Por otra parte, la doctrina de esta Sala en relación al respeto de los actos propios puede resumirse en los siguientes términos:
a) Como todo sujeto de derecho, la Administración puede quedar obligada a observar hacia el futuro la conducta que ha seguido en actos anteriores, inequívocos y definitivos, creando, definiendo, estableciendo, fijando, modificando o extinguiendo una determinada relación jurídica. Esos actos pueden ser expresos, mediante los que la voluntad se manifiesta explícitamente, presuntos, cuando funciona la ficción del silencio en los casos previstos por el legislador, o tácitos, en los que la declaración de voluntad se encuentra implícita en la actuación administrativa de que se trate.
b) El dato decisivo radica en que, cualquiera que fuere el modo en que se exteriorice, la voluntad aparezca inequívoca y definitiva, de manera que, dada la seguridad que debe presidir el tráfico jurídico (artículo 9.3 de la Constitución) y en aras del principio de buena fe, enderezado a proteger a quienes actuaron creyendo que tal era el criterio de la Administración, esta última queda constreñida a desenvolver la conducta que aquellos actos anteriores hacían prever, no pudiendo realizar otros que los contradigan, desmientan o rectifiquen.
c) Ese principio, el de buena fe, junto con el de protección de la confianza legítima, constituyen pautas de comportamiento a las que, al servicio de la seguridad jurídica, las Administraciones públicas, todas sin excepción, deben ajustar su actuación [Cfr. artículo 3.1, párrafo segundo, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y artículo 3.1.e) Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público], sin que después puedan alterarla de manera arbitraria. Así lo hemos recordado, entre otras, sentencia de 22 de enero de 2013 (casación 470/11, FJ 7º).
d) Desde la perspectiva de los invocados principios de confianza legítima y respeto a los actos propios, el que no se haya realizado la regularización de la situación tributaria de una entidad en ejercicios anteriores no es obstáculo para que, constatada por la Administración tributaria la práctica irregular llevada a cabo por dicha entidad, de acuerdo con la normativa aplicable, se proceda entonces a su regularización.
(...)."
En este mismo sentido, debe traerse a colación el criterio esgrimido por el TEAC en Resolución nº 2411/2021, de fecha de 28/06/2022, en el cual se asienta que la Doctrina de actos propios y el derecho a la protección de la confianza legítima que debe regir en las actuaciones entre la Administración y los obligados tributarios resulta también aplicable a la conducta de estos últimos.
No obstante, el principio de confianza legítima no puede implicar la persistencia de situaciones no ajustadas a derecho, por lo que esta protección no es absoluta; especialmente si el interés público requiere corregirla, pues el principio de legalidad y la seguridad jurídica prevalecen para evitar perpetuar una irregularidad. En el presente caso la Inspección ha motivado en los ejercicios objetos de comprobación la existencia de simulación relativa, lo cual ha sido confirmado por este Tribunal, no procediendo la regularización por operaciones vinculadas. Por ello, se desestiman las alegaciones de la parte reclamante en este punto.
Octavo.- En cuanto la aplicación del régimen especial de arrendamiento de vivienda, hemos de acudir al artículo 48 de la Ley 27/2014, LIS (el subrayado es nuestro):
"Artículo 48. Ámbito de aplicación.
1. Podrán acogerse al régimen previsto en este capítulo las sociedades que tengan como actividad económica principal el arrendamiento de viviendas situadas en territorio español que hayan construido, promovido o adquirido. Dicha actividad será compatible con la realización de otras actividades complementarias, y con la transmisión de los inmuebles arrendados una vez transcurrido el período mínimo de mantenimiento a que se refiere la letra b) del apartado 2 siguiente.
A efectos de la aplicación de este régimen especial, únicamente se entenderá por arrendamiento de vivienda el definido en el artículo 2.1 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, siempre que se cumplan los requisitos y condiciones establecidos en dicha Ley para los contratos de arrendamiento de viviendas."
El artículo 1 de la LAU, relativo a su ámbito de aplicación, informa que (el subrayado es nuestro):
"La presente Ley establece el régimen jurídico aplicable a los arrendamientos de fincas urbanas que se destinen a vivienda o a usos distintos del de vivienda."
La LAU establece únicamente el régimen jurídico de aquellos arrendamientos que tengan por objeto una «finca urbana» destinada a vivienda o a un uso distinto. Así pues, el arrendamiento de habitaciones -no de la finca completa- no se regula por la LAU, ya que el objeto de los arrendamientos regulados en la LAU no es una habitación ubicada en el interior de una vivienda. El concepto de finca urbana debemos entenderlo por tanto en su totalidad, no regulándose los arrendamientos parciales a través de la LAU. Por tanto, los contratos de arrendamiento por habitaciones no se rigen por la LAU porque el objeto cierto del contrato, la habitación, no es una edificación urbana sobre las que recaen los arrendamientos urbanos recogidos en el ámbito de aplicación de la LAU, pues han de celebrarse sobre la totalidad de la finca, no siendo válidos los arrendamientos parciales, y en segundo lugar, porque una habitación «per se» no es una edificación habitable, requisito exigido para los arrendamientos del artículo 2. Así lo señala la Sentencia de la Audiencia Provincial de Islas Baleares (Sección 3.ª) de 20 de mayo de 2010, entre otras.
Por arrendamiento de viviendas se entiende el definido en el artículo 2 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, siempre que se cumplan los requisitos y condiciones establecidos en la misma para tal clase de contratos.
De acuerdo con el artículo 2 de la LAU (el subrayado es nuestro):
“se considera arrendamiento de vivienda aquel arrendamiento que recae sobre una edificación habitable cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario.”
Se entiende por arrendamiento de vivienda aquel que se constituye sobre una edificación habitable destinada a satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario, siempre que se cumplan los requisitos y condiciones establecidos para los contratos de arrendamiento de viviendas.
Los contratos de arrendamiento por habitaciones ubicados en el interior de una vivienda, al ser un arrendamiento parcial de vivienda, como decimos, no se podrán regir por la LAU y se someterán a lo acordado por las partes contratantes y por lo dispuesto en el Código Civil, concretamente, en los artículos 1542-1574 y 1580-1583.
En cuanto al arrendamiento por habitaciones, el Código Civil que en su artículo 1.543 indica que:
"En el arrendamiento de cosas una de las partes se obliga a dar a la otra el goce o uso de una cosa por tiempo determinado y precio cierto."
