Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña

IRPF SOCIEDADES

FECHA: 15 de septiembre de 2022


 

PROCEDIMIENTO: 08-03651-2019

CONCEPTO: IMPUESTO RENTA PERSONAS FÍSICAS. IRPF

NATURALEZA: PRIMERA INSTANCIA GENERAL

RECLAMANTE: Axy - NIF ...

REPRESENTANTE: ... - NIF ...

DOMICILIO: ... - España

En Barcelona , se ha constituido el Tribunal como arriba se indica, para resolver en primera instancia la reclamación de referencia, tramitada por procedimiento general.

La reclamación a que responde la presente resolución ha sido interpuesta contra un Acuerdo dictado por la AEAT, Dependencia Regional de Inspección Financiera y Tributaria de la Delegación Especial de Cataluña, sede Barcelona, por el concepto de imposición de sanción por resistencia, obstrucción, excusa o negativa a la actuación inspectora (art. 203.6 Ley 58/2003).

Cuantía: 600.000,00 euros

Referencia: A23 ...40

Liquidación: A08...81

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 8 de marzo de 2019 la Inspección de los Tributos notificó Acuerdo de resolución del procedimiento sancionador (modelo A07) nº ...40.

De los términos del Acuerdo, que aquí se dan por reproducidos, y del expediente remitido a este Tribunal, se constata que la sanción impuesta obedece a los siguientes hechos y circunstancias:

A) Las actuaciones se iniciaron mediante propuesta de resolución de procedimiento sancionador notificada en fecha 4 de septiembre de 2018. El 13.2.2019 fue notificada nueva propuesta rectificando la anterior, a los efectos de modificar el apartado de sanción del 5º al 6º del art. 203 LGT.

B) El Acuerdo de resolución del procedimiento sancionador impone una sanción efectiva por importe de 600.000,00 euros por infracción tributaria grave por resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria en el curso de las procedimiento inspector instruido respecto del IRPF 2013 a 2016, al incurrir en el tipo infractor previsto en el artículo 203.6 LGT. La procedencia de la sanción se motiva por la concurrencia de los elementos objetivo y subjetivo que permiten calificar la conducta como constitutiva de infracción tributaria que se detallan en el Acuerdo de resolución del procedimiento sancionador y que aquí se dan por reproducidos. En particular en el Acuerdo destaca:

"En efecto, se ha producido la situación tipificada en el artículo 203.1.a) de la LGT, consistente en no facilitar la documentación solicitada en el lugar y tiempo señalado, lo que conlleva un entorpecimiento y obstrucción de las actuaciones de la Inspección. El obligado no ha atendido de forma reiterada, los requerimientos de aportación de documentación efectuados por la Administración tributaria en las siguientes fechas, teniendo en cuenta que la solicitud se hizo en la comunicación de inicio del procedimiento inspector, notificada el día 03/08/2017: Diligencia nº 1, de fecha 06/09/2017, Diligencia nº 2, de fecha 27/09/2017, Diligencia nº 3, de fecha 30/10/2017, Diligencia nº 4, de fecha 14/12/2017, Diligencia nº 5, de fecha 15/12/2017, Diligencia nº 6, de fecha 12/01/2018, Diligencia nº 7, de fecha 23/02/2018, Diligencia nº 8, de fecha 06/04/2018, Diligencia nº 9, de fecha 04/05/2018, Comunicación de fecha 20/06/2018, notificada el 21/06/2018, Comunicación de fecha 13/07/2018, notificada el 16/07/2018. Dicha circunstancia aparece claramente tipificada como infracción en la letra a) del apartado 1 del artículo 203 de la LGT (...)."

SEGUNDO.- En fecha 23 de marzo de 2019 el obligado interpuso la presente reclamación económico-administrativa contra el Acuerdo de resolución del expediente sancionador sin efectuar alegaciones en el escrito de interposición.

Este Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 236.1 LGT, acordó poner de manifiesto el expediente. El reclamante ha presentado escritos de alegaciones en fechas 16.1.2020, 25.6.2021 y 8.4.2022.

En el primer escrito se alega:

-Caducidad conforme al art. 209.2 LGT.

-Improcedencia de iniciar el expediente sancionador antes de que exista una liquidación notificada.

-Caducidad conforme al art. 211.4 LGT, por exceso del plazo de 6 meses.

-Imposibilidad de que por el Inspector Jefe se rectificase la propuesta, debió remitirse al complemento del actuario. Consecuente nulidad de la sanción por vulnerarse la separación de instrucción y resolución.

-Falta de tipicidad por no ser contratos de los que el reclamante fuese parte, no existiendo obligación de aportarlos.

-No aplicabilidad del apartado 6º del art. 203 LGT, porque no desarrollaba actividad económica.

-Inexistencia del elemento subjetivo de culpabilidad concurriendo interpretación razonable.

-Desproporción de la sanción.

Esta última alegación se enriqueció con el primer escrito de alegaciones complementarias de 25.6.2021 en el que, además de reiterar la inexistencia de actividades económicas aludiendo a un informe de un Catedrático de Derecho Tributario que aportaba, aludió al planteamiento por el Tribunal Supremo de la cuestión de inconstitucionalidad 1643-2021, solicitando la suspensión de este procedimiento hasta su resolución. E igualmente se añadió en la segunda tanda de alegaciones complementarias formuladas el 8.4.2022, que en otro procedimiento posterior relativo a 2017 no ha sido sancionado por este comportamiento, y alude a dos Sentencias del Tribunal Supremo sobre el art. 203.5 LGT que a juicio del reclamante debe conducir a la imposición de la sanción en su grado mínimo de 20.000,00 euros.

TERCERO.- Consultados los antecedentes obrantes en la vía económico administrativa en cuanto al procedimiento inspector en que se produjo la infracción aquí impugnada, resulta que han sido confirmadas por el Tribunal Económico-Administrativo Central (en adelante, TEAC) las regularizaciones y sanciones dictadas al obligado por la Inspección respecto de:

  • Impuesto sobre la Renta de no Residentes, IRNR, de 2013: resolución desestimatoria de 23.3.2021, referencia 00/1330/2019 y ac., recurrida ante la Audiencia Nacional, rec. núm. 1214/2021.

  • Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, IRPF, de 2014, 2015 y 2016 (operaciones vinculadas respecto de la cesión de derechos de imagen a XZ (XZ)): resolución desestimatoria de 28.6.2022, referencia 00/6007/2019 y ac.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Este Tribunal es competente para resolver de conformidad con lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), así como en el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa (RGRVA), aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo. No concurre ninguna de las causas de inadmisibilidad previstas en el artículo 239.4 de la LGT.

SEGUNDO.- Este Tribunal debe pronunciarse respecto a lo siguiente:

Determinar la legalidad del Acuerdo impugnado.

TERCERO.- La primera alegación refiere la caducidad del procedimiento sancionador por superación del plazo de 3 meses, desde la hipotética consumación de la falta de aportación, hasta el inicio del procedimiento.

El artículo 209 LGT, bajo el título de "Iniciación del procedimiento sancionador en materia tributaria" dispone con carácter general en su apartado 1 que "El procedimiento sancionador en materia tributaria se iniciará siempre de oficio, mediante la notificación del acuerdo del órgano competente" y añade con carácter particular en su apartado 2 que "Los procedimientos sancionadores que se incoen como consecuencia de un procedimiento iniciado mediante declaración o de un procedimiento de verificación de datos, comprobación o inspección no podrán iniciarse respecto a la persona o entidad que hubiera sido objeto del procedimiento una vez transcurrido el plazo de tres meses desde que se hubiese notificado o se entendiese notificada la correspondiente liquidación o resolución".

Sobre la interpretación del artículo 209.2 LGT, se ha pronunciado de forma reiterada el Tribunal Supremo. Así por ejemplo en su Sentencia de 9 de julio de 2020 (rec. casación 26/2018) señaló que:

"En los pronunciamientos que sobre la materia, en concreto sobre el alcance del citado art. 209.2 de la LGT, ha realizado este Tribunal Supremo se ha rechazado el carácter de generalidad que pretende dotarle la parte recurrida al citado precepto.

En la sentencia de 26 de abril de 2012, rec. cas. 3357/09, ya se dijo que estamos ante un plazo preclusivo:

"... El fundamento del art. 209.2 de la LGT, encuentra su antecedente en lo previsto en el citado art. 49.2.j) del RGIT, y modificación normativa operada por Ley 53/2002, art. 81.6 de la LGT, antigua, que regula un plazo preclusivo, ... el plazo previsto en el referido art. 209.2 tiene esta misma naturaleza preclusiva, que se extiende en el plazo temporal que expresamente se contempla, tres meses después de haberse notificado o se entendiera notificada la correspondiente liquidación o resolución".

