Tribunal Económico-Administrativo Central

SALA TERCERA

FECHA: 18 de abril de 2023


 

RECURSO: 00-06816-2020

CONCEPTO: PROCEDIMIENTO RECAUDATORIO

NATURALEZA: RECURSO DE ALZADA

RECURRENTE: XZ, S.L. - NIF ...

REPRESENTANTE: ... - NIF ...

DOMICILIO: ... - España


 

En Madrid , se ha constituido el Tribunal como arriba se indica, para resolver el recurso de alzada de referencia.

Se ha visto el presente recurso de alzada contra resolución dictada por el TEAR de Andalucía en las reclamaciones 14-02848-2018 y 14-03714-2018, interpuestas contra un acuerdo de declaración de responsabilidad en base a lo establecido en el artículo 42.2.a) de la LGT (Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Para la recaudación de las deudas pendientes de la deudora TW S.A. con NIF: ..., previa instrucción del procedimiento iniciado mediante comunicación notificada el 23/10/2014, con fecha 17/11/2014, La Jefa de la Dependencia Regional Adjunto de Recaudación de la Delegación de Córdoba de la AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria), dictó a cargo de la ahora recurrente, acuerdo de declaración de responsabilidad de carácter solidaria sobre la base de lo establecido en el precepto reseñado (Referencia: R...), por un alcance de 189.180,52 euros, que fue notificado el 18/11/2014. Las deudas a las que se extendió el presupuesto de la responsabilidad son las correspondientes a las siguientes claves de liquidación e importes pendientes:

Clave Liquidación

Principal

Recargo

Total Apremio

Ingresos

Pendiente

ACUERDO LIQUIDACION_1

2.545,41

509,08

3.054,49

0,00

3.054,49

ACUERDO LIQUIDACION_2

58.098,65

11.619,73

69.718,38

0,00

69.718,38

ACUERDO LIQUIDACION_3

27.927,58

5.585,52

33.513,10

0,00

33.513,10

A...

72,33

14,47

86,80

0,00

86,80

A...

1.028,11

205,62

1.233,73

1.130,92

102,81

ACUERDO LIQUIDACION_4

2.368,87

473,77

2.842,64

0,00

2.842,64

A...

10.787,73

2.157,55

12.945,28

8.152,47

4.792,81

ACUERDO LIQUIDACION_5

46,74

9,35

56,09

51,41

4,68

ACUERDO LIQUIDACION_6

10.857,19

2.171,44

13.028,63

0,00

13.028,63

ACUERDO LIQUIDACION_7

24.279,79

4.855,96

29.135,75

0,00

29.135,75

ACUERDO LIQUIDACION_8

7.592,77

1.518,55

9.111,32

0,00

9.111,32

ACUERDO LIQUIDACION_9

2.530,92

506,18

3.037,10

0,00

3.037,10

ACUERDO LIQUIDACION_10

11.568,94

2.313,79

13.882,73

0,00

13.882,73

ACUERDO LIQUIDACION_11

3.647,60

729,52

4.377,12

0,00

4.377,12

ACUERDO LIQUIDACION_12

1.215,86

243,17

1.459,03

0,00

1.459,03

ACUERDO LIQUIDACION_13

645,71

129,14

774,85

0,00

774,85

ACUERDO LIQUIDACION_14

215,23

43,05

258,28

0,00

258,28

 

 

 

 

 

189.180,52

(1) deudas no recogidas en el acuerdo posterior

SEGUNDO.- Contra este acuerdo, el día 16/12/2014 fue interpuesta reclamación ante el TEAR de Andalucía, que tramitada con el número 14-03815-2014, fue estimada mediante resolución de 23/02/2018, notificada el día 26/03/2018, en cuyo fundamento de derecho tercero se consignó lo siguiente:

(...)