Por tanto, un contrato de habitación es un acuerdo entre el propietario y un arrendatario para el uso exclusivo de una habitación dentro de una vivienda compartida. La principal diferencia en la regulación entre estos contratos es que mientras que los contratos de arrendamiento de vivienda están regulados por la LAU que establece derechos y obligaciones específicos, como la duración mínima y la protección frente a desahucios, el contrato de habitación, en cambio, se rige por el Código Civil, ofreciendo mayor libertad contractual pero también menos protección para el arrendatario. La duración mínima del contrato en el arrendamiento de vivienda regulado en la LAU es de 5 años si el arrendador es persona física y 7 años si es persona jurídica. En el contrato de habitación del CC no existe una duración mínima establecida por la ley, sino que debe acordarse entre las partes. En cuanto a derechos del arrendatario, en el arrendamiento de vivienda regulado en la LAU, este tiene derecho a la prórroga automática del contrato durante el plazo mínimo legal, mientras que en el contrato de habitación del CC no hay derecho a prórroga legal, de tal modo que las condiciones de uso y habitabilidad dependen de lo pactado en el contrato.
Es de resaltar que en cuanto al tiempo duración de un contrato de arrendamiento de habitaciones el artículo 1.577 CC señala que:
“Si no se hubiese fijado plazo al arrendamiento, se entiende hecho por años cuando se ha fijado un alquiler anual, por meses cuando es mensual, por días cuando es diario”.
Por tanto, en la medida en la cual existen contratos de arrendamiento por habitaciones suscritos por XZ que no están sujetos a la LAU sino al CC y en la medida en la cual los pagos por los mismos son mensuales, el plazo de duración del contrato será mensual sin derecho a prórroga legal. Según el art.48.2.b) la Ley 27/2014, LIS, el tiempo de arrendamiento o el tiempo en que las viviendas han estado ofrecidas en arrendamiento debe ser al menos de tres años para consolidar la bonificación, por lo que deben excluirse aquellos que tengan un periodo inferior, como sucede en los contratos realizados por la reclamante en los que se arrienda por habitaciones.
Por otra parte, el artículo 5 e) de la LAU señala que se excluye de esta ley la cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en canales de oferta turística o por cualquier otro modo de comercialización o promoción y realizada con finalidad lucrativa, cuando esté sometida a un régimen específico derivado de su normativa sectorial turística.
Alega la reclamante la procedencia en el caso que nos ocupa de la doctrina del TEAC (Resolución 28/22382/2023): "Se considera que el reclamante tiene derecho a la reducción por arrendamiento de vivienda habitual aun cuando el contrato sea de arrendamiento por habitaciones, independientemente de que la duración de los mismos sea por meses, puesto que el destino de la vivienda es el de residencia habitual de los arrendatarios, cuando además, se ha pactado la posibilidad de prórroga de los mismos".
No obstante, dicha Resolución afecta a la reducción por arrendamiento de vivienda regulada en la Ley 35/2006 del IRPF, cuyos requisitos son distintos de los previstos en la Ley del Impuesto sobre Sociedades para el régimen especial de arrendamiento de vivienda, fundamentalmente por la remisión que se hace en esta última a la LAU, remisión que no es hecha en la Ley del IRPF.
Así, el artículo 23.2 de la Ley 35/2006 (IRPF) establece, resumidamente, que (el subrayado es nuestro):
"En los supuestos de arrendamiento de bienes inmuebles destinados a vivienda, el rendimiento neto positivo se reducirá: a) En un 90 % cuando… b) En un 70 % cuando… c) En un 60 % cuando… d) En un 50 % en cualquier otro caso."
Mientras que el artículo 48 Ley 27/2014 (IS) por su parte indica que (el subrayado es nuestro):
"Podrán acogerse sociedades que tengan como actividad económica principal el arrendamiento de viviendas (...). Se entenderá por arrendamiento de vivienda el definido en la LAU (Art. 2.1)."
Para este último caso se requiere que el número de viviendas sea igual o superior a 8 viviendas arrendadas, una permanencia mínima de tres años, la contratación de al menos un empleado a jornada completa, consistiendo en incentivo fiscal en una bonificación del 40% sobre rentas del alquiler en cuota IS, siendo excluidas, según lo dicho, el alquiler por habitaciones y el turístico, ya que solo es aplicable a viviendas completas según LAU.
Por tanto, este Tribunal resuelve que los contratos de arrendamiento de uso turístico así como los de arrendamiento de habitaciones están excluidos de la aplicación del régimen especial de arrendamiento de vivienda regulado en la Ley 27/2014, LIS.
Consta en el expediente la regularización efectuada por el IVIMA a XZ en la que se distingue entre uso vivienda (V) y uso distinto de vivienda (UD). Concretamente, considera como inmuebles de uso distinto de vivienda los siguientes: Calle 6; Calle 2; Calle 5; Calle 1; Calle 7; Calle 3 bis; Calle 3; Calle 8; Calle 9; Calle 4; Calle 10.
Subsidiariamente, alega la reclamante que se han cometido errores referidos al cómputo de los ejercicios en el que los inmuebles se entienden arrendados por habitaciones. Alega la reclamante errores en los siguientes inmuebles:
2: Alega la reclamante que en el acuerdo de liquidación se regulariza desde el 02/2019 cuando los contratos aportados son del 10/2019.
No obstante lo alegado, consta en el expediente electrónico que dicho inmueble en 2019 genera ingresos desde el mes de febrero, por lo que al margen de la fecha del contrato, la regularización debe producirse desde dicho mes de febrero. En el documento excel que consta en el expediente el inmueble se encuentra dentro de los clasificados como alquilado por habitaciones, en concreto: "Madrid habitaciones".
4: Alega la reclamante que en el acuerdo de liquidación se reconoce que son inmuebles destinados al uso de vivienda y se regulariza desde el 09/2019, cuando los contratos aportados son del 11/2019 y 04/2021.
No obstante lo alegado, consta en el expediente electrónico que dicho inmueble en 2019 genera ingresos desde el mes de septiembre, por lo que al margen de la fecha del contrato, la regularización debe producirse desde dicho mes de septiembre. En el documento excel que consta en el expediente el inmueble se encuentra dentro de los clasificados como "Madrid habitaciones".
3: Alega la reclamante que desconoce el motivo por el que se inaplica el régimen desde el 01/2021 cuando la AEAT no dispone de documentación que acredite tal circunstancia. No obstante lo alegado, consta en el expediente electrónico que dicho inmueble genera ingresos en 2021 desde el mes de enero. En el documento excel que consta en el expediente el inmueble se encuentra dentro de los clasificados como "Madrid habitaciones".
5 2B: Alega la reclamante que desconoce el motivo por el que se inaplica el régimen desde el 04/2021 cuando la AEAT no dispone de documentación que acredite tal circunstancia. Alega la reclamante que en el xls aportado consta que se arrienda de forma completa.
Consta en el expediente electrónico que dicho inmueble genera ingresos en 2021 desde el mes de abril, si bien en el excel aportado no se incluye entre los contratos por habitaciones y sin que conste que sobre dicho inmueble se realiza un contrato por habitaciones.
No obstante, el IVIMA ha regularizado las fianzas depositadas y ha concluido que este inmueble se destina a uso distinto del de vivienda, sin que conste recurso alguno de XZ sobre dicha calificación.