Sobre su alcance resultan esclarecedoras las sentencias que a continuación señalamos.

En la de 25 de marzo de 2013, rec. cas. 2885/2012, en recurso de casación para unificación de doctrina y a los efectos de contrastar la identidad entre las sentencias en contraste, se dijo -la negrita se añade para enfatizar aquellos pasajes más relevantes- que:

"... Resulta pacífica la doctrina según la cual, la iniciación del procedimiento sancionador en materia tributaria no podrán iniciarse respecto a la persona o entidad que hubiera sido objeto del procedimiento una vez transcurrido el plazo de tres meses desde que se hubiese notificado o se entendiese notificada la correspondiente liquidación o resolución, siempre y cuando los procedimientos sancionadores hubieren sido incoados como consecuencia de un procedimiento iniciado mediante declaración o de un procedimiento de verificación de datos, comprobación o inspección. Por tanto, cuando los referidos procedimientos sancionadores tuvieren su origen, no en la declaración o merced a un procedimiento de verificación de datos, comprobación o inspección, sino como consecuencia de la resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones inspectoras de la Administración tributaria, no sería de aplicación el plazo trimestral señalado, sino únicamente el plazo general de prescripción del artículo 189 LGT , que en este caso no está afectado o, en otro caso, la caducidad del procedimiento por superación del plazo máximo para su terminación (artículo 211.2 LGT), que tampoco es objeto de controversia en el presente recurso".

También la sentencia de 10 de julio de 2014, rec. cas. 1718/2012, aborda la cuestión del alcance del art. 209.2...

La conclusión, por tanto, se impone en el sentido de considerar que el art. 209.2 de la LGT no rige con carácter general a todas las actuaciones de aplicación de los tributos y que su ámbito de aplicación queda acotado a los ámbitos subjetivos y objetivos que expresamente se recogen en su texto, respecto de este último, sólo es aplicable a los procedimientos sancionadores que se incoen como consecuencia de "un procedimiento iniciado mediante declaración o de un procedimiento de verificación de datos, comprobación o inspección" finalizados mediante liquidación o resolución -sobre el modo de finalización si cabría matizaciones, que no son del caso- Ciertamente el instituto de la caducidad en los procedimientos posee su fundamento en el art. 9.3 de la CE, principio de seguridad jurídica, reforzado, si cabe, en el procedimiento sancionador, con el fin de que el ejercicio de la potestad sancionadora no se retrase más allá de un tiempo razonable; fundamento que hace aconsejable, como aspiración, en beneficio de la garantía de los ciudadanos frente a los poderes públicos, que se regule legalmente en los procedimientos sancionadores este aspecto, evitando que el inicio del procedimiento contra alguna persona se demore en demasía creando una situación indeseable de incertidumbre.

Ahora bien, ha de convenirse que no estamos ante un mandato constitucional al legislador que le imponga inexorablemente que se establezca en los procedimientos sancionadores con carácter universal plazos de caducidad, por lo que queda a criterio y oportunidad del que posee la potestad legislativa regular esta materia en el ámbito tributario.

Ningún reparo, en este, sentido cabe hacerle al texto del art. 209.2 de la LGT, ni a su acotación, de suerte que, como se pone de manifiesto en la doctrina jurisprudencial es posible, y lícito, que para los supuestos de procedimientos sancionadores no incluidos en el texto del art. 209.2 de la LGT, el inicio del procedimiento sancionador pueda alargarse durante todo el tiempo que la ley le autoriza a la Administración Tributaria para perseguir sin prescribir la infracción tributaria.

Como se pone de manifiesto por la parte recurrida, el antecedente del art. 209.2 ha de buscarse en el art. 49.2.j) del RD 939/1986, del que emanó una abundantísima jurisprudencia, y que tenía su razón de ser en la separación de los procedimientos de inspección y sancionador que se contemplaba, ya, en Ley 1/1998, de derechos y garantías de los contribuyentes. La aprobación de un nuevo reglamento sancionador en su desarrollo, el aprobado por R.D. 1930/1998, añadió un apartado j) al artículo 49.2 del reglamento de inspección aprobado por R.D. 939/1986. El art. 209.2 de la LGT viene predeterminado por aquella innovación, y trata de regular un supuesto concreto que se va a producir al separar las actuaciones de comprobación e investigación del procedimiento sancionador, lo que en principio delimita un ámbito bien definido, que es ampliado en la redacción del precepto sólo y exclusivamente respecto de los procedimientos iniciados mediante declaración y procedimiento de verificación de datos.

Son estos, los comprendidos en el art. 209.2 de la LGT, a los únicos a los que se le aplica el precepto, quedando excluidas todas aquellas actuaciones de aplicación de los tributos, con el amplísimo elenco de procedimientos tributarios, no incluidas; quizás, como especula el Abogado del Estado, porque en dichos procedimientos se tiene el convencimiento de que de forma real y efectiva la Administración ya dispone, o debe disponer, de los datos necesarios para iniciar el procedimiento sancionador, lo que no se asegura que ocurra en otras actuaciones. Es cierto, por tanto, que como se recoge en la sentencia de instancia, desde que no se presenta la declaración resumen anual la Administración ya dispone de los datos precisos para sancionar.

Lo aconsejable, por tanto, sería que si el motivo del plazo es precisamente poder tener a disposición los datos necesarios para sancionar, se estableciera un plazo de caducidad para supuestos como el que nos ocupa, pero lo cierto es que legalmente no se contempla el mismo, lo que hubiera exigido un mandato en dicho sentido, y la declaración del resumen anual del IVA, a pesar de la denominación, resulta completamente extraña a los procedimientos que se inician mediante declaración, en los términos que prevé el art. 128 de la LGT, en relación con el 133 del Real Decreto 1065/2007.

Por todo lo dicho, debe responderse afirmativamente en el sentido de que si resulta de aplicación el plazo de tres meses previsto en el artículo 209.2 LGT para el inicio de un procedimiento sancionador a los supuestos de incoación de procedimientos sancionadores que traigan causa de un procedimiento previo, iniciado mediante declaración o de un procedimiento de verificación de datos, comprobación o inspección; sin que sea de aplicación al procedimiento sancionador por infracción de no presentar a tiempo o presentar extemporáneamente la declaración resumen anual del IVA".

En su más reciente Sentencia de 26 de mayo de 2021 (rec. casación nº 6368/2019) se planteó como singularidad "determinar si cuando en el transcurso de un procedimiento inspector pueda concurrir la infracción tributaria consistente en resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria (artículo 203 LGT), rige o no, a efectos de incoar el correspondiente procedimiento sancionador, el plazo de tres meses desde que se hubiese notificado o se entendiese notificada la correspondiente liquidación o resolución (art. 209.2 de la LGT)". Y "determinar, para el caso que se aplique dicho plazo, si el dies a quo para incoar el correspondiente procedimiento sancionador, ha de coincidir con la notificación de la liquidación o puede situarse en un momento anterior como la notificación del requerimiento incumplido, lo que permitiría el inicio de este procedimiento antes de la terminación del procedimiento de regularización en el que se produce la conducta típica". En respuesta a las cuestiones planteadas el Tribunal Supremo señaló que:

"Sin embargo, ya se ha expuesto en el fundamento anterior, la situación que ahora contemplamos ya ha sido objeto de atención y resolución por este Tribunal, así recordemos que en la Sentencia de 25 de marzo de 2013, rec. cas. para unificación de doctrina 2885/2012, se justificó la falta de identidad entre las sentencias enfrentadas afirmando que "cuando los referidos procedimientos sancionadores tuvieren su origen, no en la declaración o merced a un procedimiento de verificación de datos, comprobación o inspección, sino como consecuencia de la resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones inspectoras de la Administración tributaria, no sería de aplicación el plazo trimestral señalado, sino únicamente el plazo general de prescripción del artículo 189 LGT...", distinguiendo claramente que el procedimiento sancionador venga directamente conectado, esto es, "se incoen como consecuencia de", un procedimiento iniciado mediante declaración o de un procedimiento de verificación de datos, comprobación o inspección, que entonces sí es de aplicación el art. 209.2 de la LGT, del supuesto en que el procedimiento sancionador carezca de dicha conexión o vinculación con los referidos procedimientos, por más que los hechos determinantes de la incoación del procedimiento sancionador se hayan producido en el seno de alguno de los citados procedimientos, como es el caso, en el que no es de aplicación el citado precepto y el plazo que contempla, tal y como resulta claramente tanto de su tenor literal, como de los antecedentes históricos y de la finalidad del precepto como señala la jurisprudencia citada."

