Tribunal Económico-Administrativo Central
SALA PRIMERA
FECHA: 27 de octubre de 2026
PROCEDIMIENTO: 00-07556-2023-00
CONCEPTO: IMPUESTO RENTA PERSONAS FÍSICAS. IRPF
NATURALEZA: RECURSO ORDINARIO DE ALZADA
RECURRENTE: Dpv - …
En MADRID, se ha constituido el Tribunal como arriba se indica, para resolver el recurso de alzada de referencia.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.-
El día 03/10/2023 tuvo entrada en este Tribunal el presente recurso de alzada, interpuesto el 03/10/2023 contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana (en adelante, TEARV) de 24 de julio de 2023, por la que se resuelve, en primera instancia, la reclamación económico-administrativa n.º 46-10367-2021, interpuesta contra el acuerdo de liquidación A03……5 ,dictado por la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de Valencia de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT).
SEGUNDO.- Las actuaciones de comprobación e investigación con el obligado tributario se iniciaron por la Dependencia Regional de Inspección de Valencia mediante comunicación de inicio notificada en fecha 10 de junio de 2020, cuyo objeto era la comprobación del IRPF con alcance parcial, limitándose a la comprobación del cumplimiento de los requisitos para la aplicación del régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores (en adelante, régimen FEAC o RFEAC) respecto de la aportación de participaciones de la entidad XZ SL (en adelante, XZ) en la constitución de la entidad SH SL (en adelante, SH) (en fecha 10/12/2015) y a las rentas derivadas de dicha operación.
El 10 de diciembre de 2015, el contribuyente, D. Dpv (en adelante "Dpv" o "el reclamante"), aportó el 49,99% de las participaciones que poseía en la sociedad operativa XZ (dedicada a la fabricación de calzado) a una nueva sociedad que se constituía en ese mismo momento: SH. A cambio, el contribuyente suscribió el 99,99% del capital de esta nueva sociedad (Holding), manteniendo solo el 0,01% del capital en la operativa.
El contribuyente notificó a la Administración Tributaria la aplicación del RFEAC. Inmediatamente después de la operación, la sociedad operativa (XZ) comenzó a repartir el 100% de sus beneficios anuales como dividendos a la sociedad Holding (SH). Al ser SH una sociedad sujeta al Impuesto sobre Sociedades, estos dividendos se beneficiaron de la exención del 100% (art. 21 LIS).
El acuerdo de liquidación, en síntesis, considera que no procede la aplicación del RFEAC a la aportación no dineraria realizada por Dpv de las acciones de la sociedad XZ en la constitución de SH, ya que en la operación analizada no ha existido motivo económico válido, sino que la misma ha tenido como finalidad obtener una ventaja fiscal, consistente en la aplicación por la entidad holding de la exención del artículo 21 de la LIS sobre los dividendos distribuidos por la sociedad operativa, en lugar de su tributación en el IRPF del socio y una ventaja situada en el Impuesto sobre el Patrimonio.
Por tanto, al no resultar aplicable el régimen especial FEAC, la ganancia patrimonial resultante de la aportación no dineraria de acciones de la sociedad XZ en la constitución de la entidad SH debe tributar según las normas establecidas en el artículo 37.1.d) de la LIRPF.
TERCERO.- Contra dicha liquidación se interpuso recurso de reposición, que fue desestimado mediante resolución notificada el 29/10/2021. Disconforme con el acuerdo de liquidación referenciado anteriormente y con la resolución del recurso de reposición, con fecha 26/11/2021 el obligado tributario interpuso reclamación económico-administrativa ante el TEAR de Valencia.
El TEAR de Valencia resolvió, en primera instancia, la reclamación interpuesta por resolución de fecha 24-7-2023, en la que se desestimaron las reclamaciones presentadas.
CUARTO.- Tras dicha desestimación, el reclamante presentó en tiempo y forma el correspondiente recurso de alzada ante este TEAC. Realiza dos alegaciones de índole formal y varias alegaciones de índole material:
1. Defecto de motivación de la resolución del TEAR
El reclamante alega que la resolución del TEAR carece de contenido mínimo motivador: no se pronunció sobre las cuestiones procedimentales planteadas (en particular, sobre la incorporación al expediente de diligencias y pruebas de otros obligados tributarios sin que se le hubiera dado traslado de ellas ni prestado conformidad), no valoró la prueba aportada por el interesado, y se limitó, en su Fundamento de Derecho Cuarto, a la fórmula "nada se alega [...] procede su confirmación", sin analizar ni la doctrina de la DGT y del TEAC invocada, ni los motivos económicos alegados, ni la cuestión de la tributación en el Impuesto sobre el Patrimonio y de los dividendos. Sostiene que ello le sitúa en indefensión.
2. Desarrollo de las actuaciones inspectoras
Se destaca la duración del procedimiento (más de 15 meses), la colaboración activa prestada por el obligado tributario, y que solo se extendieron 4 diligencias. Se reitera la falta de validez probatoria de las diligencias y documentación correspondientes a actuaciones seguidas con otros obligados tributarios, incorporadas según el recurrente unilateralmente y sin su conformidad.
3. Sobre el fondo: la reestructuración empresarial
El reclamante niega que la operación careciera de sustancia económica y ofrece un relato detallado:
- Situación de partida (3.1): empresa familiar de fabricación y comercialización de calzado (1987), con activos esenciales (inmuebles, maquinaria) en copropiedad de los dos hermanos socios al 50%, lo que generaba riesgos de confusión patrimonial, avales personales y bloqueo por empate societario.
- Operaciones realizadas (3.2): cronología
-2014 (aportación de activos productivos a una sociedad inmobiliaria)
-2015 (constitución de las dos holding, una por hermano)
-2019 (constitución de una sociedad de fabricación que asume la plantilla productiva). Se alega finalidad de segregación de riesgos, profesionalización de la gestión, protección patrimonial, previsión sucesoria, mejora de la capacidad de apalancamiento y efectos "cuasi-sindicación" de voto familiar.
- Situación actual (3.3): estructura en tres niveles (personas físicas- holdings-sociedades operativas); aporta cifras de plantilla por sociedad y años; niega que la sociedad de fabricación de 2019 sea una simple prolongación de la operativa, calificándola de entidad de propósito especial; detalla la titularidad porcentual de cada sociedad; enumera las "ventajas" obtenidas por la reestructuración (desbloqueo del empate en el consejo, liberación de avales personales, canalización de tesorería excedentaria, entre otras).
- Conclusión (3.4): entiende cumplidos todos los requisitos del art. 87 LIS y del art. 89.1 y 89.2 LIS.
- Réplica a los argumentos de la Inspección (3.5): rebate, punto por punto, las objeciones del acuerdo de liquidación (inexistencia de grupo mercantil, carencia de medios materiales propios de las holding, ausencia de segmentación de funciones, etc.), calificándolas de "generalidades" no acreditadas; niega que la ausencia de mención expresa a los motivos económicos en la escritura o en las cuentas anuales sea exigible, por no imponerlo la normativa mercantil ni la fiscal aplicable a este tipo de operación (art. 87 LIS, aportación no dineraria "especial", distinta del canje del art. 76.5 LIS).
- Doctrina y jurisprudencia invocada (3.6): señala que la STS de 25/05/2016 (rec. 4133/2014) casó la sentencia de la Audiencia Nacional de 20/11/2014 en la que se apoyó principalmente la Inspección, por lo que su cita quedaría sin sustento; invoca la STS núm. 2508/2016, de 23/11/2016 (rec. 3742/2015) sobre la salvaguarda patrimonial como motivo económico válido, y aporta un extenso repertorio de consultas vinculantes de la DGT que admiten como motivo económico válido, entre otros, la centralización de la gestión, la previsión sucesoria/relevo generacional, la constitución de más de una holding por rama familiar, y el remanso y canalización de dividendos a través de la holding para financiar nuevas inversiones.
4. Inexistencia de las ventajas fiscales identificadas
Frente a las dos ventajas fiscales apreciadas por la Inspección:
- Dividendos: sostiene que no existe ventaja fiscal porque los beneficios permanecen en sede societaria y solo tributan cuando llegan a la persona física; señala que del total de dividendos recibidos de la sociedad operativa (3.245.788,15 € en el periodo 2016-2020), la holding del reclamante le distribuyó 949.999,67 € en 2020, que sí tributaron en su IRPF (cerca del 30% del total, no "simbólicos" como afirma la Inspección). Invoca la Res. TEAC de 08/10/2019 (Reclamación 00-04869-2016), que en un caso de canje seguido de reparto de dividendos consideró que no cabe exigir al contribuyente elegir la opción fiscalmente más gravosa.
- Impuesto sobre el Patrimonio: alega que las participaciones en la sociedad operativa y en la inmobiliaria ya gozaban de la exención del art. 4.Ocho.Dos de la Ley 19/1991 antes de la aportación a la holding, por cumplir los tres requisitos legales (actividad económica, porcentaje de participación, funciones de dirección remuneradas), por lo que no se habría producido ninguna mejora fiscal por este concepto.
5. Sobre la técnica de regularización empleada
Con carácter subsidiario, alega que, aun aceptando a efectos dialécticos la existencia de las ventajas fiscales señaladas, la Inspección infringió el segundo párrafo del art. 89.2 LIS, que ordena eliminar "exclusivamente los efectos de la ventaja fiscal". En lugar de regularizar la tributación de los dividendos y del Impuesto sobre el Patrimonio, la Inspección eliminó el diferimiento en su integridad, haciendo tributar toda la ganancia patrimonial en el IRPF de 2015 vía art. 37.1.d) LIRPF. Cita en su apoyo la CV V2214-23, de 27/07/2023, que confirmaría que solo cabe regularizar el importe de la ventaja fiscal identificada (los dividendos ya distribuidos), no las plusvalías tácitas latentes en su totalidad.
6. Carga de la prueba
Sostiene que la cláusula del art. 89.2 LIS no opera de forma automática ni por presunción iuris et de iure, y que corresponde a la Inspección probar que el principal objetivo de la operación fue el fraude o la evasión fiscal (arts. 105 y 106 LGT, art. 217 LEC, doctrina de la Res. TEAC de 20/07/2017, unificación de criterio), sin que -a su juicio- la Administración haya aportado prueba concluyente más allá de indicios de escasa entidad, varios de ellos procedentes de expedientes de terceros sin su conformidad.
QUINTO.- La sociedad SH también fue objeto de un procedimiento inspector en relación con el Impuesto sobre Sociedades, periodos 2015 y 2016, que culminó en la correspondiente liquidación, en la que se le denegaba la aplicación del régimen FEAC (cuota 0) a la operación aquí analizada. Dicha liquidación fue recurrida ante este TEAC, resolviéndose mediante resolución de esta misma fecha.
También fueron objeto de liquidación, recurso de reposición, REA y subsiguiente alzada el IRPF 2015 de la hermana del reclamante, Doña Cpv, y el IS 2015 y 2016 de su sociedad holding (FH), siendo resueltos los recursos mediante resolución de esta misma fecha.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Este Tribunal es competente para dictar la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), así como en el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa (RGRVA), aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo. No concurre ninguna de las causas de inadmisibilidad previstas en el artículo 239.4 de la LGT y se cumplen, en especial, los requisitos de cuantía previstos en la Disposición Adicional decimocuarta de la LGT y el artículo 36 del RGRVA.
Segundo.- Este Tribunal debe pronunciarse respecto a lo siguiente:
La conformidad a derecho de la resolución del TEAR objeto del presente recurso. En concreto, se trata de determinar:
-si la aportación no dineraria de participaciones sociales de XZ a la entidad SH, realizada por el obligado tributario, puede acogerse al régimen especial previsto en el capítulo VII del título VII de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (en adelante, LIS), que vamos a denominar en adelante Régimen FEAC, o si, por el contrario, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 89.2 LIS según el cual:
"2. No se aplicará el régimen establecido en el presente capítulo cuando la operación realizada tenga como principal objetivo el fraude o la evasión fiscal. En particular, el régimen no se aplicará cuando la operación no se efectúe por motivos económicos válidos, tales como la reestructuración o la racionalización de las actividades de las entidades que participan en la operación, sino con la mera finalidad de conseguir una ventaja fiscal.
Las actuaciones de comprobación de la Administración tributaria que determinen la inaplicación total o parcial del régimen fiscal especial por aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, eliminarán exclusivamente los efectos de la ventaja fiscal."
TERCERO.- Cuestiones previas: sobre la motivación de la resolución del TEARV y los documentos incorporados al expediente.
Antes de abordar el fondo del asunto, procede dar respuesta a las dos alegaciones que el reclamante formula con carácter previo, referidas, respectivamente, a la motivación de la resolución impugnada y a la validez del material probatorio incorporado al expediente inspector.
1. Insuficiente motivación de la resolución del TEAR e indefensión.
Alega el reclamante que la resolución del TEAR de la Comunidad Valenciana de 24 de julio de 2023 carece del contenido mínimo motivador exigible, por cuanto no se habría pronunciado sobre las cuestiones procedimentales planteadas, no habría valorado la prueba aportada y se habría limitado, en su Fundamento de Derecho Cuarto, a afirmar que “nada se alega […] procede su confirmación”, sin analizar la doctrina administrativa invocada, los motivos económicos alegados ni la cuestión relativa a la tributación en el Impuesto sobre el Patrimonio y de los dividendos, situándole con ello en indefensión.
La exigencia de motivación de las resoluciones económico-administrativas deriva del artículo 239.2 de la LGT, conforme al cual las resoluciones dictadas deberán contener los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en que se basen y decidirán todas las cuestiones que se susciten en el expediente, hayan sido o no planteadas por los interesados. Constituye, además, manifestación del deber general de motivación de los actos administrativos que impone el artículo 35.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de aplicación supletoria conforme al artículo 7.2 de la LGT y a la disposición adicional primera de aquélla.
Del propio tenor de dicho precepto resulta que los actos en él enumerados serán motivados "con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho", de modo que la norma no impone una determinada extensión ni un razonamiento exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión: basta con que la resolución exteriorice las razones que permiten conocer los criterios jurídicos en que se fundamenta la decisión, posibilitando así su control. No cabe, por tanto, confundir la brevedad o concisión de los términos empleados con la ausencia de motivación.
En este mismo sentido, y aunque la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el alcance del deber de motivación se ha elaborado en relación con las resoluciones judiciales (Sentencias 14/1991, 175/1992 y 122/1994, entre otras), sus criterios resultan trasladables, por identidad de razón, a la motivación exigible a las resoluciones económico-administrativas, en cuanto expresión de una misma exigencia de exteriorización de las razones de la decisión que permita su control: el requisito se satisface cuando la resolución, de manera explícita o implícita, contiene razones o elementos de juicio que permiten conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión, sin que sea exigible una determinada extensión de la motivación jurídica.
De ello se sigue que la remisión a un acto anterior debidamente motivado singularmente al acuerdo de liquidación no vicia por sí sola la resolución, siempre que aquél haya sido puesto en conocimiento del interesado y sus razones queden incorporadas de forma reconocible, permitiéndole conocer los criterios en que se sustenta la decisión y combatirlos.
En todo caso, y conforme al artículo 48.2 de la Ley 39/2015, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. La indefensión relevante ha de ser, pues, material y no meramente formal, lo que exige que el interesado precise qué concreta posibilidad de alegación o de prueba se ha visto impedida y qué perjuicio efectivo le ha irrogado.
Proyectada esta doctrina sobre el presente supuesto, la alegación no puede prosperar. La resolución impugnada, en su Antecedente de Hecho Segundo, reproduce de forma detallada los fundamentos del acuerdo de liquidación la continuidad de facto en las operaciones de la sociedad aportada, la ausencia de medios productivos propios en las entidades de nueva creación, las manifestaciones de los propios trabajadores y del reclamante, el inicio de la distribución sistemática de beneficios tras la aportación acogida a la exención del artículo 21 de la LIS y la menor tributación en el Impuesto sobre el Patrimonio , y en sus Fundamentos de Derecho Tercero a Quinto expone las razones jurídicas que le llevan a confirmar la regularización. El reclamante ha conocido tanto los presupuestos fácticos de los que parte la Administración como el criterio jurídico en que se apoya la resolución, lo que le ha permitido combatirlos con la extensión y el detalle que evidencia su propio escrito de alzada; no se aprecia, por tanto, merma alguna de sus posibilidades de defensa ni, con ello, la indefensión material que denuncia.
Se desestima, por tanto, esta primera alegación.
2. Alegaciones relativas al desarrollo de las actuaciones inspectoras: incorporación de diligencias correspondientes a otros obligados tributarios.
Alega asimismo el reclamante que carecen de validez probatoria las diligencias y la documentación correspondientes a actuaciones seguidas con otros obligados tributarios, incorporadas a su juicio unilateralmente al expediente sin habérsele dado traslado de ellas ni haber prestado su conformidad.
La alegación no puede acogerse. Las actuaciones cuyas diligencias se incorporaron al expediente no se siguieron con terceros ajenos al reclamante, sino con la propia sociedad cuyas participaciones aportó y con la entidad holding beneficiaria de la aportación, esto es, con las dos sociedades directamente concernidas por la operación que constituye el objeto de la comprobación. Consta además en el acuerdo de liquidación que dichos procedimientos se desarrollaron de forma simultánea con el seguido con el reclamante y bajo la misma representación (Doña Axy), circunstancia que excluye el desconocimiento que se invoca: el reclamante, a través de su representante, participó en la práctica de las diligencias de cuya incorporación ahora se queja y tuvo puntual conocimiento de su contenido.
A ello se añade que el reclamante no identifica qué concreta diligencia o documento le habría causado indefensión, ni qué alegación o prueba se habría visto impedido de formular, limitándose a una impugnación genérica de su validez. Conforme a reiterada doctrina, los defectos formales solo determinan la anulación del acto cuando producen indefensión material, lo que exige que el interesado precise el perjuicio efectivo sufrido en sus posibilidades de defensa, carga que en este caso no ha sido levantada. Antes al contrario, el examen del escrito de alzada evidencia que el reclamante ha podido conocer y rebatir, uno por uno, todos los elementos fácticos obtenidos en aquellas actuaciones incluidas las manifestaciones de los trabajadores, el contenido de las visitas a las instalaciones y los datos relativos al reparto de dividendos, lo que confirma la inexistencia de indefensión.