Examinado el expediente enviado a este Tribunal para la tramitación de la presente reclamación y para la tramitación de la reclamación nº 14-03615-2014, igualmente interpuesta por la reclamante contra el acuerdo de adopción de medidas cautelares que se dictó durante la instrucción del citado procedimiento derivatorio, se observa que solo consta los antecedentes documentales relativos a la operación que la Administración ha considerado que ha producido una la alteración patrimonial de la entidad TW SA encaminada a la ocultación de sus bienes, pero no figuran en los citados expedientes documentación alguna sobre el expediente administrativo iniciado contra la entidad TW SA (no consta ni las liquidaciones ni las sanciones practicadas a su cargo, ni las actuaciones del procedimiento ejecutivo a las que hace referencia el acuerdo impugnado). A la vista de lo expuesto, debe, por ello, resolverse, con carácter prioritario, la cuestión consistente en determinar las consecuencias jurídicas que deben derivarse del hecho de que este Tribunal no disponga de los datos y antecedentes relativos al supuesto deudor principal, debido a la falta de envío del expediente completo por parte de la Administración, cuestión que debe resolverse atendiendo conjuntamente a una serie de normas y principios jurídicos, presididos todos ellos por el consagrado en el art. 24 del Texto Constitucional que impone la tutela efectiva de derechos e intereses legítimos y prohíbe cualquier tipo de indefensión. Todo acto administrativo, incluido el reclamable en esta vía, debe producirse por el procedimiento legalmente establecido, instrumento fundamental de garantía, en cuanto que, por una parte, es el cauce que la Administración debe utilizar para reunir, justificar su existencia y ponderar todos aquellos presupuestos fácticos y jurídicos que constituyen el soporte de la decisión recurrida, y, por otra parte, posibilita la defensa del interesado y el adecuado control por los órganos revisores establecidos al efecto. De ahí que el defecto de forma o procedimiento determina la anulabilidad del acto recurrido cuando éste carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a indefensión, circunstancia que se da en el presente caso, en el que la falta de los documentos relativos al deudor principal, priva materialmente a este Tribunal de la posibilidad de llevar a cabo adecuadamente la función revisora que tiene legalmente encomendada, al no poder determinar su conformidad a Derecho, al no quedar justificada la acción derivatoria. Si a ello se añade que es la Administración la que debe acreditar los elementos materiales y formales que permitan sostener su decisión; que en ningún caso puede perjudicar al reclamante el incumplimiento por parte de aquella de sus deberes legales; y que este Tribunal tiene el deber inexcusable de resolver, forzoso es llegar a una resolución anulatoria del acto impugnado, solución ésta que concuerda con el espíritu de la ofrecida para supuestos semejantes en las sentencias del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 1.979 y 10 de julio de 1.989.

FALLO

EL TRIBUNAL ACUERDA EN PRIMERA INSTANCIA: ESTIMAR la presente reclamación, anulando el acuerdo impugnado.

En los trámites de esta reclamación consta que en fecha 15/04/2015 fue notificado a la parte reclamante el inicio del trámite de puesta de manifiesto del expediente para formular alegaciones, y que las mismas fueron presentadas el 12/05/2015, así como que la resolución fue enviada a cumplimiento a la AEAT el día 25/04/2018.

Con fecha 09/05/2018, se dictó acuerdo de ejecución de la resolución, disponiendo:

(...) Anular el acuerdo dictado por la Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (Delegación de Córdoba) por el que se le declaraba a XZ, S.L responsable solidaria del pago de las deudas y sanciones tributarias a cargo de la entidad TW SA (...), al amparo de lo establecido en el art. 42.2 a) de la Ley General Tributaria, por un importe de 189.180,52 euros.

(...)

TERCERO.- Mediante comunicación notificada el día 01/06/2018 (Referencia: R...), se inició a la sociedad recurrente nuevo procedimiento de responsabilidad solidaria en base al artículo 42.2.a) de la LGT, por la misma operación de ocultación y por las deudas pendientes de TW S.A., dictándose acuerdo con fecha 31/08/2018 (Referencia: R...), notificado en fecha 05/09/2018, por un alcance de 183.689,18 euros, con el siguiente desglose :

Clave Liquidación

Principal

Recargo

Total Apremio

Ingresos

Pendiente

ACUERDO LIQUIDACION_1

2.545,41

509,08

3.054,49

0,00

3.054,49

ACUERDO LIQUIDACION_2

58.098,65

11.619,73

69.718,38

0,00

69.718,38

ACUERDO LIQUIDACION_3

27.927,58

5.585,52

33.513,10

0,00

33.513,10

ACUERDO LIQUIDACION_4

2.368,87

473,77

2.842,64

508,92 (2)