Se desestima pues la alegación formulada.

CUARTO.- La segunda alegación, que refiere la improcedencia de la sanción como consecuencia de haberse iniciado el procedimiento sancionador con anterioridad a la notificación de la liquidación, ha sido en cierta forma ya rechazada en el fundamento anterior al excluir este tipo de sanciones por las denominadas infracciones formales (simples en la terminología tradicional de la Ley 230/1963) del plazo en función de la notificación de la liquidación. A mayor abundamiento, ni siquiera en aquellas sanciones que sí tienen vinculación o conexión con la resolución liquidatoria, la jurisprudencia ha admitido que del art. 209.2 LGT resulte una fecha antes de la cual no pueda iniciarse el procedimiento sancionador, sin que en clave constitucional ni la presunción de inocencia ni el principio nemo tenetur exijan tal mecánica procedimental, y sin que el régimen legal la prevea (por todas SSTS 23.7.2020, rec. de casación núm. 1993/2019, FJ 7, y de 17.12.2020, rec. de casación núm. 4780/2019, FJ 2).

QUINTO.- Seguidamente, alega el reclamante la caducidad del procedimiento sancionador por el transcurso de más de 6 meses desde la notificación de su inicio y, en particular, la inaplicación al procedimiento sancionador del régimen de dilaciones por causas no imputables a la administración previsto en el artículo 104 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria aprobado por Real Decreto 1065/2007 (en adelante RGAT), aludiendo a la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de julio de 2019 (rec. ordinario núm. 83/2018).

La cuestión relativa a los plazos de terminación del procedimiento sancionador viene regulada en el artículo 211 LGT que remite a las reglas del artículo 104.2 LGT que cuenta con desarrollo reglamentario en los artículos 103 y 104 RGAT. De ellos, el artículo 211 LGT dispone, en sus apartados 1 y 2, lo siguiente:

"1. El procedimiento sancionador en materia tributaria terminará mediante resolución o por caducidad.

Cuando en un procedimiento sancionador iniciado como consecuencia de un procedimiento de inspección el interesado preste su conformidad a la propuesta de resolución, se entenderá dictada y notificada la resolución por el órgano competente para imponer la sanción, de acuerdo con dicha propuesta, por el transcurso del plazo de un mes a contar desde la fecha en que dicha conformidad se manifestó, sin necesidad de nueva notificación expresa al efecto, salvo que en dicho plazo el órgano competente para imponer la sanción notifique al interesado acuerdo con alguno de los contenidos a los que se refieren los párrafos del apartado 3 del artículo 156 de esta ley.

2. El procedimiento sancionador en materia tributaria deberá concluir en el plazo máximo de seis meses contados desde la notificación de la comunicación de inicio del procedimiento. Se entenderá que el procedimiento concluye en la fecha en que se notifique el acto administrativo de resolución del mismo. A efectos de entender cumplida la obligación de notificar y de computar el plazo de resolución serán aplicables las reglas contenidas en el apartado 2 del artículo 104 de esta Ley."

Por remisión, el artículo 104.2 LGT establece que:

"2. A los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente acreditar que se ha realizado un intento de notificación que contenga el texto íntegro de la resolución.

En el caso de sujetos obligados o acogidos voluntariamente a recibir notificaciones practicadas a través de medios electrónicos, la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos se entenderá cumplida con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de la Administración Tributaria o en la dirección electrónica habilitada.

Los períodos de interrupción justificada que se especifiquen reglamentariamente, las dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la Administración Tributaria, y los períodos de suspensión del plazo que se produzcan conforme a lo previsto en esta Ley no se incluirán en el cómputo del plazo de resolución."

Y en particular, entre las dilaciones del procedimiento administrativo por causas no imputable a la Administración recogidas en el artículo 104 RGAT, se encuentra la siguiente:

"A efectos de lo dispuesto en el artículo 104.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se considerarán dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la Administración tributaria, entre otras, las siguientes:

(...) c) La concesión por la Administración de la ampliación de cualquier plazo, así como la concesión del aplazamiento de las actuaciones solicitado por el obligado, por el tiempo que medie desde el día siguiente al de la finalización del plazo previsto o la fecha inicialmente fijada hasta la fecha fijada en segundo lugar."

Según el criterio mantenido por el TEAC en sus resoluciones de 22 de octubre de 2009 (RG. 00/1529/2009) "La fecha de terminación del procedimiento se refiere a la fecha de notificación de la resolución que se entenderá cumplida mediante la acreditación de que se ha realizado un intento de notificación que contenga el texto íntegro de la resolución dentro del plazo máximo de duración del procedimiento". Y en su Resolución de 16 de febrero de 2012 (RG. 00/3690/2011) dispone que "cumplido con el primer intento de notificación dentro del plazo de 6 meses, no existirá caducidad si entre la notificación del acuerdo de inicio del procedimiento sancionador y el primer intento de notificación de la resolución con imposición de sanción, no han transcurrido más de 6 meses, con independencia del tiempo que luego tarde la Administración en practicar la efectiva notificación de dicho acuerdo de imposición de sanción".

De acuerdo con la normativa anterior, y a los efectos del cómputo del plazo de duración del procedimiento sancionador, la fecha de inicio a considerar es el 4 de septiembre de 2018, fecha de notificación del Acuerdo de inicio y comunicación de apertura de trámite de audiencia de procedimiento sancionador. La fecha final de cómputo de los seis meses prevista en el artículo 211 LGT sería, en principio, el 4 de marzo de 2019, acorde con el criterio sobre la regla de cómputo del dies ad quem contenido en la RTEAC de 19 de febrero de 2019 (RG. 00/6257/2017), asumiendo el criterio de la STS 4 de abril de 2017 (rec. de casación para la unificación de doctrina nº 2659/2016). Como consecuencia de la solicitud expresa de ampliación del plazo para formular alegaciones a la rectificación de la propuesta, se imputa una dilación de 7 días, desde el 27.2.2019 hasta el 6.3.2019 conforme al artículo 104.c) RGAT que retrasa la fecha prevista para la terminación del procedimiento al 11 de marzo de 2019, por lo que habiendo sido notificado del Acuerdo de resolución en fecha 8 de marzo de 2019, se ha cumplido el plazo de 6 meses previsto en el artículo 211.2 LGT.

En cuanto a la STS de 10 de julio de 2019, no comparte este Tribunal la lectura que de la misma efectúa el interesado. El recurso interpuesto por la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), tiene por objeto una de las modificaciones que el Real Decreto 1072/2017, de 29 de diciembre introduce en el Reglamento general del régimen sancionador tributario, aprobado por Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre (en adelante RST) y en particular la nueva redacción del apartado 4 del artículo 25 RST donde se regulan las especialidades en la tramitación separada de procedimientos sancionadores iniciados como consecuencia de un procedimiento de inspección:

"4. En caso de retraso producido en el procedimiento sancionador como consecuencia de la orden de completar el expediente del procedimiento inspector a la que se refieren los artículos 156.3.b) y 157.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se computará una interrupción justificada en el procedimiento sancionador derivado del procedimiento inspector que se hubiera iniciado, desde el día siguiente a aquel en el que se dicte la orden de completar hasta que se notifique la nueva acta que sustituya a la anteriormente formalizada o se le dé trámite de audiencia en caso de que no sea necesario incoar una nueva acta."

Según la AEDAF, era esta nueva interrupción que la reforma del 2017 introducía en el Reglamento la que carecía de habilitación legal. Y es, en relación a la misma que el Tribunal Supremo manifiesta que trasladar una interrupción de un procedimiento a otro carece de habilitación legal (el subrayado es nuestro):

"SEXTO.- (...)

Más relevante aún es destacar la incoherencia de la referencia a la figura de la interrupción justificada en el sistema actual de la LGT. Este concepto de interrupción justificada, que podía tener sentido en la estructura originaria del procedimiento inspector de la LGT, sujeto a caducidad como forma de terminación, carece de toda coherencia hoy día, con la supresión del efecto extintivo de la superación del plazo máximo de resolución del procedimiento inspector por virtud de la reforma operada en la LGT por la ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Por tanto, no resulta lógico que careciendo de relevancia la pretendida interrupción justificada en el procedimiento inspector, sin embargo se traslade esta figura al procedimiento sancionador que, con mayor razón, y por efecto del papel esencial que juega en el mismo la caducidad, no es susceptible de interrupción.