6: Alega la reclamante que desconoce el motivo por el que se inaplica el régimen desde el 08/2021 cuando la AEAT no dispone de documentación que acredite tal circunstancia, además, según la reclamante, cabe indicar que se equivoca la Inspección al afirmar que se arrienda desde el 08/2021 cuando se han acometido obras de reforma durante ese mes. La reclamante aporta factura de la entidad encargada de los servicios de obra -FACTURA REFORMA Calle 5)-. Asimismo, adjunta la rescisión de 10/05/2021 del último contrato formalizado como arrendamiento integral -DOC 1 2 20210510 RESCISSIO CONTRACTE … XZ ….)-.
Consta en el expediente que desde agosto de 2021 el citado inmueble está destinado al alquiler, por lo que al margen de la realización de obras en el mismo, se da por acreditada la percepción de ingresos desde agosto. En el documento excel que consta en el expediente el inmueble se encuentra dentro de los clasificados como "Madrid habitaciones".
Calle 6: Alega la reclamante que pese a que consta arrendado desde 01/2020, la Inspección lo regulariza desde el 09/2019.
Consta en el expediente que desde septiembre de 2019 el citado inmueble se destina al alquiler por habitaciones y los ingresos obtenidos por dicho alquiler desde dicha fecha.
No se incluye dentro del apartado de "Madrid habitaciones" del excel aportado, si bien consta en el contrato sobre el mismo como contrato de arrendamiento de habitación en vivienda compartida. Si bien el contrato es de fecha 1 de diciembre de 2021, en el mismo se señala que hay seis habitaciones, del H1 al H6, señalando que el arrendatario está interesado en arrendar la habitación H1. Por tanto, hemos de inferir que la vivienda se alquila de forma ordinaria por habitaciones y por tanto no se debe aplicar el régimen especial respecto de dicho inmueble.
Por otra parte, el IVIMA califica el contrato sobre dicho inmueble en la categoría de "alquilado por habitaciones".
7: Alega la reclamante que el acuerdo de liquidación se regulariza desde el 03/2019 cuando los contratos aportados de arrendamiento de vivienda son de 06/2019 y 07/2019.
No obstante, consta en el expediente que desde marzo de 2019 el citado inmueble obtiene ingresos por alquiler. En el documento excel que consta en el expediente el inmueble se encuentra dentro de los clasificados como "Madrid habitaciones".
Por tanto, este TEAR desestima las alegaciones planteadas por la reclamante en relación con la regularización realizada por la Inspección en cuanto a la aplicación del régimen especial de arrendamiento de vivienda, confirmando el acuerdo de liquidación en este punto.
Noveno.- El Impuesto sobre Sociedades, en cuanto a la deducibilidad de los gastos, esto es, su admisibilidad como partida deducible, requiere que cumpla las siguientes condiciones:
-Contabilización: por la que la deducibilidad del gasto está condicionada a que el mismo esté contabilizado, salvo excepciones, en la cuenta de pérdidas y ganancias. De tal manera que si el gasto no está contabilizado no puede computarse en la base imponible.
-Justificación: de tal manera que para la determinación de las bases, tanto los gastos como las deducciones practicadas requerirán su justificación mediante la correspondiente factura completa o en la medida que se justifique por cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho. Un requisito complementario sería que el gasto debe responder a un hecho económico real, es decir, debe responder a la contraprestación de operaciones efectivamente realizadas y no simuladas.
-Imputación según criterio de devengo (art. 11.1 LIS), que como regla general, el gasto contabilizado y justificado será imputado en la base imponible del periodo impositivo en el que se ha devengado, estableciendo la Ley del Impuesto sobre Sociedades, dos excepciones, la utilización de un criterio contable diferente aceptado por la Administración previa solicitud y la contabilización en periodos posteriores al de su devengo, deducibles en esos periodos en que se han contabilizado, siempre que ello no determine una tributación inferior a la que hubiera resultado de imputarlos al periodo en el que realmente se devengaron.
-Correlación con los ingresos (art. 15 LIS), en el sentido de que el gasto tiene que tener una relación directa o indirecta, mediata o futura, con ingresos de la sociedad. El art. 15.1.e) de la LIS señala que no son deducibles los donativos o liberalidades, de manera que si un gasto no está directamente relacionado con la obtención de ingresos, se trataría de una liberalidad y por lo tanto, no sería deducible.
En consecuencia, al margen de la contabilización y del cumplimiento de las reglas de imputación temporal (con carácter general, la regla del devengo), se requiere que se acredite su efectividad, que se justifique documentalmente por cualquier medio de prueba, que se halle correlacionado con los ingresos (a sensu contrario artículo 15.1 e) de la LIS) y finalmente, que el gasto no se encuentre comprendido en la enumeración que realiza el artículo 15 de la LIS respecto de los "Gastos no deducibles" (al margen de otros supuestos de no deducibilidad que se contemplan de modo disperso por el articulado del citado cuerpo legal).
A los efectos de resolver la cuestión controvertida hemos de traer a colación la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de marzo de 2021, nº 3454/2019, relativa a la interpretación del artículo 14.1 e) del TRLIS. La doctrina del tribunal puede resumirse en los siguientes puntos:
-Como criterio general, «los gastos acreditados y contabilizados no son deducibles cuando constituyan donativos y liberalidades, entendiéndose por tales las disposiciones de significado económico, susceptibles de contabilizarse, realizadas a título gratuito».
-Adicionalmente, serán deducibles los gastos contables de operaciones realizadas a «título gratuito» en concepto de «relaciones públicas con clientes o proveedores, las que con arreglo a los usos y costumbres se efectúen con respecto al personal de la empresa y las realizadas para promocionar, directa o indirectamente, la venta de bienes y prestación de servicios, y todas aquellas que no comprendidas expresamente en esta enumeración respondan a la misma estructura y estén correlacionadas con la actividad empresarial dirigidas a mejorar el resultado empresarial, directa o indirectamente, de presente o de futuro, siempre que no tengan como destinatarios a socios o partícipes».
Actualmente dicha cuestión viene regulada en el artículo 15 e) de la Ley 27/2014. En cuanto a la correlación de los gastos con los ingresos, la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de marzo de 2021, tal y como hemos señalado, ha respondido que serán deducibles las disposiciones patrimoniales «correlacionadas con la actividad empresarial dirigidas a mejorar el resultado empresarial, directa o indirectamente, de presente o de futuro».
Por tanto, toda disposición patrimonial que determine una relación empobrecimiento/enriquecimiento no será calificada como liberalidad si se inscribe en la obtención de mejores resultados económicos derivados del ejercicio de la actividad empresarial, sin que sea precisa la presencia de un ingreso específico ni la constatación de una mejora económica efectiva, bastando con que fuere meramente potencial.
Por otro lado, la carga de la prueba se contiene en el artículo 105.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en lo sucesivo, LGT), que dispone que: "En los procedimientos de aplicación de los tributos quien haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo". Por lo tanto, recae sobre el propio obligado tributario y no sobre la Administración la carga de probar que los gastos cuestionados resultan deducibles, de acuerdo con la normativa aplicable.