CUARTO.- Hechos y regularización de la inspección
De los hechos que constan en el expediente administrativo interesa destacar, para la resolución de este recurso, los siguientes:
Hasta el 10 de diciembre de 2015, el reclamante y su hermana Dña. Cpv eran cotitulares, al 50% cada uno, del capital social de la entidad XZ (XZ) constituida el 27/05/1987, con objeto de fabricación y comercialización de calzado, así como, a través de una sociedad constituida el 30/12/2014 (NQ SL), de una segunda entidad titular del inmueble y la maquinaria afectos a dicha actividad (anteriormente dichos vienes se gestionaban a través de una comunidad de bienes (CC CB).
El 10 de diciembre de 2015, mediante escrituras otorgadas ante el mismo notario, cada hermano aportó su 49,99% del capital de ambas sociedades a la constitución de una holding personal (Dpv a SH y Cpv a FH SL), manteniendo cada uno la titularidad directa de las 2 participaciones sociales no aportadas en cada entidad. El reclamante suscribió, mediante dicha aportación, 2.899.999 de las 2.900.000 participaciones de SH, esto es, el 99,99% de su capital. La operación se comunicó a la Administración el 28/12/2015 como acogida al régimen especial de aportación no dineraria del Capítulo VII del Título VII de la LIS.
Los motivos económicos alegados por el obligado tributario para justificar la operación, expuestos en sus escritos de 25/06/2020 y 02/11/2020, se sintetizan en el acuerdo de liquidación en un motivo principal la creación de un grupo empresarial con fortaleza patrimonial y segregación de riesgos y en un conjunto de motivos adicionales: la separación entre el patrimonio familiar y el empresarial, la constitución de un núcleo estable de dirección y gestión, la limitación de la prestación de garantías personales, el incremento de la capacidad de endeudamiento y la diversificación de los riesgos empresariales, entre otros.
Especial relevancia tiene, a los efectos de este expediente, la política de reservas y dividendos de XZ antes y después de la aportación. Pese a haber obtenido beneficios de forma recurrente, la sociedad no había repartido dividendo alguno en ningún ejercicio anterior a 2016. En Junta Universal de 30 de junio de 2015 esto es, meses antes de la aportación no dineraria, los entonces socios personas físicas acordaron destinar íntegramente a reservas el beneficio del ejercicio 2014, por importe de 473.926,73 €. Formalizada la AND el 10 de diciembre de 2015, en Junta General Extraordinaria y Universal de 25 de enero de 2016 se acordó repartir como dividendo exactamente ese mismo importe (473.926,73 €), reiterándose en los ejercicios siguientes idéntica pauta: destinar a reservas el beneficio de cada ejercicio al aprobar las cuentas anuales, para repartirlo como dividendo al ejercicio inmediato posterior.
Como consecuencia de esta práctica, entre 2016 y 2020 XZ repartió dividendos por un importe acumulado de 6.492.756,73 €, de los que correspondieron a SH 3.245.788,15 €, conforme al siguiente detalle: 236.915,97 € (2016), 649.870,00 € (2017), 710.857,80 € (2018), 762.347,50 € (2019) y 885.796,88 € (2020) . Dichos dividendos se acogieron en su integridad a la exención del artículo 21 de la LIS.
SH se constituyó el 10 de diciembre de 2015, compartiendo domicilio con XZ.
Según su contabilidad de los ejercicios 2015 y 2016, SH carece de inmovilizado material o inmaterial propio, siendo su único activo relevante la cartera de participaciones en las sociedades del grupo. Sus dos primeros trabajadores se incorporaron en 2015 procedentes de XZ, continuando en las mismas oficinas y con las mismas funciones que venían desempeñando para esta; un tercer trabajador se incorporó en 2019. Consta asimismo un contrato de arrendamiento de 1 de enero de 2016 sobre "parte de las oficinas" del referido inmueble, sin delimitación física de espacios.
Consta en el expediente, tanto por las alegaciones del reclamante como por el propio acuerdo de liquidación de la Inspección, que el 17 de octubre de 2019 las dos sociedades holding (SH Y FH) constituyeron una tercera entidad (WG S.L.) dedicada a la fabricación de calzado, que asumió la mayor parte de la plantilla productiva de XZ y la utilización, en régimen de arrendamiento, de los inmuebles, la maquinaria y el mobiliario afectos a la actividad, pasando XZ a dedicarse desde entonces a la comercialización, con la consiguiente reducción de su plantilla. El reclamante la presenta en su escrito de alzada como la última fase de la reestructuración iniciada en 2014 (apartados 3.2.1 y 3.3.1), y el acuerdo de liquidación se refiere a ella, expresamente, como la única inversión de los fondos percibidos que se ha comunicado a la Inspección, si bien la descarta como motivo económico de la aportación por haber transcurrido más de cuatro años desde ésta. Al margen de dicha operación, no consta que SH haya destinado los dividendos percibidos a activos afectos a actividades económicas: no ha concertado préstamos ni ha participado en operaciones de financiación del grupo, sin que conste acreditada la aplicación del resto de los fondos a activos afectos a actividades económicas. No constan, en cambio, en el expediente los datos precisos para determinar el alcance económico de aquella constitución: ni el capital suscrito por SH, ni el importe efectivamente desembolsado, ni la fecha del desembolso, ni su carácter dinerario o no dinerario, ni la procedencia concreta de los fondos empleados, extremos que la Inspección no cuantificó al no formar parte del alcance de sus actuaciones. Tampoco cuantifica dicha reinversión el propio reclamante, quien, en su recurso de alzada, se limita a invocar la constitución de la sociedad de 2019 como una fase más de la reestructuración, sin vincularla a los fondos procedentes de la operativa ni cifrar su importe, y sostiene que el mero traspaso y remanso de la tesorería excedentaria en la holding constituye, por sí mismo, cumplimiento del motivo económico invocado de salvaguarda del patrimonio empresarial (escrito de alzada, apartados 3.2 y 4.3.1).
SH no acordó reparto de dividendos alguno a favor del reclamante entre su constitución y el ejercicio 2019. A finales de 2020 una vez iniciada la instrucción del procedimiento inspector acordó un reparto de 950.000 €, "para atender necesidades particulares del contribuyente y su familia", según diligencia de 15 de abril de 2021. Idéntica actuación realizó la holding de la hermana.
En el curso de la comprobación, la Inspección constató asimismo, mediante visita en las instalaciones el 11 de septiembre de 2020, que los medios materiales utilizados por el personal de SH pertenecen a XZ, y que personas que formalmente habían dejado de prestar servicios para esta última continuaron contratando en su nombre, con cargo a sus cuentas y tarjetas bancarias, hasta el propio ejercicio 2021. En el ámbito del Impuesto sobre el Patrimonio, constató que la cuota satisfecha por el reclamante pasó de 8.702,15 € en 2014 a 466,28 € en 2015, al beneficiarse las participaciones de SH a diferencia de las de XZ y de la sociedad inmobiliaria de la exención del artículo 4.Ocho.Dos de la Ley 19/1991. Por último, examinó la composición del consejo de administración de XZ tras la reestructuración, constatando que las dos sociedades holding pasaron a ostentar dos de los tres votos del órgano de administración.
A la vista de las circunstancias anteriores, coetáneas y posteriores expuestas, la Inspección concluyó que la aportación no dineraria no respondió a motivos económicos válidos, sino que tuvo como principal objetivo la obtención de una ventaja fiscal abusiva, consistente en la aplicación de la exención del artículo 21 de la LIS a los dividendos distribuidos por XZ y en la reducción de la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio del reclamante. En consecuencia, inaplicó en su integridad el régimen especial FEAC, determinando que la ganancia patrimonial derivada de la aportación tributase en su totalidad en el ejercicio 2015 conforme al artículo 37.1.d) de la LIRPF, con una cuota resultante de 534.287,26 €.
En el presente recurso de alzada el interesado solicita la anulación de la liquidación, defendiendo la aplicación del régimen especial FEAC, realizando las alegaciones que han sido señaladas en los fundamentos de hecho.
QUINTO.- Normativa y jurisprudencia aplicable
Conforme al artículo 33.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre (en adelante, LIRPF), son ganancias y pérdidas patrimoniales las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél, salvo que por esta Ley se califiquen como rendimientos.
El artículo 37.1.d) de la LIRPF contiene una regla específica de valoración aplicable a las ganancias y pérdidas patrimoniales puestas de manifiesto con ocasión de una aportación no dineraria a sociedades:
"d) De las aportaciones no dinerarias a sociedades, la ganancia o pérdida se determinará por la diferencia entre el valor de adquisición de los bienes o derechos aportados y la cantidad mayor de las siguientes:
Primera.-El valor nominal de las acciones o participaciones sociales recibidas por la aportación o, en su caso, la parte correspondiente del mismo. A este valor se añadirá el importe de las primas de emisión.
Segunda.-El valor de cotización de los títulos recibidos en el día en que se formalice la aportación o el inmediato anterior.
Tercera.-El valor de mercado del bien o derecho aportado.
El valor de transmisión así calculado se tendrá en cuenta para determinar el valor de adquisición de los títulos recibidos como consecuencia de la aportación no dineraria."
Si bien, conforme al artículo 37.3 de la LIRPF, dicha norma específica de valoración se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el capítulo VIII del título VII del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, es decir, de la regulación del régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores (en adelante, régimen FEAC).
El régimen FEAC, regulado en el ejercicio objeto de comprobación en los artículos 76-89 LIS, es fruto de la transposición de la Directiva 2009/133/CE, cuyo antecedente es la Directiva 90/434/CEE relativa al régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones, escisiones parciales, aportaciones de activos y canjes de acciones.
El régimen pretende garantizar la neutralidad fiscal de las operaciones de reestructuración empresarial. Persigue como objetivo fundamental evitar que las implicaciones fiscales que pudieran derivarse del régimen general del Impuesto resulten un impedimento para la toma de decisiones empresariales tendentes a la reestructuración, reorganización o racionalización de actividades. Dicho propósito de neutralidad fiscal se materializa, esencialmente, en el diferimiento en la tributación de las rentas generadas en la transmisión de los elementos patrimoniales objeto de las operaciones.
La incorporación de este régimen fiscal en nuestro derecho es fruto de la transposición de la Directiva 90/434/CEE, de 23 de julio de 1990, "relativa al régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de acciones realizados entre sociedades de diferentes Estados miembros".
La propia Directiva comienza por sintetizar sus objetivos, medios y límites (énfasis añadido):
"Considerando que (...) dichas operaciones no deben verse obstaculizadas por restricciones, desventajas o distorsiones particulares derivadas de las disposiciones fiscales de los Estados miembros; que, por consiguiente, es importante establecer para dichas operaciones unas normas fiscales neutras respecto de la competencia, con el fin de permitir que las empresas se adapten a las exigencias del mercado común, aumenten su productividad y refuercen su posición de competitividad en el plano internacional;(...)
(...)el régimen fiscal común debe evitar una imposición con ocasión de una fusión, de una escisión, de una aportación de activos o de un canje de acciones, al tiempo que salvaguarde los intereses financieros del Estado de la sociedad transmitente o dominada;(...)
Considerando que el régimen de diferimiento, hasta su realización efectiva, de la tributación de plusvalías correspondientes a los bienes aportados, aplicado a los de dichos bienes destinados al citado establecimiento permanente, permite evitar la tributación de las plusvalías correspondientes, al tiempo que se garantiza su gravamen ulterior por parte del Estado de la sociedad transmitente en el momento de su realización;
Considerando que conviene prever la facultad de los Estados miembros de rechazar el beneficio de la aplicación de la presente Directiva cuando la operación de fusión, de escisión, de aportación de activos o de canje de acciones tenga como objetivo el fraude o la evasión fiscal"
Fue introducida por la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, de adecuación de determinados conceptos impositivos a las Directivas y Reglamentos de las Comunidades Europeas, cuya Exposición de Motivos sigue siendo clarificadora (énfasis añadido):
"A través de estos negocios jurídicos se realizan habitualmente importantes operaciones económicas de concentración y reestructuración de empresas; de ahí su relevancia fiscal.
Si bien la norma comunitaria únicamente versa sobre aquellas operaciones que se realicen entre entidades residentes en diferentes Estados miembros de la Comunidad Económica Europea, los principios tributarios sobre los que está construida son igualmente válidos para regular las operaciones realizadas entre entidades residentes en territorio español. Por este motivo, se establece un régimen tributario único para unas y otras.
Este régimen tributario responde a un principio básico: La neutralidad. La regulación contenida en la presente norma no estimula la realización de las operaciones antedichas, pero tampoco las obstaculiza, porque su ejecución no origina carga tributaria alguna, ni otro beneficio fiscal que el consistente en el diferimiento de aquélla.
La neutralidad se alcanza a través de dos técnicas tributarias:
a) No integración en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, que grava a las entidades transmitentes, de los incrementos y disminuciones de patrimonio correspondientes a los bienes transmitidos.
b) Las entidades adquirentes deben valorar los elementos recibidos, a efectos fiscales, por el importe que tenían con anterioridad a la realización de la transmisión.
Técnicas similares se utilizan respecto de los socios de las entidades transmitentes, ya que éstos no están obligados a integrar en su base imponible los incrementos y disminuciones de patrimonio que se produzcan con ocasión del canje de valores, pero los recibidos se valoran, a efectos fiscales, por el valor de adquisición de los entregados."
La Directiva 2009/133/CE, del Consejo, de 19 de octubre de 2009, sustituyó a la anterior con, en lo que aquí interesará, análogo contenido.
De lo anterior resulta que estamos ante un régimen fiscal pensado para ser aplicado a "operaciones económicas de concentración y reestructuración de empresas", con una finalidad clara: "permitir que las empresas aumenten su productividad y refuercen su posición de competitividad en el plano internacional."
El contenido fiscal del régimen (evitar que dichas operaciones se vean "obstaculizadas por restricciones, desventajas o distorsiones particulares derivadas de las disposiciones fiscales de los Estados miembros") se resume en evitar la tributación que, sin él, se produciría al aplicar las reglas generales a las plusvalías que se pondrán de manifiesto en las transmisiones de activos o acciones realizadas. Se consigue creando un "(...) régimen de diferimiento, hasta su realización efectiva, de la tributación de plusvalías correspondientes a los bienes aportados", aplicable tanto por sociedades como por socios participantes.
Pero las Directivas también se preocupan por evitar el acceso al diferimiento que ofrece de modo fraudulento, al prever, para estos casos, "la facultad de los Estados miembros de rechazar el beneficio de la aplicación de la presente Directiva"
En desarrollo de esta premisa, el artículo 11.1 letra a) de la Directiva 90/434/CEE (posteriormente artículo 15.1 a) de la Directiva 2009/133/CE) contiene la siguiente cláusula antiabuso:
"Un Estado miembro podrá negarse a aplicar total o parcialmente las disposiciones los títulos II, III y IV, o a retirar total o parcialmente el beneficio de las mismas, cuando la operación de fusión, de escisión, de aportación de activos o de canje de acciones
a) tenga como principal objetivo o como uno de los principales objetivos el fraude o la evasión fiscal; el hecho de que alguna de las operaciones contempladas en el artículo 1 no se efectúe por motivos económicos válidos, como son la reestructuración o la racionalización de las actividades de las sociedades que participan en la operación, puede constituir una presunción de que esta operación tiene como objetivo principal o como uno de sus principales objetivos el fraude o la evasión fiscal; (...)"
Esta cláusula antiabuso, reflejo del principio general del Derecho de la Unión que prohíbe el abuso del derecho, se incorporó a nuestro derecho a través de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, que modificó la redacción del art. 110 de la Ley 43/1995 del Impuesto sobre Sociedades, siendo incorporada como artículo 96.2 al TRLIS, y sustituida por la posteriormente redactada por el artículo 89.2 de la LIS, de acuerdo con el cual:
"2. No se aplicará el régimen establecido en el presente capítulo cuando la operación realizada tenga como principal objetivo el fraude o la evasión fiscal. En particular, el régimen no se aplicará cuando la operación no se efectúe por motivos económicos válidos, tales como la reestructuración o la racionalización de las actividades de las entidades que participan en la operación, sino con la mera finalidad de conseguir una ventaja fiscal.
Las actuaciones de comprobación de la Administración tributaria que determinen la inaplicación total o parcial del régimen fiscal especial por aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, eliminarán exclusivamente los efectos de la ventaja fiscal.
De estas premisas normativas se extraen diversas conclusiones:
1. En primer lugar, se observa cómo la finalidad económico -empresarial de la operación de reestructuración ha de estar presente en las operaciones que se acogen al RFEAC.
A) Así, por una parte, se observa cómo el TJUE pondera la finalidad de la operación a la hora de aplicar la cláusula antiabuso.
En diversas STJUE, en primer lugar el TJUE realiza un análisis objetivo del tipo de operaciones que pueden acogerse a FEAC, señalando:
"la letra d) del artículo 2 y del sistema general de la Directiva se deduce que el régimen fiscal común establecido en ella, que comprende diferentes ventajas fiscales, se aplica indistintamente a todas las operaciones de fusión, de escisión, de aportación de activos y de canje de acciones, abstracción hecha de sus motivos, ya sean éstos financieros, económicos o puramente fiscales "( sentencia de 17 de julio de 1997, Leur-Bloem, C-28/95, apartado 36; de 5 de julio de 2007, Kofoed, C-321/05, apartado 30; de 20 de mayo de 2010, Modehuis A. Zwijnenburg, C-352/08, apartado 41; Foggia, C 126/10, apartado 31; etc.)
y, a continuación, el TJUE analiza un análisis subjetivo en sede de la aplicación de la cláusula antiabuso de la letra a) del apartado 1 del artículo 11 de la Directiva, señalando que :
"Los motivos de la operación proyectada vuelven a tener importancia al hacer uso de la facultad conferida a los Estados miembros por el artículo 11, apartado 1, de dicha Directiva, de no conceder el beneficio de las disposiciones de dicha Directiva (sentencia Modehuis A. Zwijnenburg, antes citada, apartado 42)." (Foggia, C 126/10, apartado 32)
Así, en la valoración de dichos motivos en sede de la aplicación de la cláusula antiabuso, señala la jurisprudencia europea que:
"Del tenor y de los objetivos del artículo 11 así como los de la Directiva se deduce que el concepto de motivos económicos válidos es más amplio que la mera búsqueda de una ventaja puramente fiscal. Por consiguiente, una operación de fusión por canje de acciones que sólo persiguiera tal objetivo no puede constituir un motivo económico válido en el sentido de este artículo." (Leur-Bloem, C-28/95, apartado 47; Foggia, C 126/10, apartado 34)
"En consecuencia, puede constituir un motivo económico válido una operación de fusión basada en varios objetivos, entre los que pueden también figurar consideraciones de naturaleza fiscal, a condición no obstante de que éstas últimas no sean preponderantes en el marco de la operación proyectada. (Foggia, C 126/10, apartado 35)
(...)