En definitiva, ni existe habilitación legal, ni se puede considerar que esté justificada una interrupción por razón de un procedimiento distinto como es el inspector, que por mandato legal está separado del sancionador, y que, además, no requiere ni exige la iniciación del sancionador antes de dictar el acuerdo de liquidación, ya que se permite el inicio del procedimiento sancionador hasta un máximo de tres meses después de dicho acuerdo de liquidación. La concurrencia en el procedimiento inspector de una orden del Inspector jefe para completar actuaciones, carece de toda relevancia en el curso temporal del procedimiento inspector, y pretender otorgarle transcendencia en el procedimiento sancionador, como una situación de interrupción justificada, es contrario a la regla general que resulta de la regulación del procedimiento sancionador, que es la inexistencia de causas de interrupción. Así, hay que recordar que el art. 150.6 LGT dispone que «El incumplimiento del plazo de duración del procedimiento al que se refiere el apartado 1 de este artículo no determinará la caducidad del procedimiento, que continuará hasta su terminación, pero producirá los siguientes efectos respecto a las obligaciones tributarias pendientes de liquidar», efectos que se limitan a la no interrupción de la prescripción, pago espontáneo, no devengo de intereses de demora desde el incumplimiento del plazo hasta la finalización del procedimiento, entre otros.

Por otra parte, aunque existen supuestos de extensión o ampliación del plazo del procedimiento sancionador, lo cierto es que están expresamente reguladas en el art. 211.2 párrafo segundo LGT, y esta regulación expresa apoya la idea de que el legislador no ha querido ninguna otra alteración temporal del procedimiento sancionador, menos aún la interrupción.

En conclusión, ni existe habilitación legal para el reglamento en este campo, ya que la interpretación del art. 211 no permite atribuir esta finalidad a la remisión que hace al art. 104.2 LGT, ni, por otra parte, resuelta congruente la previsión reglamentaria impugnada a tenor de las características del procedimiento sancionador, tal y como está configurado, ya que supondría supeditar el procedimiento sancionador al curso de un procedimiento inspector cuando la voluntad del legislador, y esto es indiscutible, fue la de hacer por completo independiente el sancionador respecto a otros procedimientos tributarios como el de inspección.

La solución legal para la eventualidad que trata de precaver la reforma que introduce el Real Decreto 1072/2017 es clara en la LGT, y radica en que el procedimiento sancionador no se inicie mecánicamente de forma simultanea o acompasada con el inspector. La indudable relevancia del procedimiento inspector en el ejercicio de la potestad sancionadora tiene perfecto acomodo en el esquema legal por la simple regla de no iniciarlo hasta la finalización del procedimiento inspector, conforme prevé el art. 209.2 LGT, que otorga un plazo máximo de tres meses para hacerlo, lo que parece más que suficiente.

SÉPTIMO.- Por consiguiente, procede estimar el recurso en este punto y declarar la nulidad del apartado nueve del artículo único del Real Decreto 1072/2017 que introduce la nueva redacción del apartado 4 del artículo 25 del Reglamento general del régimen sancionador tributario, aprobado por el Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre"

Ello no obsta para que las dilaciones que sí sean propias del procedimiento sancionador, hayan de ser tenidas en cuenta en el cómputo del plazo de resolución. Por ello, procede desestimar la alegación formulada.

SEXTO.- La siguiente alegación se refiere a la rectificación de la propuesta de sanción e introduce de forma simultánea dos cuestiones distintas.

La primera es determinar si el Inspector Jefe, que es el órgano competente para la imposición de la sanción, tiene también competencia para rectificar la propuesta de sanción que ya había sido efectuada por el actuario, alegando el interesado que lo procedente, en caso de disconformidad con la misma, hubiera sido remitirla de nuevo al actuario a fin de no vulnerar el ejercicio separado de la competencia sancionadora en sus fases de instrucción (actuario) e imposición de sanción (oficina técnica).

Se trata ésta de una cuestión pacífica, pues la competencia para rectificar la propuesta de sanción ya viene expresamente recogida en el apartado 2 del artículo 24 RGS, que la atribuye específicamente al órgano competente para imponer la sanción:

"2. En el caso de que el órgano competente para imponer la sanción rectifique la propuesta de resolución por concurrir alguna de las circunstancias previstas en el párrafo siguiente, la rectificación se notificará al interesado, el cual podrá formular las alegaciones que estime pertinentes en el plazo de 10 días contados desde el siguiente a la notificación.

Las circunstancias a que se refiere el párrafo anterior son las siguientes:

a) Cuando se consideren sancionables conductas que en el procedimiento sancionador se hubiesen considerado como no sancionables.

b) Cuando se modifique la tipificación de la conducta sancionable.

c) Cuando se cambie la calificación de una infracción de leve a grave o muy grave, o de grave a muy grave."

Y órgano competente para la imposición de sanciones es, entre otros y conforme el artículo 211.5 LGT:

"d) El órgano competente para liquidar o el órgano superior inmediato de la unidad administrativa que ha propuesto el inicio del procedimiento sancionador".

Por ello, es criterio de este Tribunal que el ejercicio de las facultades previstas en el art. 24.2 RGS por el Inspector Jefe antes de imponer la sanción no es causa de nulidad ni de anulabilidad de la sanción impuesta. Así lo entiende también la Audiencia Nacional cuya Sala de lo contencioso administrativo en Sentencia de 4 de octubre de 2012 (recurso nº 328/2011) declara:

"En este caso, del examen del expediente administrativo resulta que el Inspector Jefe intervino, al amparo del art. 24 del Reglamento General del Régimen sancionador tributario, que ha previsto el supuesto de que el órgano competente para imponer la sanción rectifique la propuesta de resolución por concurrir alguna de las circunstancias previstas en el pfo. 3 del propio precepto, entre ellas "cuando se modifique la tipificación de la conducta sancionable" . A esto se ha limitado la actuación del Inspector Jefe..."

La segunda cuestión es la del contenido de la propuesta, y a nuestro juicio, frente a lo alegado por la parte y afirmado por la Inspección, más que la tipificación de la infracción (que se refleja en el apartado 1º del art. 203 LGT) se modificó la sanción atribuida que era procedente, existiendo un error manifiesto en la primera propuesta que aplicaba el apartado 5º (referente a conductas fuera de un procedimiento de inspección), en vez del correcto apartado 6º, introducido por la Ley 7/2012 y referente al "caso de que el obligado tributario que cometa las infracciones a que se refieren las letras a), b), c) y d) del apartado 1 esté siendo objeto de un procedimiento de inspección,...". Dado que el obligado estaba siendo sometido a un procedimiento inspector de comprobación e investigación, no existe en ello discrepancia, la imposición de las sanciones correspondía efectuarla aplicando las atribuidas en el apartado 6º. Que la regularización había versado entre otras cuestiones sobre la calificación de los rendimientos derivados de la cesión de la explotación de los derechos de imagen no cabe duda como vamos a desarrollar posteriormente a la vista del contenido de las resoluciones del TEAC identificadas en el expositivo último. Por ello no procedía completar la instrucción, frente a lo alegado, sino simplemente aplicar la norma correcta, debiendo considerarse la nueva propuesta ajustada a derecho en cuanto a su contenido y aspecto competencial, frente a lo alegado.

Se desestima la alegación formulada.

SÉPTIMO.- Entrando ya en las cuestiones de fondo, niega el obligado la tipicidad de su conducta, porque no era parte de los contratos que se le pedían, que eran ajenos, y por tanto no estaba obligado a aportarlos.

La conducta típica apreciada (art. 203.1 a) LGT) consiste en "No facilitar el examen de documentos, informes, antecedentes, libros, registros, ficheros, facturas, justificantes y asientos de contabilidad principal o auxiliar, programas y archivos informáticos, sistemas operativos y de control y cualquier otro dato con trascendencia tributaria".