2.333,72

ACUERDO LIQUIDACION_5

46,74

9,35

56,09

51,41

4,68

ACUERDO LIQUIDACION_6

10.857,19

2.171,44

13.028,63

0,00

13.028,63

ACUERDO LIQUIDACION_7

24.279,79

4.855,96

29.135,75

0,00

29.135,75

ACUERDO LIQUIDACION_8

7.592,77

1.518,55

9.111,32

0,00

9.111,32

ACUERDO LIQUIDACION_9

2.530,92

506,18

3.037,10

0,00

3.037,10

ACUERDO LIQUIDACION_10

11.568,94

2.313,79

13.882,73

0,00

13.882,73

ACUERDO LIQUIDACION_11

3.647,60

729,52

4.377,12

0,00

4.377,12

ACUERDO LIQUIDACION_12

1.215,86

243,17

1.459,03

0,00

1.459,03

ACUERDO LIQUIDACION_13

645,71

129,14

774,85

0,00

774,85

ACUERDO LIQUIDACION_14

215,23

43,05

258,28

0,00

258,28

 

 

 

 

 

183.689,18

(2) Ingreso no consignado en el acuerdo inicial

CUARTO.- En el expediente consta que las deudas y las sanciones a las que se extiende el presupuesto de la responsabilidad tienen el siguiente origen (todas ellas incluidas en el acuerdo anulado):

  • ACUERDO LIQUIDACION_2: Acuerdo sancionador por el concepto Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2007, de importe a ingresar de 58.098,65 euros, notificado en fecha 16/11/2009, contra la que interpuso reclamación ante el T.E.A.R. de Andalucía, que tramitada con el número 41-00254-2010, fue desestimada mediante resolución 28/06/2012, notificada el 19/07/2012, finalizando el periodo voluntario de pago abierto con la notificación de la resolución de la reclamación el día 05/09/2012.

  • ACUERDO LIQUIDACION_3: Acuerdo sancionador por el concepto Impuesto sobre el Valor Añadido del ejercicio 2007, de importe a ingresar de 27.927,58 euros, notificado en fecha 16/11/2009, contra la que interpuso reclamación ante el T.E.A.R. de Andalucía, que tramitada con el número 41-00252-2010 fue desestimada mediante resolución de 28/06/2012, notificada el 19/07/2012, finalizando el periodo voluntario abierto con la notificación de la resolución de la reclamación el día 05/09/2012.

  • ACUERDO LIQUIDACION_1: Acuerdo de liquidación por el concepto Impuesto sobre el Valor Añadido del periodo 3T del ejercicio 2010, de importe a ingresar de 2.545,41 euros, notificada el 04/07/2011, finalizando el periodo voluntario el día 22/08/2011.

  • ACUERDO LIQUIDACION_13: Acuerdo sancionador por el concepto Impuesto sobre el Valor Añadido del periodo 3T del ejercicio 2010, de importe a ingresar de 645,71 euros, notificada el día 30/09/2011, finalizando el periodo voluntario el día 07/11/2011.

  • ACUERDO LIQUIDACION_14: Pérdida reducción 25% sanción reducida por el concepto Impuesto sobre el Valor Añadido del periodo 3T del ejercicio 2010, de importe a ingresar de 215,23 euros, notificada el día 09/04/2012, finalizando el periodo voluntario de pago el día 21/05/2012.

  • ACUERDO LIQUIDACION_10: Acuerdo de liquidación por el concepto Retenciones a cuenta del I.R.P.F. sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de rentas, del ejercicio 2009, de importe a ingresar de 11.568,94 euros, notificada el día 15/09/2011, finalizando el periodo voluntario el día 20/10/2011.

  • ACUERDO LIQUIDACION_11: Acuerdo sancionador por el concepto Retenciones a cuenta del I.R.P.F. sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de rentas, del ejercicio 2009 de importe a ingresar de 3.647,60 euros notificada el 28/11/2011, finalizando el periodo voluntario el día 05/01/2012.

  • ACUERDO LIQUIDACION_12: Exigencia de Reducción 25% de la sanción reducida por el concepto Retenciones a cuenta del I.R.P.F. sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de rentas, del ejercicio 2009, de importe a ingresar de 1.215,86 euros, notificada el 11/06/2012, finalizando el periodo voluntario el día 20/07/2012.

  • ACUERDO LIQUIDACION_4: Autoliquidación por el concepto 1T 2010 RET I.R.P.F objeto de solicitud de aplazamiento por importe de 2.368,87 euros presentada el 20/04/2010, denegada mediante acuerdo 27/04/2010, notificada en fecha 17/05/2010, finalizando el periodo voluntario el día 05/07/2010.