Pues bien, si se admite sistemáticamente que el ahorro de los costes estructurales resultantes de la reducción de los gastos administrativos y de gestión constituye un motivo económico válido, sin tener en cuenta los otros objetivos de la operación proyectada, y más en particular las ventajas fiscales, la regla enunciada en el artículo 11, apartado 1, letra a), de la Directiva 90/434 se vería privada completamente de su finalidad, que consiste en salvaguardar los intereses financieros de los Estados miembros al establecer, con arreglo al noveno considerando de dicha Directiva, la facultad de estos últimos de denegar la aplicación de las disposiciones previstas por la Directiva en caso de fraude o de evasión fiscal". (Foggia, C 126/10, apartado 49)
"De este modo, el artículo 11, apartado 1, letra a), de la Directiva 90/434, refleja el principio general del Derecho comunitario según el cual el abuso de derecho está prohibido. Los justiciables no pueden invocar las normas del Derecho comunitario de manera abusiva o fraudulenta. La aplicación de estas normas no puede extenderse hasta llegar a cubrir prácticas abusivas, esto es, operaciones que no se realicen en el marco de transacciones comerciales normales, sino únicamente para beneficiarse abusivamente de las ventajas establecidas en el Derecho comunitario (véanse, en este sentido, las sentencias de 9 de marzo de 1999, Centros, C-212/97, Rec. p. I-1459, apartado 24; de 21 de febrero de 2006, Halifax y otros, C-255/02, Rec. p. I-1609, apartados 68 y 69; de 6 de abril de 2006, Agip Petroli, C-456/04, Rec. p. I-3395, apartados 19 y 20, y de 12 de septiembre de 2006, Cadbury Schweppes y Cadbury Schweppes Overseas, C-196/04, Rec. p. I-7995, apartado 35)." (KOFOED C- 321/05, apartado 38, Foggia C 126/10, apartado 50)
Posteriormente, encontramos otros pronunciamientos que sientan los principios a tener en cuenta a la hora de interpretar una cláusula antiabuso al amparo del derecho comunitario, como en la STJUE de 26 de febrero de 2019 en los asuntos acumulados C-115/16, N Luxembourg 1, C-118/16 X Denmark A/S, C-119/16, C Danmark I, y C-299/16 Z Denmark ApS, en la que, al analizar el posible abuso de derecho a apreciar cuando se está analizando la aplicabilidad del Régimen fiscal común aplicable a los pagos de intereses y cánones efectuados entre sociedades asociadas de diferentes Estados miembros, según la Directiva 2003/49/CE, en la que se señala (el énfasis es de este TEAC):
<<124 para probar la existencia de una práctica abusiva es necesario que concurran, por un lado, una serie de circunstancias objetivas de las que resulte que, pese a haberse respetado formalmente las condiciones establecidas en la normativa de la Unión, no se ha alcanzado el objetivo perseguido por dicha normativa y, por otro lado, un elemento subjetivo consistente en la voluntad de obtener un beneficio resultante de la normativa de la Unión mediante la creación artificiosa de las condiciones exigidas para su obtención (sentencias de 14 de diciembre de 2000, Emsland-Stärke, C-110/99, EU:C:2000:695, apartados 52 y 53, y de 12 de marzo de 2014, O. y B., C-456/12, EU:C:2014:135, apartado 58).
125 De este modo, el examen del conjunto de los hechos es lo que permitirá verificar si concurren los elementos constitutivos de una práctica abusiva, y especialmente si los operadores económicos han efectuado operaciones puramente formales o artificiales, carentes de toda justificación económica y comercial, con el objetivo esencial de obtener una ventaja indebida (véanse, en este sentido, las sentencias de 20 de junio de 2013, Newey, C-653/11, EU:C:2013:409, apartados 47 a 49; de 13 de marzo de 2014, SICES y otros, C-155/13, EU:C:2014:145, apartado 33, y de 14 de abril de 2016, Cervati y Malvi, C-131/14, EU:C:2016:255, apartado 47)>>
B) Por otra parte, esta finalidad económico- empresarial en la aplicación del régimen está en todo momento presente en nuestra jurisprudencia y doctrina administrativa. Sobre ello ha tenido ocasión de pronunciarse el Tribunal Supremo en diversas sentencias, pudiendo citarse, al respecto, la de23 de noviembre de 2016 (recurso 3742/2015) (el énfasis es de este TEAC):
<<Como ha quedado expuesto, lo prohibido, lo que impide la aplicación del régimen especial de diferimiento no es más que se persiga como objetivo principal el fraude o la evasión fiscal, nada más, y simple y llanamente para despejar posibles incógnitas de la concurrencia o no de dicho objetivo con la intensidad requerida, se establece la presunción vista, que no concurran motivos económicos válidos, integrando este concepto no sólo con que el objetivo no sea la racionalización y reestructuración de las actividades empresariales, sino que como se desprende de su tenor literal, "tales como", aparte de los citados, que quizás pudieran ser los más comunes, caben otros objetivos empresariales que integran dicho concepto jurídico indeterminado, siempre que estos, como se ha dicho por la jurisprudencia, se conecte con la finalidad y objetivos del régimen especial de diferimiento, esto es, hacer posible la continuidad y desarrollo de la actividad empresarial>>.
En esos mismos términos se expresa, por ejemplo, la STS 463/2021, de 31/03/2021.
En este mismo sentido se ha ido pronunciando la Dirección General de Tributos ( DGT) en sus distintas consultas, hasta la reciente CV0050-25, de 22/01/2025, que, tras reproducir el artículo 89.2 LIS señala (el resaltado es de este TEAC):
"Este precepto recoge de forma expresa la razón de ser del régimen de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea, que no es sino asegurar que la fiscalidad no sea ni un freno ni un estímulo en las tomas de decisiones de las empresas sobre operaciones de reorganización empresarial.
Sin embargo, cuando el objetivo principal que se persiga con la operación de reestructuración sea el fraude o la evasión fiscal, no resultará de aplicación el régimen fiscal regulado en el Capítulo VII del Título VII de la LIS, en los términos previstos en el párrafo segundo del artículo 89.2 de la LIS.
En este punto, cabe traer a colación la sentencia número 2508/2016, de 23 de noviembre de 2016, del Tribunal Supremo cuyo FJ Segundo señala que
"(...;) no se aplicará el régimen de diferimiento cuando la operación de fusión, de escisión, de aportación de activos o de canje de acciones tenga como principal objetivo el fraude o la evasión fiscal; el hecho de que una de las operaciones contempladas no se efectúe por motivos económicos válidos, como son la reestructuración o la racionalización de las actividades de las sociedades que participan en la operación, puede constituir una presunción de que esta operación tiene como objetivo principal o como uno de sus principales objetivos el fraude o la evasión fiscal. Ahora bien, pueden existir otros motivos económicos válidos, que no sean la reestructuración o racionalización de las actividades de las sociedades, pues como en otras ocasiones ha dicho este Tribunal Supremo, «Con tal que el negocio aspire, razonablemente, a la consecución de un objetivo empresarial, de la índole que fuere, debe decaerla idea de que, en los términos legales, "...la operación realizada tenga como principal objetivo el fraude o la evasión fiscal...".
Por tanto, los motivos económicos válidos no constituyen un requisito sine qua non para la aplicación del régimen fiscal de reestructuración, sino que su ausencia puede constituir una presunción de que la operación puede haberse realizado con el objetivo principal de fraude o evasión fiscal.
Continua el Alto Tribunal, en su sentencia de 23 de noviembre de 2016, señalando que
"...;lo prohibido, lo que impide la aplicación del régimen especial de diferimiento no es más que se persiga como objetivo principal el fraude o la evasión fiscal, nada más, y simple y llanamente para despejar posibles incógnitas de la concurrencia o no de dicho objetivo con la intensidad requerida, se establece la presunción vista, que no concurran motivos económicos válidos, integrando este concepto no sólo con que el objetivo no sea la racionalización y reestructuración de las actividades empresariales, sino que como se desprende de su tenor literal, " tales como", aparte de los citados, que quizás pudieran ser los más comunes, caben otros objetivos empresariales que integran dicho concepto jurídico indeterminado, siempre que estos, como se ha dicho por la jurisprudencia, se conecten con la finalidad y objetivos del régimen especial de diferimiento, esto es, hacer posible la continuidad y desarrollo de la actividad empresarial.".
A mayor abundamiento, el Tribunal Supremo en su sentencia n.º 1503/2022, de 16 de noviembre de 2022, ha señalado:
"La obtención de una ventaja fiscal está ínsita en el propio régimen de diferimiento puesto que se caracteriza por su neutralidad fiscal, de suerte que el componente fiscal ni sea disuasorio ni incentivador al efecto, se trata de propiciar reestructuraciones mediante la neutralidad fiscal; la ventaja fiscal prohibida es la que se convierte en el objetivo y finalidad de la operación y no motivos económicos o empresariales, razones estas que lo justifica. La ventaja fiscal, fuera de los casos en los que se presente como objetivo espurio, es legítima dentro de la economía de opción (...;)".
En definitiva, si el objetivo principal perseguido con la operación de reestructuración fuese el fraude o la evasión fiscal, o dicho, en otros términos, fuese lograr una ventaja fiscal espuria o ilegítima, entraría en juego la cláusula contenida en el artículo 89.2 de la LIS y procedería eliminar la referida ventaja fiscal ilegítima."
Así, la jurisprudencia admite, a efectos de validar el acogimiento al Régimen FEAC de este tipo de operaciones, la concurrencia de motivos distintos a la mera reorganización empresarial e, incluso, ha admitido la concurrencia de motivos fiscales sin que ello determine la inaplicación del Régimen FEAC siempre y cuando tales motivos fiscales sean secundarios y no preponderantes respecto del primero. Así, la Audiencia Nacional en Sentencia de 2 de junio de 2016 (recurso n.º: 289/2013) tiene dicho:
<<nada impide que, legítimamente, se pueda perseguir en la escisión, a la vez, un doble objetivo: (...) Por tanto, excluida la existencia de una absoluta incompatibilidad conceptual entre ambos objetivos y, siendo clara la concurrencia del segundo de ellos, debemos comprobar si el primero, esto es, el de la reorganización empresarial, era realmente el objetivo principalmente perseguido>>.
Con más claridad, si cabe, el Tribunal Supremo, ha señalado en su Sentencia de 12 de noviembre de 2012 (recurso de casación n.º: 4299/2010) que (el énfasis es de este TEAC):
<<Deben examinarse pues, caso por caso, cuáles son los objetivos designios perseguidos por la operación para determinar si los fiscales son los preponderantes, puesto que sólo si se llega a esa convicción podrá concluirse que la fusión apalancada no se realizó por motivos económicos válidos". En idéntico sentido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sentencia de 10/11/2011 (asunto C-126/10) ha resuelto que "puede constituir un motivo económico válido una operación de fusión basada en varios objetivos, entre los que pueden también figurar consideraciones de naturaleza fiscal, a condición no obstante de que éstas últimas no sean preponderantes en el marco de la operación proyectada>>.
Por tanto, apreciada, al analizar una operación de este tipo, que existen "motivos económicos" pero también una motivación fiscal que podría considerarse, abusiva o fraudulenta, procedería comparar ambos para determinar cuál es el prioritario y sólo en el caso de que se concluya que esta última es la principal o la preponderante, acudir al mecanismo de regularización previsto en el artículo 96.2 TRLIS/ 89.2 de la LIS, procediendo a la eliminación de esta última, puesto que por ello se podría afirmar que el objetivo o la finalidad principal de la operación era el fraude o la evasión fiscal (es decir, que lo que se pretendía, al realizarla, esencialmente, era acceder a una ventaja fiscal que de no haberse llevado a cabo la operación no sería "accesible").
2. En relación con el examen de las circunstancias y la carga de la prueba hay que tener en cuenta diversos extremos:
El TJUE ha establecido como criterio jurisprudencial en diferentes sentencias que, para comprobar si la operación de que se trata tiene como objetivo principal, o como uno de sus principales objetivos, el fraude o la evasión fiscal, las autoridades nacionales competentes no pueden limitarse a aplicar criterios generales predeterminados, sino que deben proceder, caso por caso, a un examen global de dicha operación. En particular, en la Sentencia de 17 de julio de 1997 (asunto C-28/95), expresó lo siguiente (el énfasis es de este TEAC):
"39 La letra a) del apartado 1 del artículo 11 precisa que, en el marco de esta reserva de competencia, el Estado miembro puede constituir una presunción de fraude o de evasión fiscal cuando «una de las operaciones contempladas [...] no se efectúe por motivos económicos válidos, como son la restructuración o la racionalización de las actividades de las sociedades que participan en la operación».
40 Por tanto, de las letras d) y h) del artículo 2 así como de la letra a) del apartado 1 del artículo 11 se deduce que los Estados miembros deben conceder las ventajas fiscales previstas por la Directiva a las operaciones de intercambio de acciones a que se refiere la letra d) del artículo 2 de la Directiva, a menos que estas operaciones tengan como objetivo principal, o como uno de sus principales objetivos, el fraude o la evasión fiscal. A este respecto, los Estados miembros pueden establecer que el hecho de que estas operaciones no se hayan efectuado por motivos económicos válidos constituye una presunción de fraude o de evasión fiscal.
41 ...para comprobar si la operación contemplada persigue un objetivo de estas características, las autoridades nacionales competentes no pueden limitarse a aplicar criterios generales predeterminados, sino que deben proceder, caso por caso, a un examen global de la misma. Es jurisprudencia reiterada que tal examen debe ser susceptible de control jurisdiccional (véase, en este sentido, la sentencia de 31 de marzo de 1993, Kraus, C-19/92, Rec. p. 1-1663, apartado 40)."
En este mismo sentido se pronuncia el TJUE en la Sentencia de 8 de marzo de 2017 (C-14/16, Euro Park), en la que concluye:
"56 Pues bien, en la medida en que la normativa controvertida en el asunto principal exige de forma sistemática e incondicional, para conceder el beneficio de la tributación diferida de las plusvalías en virtud de la Directiva 90/434, que el contribuyente acredite que la operación en cuestión está justificada por un motivo económico y que no tiene como objetivo principal o como uno de sus objetivos principales el fraude o la evasión fiscales, sin que la Administración tributaria esté obligada a aportar al menos un principio de prueba de la falta de motivos económicos válidos o de indicios de fraude o evasión fiscales, esta normativa establece una presunción general de fraude o evasión fiscales."
Nuestra jurisprudencia interna viene apoyándose, al estudiar esta cuestión, en los criterios del TJUE. En este sentido en la Sentencia de 23 de noviembre de 2016 (recurso 3742/2015), el Tribunal Supremo resume su doctrina jurisprudencial sobre el régimen especial de diferimiento de la siguiente forma (el énfasis es de este TEAC):
"SEGUNDO.- Sobre el régimen especial de diferimiento: doctrina jurisprudencial.
(...)
Como se comprueba la jurisprudencia del Tribunal de Justicia pivota sobre la idea del abuso de derecho, cuyo elemento identificador básico es el de la artificiosidad, estructurada no tanto sobre la conducta impropia del obligado tributario, sino por la obtención de un resultado económico. El abuso de derecho se convierte en principio inherente al ordenamiento de la Unión Europea, disponiendo de mecanismos de reacción, Sentencia Emsland-Starke caso C-110/99.
Ahora bien, para el Tribunal de Justicia no todo rodeo para evitar la aplicación de un determinado régimen jurídico resulta ilegítimo, sino sólo el que resulta abusivo, lo que obliga a analizar caso por caso (sentencia 9 de marzo de 1999 Centros, C-212/97), teniendo la consideración de abusiva aquella situación en la que se crean artificialmente las condiciones necesarias para la obtención de la ventaja (sentencia de 11 de octubre de 1977, Cremer, 125/76). En ámbitos no armonizados, como el del impuesto sobre sociedades, el Tribunal de Justicia ha añadido la idea de montaje puramente artificial carente de realidad económica, formulándose un concepto europeo de "montajes puramente artificiales", que pretende servir de elemento verificador del abuso y de la legítima reacción para controlarlo y corregirlo; no basta, pues, que se persiga obtener ventajas fiscales, sino que deben ser, además, resultados de montajes artificiales carentes de realidad económica (sentencia de13 de marzo de 2007, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, C-523/04 ).
(...)
El mandato procedente del Derecho Europeo se traduce en la pérdida del régimen de neutralidad fiscal cuando lo que se persigue con estas operaciones es la elusión o la evasión fiscal; y al efecto establece la presunción de que esta es la finalidad cuando no se realice por motivos económicos válidos, y en nuestras normas positivas establece a título de ejemplo, entre los posibles, la reestructuración o la racionalización de la entidades que participan en la operación, como se desprende de la expresión "tales como" . En este sentido ya se pronunció la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de Noviembre de 2012 , rec. cas 4299/10, «Se ha de recordar, en fin, que una operación de reestructuración basada en diversos objetivos, entre ellos los de naturaleza fiscal, pueden haberse realizado por motivos económicos válidos si estos últimos no son los preponderantes. En ese análisis no puede actuarse aplicando criterios generales predeterminados, privando automáticamente de la ventaja fiscal a determinadas categorías de operaciones, sin tener en cuenta si se ha producido o no efectivamente la evasión o el fraude fiscal; debe procederse caso por caso al estudio global de la operación (apartados 35y 37 de la mencionada sentencia Foggia).
Deben examinarse pues, caso por caso, cuáles son los objetivos designios perseguidos por la operación para determinar si los fiscales son los preponderantes, puesto que sólo si se llega a esa convicción podrá concluirse que la fusión apalancada no se realizó por motivos económicos válidos».