La Inspección regulariza una serie de gastos al entender que no cumplen los requisitos para ser considerados deducibles. Respecto de algunos de ellos la reclamante presenta alegaciones justificando, a su juicio, el carácter deducible de los mismos. Estos gastos son:
-Sobre los gastos no deducibles.
Gastos relativos a vehículos: La reclamante alega que los vehículos VEHÍCULO 3, VEHÍCULO 4 y VEHÍCULO 5 en el que consta como usuaria y conductora una de las administradoras de la entidad, Dª Axy, se encuentran afectos a la actividad de arrendamiento de inmuebles y son utilizados por ella en la búsqueda de inmuebles.
En cuanto a los gastos relacionados con vehículos, para que los mismos sean deducibles se exige su correlación con los ingresos, esto es, que sean utilizados de manera efectiva en el desarrollo y para los fines de dicha actividad.
Por tanto, para justificar la correlación con la actividad económica del vehículo, se hace preciso una justificación de los desplazamientos, de la necesidad de tener un vehículo afecto e idóneo para la actividad desarrollada, de forma que no pueda ponerse en duda su uso para fines ajenos a la actividad. El reclamante alega que queda probado que Dª AXY presta servicios para la sociedad, cuestión que este Tribunal no pone en duda, pero lo que debe acreditarse es la efectiva utilización de los vehículos en el desarrollo de la actividad de la entidad, aspecto este que no queda probado.
Respecto a estos vehículos, consta acreditado por la Inspección que:
-
VEHÍCULO 3: No se aporta contrato de seguro del vehículo. En las liquidaciones realizadas a la entidad respecto de los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011 a las que la entidad prestó su conformidad se considera que el vehículo no está afecto a la actividad. Se vende en 2019 a D. OML .
-
VEHÍCULO 4: En el contrato de seguro se establece como uso particular de Dña. Axy. En los traslados Madrid-Barcelona de acuerdo con sus manifestaciones utilizan el AVE y para visitar inmuebles se manifiesta que se utiliza la moto scooter.
-
VEHÍCULO 5: No consta prueba del uso para la actividad de la entidad, siendo la carga de la prueba atribuible al reclamante.
Así, estando en presencia de un bien que, objetivamente considerado, puede ser utilizado tanto para una actividad económica como para un fin particular, su titular debe extremar su diligencia y cuidado a la hora de acreditar su empleo si, como en este caso, se pretende su deducción. Pues bien, a juicio de este Tribunal, la documentación aportada no es prueba suficiente que justifique, de manera que despeje las dudas al respecto, que los vehículos están correlacionado con los ingresos, y máxime teniendo en cuenta que la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de marzo de 2021, nº 3454/2019, exige que el gasto no tengan como destinatarios a socios o partícipes.
Por tal motivo, es por lo que se considera ajustado a derecho, en este punto, el acuerdo de liquidación, sin que puedan estimarse las alegaciones planteadas por la reclamante.
-Gastos inmuebles: La Inspección ha eliminado los gastos asociados al inmueble sito en la Calle A. Este inmueble es alquilado a Dña. Cpr, D. Lmu, D. OML y D. Css.
Según la Inspección, se realizan reformas importantes en la vivienda: reformas del jardín y ventanas. Se observa por parte de la inspección numerosos gastos relativos a dicho inmueble tales como alarma y teléfono que son deducidos como gasto en la entidad, manifestando la sociedad que posteriormente se re facturan a los inquilinos, si bien la Inspección ha cuestionado los importes re facturados, al ser -según la misma-, los gastos deducidos muy superiores al importe de los gastos re facturados.
En este sentido, consta acreditado que no se repercuten gastos de alarma “securitas direct”, gastos de teléfono, gas natural, gastos de seguro, no se repercute el IVA de la factura de … ENERGIA -solo la base imponible-, no se repercuten determinados gastos de agua, mantenimiento y piscina, no se repercute una factura de mantenimiento básico de antena colectiva y video portero, no repercuten otros gastos como compra de jardineras y obras reparaciones en la piscina.
Según la reclamante, se debe distinguir los gastos habituales que han sido asumidos por la propiedad y que no deben repercutirse de acuerdo con los arts. 20 y 21 LAU, que son obligatorios para el arrendador que está forzado a realizar todas las reparaciones que sean necesarias, así como asumir las consecuencias negativas y los costes que estos inconvenientes crean en los arrendatarios y, por ello, fueron a cuenta del arrendador sin repercusión alguna a los inquilinos.
No obstante, este Tribunal coincide con la Inspección al entender que dichos gastos no están correlacionados con los ingresos de la entidad, siendo gastos propios de los socios y de su entorno familiar, respecto de los que de nuevo hemos de citar al TS que la Sentencia de 30 de marzo de 2021 -nº 3454/2019- exige que el gasto no tengan como destinatarios a socios o partícipes, ni por tanto, a su entorno familiar.
-Gastos de viaje: La Inspección afirma que existen gastos de viaje por compra de bonos a nombre de Dª AXY y de D. BTS, billetes MADRID - BARCELONA - MADRID, BILLETES BARCELONA MADRID - BARCELONA, así como otros destinos como Palencia, Valencia y Lleida.
La reclamante manifestó en el curso del procedimiento inspector que:
"Pese a que XZ desarrolla principalmente la actividad inmobiliaria en Madrid y de manera más residual en Barcelona, cuando surge la posibilidad de realizar inversiones en otras ciudades del país, los Administradores efectuaron viajes a las ciudades en las que surgen dichas inversiones (e.g. Valencia, Palencia, Lleida, Málaga). En estas ciudades los Administradores llevan a cabo prospecciones de mercado, evalúan potenciales inversiones, etc. A modo de ejemplo, los viajes realizados a Valencia son, en su gran mayoría, viajes efectuados en meses como enero, febrero, marzo y mayo y en el mismo día, ya que únicamente tienen como fin las citadas prospecciones de mercado: En relación con los viajes a Palencia, la Diócesis de Palencia es el propietario del inmueble ubicado en Calle Localidad 1, Madrid. XZ ha negociado con la propiedad de forma infructuosa durante los últimos 3 años. Por ello, los administradores realizaron viajes a Palencia. Asimismo, en relación con el inmueble, se realizó un estudio estructural del edificio de viviendas y nave industrial, con el objetivo de determinar el estado y propiedades de los materiales, la sobrecarga de uso actual y análisis del cumplimiento de la normativa, entre otros trabajos. Se acompaña el estudio y los correos electrónicos cruzados con el Arzobispado de … (Documento 1.1 a Documento 1.3). Respecto de los viajes a otras ciudades, XZ quiere extender la actividad inmobiliaria a otras ciudades de España, como son Valencia y Málaga. En relación con la identificación de los pasajeros, el pasado 18/03/2024 se solicitó a Renfe duplicado de todos los billetes de los administradores de XZ entre el 01/01/2018 y el 31/12/2021. Se acompañan las solicitudes como Documento 1.4 y Documento 1.5. Sin embargo, a fecha de presentación del escrito, no se ha recibido respuesta por parte de Renfe. Asimismo, el departamento de atención al cliente nos ha señalado que la solicitud puede tardar hasta 3 meses, por lo que rogamos a la Inspección que sea ella quien requiera a Renfe esta documentación con el fin de acreditar la afectación de los viajes a la actividad empresarial.”