  • ACUERDO LIQUIDACION_5: Acuerdo de liquidación de intereses de demora ... de importe 46,74 euros, notificado el día 08/06/2010, finalizando el periodo voluntario el día 20/07/2010.

  • ACUERDO LIQUIDACION_6 Autoliquidación por el concepto I.V.A. periodo 2T y ejercicio 2010, objeto de solicitud de aplazamiento presentada el 20/07/2010 por importe de 10.857,19 euros, denegada mediante acuerdo de 23/07/2010, notificada el 05/08/2010, finalizando el periodo voluntario el día 20/09/2010.

  • ACUERDO LIQUIDACION_7: Acuerdo de liquidación por el concepto Retenciones a cuenta del I.R.P.F. sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de rentas, del ejercicio 2008, de importe a ingresar de 24.279,79 euros, notificada el 28/10/2010, finalizando el periodo voluntario el día 07/12/2010.

  • ACUERDO LIQUIDACION_8: Acuerdo sancionador por el concepto Retenciones a cuenta del I.R.P.F. sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de rentas, del ejercicio 2008, de importe a ingresar de 7.592,77 euros, notificada el 30/01/2011, finalizando el periodo voluntario el día 07/03/2011.

  • ACUERDO LIQUIDACION_9: Exigencia de Reducción 25% de la sanción reducida por el concepto Retenciones a cuenta del I.R.P.F. sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de rentas, del ejercicio 2008, de importe a ingresar de 2.530,92 euros, notificada el 18/08/2011, finalizando el periodo voluntario el día 05/10/2011.

En el acuerdo de responsabilidad se justifica la concurrencia en la sociedad recurrente del presupuesto de responsabilidad previsto en el artículo 42.2 a) de la LGT como se detalla a continuación:

Para derivar la responsabilidad prevista en artículo 42.2.a) de la LGT, anteriormente transcrito, deben producirse, por lo tanto, dos elementos. Por un lado, el elemento objetivo del tipo, la ocultación o transmisión de bienes y derechos del obligado al pago. Y, por otro lado, el elemento subjetivo del tipo, la conducta del presunto responsable que pueda ser calificada como "causante" o "colaboradora" en la ocultación del patrimonio del deudor y su participación en la ocultación o transmisión mediante actos preparatorios, simultáneos o posteriores a ella, en los que quede patente la finalidad de impedir la afección del bien al pago de la deuda tributaria (Resolución del TEAC de 2 de abril de 2013, fundamento de derecho cuarto).

En cuanto al elemento objetivo ...

(...)

En el caso concreto que nos ocupa, la transmisión u ocultación de bienes se verifica con la transmisión de una parcela urbana realizada por la sociedad deudora, representada TW S.A., a la entidad XZ, S.L., formalizándose a través de los siguientes actos:

- Escritura de fecha ... de 2011 otorgada ante la Notario ..., número ... de protocolo, de compra venta asistiendo en representación de la entidad TW S.A. su administradora, Axy y el señor Btx en nombre y representación de la entidad XZ, S.L.

- La finca objeto de la transmisión es una parcela urbana sita en el sector residencial "...", del término municipal de ..., provincia de ..., con una superficie de 2.860 metros cuadrados y referencia catastral … e inscrita en el Registro de la Propiedad de Posadas en el tomo ..., libro ... de..., folio ..., finca 1..., la cual, según se manifiesta en dicho momento, se encuentra libre de cargas. El importe de la venta asciende a 1.029.000,00 euros más la correspondiente cuota de IVA, ascendiendo el total a 1.214.220,00 euros, que se satisfacen, según consta en la escritura pública de compraventa, de la siguiente manera:

- En efectivo metálico, dos pagos de 50.000,00 euros satisfechos los días ... y agosto de 2010, así como otro pago de 40.000,00 euros en efectivo satisfecho el ... del mismo año.

- Mediante dos pagarés: uno de 60.000,00 euros cobrado el ...de 2010 y otro de 40.000,00 euros cobrado el día ... del mismo mes.

Solicitada información a la ENTIDAD_1 sobre dichos pagarés, se nos comunica que ambos fueron satisfechos por ventanilla a la entidad TW, S.A.

- El importe restante, que asciende a 974.220,00 euros, se aplaza formalizándose dicha operación en 19 pagarés con distintos vencimientos.