No compartimos la apreciación del reclamante, por la serie de circunstancias fácticas que se describen:

-La Inspección requirió información y documentación hasta en 11 ocasiones relativa a operaciones en que el obligado había intervenido, negando éste su aportación y toda colaboración, remitiendo a que se efectuasen requerimientos internacionales para obtener la información de la sociedad brasileña, mediante la alegación de una ajeneidad que no es tal. La sociedad de su familia XZ (50% de cada progenitor del jugador) a la que había cedido los derechos convino su cesión a terceros, señaladamente TW, para los que el obligado había de realizar ciertas prestaciones. Una vez conseguidos los contratos de algunos de los terceros mediante solicitudes de información internacional, resulta que los contratos no sólo aparecían firmados por el obligado sino avalados o garantizados por él. Dichos hechos igualmente aparecen reflejados en la RTEAC de 23.3.2021 a que nos referimos en el expositivo último, que indica (FJ 5):

"En lo que respecta al año 2013, se aporta a la inspección por la entidad TWEO BV un contrato y dos facturas. El contrato se firma en abril de 2013, con motivo del fichaje del jugador por WWZ, y participan en él la propia TW, XZ y el Sr. Axy. como garante de su cumplimiento (aunque el contrato lo firma ...). El ... del jugador firmó dos veces el contrato, una en nombre de la sociedad y otra, por poderes (literalmente p/p), en nombre de Axy. Este contrato del año 2013 es una modificación del contrato base suscrito entre las partes en 2011. La Inspección no pudo acceder a este último, pero, por el contenido de otros documentos aportados por TW en respuesta al requerimiento (en particular, los contratos suscritos en 2016 en sustitución del acuerdo de 2011), se ha podido conocer que el Sr. Axy. era parte del mismo en calidad de garante de su cumplimiento. Según el contrato de 2013, TW adelanta ... de dólares sujetos a las siguientes condiciones: que (i) Axy. juegue para WWZ no más tarde de 01/09/2013 y que (ii) WWZ haya anunciado oficialmente que Axy. jugará para el WWZ antes de 01/06/2013. Este pago es denominado adelanto de royalty garantizado. En caso de incumplirse la condición de jugar en el WWZ, XZ debería devolver a TW el anticipo percibido.

En cuanto a las facturas aportadas, una de ellas, de 15/07/2013, corresponde a estos … de dólares entregados como "adelanto de royalty garantizado". La segunda factura, de fecha 01/10/2013, cubre el periodo de septiembre de 2013 a febrero de 2014 y se expide por un importe de ... dólares. La cantidad satisfecha en virtud de esta última factura trae causa de los acuerdos contenidos en el contrato de 2011, al que no se ha tenido acceso al no haberse aportado el mismo por el obligado tributario ni haberse obtenido a través de los requerimientos y peticiones de información formulados.

Adicionalmente a estos documentos, TW aporta tres contratos suscritos en 2016, que sustituyen al marco contractual fijado en 2011 y modificado en 2013, y varias facturas de los años 2014, 2015 y 2016.

Del estudio de los contratos acordados con TW concluye la inspección, como veremos, que la retribución total satisfecha por TW constituye una renta derivada de la actuación deportiva del contribuyente y como tal es susceptible de ser sometida a gravamen en el IRNR en la medida en que el jugador desarrolle sus actuaciones personales como deportista en España".

-Debe a ello añadirse la constatación fáctica que del papel de la sociedad XZ se refleja en la Sentencia de la Audiencia Provincial de ....2016 (recurso .../2016, diligencias previas .../2015) en que fue condenado el club de fútbol empleador por dos delitos contra la Hacienda Pública (2011 y 2013) por defraudar el ingreso del IRNR del jugador, constando en los hechos probados "XZ S/S LTDA - XZ SPORTS, sociedad constituida en 9 de mayo de 2006, existiendo una primera modificación en 25 de octubre de 2011, y cuyo objeto social viene relacionado con la explotación de los derechos de imagen personal. La finalidad última de la utilización de tales sociedades era aparentar que los pagos obedecían a operaciones mercantiles con las mismas y, adicionalmente, fragmentar la verdadera retribución del jugador para mantenerla oculta, siendo en fin que tales entidades únicamente operaban como intermediarias en los pagos satisfechos...se decidió otorgar unos contratos con sociedades directamente vinculadas a la familia del futbolista, simulando el objeto real de los pagos, que en realidad no era el formalmente declarado en los mismos, sino encubrir verdaderas retribuciones al jugador, eludiendo de tal modo, en su mayor parte, el pago de los impuestos derivados de los rendimientos del trabajo que, por tratarse de retribuciones derivadas de una relación laboral, debieran haber tributado por el Impuesto de la Renta de no Residentes (...)". Dichos hechos igualmente aparecen reflejados en la RTEAC de 23.3.2021 a que nos referimos en el expositivo último.

No puede admitirse por tanto la alegada ajeneidad de la información y documentación cuya negativa a facilitar integra plenamente el tipo objetivo, resultando documentos de los que era parte, e informaciones y justificantes de los que derivaron rentas propias sujetas a IRNR en 2013 y a IRPF en el resto de periodos. Por tanto, el obligado debió colaborar con la Inspección, habiendo mostrado una clara conducta de resistencia, obstrucción, excusa y negativa a la misma.

OCTAVO.- A la tipicidad y antijuridicidad de la conducta no se opone que la Inspección pudiese obtener la información, o parte de ella, por otras vías y que por tanto al final la conducta infractora tuviese más o menos trascendencia en la regularización. El tipo del art. 203 LGT lo es de actividad, no de resultado: lo relevante es que ha quedado acreditado que el obligado desatendió reiteradamente los requerimientos de la Inspección que debían legalmente ser cumplimentados, resistiéndose y obstruyendo la actuación, y ello con independencia de que el objetivo perseguido con tal conducta fuese o no conseguido. Pese a referirse al art. 203.5 LGT, procede en tal sentido citar el criterio sentado por la STS 16.3.2022, rec. de casación núm. 4850/2020, FJ 2, aludiendo a que este tipo infractor "si bien exige, en todo caso, por expresamente venir así dispuesto en el texto legal, la concurrencia de la trascendencia tributaria, pero sin que quepa vincular la trascendencia tributaria, en todo caso, a que la no ratificación o aportación de los datos por el obligado tributario dilate, entorpezca o impida la actuación administrativa, sino que basta que reúna los criterios jurisprudencialmente dispuestos, de suerte que afecte a la aplicación estricta de los tributos, en su expresión general, no circunscrita a determinados procedimientos de gestión o de inspección, y que aporten, al menos, una utilidad potencial, indirecta o hipotética, en los términos antes concretados".

NOVENO.- Siendo pues, correcta la tipificación de la conducta conforme al artículo 203.1 LGT y su sanción conforme al apartado 6º, la cuestión siguiente es determinar el régimen de sanciones aplicable, que variará según el obligado tributario realice (apartado b) o no (apartado a) actividades económicas.

Pues bien, tal cuestión ya ha sido decidida en las resoluciones del TEAC identificadas en el expositivo último. Así, respecto del 2013, la RTEAC de 23.2.2021 razona (FJ 7):

"Así pues, si el deportista asume y debe cumplir las obligaciones a que nos estamos refiriendo derivadas de dichos contratos, la renta obtenida tributará en España, al amparo del artículo 13 TRLIRNR, siempre que, como decíamos, dicha renta guarde una "conexión estrecha" con su actuación deportiva en nuestro territorio. Dicha conexión consiste, básicamente, en que la remuneración no se hubiese percibido si no se hubiese llevado a cabo la actividad deportiva.

En el presente caso, señala la inspección en su acuerdo los elementos que encontramos en los contratos suscritos con TW que ponen de manifiesto que nos encontramos con una actividad económica; así, puede observarse que el Sr. Axy. asume la obligación de:

- lucir en exclusiva productos TW en sus apariciones deportivas y en otras apariciones públicas,

- actuar como portavoz para TW ,

- prestar servicios de consultoría a requerimiento de TW a fin de "asistir a TW en el diseño, desarrollo, anuncio, marketing y/o venta de productos TW, la promoción de marcas TW o el deporte del fútbol",

- elaborar informes, orales o escritos a solicitud de TW sobre distintas características de los productos de la marca,

- realizar una serie de apariciones anuales de distinta índole a fin de promocionar los productos de la marca TW.

Entendemos que estas prestaciones enmarcan la cesión de imagen acordada en el desarrollo de una actividad económica, según el criterio que hemos expuesto."

Y la RTEAC de 28.6.2022 relativa al IRPF 2014-2016 confirma dicha apreciación (FFJJ 6 a 8 y 17), también a los efectos del plazo de 27 meses en función de la cifra anual de negocios (art. 150.1.b.1º LGT). Se razona en dicha resolución:

"Procede entrar a conocer en primer lugar las clausulas contractuales de la cesión de los derechos de imagen a la sociedad XZ que han sido analizadas tanto en el Acta como en el acuerdo de liquidación y en las que se concluye que:

No existe ninguna cláusula que limite las obligaciones del Sr. Axy. La cesión del derecho a explotar la imagen no es simplemente que XZ podrá usar su nombre o su imagen, sino que es, esencialmente, un compromiso de que el Sr. Axy. realizará las actividades publicitarias que se le encomienden.