Según la reclamante, solo se admiten los gastos de viajes por los bonos de tren de Madrid Barcelona y a Palencia, al considerarlos afectos a la actividad de búsqueda, negociación y adquisición de activos inmobiliarios. Sin embargo, los desplazamientos de Valencia y Lérida, o los desplazamientos Barcelona-Madrid-Barcelona efectuados, además de los bonos de RENFE, han sido determinarnos como no deducibles cuando su afectación es exactamente la misma.
Este Tribunal entiende que en la medida en la cual se acredita la realización efectiva de la actividad en Madrid, Barcelona y Palencia, los gastos de viaje entre estas ciudades está correlacionado con los ingresos de la actividad, por lo que el gasto por viaje Barcelona-Madrid-Barcelona también debe ser deducible para la entidad, por lo que se estiman las alegaciones de la reclamante en este punto.
-Gastos por regularización del porcentaje de la prorrata de IVA: La Inspección ha denegado la deducibilidad del ajuste de regularización de la prorrata practicada en el Modelo 303 del 4T-2019 por importe de 30.009,62 euros.
El reclamante ha deducido como IVA soportado un importe total de 33.027,60 euros, siendo la suma de: 1T: 15.767,72 euros; 2T: 10.408,36 euros; 3T: 3.463,35 euros; 4T: 3.388,17 euros. Entendiendo la reclamante que de la regularización del 4T de 2019 resulta un importe total a deducir de 3.017,99 euros, el menor IVA soportado deducible se considera mayor gasto en el IS (30.009,62 euros).
Para determinar el importe de 3.017,99 euros el reclamante distingue, en aplicación de la prorrata especial y siendo el 50% el porcentaje de deducción para las operaciones comunes:
-
67.724,84 euros cuyo porcentaje deducible será de 0.
-
6.035,97 euros, cuyo porcentaje de deducción será del 50%, esto es, 3.017,98 euros.
La Inspección entiende que el importe de regularización procedente es de 3.812,07 euros y no de 30.009,62 euros, por tanto, realiza un ajuste positivo de 26.197,55 euros.
Explica la Inspección este importe de 3.812,07 en el siguiente cálculo incluido en el acuerdo de liquidación:
"Total, de cuota de IVA: 6.353,46 euros. (IVA ya deducido en libro mayor el 60% procedente la deducción como gasto, 100%, por lo que procede deducir el 40% restante como gasto.)"
Por tanto, la Inspección entiende que el 60% de 6.353,46 euros ya fue dado como gasto en contabilidad, esto es, 3.812,07 euros.
La cantidad correcta de IVA soportado deducible -partiendo de que la Inspección no ha cuestionado ni la aplicación de la regla de prorrata especial ni tampoco el porcentaje de deducción en actividades comunes del 50%- sería de 3.176,73 euros (50% de 6.353,46 euros).
En la medida en la que consta que el IVA soportado deducido por la entidad en los cuatro trimestres de 2019 fue de 33.027,60 euros, el mayor gasto en el IS debería ser de 29.850,87 euros (33.027,60 -3.176,73). Así, como ya se contabilizó como gasto un importe de 3.812,07 euros -según señala la Inspección-, el mayor gasto debería tener un importe de 26.038,80 euros (29.850,87 - 3.812,07) y no de 30.009,62 euros, tal y como contabilizó la reclamante, por lo que el exceso de gasto contabilizado por el obligado tributario fue de 3.970,82 euros y no de 26.197,55 euros tal y como realizó la Inspección.
Por tanto, en este punto se estiman parcialmente las alegaciones de la reclamante.
Décimo.- En cuanto a las reclamaciones contra el acuerdo de imposición de sanción, debe comenzar señalándose que los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y Locales, así como el resto de la Administración tributaria del Estado y de las
Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía, están vinculados por la doctrina que de modo reiterado establezca el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) y las resoluciones y actos que se fundamenten en la misma lo harán constar expresamente, según establece el artículo 239.8 de la Ley 58/2003 (LGT). Antes de la reforma realizada por la Ley 34/2015 se recogía en el 239.7 de la LGT con la misma redacción. También están vinculados por el criterio unificado del TEAC y por la doctrina de la Sala Especial para la Unificación de Doctrina conforme a los artículos 242.4 y 243.5 de la LGT.
Pues bien, el TEAC, en resolución de fecha 5 de noviembre de 2015 (RG 00-03142- 2013) analiza el principio ne bis in idem en su vertiente procedimental y establece que si se ha apreciado defecto material de la liquidación que no implica su anulación total
sino que se confirma parcialmente la regularización, acordándose la anulación de la liquidación para su sustitución por otra, el Tribunal habrá de enjuiciar la sanción impuesta por la parte de regularización confirmada, y, en caso de confirmarla, en su ejecución, se dictará acto reduciendo la cuantía de la liquidación y de la sanción, sin necesidad de tramitar nuevo procedimiento sancionador, lo que no vulnera el principio ne bis in idem.
Sentado lo anterior procede analizar el procedimiento sancionador recurrido
Undécimo.- En cuanto al elemento objetivo de la infracción, el artículo 191 de la LGT bajo el título "Infracción tributaria por dejar de ingresar la deuda tributaria que debiera resultar de una autoliquidación", establece:
"1. Constituye infracción tributaria dejar de ingresar dentro del plazo establecido en la normativa de cada tributo la totalidad o parte de la deuda tributaria que debiera resultar de la correcta autoliquidación del tributo, salvo que se regularice con arreglo al artículo 27 o proceda la aplicación del párrafo b) del apartado 1 del artículo 161, ambos de esta Ley. (...)
2. La infracción tributaria será leve cuando la base de la sanción sea inferior o igual a 3.000 euros o, siendo superior, no exista ocultación.
3. La infracción será grave cuando la base de la sanción sea superior a 3.000 euros y exista ocultación.
La infracción también será grave, cualquiera que sea la cuantía de la base de la sanción, en los siguientes supuestos:
a) Cuando se hayan utilizado facturas, justificantes o documentos falsos o falseados, sin que ello sea constitutivo de medio fraudulento.
b) Cuando la incidencia de la llevanza incorrecta de los libros o registros represente un porcentaje superior al 10 por ciento e inferior o igual al 50 por ciento de la base de la sanción.
c) Cuando se hayan dejado de ingresar cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta, siempre que las retenciones practicadas y no ingresadas, y los ingresos a cuenta repercutidos y no ingresados, representen un porcentaje inferior o igual al 50 por ciento del importe de la base de la sanción.