Solicitada información a la ENTIDAD_1 sobre estos últimos pagarés, se nos comunica que "se encuentran disponibles, es decir, no han sido adeudados en cuenta a su vencimiento ni con posterioridad, mediante cargo en oficinas o bien en el sistema de compensación. Así mismo, consultado con nuestro departamento de cartera, nos indican que no se ha encontrado ninguna información de estos pagarés referente a Descuento."

- Hay que señalar que la señora Axy, administradora y socia única de la entidad TW, S.A. en el momento que se lleva a cabo la transmisión en estudio, es la madre del Sr. Btx, administrador y representante de XZ, S.L.. Ambos comparten domicilio fiscal en la calle ..., número ... de ..., provincia de ....

Concurre por tanto el elemento objetivo necesario para derivar a la entidad XZ S.L. la responsabilidad de la deuda exigible a la sociedad TW, S.A.

En cuanto al elemento subjetivo ...

(...)

En nuestro caso, entiende este órgano que concurre el elemento subjetivo del tipo de responsabilidad y que la entidad XZ, S.L. conocía o debía razonablemente conocer que participaba en una operación tendente a impedir la actuación administrativa. Es un conjunto de indicios el que lleva a este convencimiento, en este caso:

a) Momento en que se realiza el otorgamiento de escritura: La escritura mediante la cual se transmite a la sociedad XZ, S.L. el inmueble propiedad de TW, S.L. se otorgó el ...de 2011, con posterioridad al devengo de las liquidaciones señaladas en el cuadro de deudas derivables incorporado en este documento. Además, esta escritura se otorga después de haberse incoado actas inspectoras en relación con el Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al ejercicio 2007 (...de 2009) y con posterioridad al momento en que se notifica al contribuyente la resolución dictada por la Dependencia de Gestión Tributaria correspondiente a la liquidación provisional relativa a las retenciones y pagos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2008 de 28 de octubre de 2010.

b) Interrelación entre las partes: Según se detalló en el apartado tercero de los antecedentes de hecho, la entidad TW S.A., en el momento en que se realiza la transmisión del bien objeto de esta derivación, era una sociedad unipersonal cuya socia única y administradora era la señora Axy. En cuanto a la entidad XZ, S.L., en dicho momento, era administrador y socio único de la misma el señor Btx, a la sazón, hijo de la anterior, con la que comparte domicilio. Además, resulta cuando menos curioso que el señor Btx, en el año 2009, percibió rendimientos del trabajo de la entidad TW, S.A.

c) Del pago del precio: De los datos que constan en el expediente, se desprende que el pago del importe de la venta, que asciende a 1.214.220,00 euros, se formalizó de la siguiente manera:

- En efectivo metálico, dos pagos de 50.000,00 euros satisfechos los días ... y agosto de 2010, así como otro pago de 40.000,00 euros en efectivo satisfecho el ... del mismo año.

Al formalizarse el pago en efectivo, resulta imposible su acreditación efectiva.

- Mediante dos pagarés: uno de 60.000,00 euros cobrado el ...de 2010 y otro de 40.000,00 euros cobrado el día ...del mismo mes. En ambos casos el cobro se efectuó por ventanilla por la entidad TW, S.A.

- El importe restante, que asciende a 974.220,00 euros, se aplaza formalizándose dicha operación en 19 pagarés con distintos vencimientos.

Solicitada información a la ENTIDAD_1 sobre estos últimos pagarés, se nos comunica que "se encuentran disponibles, es decir, no han sido adeudados en cuenta a su vencimiento ni con posterioridad, mediante cargo en oficinas o bien en el sistema de compensación. Así mismo, consultado con nuestro departamento de cartera, nos indican que no se ha encontrado ninguna información de estos pagarés referente a Descuento."

De la información que antecede se deduce que el grueso del precio de venta (974.220,00 euros) no ha sido percibido por la entidad TW, S.A., pues, tal y como manifestó la ENTIDAD_1 en respuesta al requerimiento de información efectuado por esta Dependencia, los 19 pagarés aplazados nunca fueron adeudados en cuenta ni descontados.

En cuanto a la parte del precio satisfecha en efectivo, tampoco resulta acreditado el cobro de la misma por la entidad TW, S.A., transmitente del bien.