Y por ello decíamos en la sentencia de sentencia de 15 de abril de 2013, rec. cas 3010/11, FJ 6º, que «no se trata de determinar si concurría alguna causa licita o cierta en el negocio de la escisión, sino de examinar, pura y llanamente, si, pese a ello, la operación tenía como designio único o principal la obtención de una ventaja fiscal. Y en esta tesitura, le era dable a la Administración comprobar que tal fue el objetivo, pues así lo autorizaban las normas citadas, pudiendo a tal fin acudir perfectamente a la prueba de presunciones del artículo 118.2 de la Ley General Tributaria de 1963 , reproducido en términos casi idénticos en el artículo 108.2 de la Ley homónima de 2003, infiriendo aquella finalidad, en una interpretación teleológica del artículo 110.2 de la Ley 43/1995, por la inexistencia de motivos económicos validos en la operación efectuada, y desplazando así la carga de acreditar la concurrencia de tales motivos al obligado tributario. No le incumbía a la Administración probar, como dice la recurrente, la existencia de un negocio ilícito o falso, sino que el principal objetivo era la obtención de un beneficio fiscal, por la ausencia de otra explicación económica válida. Este es el sentido del precepto. La Inspección de los Tributos podía justificar, como hizo, la inaplicación del régimen de neutralidad fiscal habida cuenta de la inexistencia de motivos económicos válidos en la misma». Todo ello nos lleva a la conclusión de que lo que le incumbe a la Administración es constatar que el objetivo principal perseguido era la obtención de una ventaja fiscal, como así lo poníamos de manifiesto en la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 2013, rec. cas. 1668/2011 , «(...)la Administración ha constatado, como le incumbía, que el objetivo principal era obtener una ventaja fiscal, conclusión a la que llega tras comprobar la ausencia de esos motivos mediante el uso de la presunción iuris tantum que autoriza el artículo 110.2 de la Ley 43/1995 , que, como ya hemos apuntado, traslada nuestro ordenamiento interno el artículo 11 de la Directiva 90/434/CEE , lo que no es lo mismo», esto es se presume dicha finalidad prohibida por la inexistencia de motivos económicos válidos."
En la Sentencia de 16 de marzo de 2016 (recurso cas. 1815/2014), el Tribunal Supremo concluye que la Administración puede utilizar, para justificar la inaplicación del régimen especial, la prueba de presunciones, de manera que puede resultar acreditada la realización de la operación "principalmente por fines de fraude o evasión fiscal", cuando no existan motivos económicos en la misma. Y, en tal caso, incumbiría a la sociedad que pretende acogerse al régimen especial desvirtuar la improcedencia de la conclusión presumida:
"La carga de la prueba ha de entenderse distribuida entre la sociedad que pretende acogerse al régimen especial de fusiones, acreditando los hechos constitutivo del derecho que pretende hacer valer ( artículo 105.1 LGT ), y la Administración, en cuanto ha de acreditar una circunstancia, como la falta de "motivo económico válido" que opone como obstáculo a la aplicación de dicho régimen, sin ignorar, a los efectos de configurar el debido reparto de dicha carga, las dificultades probatorias inherentes a la condición de hecho negativo que tiene la referida ausencia.
Por consiguiente, de una parte, no basta con ampararse en afirmaciones no contrastadas y, de otra, como ha señalado reiterada jurisprudencia de esta Sala, la Administración puede utilizar, para justificar la inaplicación del régimen de neutralidad fiscal, la prueba de presunciones, de manera que puede resultar acreditada la realización de la operación "principalmente por fines de fraude o evasión fiscal", habida cuenta de la inexistencia de motivos económicos en la misma. Y, en tal caso, incumbiría a la sociedad que pretende acogerse al régimen especial de fusiones desvirtuar la improcedencia de la conclusión presumida por no concurrir los requisitos exigidos para tal prueba o desvirtuar su resultado mediante la utilización de otros medios de prueba (Cfr. SSTS de 28 de junio de 2013, rec. de cas. 1186/2011 y 4 de julio de 2014, rec. de cas. 725/2012)".
Finalmente, en la Sentencia de 16 de noviembre de 2022 (recurso 89/2018) concluye lo siguiente (el énfasis es de este TEAC):
"En definitiva, el que la operación no se efectúe por motivos económicos válidos, como son la reestructuración o la racionalización de las actividades de las sociedades participantes, puede constituir una presunción de que la operación tiene como objetivo principal el fraude o evasión fiscal, esto es, conseguir una ventaja fiscal indebida, pero lo determinante viene a ser la finalidad elusiva o evasiva, no en sí concurre un motivo económico válido, puesto que este se configura como hecho base de una presunción cuya consecuencia es la finalidad fraudulenta prohibida, ... Conforme se deriva de los términos del citado artículo de la Directiva, se contiene una presunción, rebatible, de fraude o evasión fiscal, basada en el hecho de que la operación no se hubiere efectuado por motivos económicos válidos, como son la reestructuración o la racionalización de las actividades de las sociedades. Los motivos económicos válidos van a servir para comprobar que no se persigue la evasión o fraude fiscal. En esta línea se ha desarrollado la doctrina jurisprudencial, sentencias de 16 de marzo de 2016, rec. cas. 1815/2014 ó de 4 de julio de 2014, rec. cas.725/2012.
(...)
De la sentencia del TJUE de 10 de noviembre de 2011, Asunto C-126/10. Caso Foggia-SGPS ..., cabe extraer otra serie de conclusiones. Así sólo será aplicable la cláusula antiabuso cuando se persiga con la operación el fraude o la evasión fiscal, presumiéndose esta finalidad cuando la operación no se efectúe por motivos económicos válidos y cuando se pruebe que la operación tiene como único objetivo obtener una ventaja fiscal. Se insiste en la sentencia que el examen ha de hacerse caso por caso, sin que la exclusión del régimen de diferimiento no puede basarse en meras presunciones, ni tampoco en que el obligado tributario no haya probado motivos económicos válidos; siendo necesario el examen global de la operación, y no basarse en elementos aislados".
Y, al objeto de llegar a dicha conclusión, debe realizarse, en todo caso, un análisis global de la operación, sin aislarla ni descontextualizarla - según el TS, se han de valorar no sólo las circunstancias pasadas y coetáneas a la operación, sino también las posteriores - y sin que pueda promoverse, a este respecto, la conocida, y denominada por el TS, como "economía de opción inversa" en el sentido de considerar, por la Administración, únicamente operación válida o no abusiva aquélla con mayor carga fiscal. En este sentido señala la sentencia del TS anterior de 16 de noviembre de 2022 (recurso 89/2018) que:
"... hemos de traer a colación la doctrina de este Tribunal que reconoce la corrección jurídica de la economía de opción, de suerte que resulta legítimo que los contribuyentes organicen sus operaciones de manera que puedan aplicar la fiscalidad más ventajosa posible. Al respecto no está de más recordar entre otros los pronunciamientos plasmados en las sentencias de 14 de octubre de 2015, dictada en un supuesto de operaciones concatenadas, o de 30 de enero de 2014, en la que se acentuó la legitimidad de la economía de opción como ejercicio de las libertades fundamentales de forma que los contribuyentes puedan elegir organizar sus operaciones de la forma más ventajosa fiscalmente posible.
También se ha rechazado por este Tribunal la que vino a denominarse economía de opción inversa, esto es, que sólo es legítima aquella opción, entre las posibles, que se decanta por la mayor carga fiscal, de suerte que cabe identificar el fraude cuando no se favorece la mayor recaudación."
3. En aplicación directa de esta cláusula antiabuso la Administración puede determinar la inaplicación del régimen especial en el seno del procedimiento de inspección tributaria, sin necesidad de acudir a las figuras antiabusivas genéricas previstas en la Ley General Tributaria, concretamente en sus artículos 13, 15 y 16 de la LGT, esto es, calificación, conflicto en aplicación de la norma tributaria y simulación. La autonomía de esta cláusula antiabuso está plena y unánimemente afirmada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, pudiendo destacarse las Sentencias de 16 de febrero de 2015 (recurso 647/2013) y la de 31 de de marzo de 2021 (recurso cas. 5886/2019), disponiendo esta última (el énfasis es de este TEAC):
"La apreciación de la ausencia de un motivo económico válido en el negocio jurídico celebrado, excluyente de la aplicación del régimen especial relativo a las fusiones, escisiones, etc., regulado en el Capítulo VIII del Título VII del Texto refundido, aplicable por razones temporales al caso, debidamente motivada y sometida al control judicial, hace innecesaria la tramitación del expediente de conflicto en la aplicación de la norma, ya que se trata de una cláusula antiabuso particular que opera como lex specialis, directamente derivado del Derecho de la Unión Europea.
Ello no significa la imposibilidad de que pueda tramitarse y resolverse el procedimiento del artículo 15 LGT, cuando los hechos y circunstancias así lo impongan."
4. La reciente STS núm. 949/2026, de 20/07/2026 (rec. cas. 6518/2023), viene a confirmar y reforzar el marco jurisprudencial que se acaba de exponer. Así, el Alto Tribunal ratifica, el carácter de lex specialis de la cláusula antiabuso del régimen FEAC, derivada directamente del Derecho de la Unión Europea, que desplaza la aplicación de las figuras generales de los artículos 13, 15 y 16 de la LGT (FJ Quinto párr 1 de la sentencia, con cita de la STS de 31/03/2021, rec. cas. 5886/2019, anteriormente señalada). Confirma que la ausencia de motivos económicos válidos constituye el hecho base de una presunción, y no el elemento determinante por sí mismo, siendo la finalidad elusiva lo verdaderamente decisivo (FJ Quinto párr 2, con cita de la STS de 16/11/2022, rec. cas. 89/2018, ya recogida en el apartado 1. B anterior). Reitera la exigencia de un examen global de todas las circunstancias del caso previas, simultáneas y posteriores, con proscripción de criterios generales predeterminados o de automatismos (FJ Quinto de la sentencia, con cita de la STJUE de 08/03/2017, Euro Park Service, C-14/16), en plena coincidencia con el criterio que este Tribunal viene aplicando desde 2024 y que se explicita claramente en la resolución de 08/05/2026 (RG 2211/2024). Y afirma, que el principio de proporcionalidad no limita, sino que legitima, la posibilidad de corregir el abuso mediante la inaplicación parcial del régimen FEAC, permitiendo eliminar exclusivamente las ventajas fiscales abusivas identificadas sin necesidad de acudir a la inaplicación total del mismo (FJ Octavo de la sentencia, doctrina). Esta reciente sentencia consolida, en definitiva, el marco interpretativo sobre el que se asienta el criterio de este Tribunal, y refuerza la interpretación finalista y proporcionada de la cláusula del artículo 89.2 de la LIS que se viene sosteniendo desde la resolución de 27/05/2024 (RG 6513/2022), cuya proyección concreta sobre el diferimiento de la tributación se desarrollará posteriormente.
SEXTO.- Aplicabilidad de la cláusula antiabuso al caso concreto
I. Introducción
Procede, por tanto, determinar si la aportación no dineraria de participaciones de XZ efectuada por el reclamante el 10 de diciembre de 2015 en la constitución de SH respondió a motivos económicos válidos, o si, por el contrario, tuvo como principal objetivo la obtención de una ventaja fiscal, en los términos del artículo 89.2 de la LIS.
Para ello es necesario analizar el conjunto de operaciones realizadas, de manera global, teniendo en cuenta la totalidad de las circunstancias previas, simultáneas y posteriores.
Sostiene el reclamante que la operación se enmarca en una reestructuración empresarial más amplia, dirigida a segregar riesgos, profesionalizar la gestión, proteger el patrimonio familiar y facilitar el relevo generacional; que la Inspección se ha limitado a oponer generalidades no acreditadas; que la Sentencia de la Audiencia Nacional en que aquélla se apoyó fue casada por el Tribunal Supremo, quedando sin sustento; y que, en todo caso, corresponde a la Administración la carga de acreditar la finalidad de fraude o evasión fiscal, sin que la haya satisfecho.
Se abordarán sucesivamente: la alegación relativa al soporte jurisprudencial del acuerdo (II); la distribución de la carga de la prueba (III); el examen de los motivos económicos alegados (IV); la identificación de la ventaja fiscal (V); y la conclusión sobre la preponderancia de una u otra (VI).
II. Sobre la alegada pérdida de sustento de la Sentencia de la Audiencia Nacional citada en el acuerdo de liquidación.
Sostiene el reclamante que la Sentencia de la Audiencia Nacional de 20 de noviembre de 2014, en la que afirma que se apoyó principalmente la Inspección, fue casada por la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 2016, rec. cas. 4133/2014, quedando con ello sin sustento la argumentación del acuerdo impugnado.
La alegación debe rechazarse, por un triple motivo:
En primer lugar, la sentencia a que alude el reclamante es la STS núm. 1164/2016, de 23/05/2016, rec. cas. 4133/2014, y no de 25 de mayo, y resuelve, en efecto, el recurso interpuesto contra la Sentencia de la Audiencia Nacional (Sección Segunda) de 20/11/2014, rec. 250/2011, que es la citada en el acuerdo de liquidación.
En segundo lugar, y esto es determinante, el objeto de aquella casación fue exclusivamente el acuerdo sancionador, y el recurso lo interpuso la Administración General del Estado, no el obligado tributario, cuyo propio recurso de casación fue rechazado por auto de la Sección Primera de 11 de junio de 2015. La Audiencia Nacional había confirmado la liquidación (precisamente por la inexistencia de motivos económicos válidos en la aportación no dineraria examinada) y anulado la sanción por falta de culpabilidad; el Tribunal Supremo casó la sentencia únicamente en cuanto anulaba el acto sancionador, y desestimó en su integridad el recurso contencioso-administrativo, confirmando así tanto la liquidación como la sanción. La casación se produjo, por tanto, en sentido más desfavorable al contribuyente y por motivos ajenos por completo al juicio sobre la concurrencia de motivos económicos válidos. Antes al contrario: el propio Tribunal Supremo, en el fundamento jurídico tercero de su sentencia, ratifica expresamente la conclusión alcanzada por la Sala de instancia sobre la inexistencia de tales motivos, al razonar que se aportaron, junto con el inmueble, deudas que no estaban directamente vinculadas con su adquisición o construcción, sin que la operación comportase reestructuración ni racionalización alguna de la actividad.
En tercer lugar, tampoco es exacto que el acuerdo de liquidación se apoyara "principalmente" en dicha sentencia. Su cita aparece una sola vez, en un pasaje de carácter introductorio, y con una función meramente expositiva: se invoca para ilustrar la evolución normativa del concepto de motivo económico válido y su naturaleza esencialmente casuística. La ratio del acuerdo no descansa en esa referencia, sino en el análisis individualizado de cada uno de los motivos alegados a la luz de los hechos previos, simultáneos y posteriores acreditados en el expediente. De suerte que, aun cuando la alegación fuese fundada en sus propios términos, que no lo es, la eventual caída de esa cita no arrastraría el razonamiento del acuerdo, que se sostiene sobre bases autónomas.
A ello debe añadirse que el aparato jurisprudencial del acuerdo se apoya, con mayor peso argumental, en la STS de 25/05/2012, rec. cas. 3944/2009, cuyo supuesto de hecho guarda una similitud con el aquí examinado que obliga a su tratamiento detenido, al que se dedica el apartado IV.f) de este fundamento. Este pronunciamiento, no afectado por la alegación del reclamante, conserva íntegra su virtualidad.
Se desestima, en consecuencia, esta alegación.
III. Sobre la carga de la prueba.
Alega el reclamante que la cláusula del artículo 89.2 de la LIS no opera de forma automática ni por presunción iuris et de iure, y que corresponde a la Administración probar que el principal objetivo de la operación fue el fraude o la evasión fiscal, sin que aquélla haya aportado prueba concluyente más allá de indicios de escasa entidad.
En la ya citada Sentencia de 16 de marzo de 2016 (recurso cas. 1815/2014), el Tribunal Supremo siente como principios que (énfasis añadido):
"La carga de la prueba ha de entenderse distribuida entre la sociedad que pretende acogerse al régimen especial de fusiones, acreditando los hechos constitutivo del derecho que pretende hacer valer (artículo 105.1 LGT ), y la Administración, en cuanto ha de acreditar una circunstancia, como la falta de "motivo económico válido" que opone como obstáculo a la aplicación de dicho régimen, sin ignorar, a los efectos de configurar el debido reparto de dicha carga, las dificultades probatorias inherentes a la condición de hecho negativo que tiene la referida ausencia.
Por consiguiente, de una parte, no basta con ampararse en afirmaciones no contrastadas y, de otra, como ha señalado reiterada jurisprudencia de esta Sala, la Administración puede utilizar, para justificar la inaplicación del régimen de neutralidad fiscal, la prueba de presunciones, de manera que puede resultar acreditada la realización de la operación "principalmente por fines de fraude o evasión fiscal", habida cuenta de la inexistencia de motivos económicos en la misma. Y, en tal caso, incumbiría a la sociedad que pretende acogerse al régimen especial de fusiones desvirtuar la improcedencia de la conclusión”.
La Sentencia del Tribunal Supremo de 16/11/2022, rec. cas. 89/2018, precisó que la ausencia de motivos económicos válidos constituye el hecho base de una presunción, y no el elemento determinante de la inaplicación del régimen, siendo lo determinante la finalidad elusiva. Y es exigencia que este Tribunal venía ya formulando como verdadera condición de la inaplicación del régimen desde la Resolución de 27/05/2024, RG 6513/2022, fundamento de derecho quinto, al supeditar aquella improcedencia a que "la Administración pueda identificar que el objetivo principal o esencial de la operación es el fraude, esto es, que, con ella, se ha pretendido obtener, de forma abusiva, una ventaja fiscal".
Por tanto, de lo anterior no se sigue que el obligado tributario quede exonerado de toda actividad probatoria. La distribución de la carga debe articularse conforme a la naturaleza constitutiva o impeditiva de cada hecho, en los términos del artículo 105 de la LGT: corresponde a la Administración desvirtuar los hechos constitutivos de los motivos económicos válidos esgrimidos por el contribuyente, lo que puede tener el valor de permitir presumir, como reiteradamente ha admitido el Tribunal Supremo, (Sentencias de 15/04/2013, rec. cas. 3010/2011, y de 16/03/2016, rec. cas. 1815/2014), que la finalidad preponderante es fraudulenta, pero debiendo identificar cuál es el fraude o abuso pretendido, oponer, obviamente cuantos hechos impeditivos de la citada conclusión pueda acreditar.