La utilización de medios fraudulentos determinará que la infracción sea calificada en todo caso como muy grave.
La sanción por infracción grave consistirá en multa pecuniaria proporcional del 50 al 100 por ciento y se graduará incrementando el porcentaje mínimo conforme a los criterios de comisión repetida de infracciones tributarias y de perjuicio económico para la Hacienda Pública, con los incrementos porcentuales previstos para cada caso en los párrafos a) y b) del apartado 1 del artículo 187 de esta ley.
4. La infracción será muy grave cuando se hubieran utilizado medios fraudulentos.
La infracción también será muy grave, aunque no se hubieran utilizado medios fraudulentos, cuando se hubieran dejado de ingresar cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta, siempre que las retenciones practicadas y no ingresadas, y los ingresos a cuenta repercutidos y no ingresados, representen un porcentaje superior al 50 por ciento del importe de la base de la sanción.
La sanción por infracción muy grave consistirá en multa pecuniaria proporcional del 100 al 150 por ciento y se graduará incrementando el porcentaje mínimo conforme a los criterios de comisión repetida de infracciones tributarias y de perjuicio económico para la Hacienda Pública, con los incrementos porcentuales previstos para cada caso en los párrafos a) y b) del apartado 1 del artículo 187 de esta ley.
5. Cuando el obligado tributario hubiera obtenido indebidamente una devolución y como consecuencia de la regularización practicada procediera la imposición de una sanción de las reguladas en este artículo, se entenderá que la cuantía no ingresada es el resultado de adicionar al importe de la devolución obtenida indebidamente la cuantía total que hubiera debido ingresarse en la autoliquidación y que el perjuicio económico es del 100 por ciento.
En estos supuestos no será sancionable la infracción a la que se refiere el artículo 193 de esta ley, consistente en obtener indebidamente una devolución."
Por su parte, el artículo 193 de la LGT señala que:
“1.Constituye infracción tributaria obtener indebidamente devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo. La infracción tributaria prevista en este artículo será leve, grave o muy grave de acuerdo con lo dispuesto en los apartados siguientes. La base de la sanción será la cantidad devuelta indebidamente como consecuencia de la comisión de la infracción.
2. La infracción tributaria será leve cuando la base de la sanción sea inferior o igual a 3.000 euros o, siendo superior, no exista ocultación. La infracción no será leve, cualquiera que sea la cuantía de la base de la sanción, en los siguientes supuestos: a) Cuando se hayan utilizado facturas, justificantes o documentos falsos o falseados, aunque ello no sea constitutivo de medio fraudulento.
b) Cuando la incidencia de la llevanza incorrecta de los libros o registros represente un porcentaje superior al 10 por ciento de la base de la sanción. La sanción por infracción leve consistirá en multa pecuniaria proporcional del 50 por ciento.
3. La infracción será grave cuando la base de la sanción sea superior a 3.000 euros y exista ocultación. La infracción también será grave, cualquiera que sea la cuantía de la base de la sanción, en los siguientes supuestos:
a) Cuando se hayan utilizado facturas, justificantes o documentos falsos o falseados, sin que ello sea constitutivo de medio fraudulento.
b) Cuando la incidencia de la llevanza incorrecta de los libros o registros represente un porcentaje superior al 10 por ciento e inferior o igual al 50 por ciento de la base de la sanción. La utilización de medios fraudulentos determinará que la infracción sea calificada en todo caso como muy grave. La sanción por infracción grave consistirá en multa pecuniaria proporcional del 50 al 100 por ciento y se graduará incrementando el porcentaje mínimo conforme a los criterios de comisión repetida de infracciones tributarias y de perjuicio económico para la Hacienda Pública, con los incrementos porcentuales previstos para cada caso en los párrafos a) y b) del apartado 1 del artículo 187 de esta ley.
4. La infracción será muy grave cuando se hubieran utilizado medios fraudulentos. La sanción por infracción muy grave consistirá en multa pecuniaria proporcional del 100 al 150 por ciento y se graduará incrementando el porcentaje mínimo conforme a los criterios de comisión repetida de infracciones tributarias y de perjuicio económico para la Hacienda Pública, con los incrementos porcentuales previstos para cada caso en los párrafos a) y b) del apartado 1 del artículo 187 de esta ley.”
Concurre en el presente caso el elemento objetivo. No obstante, en la medida en la cual existen alegaciones que han sido estimadas, las bases de sanción deberán ajustarse a las mismas.
Duodécimo.- Respecto a la acreditación de la culpabilidad en el acto sancionador, mediante la correspondiente motivación de éste, una reiteradísima interpretación de las normas sancionadoras tributarias por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid viene señalando la necesidad de que la resolución sancionadora debe contener mención (mención que debe ser en todo caso "suficiente") que ilustre sobre los hechos determinantes de la sanción, añadiendo este Tribunal que no basta con una mera descripción del hecho limitada a reproducir los términos en que la norma tributaria define la infracción.
No pueden interpretarse las normas de otro modo, a la vista de la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional que ha señalado, con carácter general, que el principio de culpabilidad rige en materia de infracciones administrativas y, en concreto en materia tributaria, en su Sentencia 76/1.990, de 26 de abril, (reiterado en sentencia de 20/06/2005). Así señala que "(...) sigue rigiendo el principio de culpabilidad (por dolo, culpa o negligencia grave y culpa o negligencia leve o simple negligencia), principio que excluye la imposición de sanciones por el mero resultado y sin atender a la conducta diligente del contribuyente"; lo que implica, indudablemente, la necesidad de motivar adecuada y suficientemente el acto administrativo sancionador.
Del examen de la resolución sancionadora se deduce la existencia de estos elementos en ella, exigidos actualmente por las normas sancionadoras tributarias, ya que el acuerdo sancionador contiene mención suficiente sobre los hechos determinantes de la sanción, así como del análisis y valoración de la conducta del obligado tributario que le conduce a calificarlo como culpable.
En el Acuerdo de imposición de sanción, en lo que a la culpabilidad del sujeto infractor se refiere, se señala que (el subrayado es nuestro):
"La utilización de la entidad XZ ASESORES S.L. como pantalla para imputar a la entidad los ingresos y los gastos de una actividad que en realidad realiza otra persona, se ha realizado de manera consciente y deliberada por las partes participantes en dicha simulación para lograr en su conjunto una minoración de la tributación de los ingresos obtenidos en dicha actividad aprovechando que el tipo de gravamen en el Impuesto sobre Sociedades es inferior al del IRPF al que tributaría en sede del auténtico prestador de los servicios. Por tanto, debe considerarse que la inclusión en las declaraciones de XZ ASESORE S.L. de gastos relacionados con dicha actividad simulada (retribuciones y Seguridad Social D. Bts) responde a una conducta dolosa con la que se ha tratado de minorar la tributación de los ingresos obtenidos en la actividad simulada mediante la inclusión de unos gastos que claramente no están correlacionados con los ingresos de la verdadera actividad que realiza la entidad. (...)