En relación con el alcance señala lo siguiente:

El artículo 42.2 de la Ley 58/2003 limita el alcance de la derivación al menor de dos valores: el importe de la deuda tributaria pendiente, incluidas sanciones tributarias, recargos e intereses del periodo ejecutivo, o el valor de los bienes/derechos que se hubieran podido embargar. El valor del inmueble objeto de la ocultación en el momento de la transmisión se fija en 1.029.000,00 euros; sin embargo, el importe de la deuda devengada en el momento de la transmisión y pendiente a día de hoy asciende a 183.689,18 euros, siendo por tanto éste el alcance de la responsabilidad.

QUINTO.- Contra este acuerdo, se interpuso reclamación económico-administrativa ante el T.E.A.R. de Andalucía, que tramitada con los números 14-02795-2018 y 14-03716/2018, fue desestimada mediante resolución de fecha 20/07/2020, notificada el 11/08/2020.

SEXTO.- El día 11/09/2020 fue interpuesto ante este TEAC (Tribunal Económico-Administrativo Central) el presente recurso de alzada contra la resolución reseñada, alegando en síntesis:

  • PRIMERO. - Que, la Administración ha dictado por 2 veces Acuerdo de derivación de responsabilidad por la vía del artículo 42.2, a) de la LGT, a mi representada, habiendo caducado el procedimiento para exigir responsabilidad a la sociedad recurrente, toda vez que en el primer procedimiento de responsabilidad se consumieron 27 días (considera que el defecto formal se produjo en el expediente enviado al TEAR de Andalucía el día 18/11/2014) y 158 días en el segundo (desde el 30/03/2018, un mes antes para haber presentado el recurso de alzada a 05/09/2018). Y como consecuencia de lo anterior, la prescripción de la acción frente a la responsable.

  • SEGUNDO.- Incorrecto cálculo del importe pendiente de las deudas derivadas. Si nos remitimos al primer Acuerdo de inicio de Derivación de fecha .../2014, la deuda que se decía pendiente de TW era de 189.180,52 euros, pero ello no era cierto, pues, según se recoge en la página ... se habían embargado 485,18 euros de cuentas bancarias y créditos por importe de 151.112,06 euros, al igual que se habían llevado a efecto cinco compensaciones por un importe total de 10.761,04 euros. De acuerdo con lo anterior, la deuda viva era pues de 26.822,24 euros. Y en el nuevo Acuerdo de derivación emitido tras el fallo estimatorio del TEARA se recoge que la deuda pendiente era de 183.689,18 euros, recogiéndose que los saldos embargados en las cuentas bancarias fueron de 1.907,9 euros, y los créditos comerciales embargados son resultado de ingreso fueron 13.845,23 euros. Luego, sin partimos de los 189.180,52 euros de principio y consideramos que los saldos bancarios embargados e ingresados ascienden a 1.907,90 euros y los embargos ingresados de créditos comerciales de 13.845,23 euros y las compensaciones a las que no se hace referencia en este documento de 10.761,04 euros, la cantidad adeudada por TW, S.A. sería de 162.666,35 euros. Como vemos cantidades que no coinciden y ello a pesar de que se le solicitó a la Dependencia de Recaudación como ha de constar en el expediente que aclarase que parte de la deuda era la realmente viva.

  • TERCERO.- Nulidad del nuevo acuerdo de responsabilidad, ya que el defecto que adoleció el primer acuerdo fue estimado por incompletitud del expediente remitido al TEAR, lo cual constituye un defecto material o sustantivo, sin posibilidad de retroacción, que impide dictar un nuevo acuerdo.

  • CUARTO.- La primera resolución del TEAR no fue impugnada por la Administración. Si la Administración hubiera interpuesto recurso de alzada podría haber aportado la documentación omitida en primera instancia. Al no haberlo hecho, la resolución del TEAR es firme y consentida, lo que impide dictar un nuevo acuerdo.

  • QUINTO.- Las operaciones realizadas por la deudora principal deberían haberse calificado como de sucesión en actividad en lugar de ocultación, exigiéndose responsabilidad por la vía del artículo 42.1.c) de la LGT o del 43.1.h) de la LGT.

  • SEXTO.- No se dan los elementos objetivos y subjetivos de la responsabilidad del artículo 42.2 a) de la LGT. En primer lugar rechaza la existencia de ocultación ya que lo que se produjo fue la transmisión de una rama de la actividad por la situación de impago a deudores por la crisis económica dentro del tráfico normal de una sociedad impidiendo que se destruyeran puestos de trabajo, por lo que no hubo intencionalidad de perjudicar a la Hacienda Pública.