No se han encontrado limitaciones respecto a cuántos anuncios va a grabar, a cuántos actos asistirá, cuántas horas va a dedicar, ni la posibilidad de vetar aquellas campañas o actividades que puedan afectar a su imagen o a sus convicciones. De hecho, la cláusula 1.5 señala expresamente que el Sr. Axy. No tiene ningún derecho a oponerse a las cesiones que pueda querer realizar XZ. A lo más que se compromete la sociedad es al punto 1.6, que según la traducción al castellano aportada por el representante autorizado:

<1.6 - (...;) la Cesionaria no podrá autorizar el uso de los Derechos Cedidos en propagandas con corte despreciativo, difamatorio o que violen la legislación, la moral y las buenas costumbres, bajo pena de indemnizar a Axy. Por las pérdidas y daños que cause.>

Parece deducirse de aquí que el Sr. Axy. confía en que XZ cumplirá estas condiciones, pero no tiene derecho oponerse a una campaña por este motivo, como mucho a pedir posteriormente una indemnización por los perjuicios que le suponga. La Inspección lo preguntó expresamente y en escrito de 12/01/2018 se señaló que: "No tiene ni ha tenido capacidad de vetar las campañas publicitarias que contrata XZ". El Sr. Axy. por tanto se compromete a hacer toda actividad que le pida XZ sin limitaciones.

(...)

DÉCIMO SÉPTIMO.- En cuanto a la calificación de los rendimientos procedentes de la cesión del derecho a la explotación de la imagen del jugador, el reclamante alegó ante la inspección que dichos rendimientos deberían calificarse como rendimientos del trabajo al tener un carácter dependiente respecto de sus ...s y su sociedad XZ, frente a ello la inspección los califica como rendimientos de la actividad económica obtenidas en base a los siguientes argumentos: (...)

En el escrito de alegaciones se alega, ahora, que los ingresos derivados de la cesión de los derechos de imagen deben considerarse no ya como rendimientos del trabajo sino como rendimientos del capital mobiliario y se basa en que el jugador en ningún momento ordena medios propios limitándose a acudir a los eventos correspondientes siguiendo las instrucciones de la sociedad XZ, que sí cuenta con los medios necesarios, y los patrocinadores.

Aporta en fecha 01-06-2021 ante este TEAC nueva documentación complementaria al escrito de alegaciones en los expedientes de las reclamaciones económico administrativas números 00/04152/2019, 00/04168/2019 y 00/06007/2019 consistente en:

- Dos informes elaborados por el Catedrático D. ..., uno, fechado el 20-05-2021 sobre la calificación de las rentas percibidas por el jugador en concepto de derechos de imagen cuyas conclusiones son que deben calificarse como rendimientos del capital, y otro dictamen fechado el 21-05-2021, en relación con la compatibilidad con el ordenamiento jurídico interno, internacional y las Directrices de Precios de Transferencia de la OCDE respecto a la cesión de derechos de imagen.

- Un informe elaborado por LM, fechado el ..., referente al valor de mercado de las remuneraciones percibidas por el jugador de futbol Axy, "Arm´s Length Remuneration For Personal Appearances of Footbal Player".

En su escrito de alegaciones el reclamante cita en apoyo de sus argumentos los casos de ... y ... manifestando que:

- Respecto del primero, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 0..., (Procedimiento abreviado número .../15, Diligencias Previas número .../13), en la que la propia AEAT defiende la calificación de dichas rentas como "rendimientos del capital mobiliario".

- Respecto del caso del Sr. ..., la sentencia de la Audiencia Nacional del ... (número de recurso .../2017) que resuelve el recurso contra la resolución de este TEAC de 01-12-2016, R.G.3801/13 y 3802-13 acumuladas, en la que se confirma que "los ingresos derivados de la cesión de los derechos de imagen deben considerarse como rendimientos del capital mobiliario en sede del reclamante..."

Precisamente, además de las sentencias citadas en el acuerdo de liquidación, hay que traer a colación, ya que el reclamante cita los precedentes anteriores, la sentencia del Tribunal Supremo de fecha ..., en el recurso de casación nº .../2019, interpuesto por D. ... contra la sentencia de 13 de mayo de 2019 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección cuarta, de la Audiencia Nacional, pronunciada en el recurso nº .../2017, contra la resolución de 1 de diciembre de 2016 dictada por el TEAC, parcialmente estimatoria de la reclamación deducida frente al acuerdo de liquidación tributaria dictado por la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de Cataluña en fecha 5 de. Junio de 2013, por el concepto tributario Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicios 2008-2009-2010, y contra el acuerdo de resolución del procedimiento sancionador.

En dicha sentencia se expone en el Fundamento de Derecho Tercero lo siguiente:

El conflicto radica en determinar si los rendimientos obtenidos por la parte recurrente por la cesión de los derechos de imagen deben entenderse que son rendimientos del capital mobiliario, como sentenció la Sala de instancia, o por el contrario son rendimientos de actividades económicas, como defiende la recurrente.

Dispone el art. 25.4.d) de la. Ley 35/2006, que son rendimientos del capital mobiliario, entre otros, «Los procedentes de la cesión del derecho a la explotación de la imagen o del consentimiento o autorización para su utilización, salvo que dicha cesión tenga lugar en el ámbito de una actividad económica». Establece el art. 27.1 del Citado texto legal que «Se considerarán rendimientos íntegros de actividades económicas aquellos que, procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente, o de uno solo de estos factores, supongan por parte del contribuyente la ordenación por cuenta propia de medios deproducción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. En particular, tienen esta consideración los rendimientos de las actividades extractivas, de fabricación, comercio o prestación de servicios, incluidas las de artesanía, agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de construcción, mineras, y el ejercicio de profesiones liberales, artísticas y deportivas».

Como se ha indicado, la Sala de instancia se decanta por considerar dichos ingresos como rendimientos del capital mobiliario, rechazando que pueda acogerse la pretensión actora de calificarlos como rendimientos de actividades económicas. Considera la Sala, y no se discute por ninguna de las partes, que dado que se reputa nulo el contrato de imagen celebrado entre la parte recurrente y la entidad XXX, los citados ingresos han de imputarse directamente al recurrente, pero entiende que los mismos no son fruto de la ordenación de medios personales y materiales por el recurrente, sino que «Son las empresas a quienes el demandante cede la imagen, quienes disponen y ordenan la actividad dirigida a la explotación de la imagen de .... Ciertamente para dicha explotación se necesita la colaboración del demandante, incluso de alguna amplitud (rodar un anuncio publicitario, posar para fotografías, etc), pero esta colaboración no integra por si misma la condición de organización empresarial o profesional en la medida en que es la cesionaria del derecho de imagen la que organiza la actividad de explotación con los medios personales y materiales precisos para ello», excluye, pues, la salvedad que se recoge en el transcrito 25.4.Id), y contrastando el caso con otros pronunciamientos del Tribunal Supremo concluye que «las sentencias indicadas entendieron que como el contribuyente realizaba algo más que la mera cesión de derechos de imagen como contraprestación, los rendimientos obtenidos constituían rendimientos del trabajo personal. Sin embargo, redacción actual del precepto legal les atribuye la condición de rendimientos de capital mobiliario con la única excepción de que los rendimientos deriven de actividad profesional, excepción que no concurre y que no tolera una tercera alternativa en la medida en que -la recalificación fiscal de los rendimientos obtenidos a partir de la explotación de los derechos de imagen proviene directamente de la ley».- Tal y como se pone de manifiesto por la parte recurrente, y se hace eco la Sala de instancia; sobre supuestos semejantes al que nos ocupa se ha pronunciado este Tribunal Supremo; en todos ellos se trataba de la cesión de los derechos de imagen de futbolistas profesionales y se abordaba el examen de cuándo había que considerar que los ingresos obtenidos a efectos del IRPF debían conceptuarse como rendimientos del capital mobiliario o como rendimientos de actividades económicas. El denominador común, al igual que pasa en el presente y así se manifiesta en la formulación de la cuestión de interés casacional objetiva, es su casuismo, pues jurídicamente no parece que la distinción revista dificultad alguna, sin embargo será cada caso y sus circunstancias particulares concurrentes las que conduzca a una u otra calificación. Así es, recordemos que la cuestión de interés casacional incorpora este matiz, «... conforme a las circunstancias concurrentes en el presente recurso», revelador y determinante de la solución a adoptar. La doctrina a fijar no difiere en absoluto -aún cuando difiera la legislación aplicable, no su contenido y sentido- a la recaída en sentencias como la de 11 de octubre de 2012, rec. Cas. 3278/2009, que puede servir de ejemplo y referencia y que confirma sentencia de la Audiencia Nacional reproduciendo el siguiente texto,