Al margen de los gastos anteriores la entidad ha incluido en sus declaraciones del impuesto sobre sociedades de los ejercicios 2018 a 2021 otros gastos cuya deducibilidad tampoco puede admitirse.
Así, por una parte, nos encontramos con que la entidad se ha deducido numerosos gastos cuya justificación no ha aportado o que no estaban correlacionados con sus ingresos, ni afectos a su actividad al tratarse de gastos de la esfera personal y familiar del socio y administrador de la misma, D. BTS, tales como alimentos y otros útiles de supermercado, bolsos de señora, flores, viajes, vehículos de uso familiar, suministros de inmuebles donde reside la familia de D. BTS (Calle A o calle Domicilio actividad económica 2) o de muebles destinados a su vivienda (...).
De igual modo, la entidad se ha deducido algunos gastos por duplicado y otros gastos que, según su propia contabilidad y los justificantes aportados no eran deducibles, pero, respecto de los que no se ha practicado correctamente el debido ajuste en las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades presentadas.
Además, la entidad también se dedujo un gasto por la regularización de la prorrata relativa a los tres primeros trimestres del ejercicio 2019 superior al debido como consecuencia de no haberse dado cuenta de que el error apreciado en la prorrata por XZ ASESORES S.L. no afectaba a todos los asientos del Impuesto sobre Sociedades, pues, de haber sido diligente la sociedad antes de incrementar el gasto relacionado con la prorrata hubiera comprobado si las cuotas que pretendía regularizar estaban correctamente registradas en los libros contables y si se trababa de gastos corrientes o si, por el contrario, eran bienes de inversión amortizables con lo que hubiera logrado evitar el exceso de gasto que la Inspección ha tenido que regularizar. (...)
Para finalizar la entidad XZ ASESORES S.L. también se ha deducido gastos por atenciones a clientes superiores al límite previsto en el artículo 15 e) de la LIS al haberse calculado dicho límite tomando en consideración el INCN que incluía los ingresos de la actividad de administración de entidades simulada y que se imputan a D. BTS por lo que, como mínimo, debe apreciarse que su conducta es negligente al haber computado como ingresos de su actividad unos ingresos respecto de los que conocía que correspondían a otro obligado tributario por lo que su comportamiento no puede ser exonerado por ninguna de las causas previstas en el artículo 179.2 y 3 de la LGT. (...)
XZ ASESORE S.L. deduce en su declaración en los ejercicios 2018, 2019 y 2021 importes por reserva de capitalización sin cumplir los requisitos de crear una reserva independiente con título adecuado y mantenerla durante tres ejercicios, tal y como establece el artículo 25 de la LIS de manera calara, precisa y sin que pueda existir duda o laguna interpretativa alguna por lo que la conducta de la entidad responde a su falta de diligencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. (...)
Debemos considerar dicho ajuste como doloso puesto que la entidad incluye en la base de la bonificación inmuebles de los que es consciente de que no constituyen vivienda en los términos exigidos por el artículo 48 de la LIS puesto que son alquileres temporales de habitaciones y pisos turísticos. Respecto del piso turístico, la misma entidad lo contabiliza como tal repercutiendo IVA por el mismo.
XZ ASESORES S.L. es totalmente conocedora de dichos de los inmuebles regularizados puesto que es la misma la que alquila esos inmuebles. Por tanto, actúa de manera consciente cuando, a pesar de conocer que los mismos no cumplen los requisitos exigidos para aplicar la bonificación del régimen especial de arrendamiento de vivienda, los incluye en la base de la deducción para obtener una menor tributación. (...)
Como consecuencia de las anteriores conductas la entidad determinó indebidamente su base imponible provocando una incorrecta determinación de la deducción por donativos, al dotar deducciones por encima del límite previsto por la normativa tributaria (artículo 20 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo) lo que ha contribuido a incrementar la cantidad dejada de ingresar y a obtener devoluciones de manera indebida. (...)
XZ ASESORE S.L. incluye dentro de su cifra de negocios los ingresos percibidos por ser administrador de otras entidades relacionadas y las correspondientes retenciones practicadas en relación con las mismas a pesar de que era plenamente conocedora de que dicha actividad de administración de entidades no la realizaba la sociedad, sino su socio y administrador, D. BTS ya que, como hemos mencionado, la simulación relativa regularizada por la Inspección fue orquestada por la entidad y D. BTS para minorar la tributación de éste en su IRPF mediante el remansamiento de rentas en la sociedad aprovechando la diferencia de tributación entre el Impuesto sobre Sociedades y el IRPF".
Este Tribunal entiende que el mismo acredita suficientemente la culpabilidad desde el punto de vista jurídico-fiscal, justamente en la medida en que resultaba exigible para la imposición de la sanción, considerando este Tribunal que el órgano sancionador ha hecho una apreciación ajustada y adecuada del elemento subjetivo o requisito de culpabilidad con la que la parte reclamante ha incurrido en las infracciones advertidas y sancionadas.
Respecto al contenido del juicio de culpabilidad realizado por el acuerdo sancionador contra el que se reclama, debe indicarse que la Ley 58/2003 proclama el principio de culpabilidad, al ofrecer la siguiente definición de infracción tributaria en su artículo 183:
"Concepto y clases de infracciones tributarias.
1. Son infracciones tributarias las acciones u omisiones dolosas o culposas con cualquier grado de negligencia que estén tipificadas y sancionadas como tales en esta u otra ley."
Asimismo, el artículo 179 de la Ley 58/2003, indica:
"1. Las personas físicas o jurídicas y las entidades mencionadas en el apartado 4 del artículo 35 de esta ley podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción tributaria cuando resulten responsables de los mismos."
Añade en apartado 2 del mismo artículo:
"2. Las acciones u omisiones tipificadas en las leyes no darán lugar a responsabilidad por infracción tributaria en los siguientes supuestos: (...)
d) Cuando se haya puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Entre otros supuestos, se entenderá que se ha puesto la diligencia necesaria cuando el obligado haya actuado amparándose en una interpretación razonable de la norma o cuando el obligado tributario haya ajustado su actuación a los criterios manifestados por la Administración Tributaria competente en las publicaciones y comunicaciones escritas a las que se refieren los artículos 86 y 87 de esta Ley. Tampoco se exigirá esta responsabilidad si el obligado tributario ajusta su actuación a los criterios manifestados por la Administración en la contestación a una consulta formulada por otro obligado, siempre que entre sus circunstancias y las mencionadas en la contestación a la consulta exista una igualdad sustancial que permita entender aplicables dichos criterios y éstos no hayan sido modificados.