En el presente caso, la Inspección sí desplegó, de hecho, una actividad probatoria positiva, extensa y suficiente sobre la finalidad de la operación, que no se limitó a constatar la ausencia de motivos económicos: acreditó documentalmente la secuencia de acuerdos sociales relativos al destino del beneficio antes y después de la aportación; cuantificó, ejercicio por ejercicio, los dividendos distribuidos y su tratamiento fiscal; constató mediante visita a las instalaciones el 11 de septiembre de 2020 la realidad material de los medios empleados por las entidades de nueva creación; obtuvo manifestaciones del propio reclamante y de los trabajadores afectados; examinó el índice único notarial para verificar las operaciones de financiación y afianzamiento; y verificó el destino ulterior de los fondos percibidos por la holding. Se trata de un acervo probatorio que va mucho más allá de los "indicios de escasa entidad" que el reclamante le atribuye, y que sostiene con holgura la conclusión alcanzada.
Se desestima, en consecuencia, esta alegación, con la rectificación de formulación indicada.
IV. Examen de los motivos económicos alegados.
Debe destacarse, ante todo, que el acuerdo de liquidación no se limita a descalificar globalmente los motivos aducidos, sino que los examina uno por uno, contrastando cada alegación con los hechos acreditados en el expediente. Tal proceder es el exigible, y merece ser reseñado, pues el reproche de "generalidades" que el reclamante dirige a la Inspección se vuelve, examinado el acuerdo, contra quien lo formula.
Del análisis efectuado resultan tres grupos de motivos, según la razón por la que decaen.
a) Motivos ya realizados con anterioridad a la operación, o atribuibles a operación distinta. La separación entre el patrimonio familiar y el empresarial (letra a) y la limitación de responsabilidad estaban ya garantizadas por el ejercicio de la actividad a través de una sociedad de responsabilidad limitada; la aportación no alteró en nada esa situación. La limitación de la prestación de garantías por las personas físicas (letra c) se había producido ya el 21 de julio de 2015 (esto es, casi cinco meses antes de la aportación), mediante la operación en que se liberó como fiadores al reclamante y a su hermana, sustituidos por la sociedad inmobiliaria constituida en 2014; y consta que en ninguno de los préstamos concedidos a la operativa desde 2016 actuó la holding como avalista. La mitigación de los riesgos de la copropiedad sobre los activos esenciales (letra l) justifica, en su caso, la constitución en 2014 de la sociedad inmobiliaria (operación que no se acogió al régimen especial), pero nada tiene que ver con la aportación aquí examinada, realizada un año después. Un motivo cuyo efecto ya se había producido no puede constituir la razón de ser de una operación posterior.
b) Motivos contradichos por los propios hechos o por la configuración que el reclamante dio a la operación. La constitución de un núcleo estable de dirección y gestión (letra b) no se aprecia: la administración siguió centralizada en el reclamante, antes como consejero delegado y después mediante el control de dos de los tres votos del consejo. La diversificación de riesgos empresariales (letra e) resulta desmentida por las propias cuentas anuales de los ejercicios 2014 a 2016 depositadas en el Registro Mercantil, en las que se declara expresamente que la sociedad no se enfrenta a riesgos de crédito, liquidez o mercado ni a contingencias medioambientales. El incremento de la capacidad de endeudamiento (letra d) no se ha acreditado: ni consta dificultad previa de financiación (la operativa obtuvo préstamos bancarios en tres ocasiones durante 2015), ni la holding ha celebrado contrato de préstamo alguno ni participado en los concertados por otras entidades del grupo. La evitación de la dispersión accionarial y el relevo generacional (letra j) resultan incompatibles con la propia configuración de la operación: el reclamante conservó la titularidad directa de 2 participaciones en cada una de las dos sociedades aportadas y de 1 participación en la holding de su hermana, de modo que en una eventual sucesión seguirían integrándose en el caudal relicto participaciones de cuatro entidades distintas; quien pretende evitar la dispersión no conserva titularidades residuales dispersas. Y el efecto asimilable a un pacto de sindicación (letra k) resulta lógicamente incompatible con la creación de dos holdings separadas, una por cada hermano: al no existir una sociedad común, cada uno conserva exactamente el mismo poder de decisión que ya tenía sobre su propio paquete.
c) Motivos que carecen de virtualidad como motivo económico o que confirman la finalidad fiscal. La "ocultación" de los titulares de la actividad empresarial mediante la interposición societaria (letra m) ya se tenía al ser esta actividad titularidad de una sociedad mercantil. La entrada de un socio inversor (letra o) no llegó a producirse. Y la alegada evitación del riesgo derivado del artículo 348 bis de la LSC (letra n) resulta particularmente reveladora: si la constitución de la holding hubiera favorecido el reparto de beneficios, nada impedía haberlo acordado antes, cuando los socios eran las personas físicas; lo que la operación modificó no fue la posibilidad de repartir, sino el modo en que esos repartos tributaban.
d) Mención singular al remansamiento de tesorería (letras f a i). Merece tratamiento separado el motivo que el reclamante formula con mayor insistencia: la separación de la tesorería e inversiones excedentarias del riesgo del negocio, de forma que fuera la holding la que remansara los excedentes, dotándose de liquidez para financiar nuevos proyectos.
Pues bien, el remansamiento de fondos procedentes de la actividad operativa no es, en sí mimo, determinante. Lo determinante es el uso que se haga de ellos. Si tras su desafectación de una actividad empresarial se ponen al servicio de otra actividad empresarial, se podrá haber cumplido el objetivo del régimen FEAC. Sí, por contra, permanecen en la holding al servicio de las necesidades personales del socio, o materializadas en inversiones pasivas, convirtiendo a la sociedad, de facto, en sociedad de mera tenencia de bienes, o patrimonial, según la terminología usual, no se habrá cumplido dicho objetivo, y el régimen fiscal de diferimiento no deberá aplicarse.
La canalización de recursos financieros hacia una sociedad holding para su ulterior reinversión constituye, en abstracto, una finalidad empresarial legítima, admitida como motivo económico válido por la Dirección General de Tributos en las consultas que el reclamante invoca. Sucede, sin embargo, que en el presente expediente el motivo carece por completo de sustrato fáctico.
De una parte, por vía del dividendo no salieron de la operativa "excedentes" de tesorería, sino la totalidad del beneficio declarado, año tras año, desde el ejercicio siguiente a la aportación. De otra, no consta que la sociedad holding haya hecho uso alguno de los recursos recibidos de la sociedad operativa que puede considerarse como empresarial, como reinversión, hasta que, 17 de octubre de 2019, habría adquirido acciones de una sociedad dedicada a la fabricación de calzado. Esto es, casi cuatro años después de la AND, cuando la holding había percibido ya dividendos de la operativa por importe de 1.597.643,77 € correspondientes a los ejercicios 2016 a 2018. Al margen de ella, la holding no ha concertado préstamos ni ha participado en las operaciones de financiación del grupo, y los importes percibidos permanecen contabilizados como inversión financiera o efectivo.
Ni la Inspección ni el contribuyente cuantifican el importe destinado a aquella constitución, de modo que este Tribunal carece de elementos para determinar qué parte de los fondos remansados pudieron haber sido efectivamente reintroducida en el circuito empresarial.
La principal salida de fondos de la holding identificada en el expediente sigue siendo el reparto de 950.000 € de cada una de las sociedades holding a cada uno de los socios acordado a finales de 2020 ya iniciada la instrucción del procedimiento inspector para atender, según reconoció el representante autorizado, necesidades particulares del reclamante y su familia; destino que ninguna relación guarda con la actividad empresarial.
Debe recordarse a este respecto que constituye doctrina vinculante de este Tribunal Central, conforme al artículo 239.8 de la LGT (Res. TEAC de 08/05/2026, RG 2211/2024), que el destino dado a los fondos por la sociedad holding constituye elemento de especial relevancia en el análisis global: su reintroducción en el circuito empresarial apunta a la existencia de motivo económico válido, mientras que su remansamiento, sin reintroducción en actividad empresarial, revela el aprovechamiento de la ventaja fiscal.
El presente supuesto se sitúa, en lo esencial, en el segundo término de la alternativa, si bien la existencia de la sociedad constituida en 2019 obliga a un examen matizado, que este Tribunal aborda seguidamente.
-La constatación anterior opera en dos planos que deben mantenerse separados: el del juicio sobre la concurrencia de motivos económicos válidos, del que depende la aplicación misma de la cláusula antiabuso, y, si se concluyó que dicha cláusula era de aplicación, la determinación del alcance de la regularización, que depende la medida en que el abuso se haya consumado.
-En el primero de esos planos, la constitución de la sociedad de fabricación no altera la conclusión alcanzada, tanto por la lejanía respecto del momento de la aportación no dineraria, como la absoluta falta de precisión sobre ella, sobre su importe y sobre la actividad de la sociedad cuyas acciones se adquieren.
-Respecto del segundo plano citado, el alcance de la regularización, el dato sí podría resultar relevante, lo que, en su caso, deberá valorarse si se aborda la regularización de consumaciones del abuso producidas en ejercicios posteriores a 2015.
f) Jurisprudencia TS: Las conclusiones alcanzadas en los apartados anteriores no constituyen una construcción novedosa de este Tribunal Central. En operaciones sustancialmente iguales a la aquí examinada, la jurisprudencia no ha apreciado la existencia de motivos económicos válidos y sí ha identificado una finalidad abusiva, confirmando la regularización practicada por la Inspección y negando el acogimiento al régimen especial en aplicación de la cláusula antiabuso vigente ratione temporis.
Resulta obligada, en este punto, la cita de la Sentencia del Tribunal Supremo de 25/05/2012, rec. cas. 3944/2009 (sentencia "Lo Monaco"), cuyo supuesto de hecho reproduce con notable fidelidad el que aquí se enjuicia: dos personas físicas titulares de las participaciones de una sociedad operativa que aportan cada una las suyas a sendas sociedades holding constituidas meses antes, pasando a percibir los dividendos de aquélla a través de sus respectivas sociedades intermedias. Así, señaló el TS en la citada sentencia:
"Sin embargo, analizadas en conjunto las diversas operaciones realizadas, de las que hay acreditación en el expediente administrativo, entiende la Sala que no puede apreciarse la concurrencia de motivo económico válido en la aportación no dineraria realizada por los Sres. … y … de sus respectivas participaciones sociales en LMH, SL, en las sociedades por cada uno de ellos constituidas meses antes. Y ello habida cuenta de que con la referida operación la sociedad LMH no vio modificada ni su actividad productiva ni su organización estructural, sino que lo que se produce es un cambio en la titularidad de las participaciones sociales, que pasa de ser detentada por las mencionadas personas físicas a pertenecer a las nuevas sociedades, las cuales reciben los beneficios económicos devengados por LMH; cada una de las sociedades, ahora recurrentes, constituidas por las personas físicas socios de LMH emprende una serie de inversiones en el sector inmobiliario ajenas a lo que constituía y siguió constituyendo el objeto social y la actividad industrial de LMH, realizando, asimismo, inversiones financieras. De tal manera que las nuevas sociedades no continúan en ninguna rama de actividad que viniese realizando anteriormente LMH, y tampoco su constitución supone la reestructuración empresarial de esta sociedad, ...
En consecuencia, en lo que afecta a la sociedad Lo Monaco Hogar, el hecho de que las participaciones sociales que en ella tenían los Sres. … y … pasasen a ser titularidad de las sociedades holding no supuso reorganización ninguna ni reestructuración empresarial ni, desde luego, supuso la segregación de rama de actividad, como tampoco evitó una eventual dispersión de negocios, sino que, por el contrario, lo que se hizo fue separar en dos sociedades distintas las participaciones de las dos personas físicas titulares de Lo Monaco Hogar, recibiendo cada una de ellas los dividendos de esta sociedad no directamente sino a través de su respectiva sociedad intermedia, realizando los negocios inmobiliarios que estimaron oportuno e inversiones financieras. Lo que, en definitiva, se ha producido es un reparto de dividendos a los socios solapado por el traspaso a unas sociedades, con un menor coste fiscal, mientras que para los socios, personas físicas, el reparto de beneficios estaría exento de coste fiscal de no proceder al reparto de dividendos antes de transcurrido un año desde la aportación no dineraria, por aplicación del régimen especial postulado y de la doble imposición intersocietaria, regulada en el art. 28 LIS.
Por todo ello, comparte la Sala el criterio de la Administración, en el sentido de que, de conformidad con lo establecido en el artículo 110.2 de la LIS, no resulta de aplicación a dicha operación el régimen establecido en el Capítulo VIII del Título VIII de la Ley 43/1995 del Impuesto sobre Sociedades".
En este caso, existe un claro paralelismo entre el caso de la citada sentencia y el que aquí se presenta, ya que , tal y como señala la inspección , "lo realmente constatado es que la actividad empresarial de fabricación de calzado sigue siendo la misma, y se realiza en el mismo lugar y con los mismos medios personales y materiales que con anterioridad a la operación societaria" y se ha producido un remansamiento de fondos empresariales procedentes de la sociedad operativa en la sociedad holding, a disposición de la persona física, con independencia de que, cinco años después, y con posterioridad al inicio del procedimiento inspector, una parte de ellos se haya repartido dividendos a la persona física tributando en su IRPF.
V. La ventaja fiscal identificada por la Inspección.
El acuerdo de liquidación identifica de modo expreso e individualizado dos ventajas fiscales.
- La primera y principal consiste en que los beneficios acumulados y generados por XZ pasan a ser percibidos por una sociedad sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades, que aplica sobre ellos la exención del artículo 21 de la LIS, en lugar de serlo directamente por el socio persona física, en cuyo IRPF habrían tributado como rendimientos del capital mobiliario. El acuerdo no se limita a enunciarla: la describe con precisión y la respalda con datos, señalando que entre 2016 y 2020 la holding percibió dividendos de la operativa por importe de 3.245.788,15 €, íntegramente exentos, y poniendo de manifiesto que la sociedad no había repartido dividendo alguno en ningún ejercicio anterior a 2016, pese a obtener beneficios recurrentes. Ha de precisarse, no obstante, que ese importe expresa el flujo de dividendos percibidos, no la magnitud del efecto abusivo susceptible de corrección, cuestión distinta que se abordará en fundamentos de derecho posteriores.
- La segunda consiste en la menor tributación del reclamante en el Impuesto sobre el Patrimonio, cuya cuota pasó de 8.702,15 € en 2014 a 466,28 € en 2015, al beneficiarse las participaciones de la holding de la exención del artículo 4.Ocho.Dos de la Ley 19/1991, de la que no gozaban las participaciones directas en las sociedades aportadas.
Sobre esta segunda ventaja debe hacerse una precisión de alcance. Conforme a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20/05/2010, asunto C-352/08, Modehuis A. Zwijnenburg, la cláusula antiabuso de la Directiva de fusiones no permite denegar la aplicación del régimen fiscal que en ella se establece cuando la ventaja perseguida se sitúa en un impuesto no comprendido en el ámbito de la Directiva. En concreto, se refiere la referida STJUE al impuesto de transmisiones, concluye que:
“El artículo 11, apartado 1, letra a), de la Directiva 90/434/CEE del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de acciones realizados entre sociedades de diferentes Estados miembros, debe interpretarse en el sentido de que las ventajas que establece no pueden denegarse al sujeto pasivo que proyecta, mediante un montaje jurídico que incluye una fusión de empresas, evitar el pago de un impuesto como el controvertido en el procedimiento principal, en concreto, el impuesto sobre transmisiones, dado que este impuesto no está incluido en el ámbito de aplicación de la citada Directiva.”
Este juicio del TJUE sobre el alcance de la cláusula antiabuso de la anterior Directiva es aplicable, obviamente, a la actual (artículo 15 de Directiva 2009/133/CE) y se debe proyectar sobre el artículo 89.2 de la LIS, que la transpone, de modo que hay que concluir que la cláusula antiabuso establecida en el artículo 89.2 de la LIS, que traspone la citada Directiva de operaciones de reestructuración, no puede utilizarse para corregir los casos en los que la ventaja fiscal obtenida se encuadra en un impuesto no afectado por la propia Directiva.
Así lo ha apreciado ya, en nuestro ordenamiento interno, la consulta de la DGT CV2906-2018, negando, la aplicación de la cláusula antiabuso del artículo 89.2 de la LIS para evitar un fraude recaído en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones:
"En este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto C-352/08, de 20 de mayo de 2010, sobre la denegación de las ventajas de la Directiva 90/434 en el supuesto de que un conjunto de operaciones tenga por objeto evitar el devengo de un impuesto distinto a aquellos a los que se refieren las ventajas de la propia Directiva (en concreto de un impuesto sobre transmisiones), establece que:
"50 De ello se desprende que los únicos impuestos que pueden acogerse a las ventajas establecidas por la Directiva 90/434 y, consiguientemente, entrar en el ámbito de aplicación de la excepción prevista por el artículo 11, apartado 1, letra a), de la misma son los expresamente contemplados por ella.
51 Pues bien, en el marco de las ventajas establecidas, la Directiva 90/434, aun reconociendo una posición particular a la tributación de las plusvalías, se refiere esencialmente a los impuestos que gravan las sociedades y a los adeudados por los socios.
52 En cambio, no existe indicio alguno en dicha Directiva que permita afirmar que ésta quiso extender las ventajas a otros impuestos, como el controvertido en el asunto principal, que constituye un impuesto recaudado con ocasión de la adquisición de un inmueble sito en el Estado miembro de que se trate.
53 En efecto, ha de considerarse que en dicho supuesto, la competencia tributaria sigue correspondiendo a los Estados miembros.
54 En estas circunstancias, las ventajas establecidas por la Directiva 90/434 no pueden denegarse invocando su artículo 11, apartado 1, letra a), para compensar el no pago de un impuesto, como el controvertido en el procedimiento principal, cuya base impositiva y tipo difieren necesariamente de los aplicables a las fusiones y a las demás operaciones de reorganización de sociedades.