«3) De las propias cláusulas de los contratos deriva que estamos ante actividades, que exceden con mucho de los simples derechos de imagen En efecto, esas actividades publicitarias, de asesoramiento y otras complementarias van más allá de aquella cesión. Así el sujeto pasivo se obliga a una prestación más completa, que requiere su intervención activa como el spot para NP y en el caso de TW la amplia gama de actividades a que venía obligado, informes orales o escritos referentes a los productos TW, apariciones anuales relacionadas con la publicidad o bien la producción de anuncios publicitarios o materiales, charlas, sesiones para la producción de anuncios televisivos o videos, etc., que son propios de un contrato de prestaciones de servicios y constituyen una actividad profesional y que por tal debe tributar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas»;

esta sentencia y su doctrina es la que sirve a la Inspección de los Tributos en su acuerdo de liquidación de 13 de noviembre de 2017, relativo al IRPF de los ejercicios 2011 a 2014 -aportado por la parte recurrente, sin haber merecido oposición o reproche por la parte recurrida-, para calificar los ingresos percibidos por la parte recurrente por la cesión de sus derechos de imagen, como rendimientos de actividades económicas, al efecto examina los contratos celebrados con las empresas a las que se cede el derecho de imagen y concluye, por exceder la actividad a la que se compromete a lo que es estrictamente la cesión de los derechos de imagen a considerar que estamos ante rendimientos por actividades económicas.

(....)

Anteriormente se ha dado cuenta de los términos en que se pronuncia la sentencia de instancia sobre esta cuestión; básicamente se limita a incorporar la conclusión a la que llega, esto es, que no existe una ordenación por parte del recurrente de medios personales y materiales, pero prescinde de mayor detalle...... Lo cierto es que consta que en el entramado empresarial que gira en tomo a la entidad XXX (sic), con intereses en varios sectores, y en la que la parte recurrente poseía una participación mayoritaria del 70%, expresamente uno de los socios minoritarios, el hermano, tenía asignada la llevanza de los derechos de imagen de la parte recurrente, esto es, existía una persona, designada para la organización y llevanza de esta actividad, aparte del propio recurrente; siendo bien significativo que el examen que hace la Inspección de los ejercicios 2011 a 2014, y que le lleva a concluir que estamos ante rendimientos de actividades económicas por exceder con mucho lo que es el mero ejercicio del derecho de imagen, se realiza sobre contratos similares y respecto de casi los mismos contratantes, de suerte que cabe identificar muy similares contenidos contractuales; contenidos, que como se ha dicho, sirvieron a la Inspección para considerar que los rendimientos procedían de una actividad económica; es la propia parte recurrente la que nos ilustra sobre dicho contenido en los contratos referentes a los ejercicios que nos ocupa, sin oposición alguna de la recurrida, baste como ejemplos las siguientes obligaciones contractuales impuestas en los contratos de cesión de los derechos de imagen:

«l.- (...)

De acuerdo con estos contratos, el obligado tributario se comprometió a realizar, entre otras, las siguientes actividades: A.-Vestir y usar exclusivamente productos de la marca TW; (1) en todas las actividades deportivas o relacionadas con el deporte, incluyendo a título enunciativo, partidos de club y partidos internacionales, sesiones de entrenamiento, exhibiciones, prácticas, campamentos y clinics relacionados con el fútbol; (2) en todas las demás actividades públicas relacionadas con la condición de jugador de fútbol profesional. Incluyendo a título enunciativo su asistencia a partidos de fútbol, sesiones de autógrafos; entrevistas, ruedas de prensa, apariciones en televisión, desfiles y celebraciones de victorias y apariciones personales; (3) eventos deportivos de famosos o benéficos; (4) cualquier otra ocasión en el que* jugador vista productos, pose en fotografías deportivas, comente la participación del jugador en o en conexión con el fútbol o que implique actividades deportivas o relacionadas con el deporte. B.- Actuar como portavoz de los productos TW. C.- Realizar un total de 10 apariciones personales o apariciones on-line, o una combinación de ambas. D.- Prestar servicios independientes de consultoría y otros servicios personales, con el propósito de ayudar a TW en el diseño, desabollo, publicidad, marketing y/o venta de productos TW, la promoción de la marca TW o del deporte del fútbol'. E.- Informar, de manera oral o por escrito, sobré los productos TW suministrados al jugador a través del programa de pruebas de desarrollo de producto de TW. F.- Estar disponible para la creación y/o producción de anuncios, materiales, contenido o comerciales de marketing o promocionales, como, por ejemplo, asistir a sesiones fotográficas para anuncios impresos, carteles, folletos y otros. Materiales promocionales, estar disponible por teléfono u ordenador para facilitar contenidos, asistir a sesiones de desarrollo de producto y sesiones de grabación de video, audio y/o cine relacionados con actividades comerciales o cualquier otro esfuerzo publicitario o comercial, etc. (...) Obligaciones contractuales que exceden de lo que es el mero ejercicio y explotación de los derechos de imagen, constituyendo una actividad que precisa la ordenación de medios personales, recordemos que una persona se encargaba de la organización para explotar estos derechos, y materiales, puesto que se exige en los diversos contratos una actividad que trasciende la mera utilización y explotación de la imagen del recurrente por terceros.

CUARTO.- Doctrina junsprudencial y su proyección al caso.

La cuestión de interés casacional objetivo debe responderse en el sentido de que a la luz de los artículos 25,4.d) y 27.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y conforme a las circunstancias concurrentes en el presente recurso, en concreto del contenido de los contratos suscritos entre la parte recurrente con terceros para la explotación de su imagen anteriormente descritas, los rendimientos obtenidos directamente por ceder sus derechos de imagen a terceros con causa distinta del mero uso pasivo de tales derechos, en la medida en que impliquen el desarrollo de actividades adicionales de carácter personal por parte del cedente de referidos derechos de imagen, deben considerarse rendimientos del capital mobiliario o de actividades económicas.

Proyectada esta doctrina al caso que nos ocupa, determinado el contenido de los contratos de explotación de los derechos de imagen del recurrente en los ejercicios 2008 a 2010, deben considerarse que los ingresos obtenidos constituyen rendimientos por actividades económicas sujetos al IRPF.

...

Del examen de las cláusulas contractuales cuyo contenido se describe en el acuerdo de liquidación y las contenidas en el expediente electrónico derivadas de los requerimientos de información efectuados por la Inspección a los patrocinadores del jugador identificados por los propios representantes del jugador o localizados por la Inspección, ante la falta de aportación por parte del obligado tributario de la documentación relativa a las actividades de patrocinio en las que participó el Sr. Axy. amparándose en el derecho a la confidencialidad, se observa que la cesión de la imagen del jugador a estos patrocinadores lleva aparejada la obligación de prestar servicios participando en campañas publicitarias, acudiendo a sesiones fotográficas, eventos publicitarios, grabando anuncios, utilizando productos de determinadas marcas, así como otras prestaciones accesorias tales como evitar utilizar productos en público de otras marcas de competidores. Expuesto lo que antecede, procede desestimar las alegaciones del recurrente, pues la prestación de los servicios, en los contratos en los que se requiere por parte del jugador una determinada actividad de carácter personal, excede de la mera cesión de la imagen que requiere una participación activa propia de un contrato de prestaciones de servicios, tal y como se produce en el presente expediente y que ha sido exhaustivamente plasmado en el acuerdo de liquidación y en la documentación contenida en el expediente electrónico, por lo deben considerarse que los ingresos obtenidos constituyen rendimientos por actividades económicas sujetos al IRPF. (...)".

Procede por lo expuesto la desestimación de las alegaciones formuladas, procediendo la aplicación del art. 203.6.b) LGT.

DÉCIMO.- En cuanto a la siguiente alegación, la relativa a la no concurrencia de culpabilidad, el artículo 178 LGT establece como uno de los principios rectores de la potestad sancionadora el de responsabilidad, desarrollado en el art. 179 LGT. Por lo que se refiere a la concurrencia del citado principio de responsabilidad identificado con el elemento subjetivo en la conducta del obligado tributario, el artículo 183 LGT dispone que son infracciones tributarias las acciones u omisiones dolosas o culposas con cualquier grado de negligencia que estén tipificadas y sancionadas como tales en esta u otra Ley.