A efectos de lo dispuesto en este apartado 2, en los supuestos a que se refiere el artículo 206 bis de esta Ley, no podrá considerarse, salvo prueba en contrario, que existe concurrencia ni de la diligencia debida en el cumplimiento de las obligaciones tributarias ni de la interpretación razonable de la norma señaladas en el párrafo anterior."
A tenor de lo expuesto y considerando que la interesada dedujo gastos relacionados con dicha actividad simulada, gastos cuya justificación no ha aportado o que no estaban correlacionados con sus ingresos, al tratarse de gastos de la esfera personal y familiar del socio, gastos duplicados, gastos por la regularización de la prorrata superiores a los debidos, importes por reserva de capitalización de forma indebida, aplicó indebidamente la bonificación del régimen especial arrendamiento de vivienda en alquileres temporales de habitaciones y pisos turísticos, determinó incorrectamente la deducción por donativos y que incluyó dentro de su cifra de negocios los ingresos percibidos por ser administrador de otras entidades relacionadas y las correspondientes retenciones practicadas en relación con las mismas a pesar de que la actividad de administración de entidades no la realizaba la sociedad, sino su socio y administrador, D. BTS, aprecia este Tribunal en la conducta de la reclamante la culpabilidad necesaria para sancionar, sin que se aprecie ninguna de las causas de exclusión de la responsabilidad previstas en el artículo 179.2 de la LGT.
Alega la reclamante que en el acta la actuaria no apreció indicios de la comisión de una infracción tributaria, debiendo esto gozar de la presunción de veracidad. Hemos de señalar que la presunción de veracidad tiene un alcance muy preciso, pues lo que se presume cierto o veraz son los hechos apreciados directamente por los funcionarios de la Inspección o, para ser más exactos, las afirmaciones que realizan sobre ellos y plasman en el acta. Quedan fuera de la presunción las calificaciones y apreciaciones sobre conceptos jurídicos, que no son hechos directamente observables o constatables y no son susceptibles de verdad o falsedad.
En cuanto a que de ello se derive la posibilidad de entender que existe una interpretación razonable de la norma, no obstante, el artículo 179.2 de la LGT señala que se entenderá que se ha puesto la diligencia necesaria cuando el obligado haya ajustado su actuación a los criterios manifestados por la Administración Tributaria competente en las publicaciones y comunicaciones escritas a las que se refieren los artículos 86 y 87 de esta Ley. Tampoco se exigirá esta responsabilidad si el obligado tributario ajusta su actuación a los criterios manifestados por la Administración en la contestación a una consulta formulada por otro obligado, siempre que entre sus circunstancias y las mencionadas en la contestación a la consulta exista una igualdad sustancial que permita entender aplicables dichos criterios y estos no hayan sido modificados. En la medida en la cual no nos encontramos en ninguno de los casos citados en el artículo 179.2 de la LGT, las alegaciones planteadas por la reclamante no pueden ser atendidas.
Por otra parte, el reclamante señala que existe una especial dificultad técnica en parte de la regularización llevada a cabo por la Inspección, como puede ocurrir con la reserva de capitalización o la aplicación del régimen especial de arrendamiento de vivienda. No obstante, la dificultad en la aplicación de la norma no implica ausencia de culpabilidad en el caso de que se aprecie que en dicha aplicación ha concurrido dolo o negligencia. Habiendo quedado acreditada la culpabilidad en la conducta de la reclamante, el acuerdo sancionador se entiende suficientemente motivado, sin que pueda entenderse que se ha realizado una interpretación razonable de la norma, de tal modo que no pueden estimarse las alegaciones planteadas por la reclamante.
Por lo expuesto,
Este Tribunal Económico-Administrativo acuerda ESTIMAR EN PARTE las presentes reclamaciones, en los términos señalados en la presente resolución.
RECURSOS
Contra la presente resolución puede interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a la fecha de su notificación. Y ello sin perjuicio del recurso de anulación previsto en el artículo 241 bis de la LGT, que se podrá interponer ante este Tribunal Económico-Administrativo únicamente en los casos señalados en el citado artículo, en el plazo de 15 días a partir del día siguiente a la fecha de su notificación.
NOTA INFORMATIVA
En cumplimiento de la Resolución de 24 de septiembre de 2025, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (BOE del 6 de octubre de 2025), se informa del contenido de los artículos siguientes, por ser de interés en caso de que de la presente resolución resulte una cantidad a ingresar sin necesidad de practicar una nueva liquidación, si hubiera mediado suspensión del procedimiento de recaudación durante la tramitación de la reclamación.
RGRVA. Art. 66.1
1. " Los actos resolutorios de los procedimientos de revisión serán ejecutados en sus propios términos, salvo que se hubiera acordado la suspensión de la ejecución del acto inicialmente impugnado y dicha suspensión se mantuviera en otras instancias. La interposición del recurso de alzada ordinario por órganos de la Administración no impedirá la ejecución de las resoluciones, salvo en los supuestos de suspensión ".
RGRVA. Art. 66.6
6. " Cuando la resolución administrativa confirme el acto impugnado y éste hubiera estado suspendido en período voluntario de ingreso, la notificación de la resolución iniciará el plazo de ingreso del artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Si la suspensión se produjo en período ejecutivo, la notificación de la resolución determinará la procedencia de la continuación o del inicio del procedimiento de apremio, según que la providencia de apremio hubiese sido notificada o no, respectivamente, con anterioridad a la fecha en la que surtió efectos la suspensión... ".
LGT Art. 233.10
10. " La suspensión de la ejecución del acto se mantendrá durante la tramitación del procedimiento económico-administrativo en todas sus instancias. La suspensión producida en el recurso de reposición se podrá mantener en la vía económico-administrativa en las condiciones que se determinen reglamentariamente ".
LGT Art. 233.11
11. " Se mantendrá la suspensión producida en vía administrativa cuando el interesado comunique a la Administración tributaria en el plazo de interposición del recurso contencioso-administrativo que ha interpuesto dicho recurso y ha solicitado la suspensión en el mismo. Dicha suspensión continuará, siempre que la garantía que se hubiese aportado en vía administrativa conserve su vigencia y eficacia, hasta que el órgano judicial adopte la decisión que corresponda en relación con la suspensión solicitada. Tratándose de sanciones, la suspensión se mantendrá, en los términos previstos en el párrafo anterior y sin necesidad de prestar garantía, hasta que se adopte la decisión judicial ".
- PLAZOS DE INGRESO
LGT Art. 62.2, 62.5 y 62.7
2. "En el caso de deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración, el pago en período voluntario deberá hacerse en los siguientes plazos:
a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente".
5. "Una vez iniciado el período ejecutivo y notificada la providencia de apremio, el pago de la deuda tributaria deberá efectuarse en los siguientes plazos:
a) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 de dicho mes o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente".
7.- "Las deudas tributarias aduaneras y fiscales derivadas de operaciones de comercio exterior deberán pagarse en el plazo establecido por su propia normativa".