(…)
56 Habida cuenta de las consideraciones precedentes, procede responde a la cuestión planteada que el artículo 11, apartado 1, letra a), de la Directiva 90/434 debe interpretarse en el sentido de que las ventajas que establece no pueden denegarse al sujeto pasivo que proyecta, mediante un montaje jurídico que incluye una fusión de empresas, evitar el pago de un impuesto como el controvertido en el procedimiento principal, en concreto, el impuesto sobre transmisiones, dado que este impuesto no está incluido en el ámbito de aplicación de la citada Directiva."
Esto es, la realización de la aportación no dineraria de inmuebles a una entidad para proceder a transmitir las participaciones a los herederos de la aportante, podría tener como objetivo de obtener una ventaja fiscal consistente en una reducción en la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones si bien, como ya ha señalado el TJUE, la cláusula anti abuso establecida en el artículo89.2 de la LIS, que traspone la Directiva de operaciones de reestructuración no puede utilizarse para aquellos supuestos en que la ventaja fiscal se encuadra en un impuesto no afectado por la propia Directiva, como es el ISD."
En consecuencia, bajo la misma ratio, debemos entender que la ventaja abusiva, la elusión fraudulenta, localizada en el Impuesto sobre el Patrimonio, no puede ser considerado como el “fraude o elusión fiscal” al que se refiere el artículo 89.2 de la LIS, de modo que su eventual presencia no puede justificar la inaplicación total o parcial del régimen FEAC. Sin perjuicio de que, como ya se ha indicado el TS, si la administración tributaria considera que se ha producido una elusión en el impuesto sobre el patrimonio u otro impuesto, pueda utilizar las cláusulas antiabuso previstas en la LGT.
En este caso, por tanto, la ventaja fiscal a considerar a los efectos del artículo 89.2 de la LIS es, por tanto, la primera: la obtención por el socio, a través de la interposición de la holding, de la disponibilidad de los beneficios de la sociedad operativa sin tributación alguna.
VI. Conclusión: preponderancia de la finalidad fiscal.
El artículo 89.2 de la LIS no exige que la operación responda a una finalidad exclusivamente fiscal, sino que ésta constituya su objetivo principal. El juicio no es, pues, de exclusión, sino de preponderancia, y ha de formularse mediante el análisis global de la totalidad de las circunstancias previas, simultáneas y posteriores a la operación, conforme exige tanto la doctrina de este Tribunal (Res. TEAC de 08/05/2026, RG 2211/2024) como la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sentencia de 08/03/2017, asunto C-14/16, Euro Park Service).
Practicado ese análisis, la conclusión se impone con claridad. En el lado de los motivos económicos, no subsiste ninguno con contenido real: unos se habían materializado antes de la operación o correspondían a operación distinta, otros resultan contradichos por los propios hechos o por la configuración que el reclamante dio a la aportación, y el más insistentemente alegado (el remansamiento de tesorería para financiar nuevos proyectos) solo encuentra posible materialización, parcial, difusa, y no cuantificada, casi cuatro años después de la aportación, en la constitución de la sociedad de fabricación de 2019.
En el lado opuesto, la finalidad fiscal abusiva resulta claramente identificada. Una sociedad que en casi treinta años de existencia jamás había distribuido beneficios, comienza a hacerlo, de modo significativo tras la AND. Acuerda, en Junta de 30 de junio de 2015, destinar íntegramente a reservas el resultado de 2014; se aportan las participaciones a la holding el 10 de diciembre de 2015; y apenas mes y medio después, en Junta de 25 de enero de 2016, se acuerda repartir como dividendo exactamente ese mismo importe, inaugurando una pauta (dotar reservas al aprobar las cuentas para repartirlas al ejercicio siguiente) que se reitera invariablemente hasta 2020. Este TEAC ha podido consultar en las cuentas anuales que constan en el expediente administrativo cómo, con anterioridad a la AND realizada existían unos beneficios distribuibles de alrededor de 3 millones de euros en la sociedad operativa. La secuencia temporal, la identidad de los importes y el cambio radical de una política de reservas mantenida durante décadas constituyen, en su conjunto, prueba concluyente de que lo perseguido fue situar los beneficios acumulados en la operativa en la esfera de disposición del socio sin el coste fiscal que su percepción directa habría comportado.
El posterior reparto de dividendos de cada una de las holding a los socios por 950.000 euros cada uno (una vez iniciado el procedimiento inspector) confirma que el objetivo final de la operación no era la reintroducción de los recursos en el circuito económico empresarial, sino sacar al menos dos terceras partes de los recursos que tenía la operativa en el momento de realizar a la AND para pasar a la disponibilidad de los socios, y hacerlo sin tributar, aunque este último aspecto se corrigiese parcialmente después de que la Inspección comenzase a cuestionar la operación realizada.
Este Tribunal comparte, por tanto, la conclusión alcanzada por la Inspección y confirmada por el Tribunal Regional: la aportación no dineraria examinada no se efectuó por motivos económicos válidos, sino que tuvo como principal objetivo la obtención de la ventaja fiscal descrita, concurriendo en consecuencia el presupuesto de aplicación de la cláusula antiabuso del artículo 89.2 de la LIS.
Se desestiman, por lo expuesto, las alegaciones del reclamante relativas a la concurrencia de motivos económicos válidos y a la inexistencia de ventaja fiscal.
Cuestión distinta, que se aborda a continuación, es la relativa a los efectos que de tal declaración cabe anudar: esto es, qué concretos efectos fiscales pueden eliminarse, por qué importe y en qué ejercicio.
VII. Otras alegaciones del reclamante:
a. Sobre la alegada libertad de elección de la alternativa fiscalmente menos gravosa.
Invoca el reclamante la Res. TEAC de 08/10/2019, dictada en un supuesto de canje de valores seguido de reparto de dividendos, conforme a la cual no cabe exigir al contribuyente que opte por la alternativa fiscalmente más gravosa.
La invocación es inexacta en su alcance. Lo que aquella resolución excluye es que se repute abusiva la mera elección entre alternativas negociales igualmente lícitas; no que resulte inmune a la cláusula del artículo 89.2 de la LIS una operación cuyo principal objetivo se ha acreditado que fue la obtención de la ventaja fiscal. Cuando así ocurre (como ocurre en el presente caso), no se exige al obligado que hubiera escogido la opción más gravosa, sino que se eliminan los efectos de una ventaja obtenida abusivamente, que es lo que el precepto ordena. La economía de opción termina donde comienza el abuso.
Se desestima esta alegación.
b. Sobre la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio.
Alega el reclamante que las participaciones en las sociedades aportadas ya gozaban, antes de la operación, de la exención del artículo 4.Ocho.Dos de la Ley 19/1991, de modo que ninguna mejora fiscal se habría producido por este concepto.
La alegación se contradice con los datos que obran en el expediente, de los que resulta que la cuota satisfecha por el reclamante pasó de 8.702,15 € en 2014 a 466,28 € en 2015, sin que el reclamante ofrezca explicación por causa distinta de la interposición de la holding. En cualquier caso, y como se razonó en el fundamento relativo al examen de los MEV y la ventaja fiscal, esta ventaja se sitúa en un impuesto ajeno al ámbito de la Directiva de fusiones y no puede operar como ventaja eliminable, por lo que su discusión resulta irrelevante a los efectos de determinar el alcance de la regularización.
Se desestima esta alegación.
SÉPTIMO.- Inaplicación del RFEAC: eliminación del diferimiento propio del RFEAC, y doctrina y jurisprudencia previa aplicable al caso en relación con la inaplicación parcial del RFEAC.
En su escrito de alegaciones el reclamante se remite a la CV 2214-2023, de 27 de julio de 2023. Sostiene el reclamante que dicha contestación resuelve un supuesto análogo al presente, concluyendo que solo cabe regularizar la ventaja fiscal perseguida, "distinta del diferimiento en la tributación de las rentas generadas, inherente al propio régimen".
En relación con esta consulta no puede este TEAC dejar de aludir a las Resoluciones de 27 de mayo de 2024 (RG 6513/2022 y RG6550/2022) que resuelven un supuesto de aportación no dineraria a una sociedad holding, determinando que el dividendo por el 21 LIS seguirá exento, y que la inaplicación parcial del régimen consistirá en ir imputando la ganancia patrimonial puesta de manifiesto en la aportación no dineraria a medida que se va consumando la ventaja fiscal ( distribución de dividendos de la operativa a la holding , en el caso analizado por el TEAC). Las resoluciones referidas se han pronunciado en relación con el artículo 89.2 LIS, rechazando que el diferimiento de la tributación de las rentas que se pondrían de manifiesto si a la operación en cuestión le fuese de aplicación el régimen general y no el régimen FEAC regulado en la LIS, se deba admitir siempre, incluso aunque se haya acreditado debidamente que la operación en cuestión llevada a cabo tenía como principal objetivo el fraude o la evasión fiscal. Es decir, se rechaza que estemos ante, en palabras del TEAC,
"un efecto fiscal "blindado", inmune y no susceptible de ser eliminado en una operación de reestructuración que haya pretendido acogerse al Régimen FEAC a pesar de que, fruto de una actuación de comprobación, se acreditase que se trata de una operación que, pese a su aspecto formal, no cumple las finalidades económicas, reorganizativas o de reestructuración empresarial que, como hemos ya señalado en esta Resolución, fundamentan o explican la existencia del Régimen FEAC, sino que su finalidad era esencial o principalmente fraudulenta."
Manifiesta así este TEAC en dichas resoluciones de 27 de mayo de 2024, adoptando enteramente dichas manifestaciones para la presente resolución, que (el resaltado es el original):
"Conviene adelantar que este TEAC no comparte esta interpretación del artículo 89.2 LIS, puesto que supondría que la cláusula antiabuso específica para el Régimen FEAC recogida en nuestro ordenamiento jurídico no podría nunca, en ningún caso, eliminar todos los efectos fiscales derivados de la aplicación de dicho Régimen aunque se haya podido concluir que la operación buscaba únicamente un fraude fiscal. Es claro, ya lo hemos visto, que la nueva versión de la cláusula antiabuso a la que nos estamos refiriendo, recogida en la LIS, en el artículo 89.2 LIS, introdujo, como novedad con respecto a la anteriormente vigente (la del artículo 96.2 TRLIS), la posibilidad de determinar una inaplicación parcial del Régimen FEAC, pero en modo alguno cabe concluir que no permita una eliminación total de los efectos vinculados a su aplicación si las circunstancias del caso así lo ameritan, llegando, también al referido diferimiento de la tributación de las rentas producido al realizarse la operación, siempre que ello sea necesario para eliminar las consecuencias del abuso que se haya acreditado. Dicha posibilidad estaba contemplada en el artículo 96.2 TRLIS y sigue contemplada y admitida en el artículo 89.2 LIS, es indudable.
La referida resolución describe cual debe ser, en la generalidad de los casos, el modo de aplicar lo dispuesto en el artículo 89.2 de la LIS (el resaltado es nuestro, para la presente resolución):
"Por todo lo expuesto, a modo de corolario, a juicio de este TEAC, cuando se haya acreditado que se dan las circunstancias para la aplicación de la cláusula antiabuso del artículo 89.2 LIS, el criterio a seguir para delimitar los efectos de la aplicación del Régimen FEAC que deben eliminarse es el que resulta del objetivo de dicha cláusula, tal y como ha sido perfilada por el TJUE: buscar evitar los resultados fiscales abusivos o irregulares pretendidos con una torcida aplicación del régimen. Es decir, deben eliminarse todos los efectos fiscales derivados de esa aplicación (indebida) que puedan concluirse como abusivos; todos ellos, pero sólo ellos.
Para eso es claro que deben haberse identificado cuáles son esos "efectos abusivos", señalando cuál es la norma fiscal defraudada, para eliminar "exclusivamente" los efectos de esa ventaja fiscal que, irregularmente, se pretendió disfrutar, como indica el segundo párrafo del artículo 89.2 LIS, la ventaja fiscal prohibida de la que habla el TS en su STS de noviembre de 2022.
Y es claro, según este TEAC, que esa eliminación, en su caso, puede alcanzar también, a diferencia de lo que podría deducirse de la CV 2214-23 de la DGT, al diferimiento de la tributación de las rentas puestas de manifiesto con ocasión de la operación realizada, lo que implicaría, en un caso como el que ha sido aquí sometido a revisión, el gravamen, total o parcial, de las plusvalías latentes en la entidad cuyas participaciones fueron objeto de aportación de la operación mercantil realizada, aunque aquel constituya el efecto fiscal directo y básico del Régimen FEAC al que había pretendido acogerse la operación, siempre y cuando ello sea necesario pare evitar, eficazmente, la irregularidad o el daño pretendido, el abuso, ya que ese es el objetivo claro de la cláusula del artículo 89.2 LIS.
Sólo bajo esa interpretación, huyendo de posiciones de máximos que excluyan siempre, o que no excluyan nunca, ese diferimiento de la tributación de las rentas (las que puedan derivar de las plusvalías tácitas), se cumplirían las llamadas del TJUE a una aplicación eficaz de las cláusulas antiabuso en general y de la específica del Régimen FEAC en particular, si bien adaptándose a la realidad de cada caso, analizado éste en todos sus perfiles y teniendo en cuenta la debida proporcionalidad con el abuso que se debe corregir.
Se trata, en definitiva, de apreciar que la configuración de la cláusula antiabuso específica para el Régimen FEAC que hace el artículo 89.2 de la LIS responde al esquema tradicional del antiguo "fraude de ley", o del actual "conflicto en la aplicación de la norma tributaria" del artículo 15 de la LGT, si bien, en este caso, con las especialidades que derivan de su texto, especialmente de índole probatoria, y de ser declarada su aplicabilidad en el mismo el acuerdo de liquidación que pone fin a un procedimiento de inspección tributaria. Por ello es razonable que el traslado a liquidaciones concretas de los efectos del juicio negativo realizado sobre la operación FEAC realizada siga pautas análogas a las que se prevén en el artículo 15.3 de la LGT.
Este razonamiento nos lleva a adelantar ya que, en estos casos (y, particularmente, en el que estamos revisando) habrá que modular, desde luego, como se hace al aplicar las figuras referidas, el importe de la corrección a realizar en el marco de la regularización, de modo que aquella no sea ni mayor ni menor que la ventaja abusivamente lograda, que es la que se debe eliminar exclusivamente, lo que, entre otras cuestiones, obligará a determinar con precisión el ejercicio en el que se se ubican temporalmente estos ajustes a realizar, que pueden ser el mismo en el que se realizó la operación o cualquier otro de los siguientes en los que se pueda identificar que se ha materializado aquella ventaja fiscal prohibida.
Analizaremos, a continuación, cómo, así interpretado, incide, en nuestro caso, la aplicación de la cláusula antiabuso del artículo 89.2 de la LIS."
Por otra parte, es necesario señalar que el TSJ de la Comunidad Valenciana en su sentencia STSJCV nº634/24 se ha pronunciado en relación con la inaplicación parcial del régimen FEAC, la precitada consulta de la DGT CV 2214-2023 y las Resoluciones del TEAC a las que se ha hecho referencia, confirmando que el diferimiento puede ser objeto de regularización y la forma de interpretar de este TEAC la cláusula antiabuso del art 89.2 LIS (el resaltado es nuestro):
"Sin embargo hemos de tener en cuenta que el criterio de la referida consulta ha sido modificado por Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 22 de abril de 2024 (6452/2022), que razona artículo 89.2 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, deben corregirse todos los efectos fiscales abusivos, lo que puede incluir, en su caso, el diferimiento en la tributación de las rentas puestas de manifiesto con ocasión de la operación realizada. Pero también delimita la forma de realizar la regularización en las aportaciones no dinerarias realizadas por personas físicas en las que se identifica la ventaja fiscal abusivamente obtenida con la futura exención de los dividendos distribuidos. La resolución del TEAC resuelve la reclamación económico administrativa interpuesta contra un acuerdo de liquidación del IRPF dictado en aplicación de la cláusula antiabuso contenida en el artículo 89.2 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades a un contribuyente, persona física, que realizó una operación de aportación no dineraria de las participaciones de una sociedad operativa con beneficios acumulados no distribuidos a una sociedad holding familiar de reciente creación, el criterio sentado resulta de aplicación dado que, el TEAC entiende que la diferencia de trato en sede de persona física y persona jurídica que se otorga a los dividendos repartidos por la sociedad operativa puede constituir una ventaja fiscal abusiva, siempre que pueda acreditarse que el acceso a esa diferencia de trato, a esa ventaja fiscal, fue la finalidad principal de la operación .
Con ello matiza el criterio de la consulta n.º V2214-23, de 27 de julio de 2023 en cuanto a que la ventaja fiscal susceptible de eliminación no podía consistir en el "diferimiento en la tributación de las rentas generadas" inherente al propio régimen de diferimiento y señala que el artículo 89.2 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, al permitir la inaplicación total del régimen, permite eliminar el diferimiento propio del régimen si están dentro de la ventaja fiscal abusiva buscada al realizar la operación.
En definitiva, el TEAC, no comparte la posición adoptada por la DGT en interpretación de la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de noviembre de 2022 en cuanto al alcance material de la regularización, por lo que el análisis del régimen FEAC permite también la eliminación del diferimiento, pero para ello es necesario que la Administración objetive la consumación del fraude.
En definitiva el TEAC resuelve, con criterio que comparte esa Sala, que cuando se haya declarado, en los términos y condiciones del art. 89.2 de la Ley 27/1992, que una operación FEAC ha tenido como "principal objetivo el fraude o la evasión fiscal", se deben eliminar "exclusivamente los efectos de la ventaja fiscal" obtenida por la aplicación de dicho régimen que se muestren abusivos o irregulares y esa eliminación también "puede" afectar al inicial diferimiento que proporcionó la aplicación del régimen, cuando resulte necesario para la eficaz corrección del abuso producido, ya que ningún efecto fiscal puede ser inmune a las consecuencias de la acreditación de que se llegó a él de modo fraudulento o abusivo.(...)
En las resoluciones de 27 de mayo de 2024, este Tribunal Central estableció las pautas para la regularización en caso de inaplicación parcial del régimen FEAC, conforme a las cuales, declarado que la operación tuvo como principal objetivo el fraude o la evasión fiscal, deben eliminarse los efectos de la ventaja fiscal abusiva, todos ellos pero solo ellos, sin desimposición ni sobreimposición, atendiendo tanto al importe del abuso como al periodo en que se produce; de modo que no cabe gravar en el ejercicio de la aportación la totalidad de las plusvalías latentes, sino regularizar en el ejercicio en que el aportante obtiene, a través de la sociedad holding, la disponibilidad de los beneficios de la operativa existentes al tiempo de la aportación.