El Tribunal Constitucional tiene declarado, en su Sentencia nº 76 de 26 de abril de 1990, que no existe un régimen de responsabilidad objetiva en materia de infracciones tributarias "ni nada ha cambiado al respecto la Ley 10/1985", añadiendo que, por el contrario, "en el nuevo art. 77.1 sigue rigiendo el principio de culpabilidad (por dolo, culpa o negligencia grave y culpa o negligencia leve o simple negligencia)". El Tribunal Supremo, en numerosas Sentencias, entre ellas la de 8 de mayo de 1987, vincula la culpabilidad del sujeto infractor a la circunstancia de que su conducta no se halla amparada por una interpretación jurídica razonable de las normas fiscales aplicables. La Circular de la Dirección General de Inspección Financiera y Tributaria de 29 de febrero de 1988 asumió tal doctrina, señalando que la sanción exige carácter doloso o culposo de la conducta de la persona a quien haya de imponerse y que, en particular, no se considerará constitutiva de infracción tributaria la conducta de una persona o entidad que haya declarado correctamente o haya recogido fielmente en su contabilidad sus operaciones, obedeciendo la acción u omisión, materialmente típica, a la existencia de una laguna interpretativa o a una interpretación razonable de la norma que la Administración entienda vulnerada por el sujeto pasivo.

En tal sentido finalmente la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de septiembre de 2008 (recurso de casación para unificación de doctrina nº 317/2004), recordando la precedente jurisprudencia, expone que si la norma tributaria es de expresión oscura o se presta a una interpretación razonable por parte del contribuyente, frente al parecer sostenido por la Administración, cobra vigor el elemento voluntarista que alienta el derecho sancionador y ha de excluirse la sanción para quien ha obrado con diligencia cumpliendo sus deberes tributarios y actuando al amparo de una interpretación razonable de la norma. Por otra parte, recuerda la citada sentencia que el principio de presunción de inocencia garantiza el derecho a no sufrir sanción que no tenga fundamento en una previa actividad probatoria sobre la cual el órgano competente pueda fundamentar un juicio razonable de culpabilidad.

Por ello, para determinar la responsabilidad tributaria será preciso examinar, en cada caso, la participación del sujeto infractor en las conductas tipificadas en la norma sancionadora o, lo que es lo mismo, la existencia del elemento intencional o voluntad de defraudar a la Hacienda Pública, y, en principio, dado el carácter cuasipenal de la actividad administrativa sancionadora, uno de los elementos esenciales para la existencia de infracción es, precisamente, la culpabilidad del sancionado, apreciable en toda la extensión de sus diversas gradaciones de dolo y clases de culpa. Como señala el Tribunal Supremo en su Sentencia de 8 de mayo de 1987 "... nuestro sistema de sanciones tributarias es un sistema de carácter evidentemente subjetivo en el que se precisa la concurrencia tanto del elemento subjetivo como del objetivo para la existencia de la infracción".

Aplicando lo expuesto a los hechos acontecidos, ha de confirmarse la concurrencia del elemento subjetivo en la conducta sancionada, que se halla extensa y detalladamente motivado en el Acuerdo recurrido (pgs. 19 a 23, a cuya lectura remitimos). Ha de indicarse que no existe un dolo específico requerido por el tipo infractor del art. 203 LGT, y el mismo admite su comisión dolosa o negligente (STC 74/2022, de 14 de junio, FJ 4 d), sin perjuicio de indicar que los hechos acreditados ponen de manifiesto la férrea voluntad de no colaborar, obstruyendo y oponiendo meras excusas, con la labor inspectora, habiendo sido reiterado insistentemente por la Inspección el requerimiento y la advertencia sobre el incumplimiento. El ahora reclamante no aportó documentación que se refería a la justificación de rentas obtenidas por él mismo, como hemos visto en los fundamentos anteriores, documentos en cuya confección como partícipe (avalista) estuvo presente mediante representación de su ..., informaciones sobre actos y eventos en los que hubo de intervenir personalmente, y de cuyo contenido material se mostró perfectamente conocedor, como pone de manifiesto la Inspección ("momento determinante a efectos de confirmar lo anterior llega con el ya mencionado correo electrónico de 19/06/2018 en que el contribuyente pone de manifiesto su conocimiento del contenido del contrato, y con las respuestas a los requerimientos nacionales e internacionales de información efectuados a los patrocinadores conocidos del contribuyente, en las que puede comprobarse cómo el Sr. Axy. conocía los contratos, tenía acceso a los mismos y, de hecho, garantizaba personalmente su cumplimiento de una u otra forma"). No puede admitirse en tales condiciones que la negativa recalcitrante a colaborar con la Inspección aportando lo que había obligación jurídica de aportar pueda calificarse de un comportamiento razonable, o basado en una interpretación razonable del contenido de dicha obligación. Nada aporta a la formación de nuestro juicio en el presente procedimiento de revisión la alusión a otro procedimiento inspector posterior respecto del IRPF 2017 en que se alega por el reclamante que no ha sido sancionado por resistencia, obstrucción, excusa o negativa a la actuación inspectora, porque según se afirma la Inspección ha obtenido información por otros medios. Que no haya existido conducta infractora en otro momento posterior, sea porque el obligado no ha sido requerido, porque la Inspección ya contaba con la información o por cualquier otra causa, no constituye óbice para su apreciación cuando sí fue cometida.

DÉCIMO PRIMERO.- Finalmente, se alega por el reclamante desproporción de la sanción impuesta, y para ello inicialmente se refiere a la cuantía de la sanción, posteriormente al planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad, y finalmente a sendas Sentencias del Tribunal Supremo sobre el art. 203.5.c) LGT.

La alegación así formulada no puede prosperar: la Inspección se ha limitado, no existe discrepancia en ello, a aplicar el art. 203.6.b).2º.c) apartado 1º de la LGT, y dado que la cuantificación excedía del límite máximo de sanción, se ha aplicado éste. El principio de legalidad impide a la Inspección, y a este Tribunal, efectuar una reconstrucción o inaplicación del precepto, siendo que el Tribunal Constitucional ha descartado la desproporción del mismo (si bien se refiere al art. 203.6.b) en su apartado 1º LGT sus argumentos son asumibles mutatis mutandis) mediante la desestimación el 14.6.2022 (STC 74/2022) de la cuestión de inconstitucionalidad nº 1643-2021, justificando que el legislador no ha incurrido en un patente derroche inútil de coacción al diseñar el precepto, teniendo (FJ 4 e) "suficientemente en cuenta, en su propia configuración legal, las circunstancias que el legislador -de un modo que no cabe tachar de irrazonable ni arbitrario- ha considerado relevantes para la cuantificación de la sanción, entre las que se encuentran la gravedad de la conducta infractora, el tipo de sujeto infractor, el contexto procedimental en que se verifica la infracción, su modalidad de comisión y su trascendencia para la correcta comprobación de las obligaciones tributarias". De la Sentencia se extrae que la Constitución no impone el diseño de las sanciones permitiendo la proporcionalidad aplicativa, afirmando (FJ 4 b) que "en principio, no cabe deducir del art. 25.1 CE una exigencia de que el legislador reserve en todo caso márgenes de graduación de la sanción a los órganos encargados de aplicar las sanciones administrativas -ya sea la propia administración o bien el juez de lo contencioso-administrativo que revisa su actuación-. En otras palabras, no se puede derivar del art. 25.1 CE una prohibición prima facie de que la ley prevea de manera taxativa y cerrada la reacción sancionadora correspondiente a las infracciones administrativas legalmente previstas".

Siendo así, dicha interpretación descarta la alegada que sobre el art. 203.5.c) LGT y con cierto acogimiento de una implícita proporcionalidad aplicativa (ya apuntado previamente en términos generales en SSTS de 13 y 26 de octubre de 2021, recursos de casación respectivos números 3691/2020 y 4746/2020, aludiendo a "una solución correctora que atempere el exceso o derroche inútil de coacción, situándola en su punto preciso, en aquellos casos en que la ley lo permite") había efectuado el Tribunal Supremo en Sentencias de 8.3.2022, rec. de casación núm. 873/2019, y 16.3.2022, rec. de casación núm. 4850/2020. Añadidamente, la diferencia de redacción entre el apartado 5.c (multa de "hasta"...) y el apartado 6 (multa de...), que llevó al Tribunal Supremo a admitir la atemperación de la punición en el primer caso y no en el segundo (planteando mediante ATS de 25.2.2021 la cuestión de inconstitucionalidad desestimada) impide en el caso aquí planteado cualquier aventura de corrección cuantitativa de la sanción que el legislador no ha permitido, en una norma de redacción similar a otra que el Tribunal Constitucional ha confirmado (apartado 1º) como no vulneradora del principio de proporcionalidad sancionadora.

Procede por lo expuesto la desestimación de la presente reclamación.


 

Por lo expuesto

Este Tribunal Económico-Administrativo acuerda DESESTIMAR la presente reclamación, confirmando el acto impugnado.