Esta doctrina se completa con las pautas que concretan las resoluciones de 19 de noviembre de 2024 (RG 8869/2021), de 12 de diciembre de 2024 (RG 6543/2024 y RG 5937/2024), de 24 de junio de 2025 (RG 5240/2022 y RG 5242/2022) y de 8 de mayo de 2026 (RG 2211/2024 y RG 5163/2025) y de 8 de octubre de 2026 (RG 417/2023). De ellas interesan al presente caso los siguientes criterios.
De las resoluciones de 12 de diciembre de 2024 se concluye que, en casos como el presente, se produce a consumación del abuso con el reparto de dividendos de la operativa a la holding, teniendo en cuenta que, cuando se reparte beneficio con posterioridad a la aportación, hasta el importe de las reservas disponibles y beneficios existentes en la operativa en aquel momento, ha de entenderse que el beneficio repartido es, en primer lugar, el correspondiente a dichas reservas y beneficios, atendiendo a una interpretación finalista del artículo 89.2 de la LIS, sin que la mera identificación de reservas distintas a efectos de su reparto pueda llevar a entender que no se ha materializado el abuso.
Se señala también en las ciadas resoluciones que los repartos de dividendos realizados en ejercicios posteriores a los comprobados a través de los cuales las personas físicas aportantes obtengan la disponibilidad, aun indirecta, de las plusvalías tácitas inicialmente diferidas por la aplicación del régimen FEAC, pondrán fin a dicho diferimiento, tributando como ganancia patrimonial en el socio aportante, al ser considerados materialización o consumación del abuso en su día declarado, si se dan condiciones análogas a las que llevaron a la calificación como fraudulenta de la operación FEAC, y que permitan confirmar dicha apreciación, entre las que, por ejemplo, se encuentra el destino que se haya dado por la entidad holding a esos fondos recibidos, en años futuros, por el reparto de dividendos que acuerde la sociedad operativa.
Las resoluciones de 24 de junio de 2025, en un caso en el que se había gravado el año de la AND la totalidad de la plusvalía puesta de manifiesto, calculando el valor de mercado de las participaciones por un método de múltiplos que recogía un valor que incluía el fondo de comercio de la entidad, indicaba, en síntesis que no resulta abusivo colocar bajo la sociedad holding la mera expectativa de los beneficios futuros del negocio y que la ventaja eliminable se circunscribe a los beneficios ya generados y acumulados en la sociedad operativa con anterioridad a la aportación, y a las plusvalías tácitas incorporadas a activos cuya realización fuese, al tiempo de aquélla, inmediata y previsible.
Las resoluciones de 8 de mayo de 2026, establecieron, con relevancia para el presente caso, los siguientes criterios:
1. En relación a la definición de abuso y su consumación e imputación temporal:
"Por tanto, en casos como el presente, se considerará producida la consumación por los importes que cumplan los requisitos citados: hayan sido recibidos por la sociedad holding con origen en las reservas de la sociedad operativa previas a la AND, y su uso posterior por la holding no desmienta que “se den condiciones análogas a las que han supuesto la calificación como fraudulenta de la operación FEAC”, lo que ocurrirá, con carácter general, cuando los fondos generados por la actividad operativa que llegaron a la sociedad holding, esto es, los fondos afectados por la posible regularización, se remansan en ella, sin ser reintroducidos en ninguna actividad empresarial.
Es importante dejar claro que la regularización por la consumación se imputará al ejercicio en el que los fondos afectados por ella llegaron a la sociedad holding, cuando se obtuvo su disponibilidad y acaba el diferimiento, sin perjuicio de que para verificar que se dan las circunstancias descritas como abuso se realice un análisis global de todas las concurrentes, incluidas las que tuvieron lugar en años posteriores (en los términos que después veremos), tal y como la práctica administrativa y judicial viene haciendo para valorar la posible calificación como abusiva de una operación."
2. En relación a las reinversiones:
-Carga de la prueba: A partir de abuso ya declarado, y habiendo constatado la disponibilidad de los fondos por la holding, es el reclamante quien debe acreditar que se dan las condiciones fácticas para sostener que, a modo de excepción de la valoración global ya realizada, no se dan las circunstancias descritas como abuso, y por tanto no hay consumación del abuso por los fondos recibidos que se reintegraron en el circuito empresarial, al haberse, en ese caso, cumplido la finalidad del régimen de diferimiento que el contribuyente ha aplicado (que, según la Directiva comunitaria que ya se citó, pretende que “las empresas (…) aumenten su productividad y refuercen su posición de competitividad”, de modo que los fondos que salieron de una actividad empresarial han acabado invertidos en otra actividad empresarial.
-Concepto de inversión: Para considerar que se ha producido inversión en una actividad empresarial, lo razonable es partir de una interpretación sistemática con las aproximaciones legales a este concepto ya existentes, en particular, con lo dispuesto en el artículo 4.ocho.dos de la Ley de la Ley 19/1991 del Impuesto sobre el Patrimonio, al que remite el artículo 87.1 c) de la LIS cuando, al regular las AND en cuyo contexto estamos, busca asegurar que las acciones aportadas por la persona física sean de sociedades dedicadas a realizar actividades económicas, y no entidades de mera tenencia de bienes desconectados de una actividad económica, de modo que los fondos que salieron de una actividad empresarial han acabado invertidos en otra actividad de la misma naturaleza.
-Individualización de los recursos invertidos cuando coinciden en la sociedad holding recursos afectados por la posible regularización con recursos financieros que tengan orígenes diferentes.
Se debe poder apreciar la relación de causalidad entre la recepción de fondos derivados de la AND cuyo régimen de diferimiento se está analizando, y la reintroducción en el circuito económico empresarial de dichos fondos que se pretende que evite considerar consumado el abuso que, previamente, se consideró que era la finalidad principal de la operación abusiva realizada.
En los casos en los que coincidan en la sociedad holding los recursos afectados por la posible regularización con recursos financieros que tengan orígenes diferentes, se considerará que las primeras reinversiones en actividad empresarial que realice la sociedad holding tras recibir los recursos afectados por la posible regularización proceden de dichos recursos, considerando que se ha cumplido el objetivo sustancial del régimen FEAC .
Si la holding dispone de recursos afectados por la posible regularización obtenidos en varios ejercicios, que no hayan sido ya regularizados como consumación del abuso, lo razonable es imputar las reinversiones realizadas atendiendo al orden temporal de la percepción de fondos de la sociedad operativa, es decir, primero a los que se recibieron antes.
-Momento de la reinversión: Se considerará que no hubo consumación del abuso si los fondos recibidos se han reinvertido en un plazo razonable desde su recepción, o están en curso de reinversión suficientemente acreditado.
Con carácter general, sólo serán válidas para juzgar si la llegada de fondos a la holding consumó el abuso ya declarado, las inversiones realizadas, o que están en curso de reinversión suficientemente acreditado, antes de que se inicie el procedimiento de comprobación del ejercicio en el que se regularizaría la consumación, esto es, del ejercicio de percepción por la sociedad holding de los fondos afectados por la posible regularización. Lo contrario supondría desactivar el componente disuasorio, o incentivador de la aplicación del régimen FEAC de acuerdo con su finalidad de modo voluntario, de la cláusula antiabuso.
No obstante, podrán tenerse en cuenta circunstancias excepcionales, tales como la recepción de dividendos por la sociedad holding en fechas muy cercanas al inicio del procedimiento de comprobación, de modo imprevisto, cuando el contribuyente no tiene poder de decisión en la sociedad operativa que los repartió, de modo que le haya resultado imposible planificar la adecuada inversión de los mismos antes del inicio del procedimiento de comprobación.
3. En relación al reparto de dividendos de la holding al socio, en síntesis, se señaló que este reparto no constituye subsanación de la consumación del abuso (que se produce cuando los fondos llegaron a la holding), sino que opera sobre el importe finalmente exigible, con la finalidad de eliminar toda sobreimposición generada por la propia aplicación de la cláusula, distinguiéndose tres escenarios: si el reparto se produce en el mismo ejercicio en que la operativa distribuyó a la holding, por su importe minora el importe de la consumación; si es posterior a la consumación pero anterior a su regularización, la consumación se mantiene íntegra y determina la cuota, si bien no se exige la parte coincidente con lo ya ingresado que tributó, compensándose el retraso mediante intereses; y si es posterior a la regularización, no se somete a gravamen.
OCTAVO.- Efectos en la doctrina anterior de la reciente STS núm. 949/2026, de 20/07/2026 (rec. cas. 6518/2023) que aborda las siguientes tres cuestiones interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.
La primera es esta:
"1.1. Determinar si en la cláusula antiabuso del art. 96.2 TRLIS está implícito un principio de proporcionalidad que permita una vez constatado que no concurren de los requisitos necesarios para la aplicación del régimen especial establecido en el Capítulo VIII del Título VII del TRLIS aplicar el régimen general del impuesto sobre sociedades pero con modulaciones considerando que las ganancias patrimoniales derivadas de la aportación no dineraria realizada en la constitución de esa sociedad deban someterse a tributación por el concepto de IRPF gozando del beneficio de diferimiento que aquel régimen fiscal especial de diferimiento de Fusiones, Escisiones, Aportaciones y Canje de Valores prevé.”
Se analiza en el FD 5º, y se responde positivamente, sentando (FD 8º) la siguiente doctrina:
“En la cláusula antiabuso del art. 96.2 TRLIS está implícito un principio de proporcionalidad que permite la inaplicación parcial del régimen FEAC, incluso bajo la vigencia del TRLIS. La inaplicación parcial del régimen FEAC solo puede determinar la eliminación de las ventajas fiscalmente pretendidas de forma abusiva por el contribuyente, que deben de estar identificadas en el acuerdo de liquidación.”
Es claro que la doctrina que desde 2024 viene manteniendo este TEAC, centrada en dotar de contenido al principio de proporcionalidad, está en completa sintonía con esta posición del TS.
La segunda se centra en determinar si la aplicación de la cláusula antiabuso puede llegar suprimir el diferimiento del gravamen de las plusvalías latentes puestas de manifiesto en la operación:
“1.2. Para el caso de responder en sentido afirmativo a la primera cuestión, aclarar si el principio de proporcionalidad que delimita la cláusula antiabuso del art. 96.2 TRLIS exige que, una vez constatada la no concurrencia de los requisitos necesarios para la aplicación del régimen especial establecido en el Capítulo VIII del Título VII del TRLIS la regularización de la Administración puede consistir en rechazar el beneficio del diferimiento haciendo tributar al contribuyente por las plusvalías latentes derivadas de la operación.”
Analiza la cuestión el TS en el FD 6º, concluyendo que:
“La regularización de la Administración podrá consistir en eliminar el diferimiento de las ganancias patrimoniales derivadas de la aportación no dineraria realizada en la constitución de una sociedad holding, haciendo tributar al contribuyente por las plusvalías latentes derivadas de la operación, únicamente, si la Administración justifica, mediante una motivación reforzada, que el diferimiento constituye el principal objetivo buscado al realizar la operación. Esta motivación reforzada deberá comprender una identificación de los elementos de prueba que sean claramente indicativos de esa finalidad."
Se confirma que, como venía sosteniendo el TEAC, el efecto básico del régimen FEAC, el diferimiento, no puede ser inmune a la aplicación de la cláusula antiabuso, tal y como resulta de la literalidad de su redacción, tanto en la Directiva como en la norma española, y de que “se trata de una cláusula antiabuso que, en palabras de la sentencia de esta Sala de 31 de marzo de 2021 (recurso 5886/2019, ECLI:ES:TS:2021:1258), opera como lex specialis directamente derivado del DUE”, como nos recuerda el FD 5º.1 de la reciente STS de julio de 2026, que hace que su aplicación deba ceñirse a los términos estrictos para los que está concebida, esto es, limitarse a la posible eliminación de los efectos propios y directos del régimen FEAC, que no son más que el diferimiento de la tributación de las plusvalías latentes, que concurre en la generalidad de los casos, o la subrogación del adquirente en créditos fiscales del transmitente, que comparece de forma más ocasional (circunstancia que no concurre en este caso). De hecho, la identificación entre régimen FEAC y diferimiento es tan intensa que en la práctica es usual nombrar al régimen con el sustantivo que corresponde a su efecto básico, identificación que comparte el propio TJUE, para el que la Directiva "únicamente establece un régimen de tributación diferida de las plusvalías correspondientes a los bienes aportados, el cual, al evitar que la aportación de la actividad dé lugar por sí misma a una imposición, salvaguarda los intereses financieros del Estado de la sociedad transmitente al asegurar la tributación de estas plusvalías en el momento de su realización efectiva" (Euro Park Service, C 14-16, apartado 67; véanse también su apartado 29 y Modehuis A. Zwijnenburg, C-352/08, apartado 39 : "la Directiva 90/434 tiene por objeto eliminar los obstáculos fiscales para las reestructuraciones transfronterizas de sociedades al garantizar que los posibles aumentos de valor de las participaciones sociales no sean gravados antes de que sean llevados a cabo efectivamente").
Según la Directiva (artículos 11 antigua y 15 de la nueva), los efectos de la cláusula se limitarán a “negarse a aplicar total o parcialmente las disposiciones de los artículos 4 a 14 o a retirar total o parcialmente el beneficio de las mismas”. A su vez, el artículo 89.2 en su párrafo inicial indica que “no se aplicará el régimen”, concretando en su párrafo segundo cómo llevar a cabo las “actuaciones de comprobación de la Administración tributaria que determinen la inaplicación total o parcial del régimen fiscal especial”.
Ambas normas sitúan la única corrección posible, en aplicación de esta cláusula, en el marco de la inaplicación total o parcial del régimen, por lo que la corrección a efectuar sólo puede consistir en corregir una de las previsiones derivadas de la aplicación misma del régimen, aquellas que otorgan un tratamiento tributario diferente a los contribuyentes que lo aplican. En estos casos (aportación no dineraria especial o canje) concurre un único efecto derivado de la aplicación misma del régimen especial: el diferimiento. Así lo ha expresado el Tribunal de Justicia: "la Directiva 90/434 establece el principio de la tributación diferida de las plusvalías correspondientes a los bienes aportados y sólo permite denegar ese beneficio con una condición, esto es, únicamente cuando la operación contemplada tenga como objetivo el fraude o la evasión fiscales" (Euro Park Service, C 14-16, apartado 50).
En la misma línea, el Tribunal de Justicia ha circunscrito el alcance de la cláusula a la operación de reestructuración y a su tratamiento fiscal: la disposición "se circunscribe claramente a la materia de fusiones de sociedades y de las demás operaciones de reorganización de sociedades y se aplica únicamente a los impuestos devengados con ocasión de estas operaciones" (Modehuis A. ZwijnenburgZwijnenburg, C-352/08, apartado 47, énfasis añadido).
Concluyendo, en su apartado 50 que: "De ello se desprende que los únicos impuestos que pueden acogerse a las ventajas establecidas por la Directiva 90/434 y, consiguientemente, entrar en el ámbito de aplicación de la excepción prevista por el artículo 11, apartado 1, letra a), de la misma son los expresamente contemplados por ella."
Negar la posibilidad de la aplicación de la cláusula antiabuso pueda corregir el diferimiento la reduciría, en los casos que nos ocupan, a la irrelevancia. Aunque se haya identificado que la defraudación buscada se materializa en la posterior aplicación de la exención del artículo 21 de la LIS por la entidad adquirente, la aplicación de la cláusula antiabuso especial no permitirá eliminar esta figura, al no ser uno de los efectos propios del régimen FEAC.
Pero esta eliminación, claro, debe hacerse con las limitaciones que exige la “protección de este régimen, que se configura como un régimen de aplicación general y no excepcional, justifica tales exigencias, con el objeto de salvaguardar el principio de neutralidad al que sirve” (FD 6º 17).
Las limitaciones básicas que fija la STS, a juicio de este TEAC, se pueden sintetizar de este modo.
1.- Las que resultan de la proporcionalidad afirmada en el FD 5º, que se condensan en la prohibición de que la retirada del diferimiento sea “automática”, tal y como se indica (hasta 9 veces) en el FD 6º Sexto, “(…) de suerte que solo alcance a la ventaja fiscal abusiva que se pretenda obtener”, dado que “Esta ventaja no se puede identificar necesariamente con el diferimiento de la tributación de las plusvalías latentes”. (FD 6º.10.)
La doctrina del TEAC que acabamos de describir cumple, a nuestro juicio, completamente las exigencias del TS, al aplicar la cláusula antiabuso con estas pautas:
-La solución del TEAC evita todo automatismo cuantitativo, al basarse en una escrupulosa búsqueda de la proporcionalidad, ya que, tras la identificación por la Inspección del fraude o abuso perseguido, tan solo se corrige la parte de las plusvalías latentes inicialmente diferidas que forman parte del abuso identificado.
Habitualmente, en estos casos, el esquema abusivo regularizado ha consistido en incumplir el objetivo empresarial exigido por el régimen FEAC de neutralidad, al revelar el análisis global de la operativa seguida que no se ha buscado una mejora para actividades empresariales pasadas o futuras, sino algo bien distinto: la desafectación de una actividad económica de los recursos generados por ella, para dejarlos, en la sociedad holding, al servicio de las necesidades del socio o como mera inversión pasiva, sin ponerlos al servicio de ninguna otra actividad económica, y todo ello sin asumir ninguna tributación.
Para conseguir este efecto es imprescindible el cambio de titularidad de las acciones de la sociedad operativa, ya que si es una persona física quien extrae los beneficios generados por ella tributará en todo caso, mientras que si los extrae una sociedad podrá utilizar la exención del artículo 21 de la LIS.
Obviamente, es imprescindible que ese cambio de titularidad se haga sin tributar, para no anticipar la tributación que se pretende evitar. La tributación a la que conducen las reglas generales del IRPF es obvia: esos recursos que se está pensando extraer de la actividad económica de la sociedad operativa estarán, generalmente, en su contabilidad, como reservas, de modo que formarán parte del valor de mercado de las acciones que la persona física transmitirá a la sociedad holding, generando ganancia patrimonial.
Sólo el régimen FEAC, y su diferimiento, pueden evitar esa tributación.
Como hemos expuesto en el FD anterior, tan sólo se corrige el diferimiento de la plusvalía latente diferida que se corresponde con el abuso detectado, esto es, con los recursos que finalmente se separan, de modo efectivo, de la actividad económica que los generó, y sólo si, en los términos expuestos, se verifica que no se reinvierten en otra actividad económica. A estos efectos, para preservar la proporcionalidad, se vienen fijando criterios y pautas para identificar la cuantía de la plusvalía latente diferida de modo abusivo en los dos momentos de la operativa abusiva detectada, tanto en el diferimiento inicial que la prepara como en su parcial (y posterior) finalización al consumarse el abuso al materializarse el citado trasvase.
-La solución del TEAC evita automatismos temporales, que puedan suponer someter a gravamen abusos que finalmente no lleguen a materializarse, ya que tan sólo se pone fin al diferimiento cuando la finalidad elusiva descrita se hace realidad, sometiendo a gravamen, sólo en ese momento, la parte de la plusvalía latente afectada que, hasta entonces, se mantuvo diferida.
2.-La necesaria motivación. Afirma la STS que cuando la Administración elimine el diferimiento, haciendo tributar al contribuyente por las plusvalías latentes derivadas de la operación, deberá justificar, “mediante una motivación reforzada, que el diferimiento constituye el principal objetivo buscado al realizar la operación”.
En primer lugar, a juicio de este TEAC, se ha de entender que para cumplir esta exigencia (reiterada en el FD 6º 15 y 17; FD 8º (ix y x); FD 9º), no bastará, obviamente, la mera acreditación de que la búsqueda de este concreto efecto fiscal ha sido decisiva para elegir una operación mercantil que, al dar entrada al régimen FEAC, haga posible su obtención, ya que esta intención concurrirá en la generalidad de los casos. Será necesario acreditar que ese objetivo fiscal principal, el diferimiento, es “una ventaja fiscal abusiva identificada como tal por la inspección” (FD 6º, apartados 10, 15 ó 16).
Lo que está exigiendo el TS, por tanto, es que, para poder corregir el diferimiento de la plusvalía latente existente en el momento de realizar la AND se haya motivado suficientemente (de modo “reforzado”) su calificación como abusivo o fraudulento. Será un juicio, el de motivación, que habrá que realizar y analizar, como es lógico, atendiendo a las circunstancias concretas de cada caso. No obstante, sí deben hacerse dos reflexiones generales.
La primera es que se cumple, a juicio de este TEAC, la exigencia de “motivación reforzada” del carácter abusivo del diferimiento que se pretenda corregir cuando, como ocurre en este caso según luego se verá, esta descansa fundamentalmente en la motivación y prueba de que hay abuso en el reparto de dividendos por la sociedad operativa, procedentes de beneficios generados antes de la AND, a la holding, sin tributar, ya que se materializa la desafectación de una actividad económica de los recursos generados por ella, para dejarlos, en la sociedad holding, al servicio de las necesidades del socio o como mera inversión pasiva, sin ponerlos al servicio de ninguna otra actividad económica, siempre que se haya acreditado que lograr este ahorro abusivo era el principal objetivo por el que buscó el diferimiento que ofrecía la AND. Y ello aunque no se haya explicitado la calificación como abusivo, o fraudulento, del propio diferimiento de las ganancias patrimoniales puestas de manifiesto al hacer la AND, individualmente considerado, desconectado de los efectos fiscales de operaciones posteriores para cuya consecución se buscó, y para los que es imprescindible.
Por un lado, vemos que juzgar de este modo el objetivo principal de la operación, de la AND, a la luz de sus consecuencias, haciendo un análisis global, no es sino cumplir la jurisprudencia reiterada del TJUE (por todas, Caso Foggia-SGPS, S. del TJUE de 10 de noviembre de 2011, Asunto C-126/10: “el examen global de la operación, y no basarse en elementos aislados”). Es también una exigencia lógica de cualquier juicio de la intención con la que se hace una operación, que no puede limitarse a constatar los objetivos declarados, o teóricos, debiendo sustentarse en la constatación de los efectos realmente conseguidos.
El obligado juicio global hace evidente que la conexión entre ambos efectos fiscales (diferimiento y posterior exención de dividendos, ambos efectos positivos para el contribuyente, por lo que ambos pueden considerarse ventajas fiscales) es tan intensa que pueden considerarse, en estos casos, como dos piezas de un único mecanismo: el que ha permitido que recursos que estaban al servicio de una actividad económica pasen a estar al servicio de las necesidades del socio, o colocados como mera inversión pasiva, desvirtuando el objetivo del régimen FEAC. Ese mecanismo único de elusión fiscal necesita estos pasos.
-Necesita que los beneficios generados por la actividad empresarial de una sociedad los reciba otra sociedad, y no una persona física, para que no tributen.
-Necesita, por tanto, que el socio persona física transmita las acciones de la sociedad con beneficios empresariales repartibles a otra sociedad.
-Necesita, es obvio, que en esa transmisión no se anticipe ya la tributación que se quiere evitar, dado que los beneficios que se piensan extraer forman parte de las plusvalías latentes en ella. Sólo el diferimiento propio de una operación FEAC lo evita.
Es claro, por tanto, que si la elusión buscada se juzga como abusiva (porque no es querida por el ordenamiento, y la operación FEAC no tenía otro objetivo conocido que la explicase, que le diese sentido) ese juicio recae, simultáneamente, tanto sobre la ventaja fiscal concreta que materializa o consuma el fraude fiscal a través de la aplicación de la exención del artículo 21, como sobre la primera ventaja fiscal, instrumental o inmediata, el diferimiento, la primera pieza del mecanismo elusivo único, que deja preparado, o planificado, el citado fraude fiscal, por la parte de plusvalía latente que se corresponde con las futuras salidas de beneficios de la sociedad que los generó.
Pero es claro también que esta valoración como abusivo del diferimiento, visto con la necesaria perspectiva global, parte de una premisa imprescindible: considerar abusiva el acceso a la exención del artículo 21 de la LIS, que sólo el previo diferimiento hacía posible sin tributación previa que inutilizase su efecto, y considerar que este abuso o fraude es corregible por la aplicación de la cláusula antiabuso antes regulada en el artículo 96.2 del TRLIS, ahora el 89.2 de la LIS. Este juicio se viene sosteniendo por la Inspección, y por este TEAC, siguiendo pronunciamientos judiciales, tanto del TS como de la AN y del TSJ, que ya han sido citados, que lo confirman para casos análogos, criterio judicial que, en tanto no sea modificado por la propia jurisprudencia, marca el camino a seguir a los órganos administrativos.
Especialmente significativa es, por todas, la ya citada STS de 25 de mayo de 2012 (recurso cas. núm. 3944/2009), cuyas conclusiones, para un caso análogo tan sólo se ven modificadas por la reciente STS de 20 de julio de 2026, a juicio de este TEAC, en lo tocante al principio de proporcionalidad, que también con la legislación anterior a 2015, demandaba en estos casos una inaplicación parcial, y no total del régimen FEAC, esto es, del diferimiento:
“ (…) Lo que, en definitiva, se ha producido es un reparto de dividendos a los socios solapado por el traspaso a unas sociedades, con un menor coste fiscal, mientras que para los socios, personas físicas, el reparto de beneficios estaría exento de coste fiscal de no proceder al reparto de dividendos antes de transcurrido un año desde la aportación no dineraria, por aplicación del régimen especial postulado y de la doble imposición intersocietaria, regulada en el art. 28 LIS.
Por todo ello, comparte la Sala el criterio de la Administración, en el sentido de que, de conformidad con lo establecido en el artículo 110.2 de la LIS, no resulta de aplicación a dicha operación el régimen establecido en el Capítulo VIII del Título VIII de la Ley 43/1995 del Impuesto sobre Sociedades."
La segunda reflexión es que la STS a la que nos venimos refiriendo no pudo partir de esta premisa fundamental, de la que vienen partiendo tanto la Inspección como el TEAC, lo que, a nuestro juicio, hace que su resolución del caso concreto, su juicio sobre la motivación del acuerdo de liquidación que juzgó, no sea trasladable a los órganos que sí estamos vinculados por la jurisprudencia previa.
Decimos que el TS no pudo contar con el previo juicio negativo sobre si la falta de tributación en la sociedad holding de los beneficios generado por la sociedad operativa eran una ventaja fiscal corregible por la cláusula, porque la propia sentencia explica que queda fuera de su análisis, pese a que, aunque con un error material en la cita del precepto aplicable, había sido planteada la cuestión. Así, en tercer lugar, se le planteó al TS si:
“1.3. En caso de responder en sentido afirmativo a la segunda cuestión, determinar si la exención prevista en el art. 21 TRLIS para evitar la doble imposición sobre dividendos puede considerarse una ventaja fiscal".
Y esta tercera cuestión no es abordada por el TS, por la razón procesal que se explica en el FD 7º (énfasis añadido por este TEAC):
“5. (…), esta Sala no debe entrar a valorar si la exención para evitar la doble imposición de dividendos y plusvalías del art. 21 TRLIS (único precepto al que se refiere la recurrente, y el auto de admisión, y no al art. 30 TRLIS) puede constituir una ventaja fiscal abusiva susceptible de regularización en los términos del art. 96.2 TRLIS, pues, en efecto, implicaría adoptar un pronunciamiento sobre una cuestión que no fue tratada en la instancia.”
Por tanto, el TS ni confirma ni rechaza si el ahorro de impuestos que se busca, y que se consigue, sustituyendo al socio persona física (abocado a tributar en el IRPF) por el socio sociedad (que no tributará por los dividendos recibidos, hasta 2014 a través de deducción por doble imposición del artículo 30TRLIS, y desde 2015 con la exención para evitar la doble imposición) es un objetivo abusivo, como habían sostenido tanto la Inspección como el TSJ y la AN, o si está amparado por una economía de opción.
Si no se pudo entrar a juzgar si el ahorro de impuestos ya descrito es abusivo, o no lo es, este ahorro se convierte en una pieza inutilizable para el necesario juicio de intenciones que se ha de hacer. Queda así fuera del tablero de juego que pudo manejar el TS las piezas que contiene el grueso de la motivación, del análisis de hechos y derecho aplicable, esgrimidos por la Inspección, y confirmados por AN y TSJ, de modo que su juicio de la verdadera intención de la operación realizada sólo pudo resultar de analizar el diferimiento en sí mismo, desconectado de lo que pase después, desconectado de los efectos realmente producidos, que son los que permiten juzgar lo realmente pretendido. No pudo hacer un análisis global.
El diferimiento en sí mismo es, nadie lo duda, el efecto propio y natural del régimen especial, por lo que es difícil pensar que, desconectado del obligado análisis global, pueda sostenerse que es abusivo. Por ello, el TS, que sólo pudo juzgar el diferimiento en sí mismo, desconectado de la valoración de su único objetivo conocido (posibilitar el posterior reparto de dividendos sin tributar), sólo podía concluir que no estaba motivada su consideración como abusivo, de modo que su eliminación era automática. Concluir otra cosa hubiese podido ser valorado como la confirmación tácita, o el rechazo tácito, de la valoración expresa que, por razones procesales, se dice que no se puede hacer en esta sentencia.
NOVENO.- Inaplicación parcial del RFEAC en el caso concreto
Pues bien, teniendo en cuenta la doctrina anterior y los matices introducidos por las resoluciones posteriores, a continuación se van a particularizar sus efectos para el caso que presenta esta resolución:
- 1. Identificación de la ventaja fiscal abusiva:
Al igual que en las Resoluciones de 22 de abril y 27 de mayo de 2024, se ha identificado en este caso de forma suficiente la ventaja fiscal abusiva, tal y como se ha expuesto en los fundamentos anteriores.
La persona física, aquí reclamante, aportó, a SH (que sería equivalente a la sociedad holding de las resoluciones del TEAC citadas), las acciones de la sociedad XZ (que sería equivalente a la sociedad denominada operativa en las resoluciones citadas) cuando XZ acumulaba beneficios distribuibles generados en años anteriores, y nunca había repartido dividendos. Con posterioridad a la aportación, XZ comienza a repartir cuantiosos dividendos anuales a SH, sin tributar puesto que resulta de aplicación la exención del artículo 21LIS.
Así, la inspección ha considerado que el abuso se manifiesta en el posterior reparto de dividendos de XZ a SH que, de haber permanecido las acciones en la propiedad del socio y reclamante hubieran tributado en el IRPF de la persona física, mientras que, tras la aportación de las acciones, se ve beneficiada de la exención del 21LIS.
- 2. Distinción entre preparación y consumación del abuso normativo en el caso concreto:
En el presente caso, y, de acuerdo con la doctrina expuesta, este TEAC advierte que el abuso normativo ha quedado plenamente preparado con la AND realizada, pero únicamente ha sido consumado en los ejercicios en los que se obtuvo, sin tributar, la disponibilidad indirecta, a través de la sociedad holding, de los beneficios procedentes de las reservas que ya tenía la sociedad operativa al producirse la AND, generadas durante el tiempo de tenencia de sus participaciones por el reclamante, que llegaron a la holding por el reparto de dividendos por la operativa, y quedaron remansados en la misma.
Como se ha señalado anteriormente, las resoluciones de 12 de diciembre de 2024 (RG 6543-2024 y RG 5937-2024), establecieron como criterio, a estos efectos, realizando una interpretación finalista del artículo 89.2 LIS, tendente a regularizar la contingencia fiscal producida , sin dejar al albur de la voluntad de quienes han diseñado y participado en el abuso, la neutralización o desactivación de las consecuencias de su regularización, en síntesis, que cuando se reparte beneficio con posterioridad a la AND, hasta el importe de las reservas disponibles y beneficios existentes en la sociedad cuyas acciones se aportan en el momento de la AND, se ha de entender que el beneficio repartido es, en primer lugar, el correspondiente a dichas reservas y beneficios.
-3. Conclusiones respecto de la liquidación de la inspección:
No puede prosperar, por tanto, la liquidación realizada por Inspección, porque, pese a que sí llega a identificar, como abuso efectivo obtenido fruto de la operación realizada el importe de los dividendos repartidos, después de ésta, por XZ a la sociedad SH, finalmente, sin embargo, ha sometido a gravamen, liquidando el IRPF de 2015, la totalidad de las plusvalías acumuladas en XZ en el momento de realizar la aportación dineraria, considerando, sin matiz alguno, las reglas de cálculo del artículo 37.1.d) de la LIRPF.
Este Tribunal Central ha podido consultar en las cuentas anuales que constan en el expediente administrativo, que con anterioridad a la aportación no dineraria existían en la sociedad operativa unos beneficios distribuibles de aproximadamente 3.000.000,00 €. Dicha magnitud, en la parte correspondiente a la participación aportada por el reclamante, opera como límite máximo del abuso susceptible de corrección, sin que su determinación exacta corresponda efectuarla a este Tribunal: no habiendo sido cuantificada como tal en el acuerdo de liquidación, su fijación precisa corresponderá, en su caso, a la eventual regularización posterior de los ejercicios en que el abuso se hubiera consumado.
Como hemos expuesto, del expediente resulta que, en el ejercicio 2015, ningún efecto del abuso detectado se ha producido.
Es en los ejercicios 2016 a 2020 cuando, como consecuencia del reparto de dividendos de XZ a SH, habría quedado materializado el abuso, y sería en ellos, por tanto, donde habría de tener efecto cuantitativo la regularización que, en su caso, procediera practicar.
Podrá procederse a liquidar, si a ello hubiere lugar, en los ejercicios posteriores en que se hubieran producido los citados repartos de dividendos que pueden suponer, como se ha expuesto, consumación del abuso regularizado, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 68.9 LGT, relativo a las obligaciones tributarias conexas, así como las conclusiones alcanzadas en las Resoluciones del TEAC de 12 de diciembre de 2024 ( RG 6543-2024 y RG 5937-2024), por las que se resuelven los recursos contra la ejecución interpuestos contra las RTEAC de 27de mayo 2024 citadas, y en las resoluciones de 8 de mayo de 2026 ( RG 2211-2024 y 05163-2025) sobre la incidencia en las eventuales regularizaciones del destino dado por la sociedad holding a los fondos recibidos de la operativa, en particular reinversiones en actividades económicas o repartos de dividendos al socio que hayan tributado ya en su IRPF.
Por lo tanto, procede estimar parcialmente las alegaciones de la reclamante, anulando la liquidación de 2015 en lo que a la aplicación de la cláusula antiabuso del 89.2 LIS se refiere, en los términos expuestos.
DÉCIMO.- Resumen
- Se confirma la declaración que, en aplicación del 89.2 LIS, formuló la Inspección sobre la operación que revisó, esto es, que aquella tuvo como principal objetivo el fraude o la evasión fiscal, por lo que, en aplicación de lo previsto en dicho precepto se debe proceder, en el presente caso, a disponer la inaplicación total o parcial del mismo (en este caso, según lo expuesto, parcial).
- Que esa declaración serviría de base para corregir, en su caso, la consumación del abuso normativo que se hubiera producido en cualquier ejercicio posterior a 2015, por la realización de las plusvalías tácitas que, procediendo, en este caso, de beneficios distribuibles existentes en el momento de la AND, incorporaban las acciones de XZ cuando fueron aportadas a SH, por cualquier medio por el que haya obtenido la disponibilidad de dichos beneficios, teniendo en cuenta, en todo caso, las circunstancias adicionales que puedan haberse producido y, en particular, la parte de dichos fondos que resulte haber sido reinvertida en la constitución, en 2019, de la sociedad dedicada a la fabricación de calzado, o repartos de dividendos al socio que hayan tributado ya en su IRPF.
- Se anulan, por lo tanto, la liquidación practicada por el IRPF del ejercicio 2015, en relación con la inaplicación del régimen FEAC, ya que en dicho ejercicio no se han producido los efectos del abuso que se pretende corregir, por lo que en ese ejercicio no es procedente hacer ningún ajuste en aplicación del artículo 89.2 LIS.
Por lo expuesto,
Este Tribunal Económico-Administrativo acuerda ESTIMAR EN PARTE el presente recurso, anulando la resolución impugnada en los términos señalados en la presente resolución.