  • SÉPTIMO.- No se ha llevado a cabo la derivación por la vía del artículo 43.1.h) de la LGT porque al ser subsidiaria requiere la declaración de fallido del deudor principal, circunstancia que no se daba por los créditos a favor de TW que quedaban en su activo.

  • OCTAVO.- En el nuevo acuerdo no se ha explicado el destino de los embargos de créditos comerciales con un resultado ingresado de las actuaciones ejecutivas recogidas en el primero.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Este Tribunal es competente para resolver de conformidad con lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), así como en el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa (RGRVA), aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo. No concurre ninguna de las causas de inadmisibilidad previstas en el artículo 239.4 de la LGT y se cumplen, en especial, los requisitos de cuantía previstos en la Disposición Adicional decimocuarta de la LGT y el artículo 36 del RGRVA.

SEGUNDO.- Este Tribunal debe pronunciarse respecto a lo siguiente:

Si la resolución impugnada es o no conforme a derecho

TERCERO.- En primer lugar, este TEAC debe decidir si es conforme a derecho que la Administración inicie un nuevo procedimiento de responsabilidad después la anulación de un acuerdo anterior, por la misma operación de ocultación al anulado por el TEAR.

De los antecedentes se desprende que el TEAR anuló el acuerdo de responsabilidad sin orden de retroacción por no incorporarse al expediente remitido los justificantes de las liquidaciones objeto de derivación y de las actuaciones ejecutivas realizadas frente a la deudora principal.

En relación con esta cuestión, este TEAC ha señalado en la resolución de de 15/07/2016, en el recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio número 00-4562-2014:

La falta de inclusión en el expediente de los documentos en los que la Administración ha fundamentado su regularización, no constituye un mero defecto formal, sino una falta de justificación de la realización del hecho imponible o de su dimensión económica, extremos cuya prueba recae sobre la Administración, lo que constituye un defecto material o sustantivo que da lugar a la anulación de la liquidación sin orden de retroacción.

La falta de cumplimiento por parte de la Administración autora del acto impugnado de su obligación legal de remitir un expediente completo a los Tribunales Económico-Administrativos no puede intentar verse suplida con el intento de imponer entonces a los Tribunales la obligación, no prevista ni por la Ley ni por el reglamento, de requerir la remisión de los posibles documentos que puedan integrar el expediente, obligación de requerimiento que únicamente se prevé para el caso de un incumplimiento absoluto de su obligación de remisión por parte de la Administración.

En la sentencia de la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo de 9/12/2013, recurso 4494-2012, en los casos de anulación de liquidaciones por motivos de fondo señala:

"Si la anulación tiene lugar por razones de fondo pero es total, el criterio debe ser el mismo, pues tampoco hay en tal caso una deuda legítimamente liquidada. En dichos supuestos podrá fijarse la deuda de nuevo, si es que la potestad para hacerlo no ha prescrito, pero deberá serlo por conceptos distintos de los sustantivamente anulados (...)

En el caso que nos ocupa, la resolución anuló el acuerdo de responsabilidad sin entrar a analizar la concurrencia o no del presupuesto de responsabilidad ni su alcance, por lo que no existía ningún impedimento para iniciar un nuevo procedimiento de responsabilidad, siempre que la acción del responsable no hubiera prescrito. No concurriendo ningún vicio de nulidad absoluta de los previstos en el artículo 217.1 de la LGT, las actuaciones realizadas en el procedimiento de responsabilidad inicial y en el de revisión posterior tuvieron efectos interruptivos.

Por otra parte, de acuerdo con la sentencia de la misma sala del Tribunal Supremo de 19/11/2020 dictada en el recurso 4911-2018:

(...)

La respuesta, conforme a lo que hemos razonado, debe ser que el cómputo del plazo de un mes previsto en el artículo 66.2 del Reglamento general en materia de revisión en vía administrativa, en lo que respecta a la ejecución derivada de un procedimiento de gestión, debe realizarse ( dies a quo) desde el momento en que la resolución del oportuno tribunal económico-administrativo tenga entrada en el registro de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria; y que la consecuencia jurídica derivada del incumplimiento del plazo de un mes previsto en el referido precepto, al tratarse de una irregularidad no invalidante sin efectos prescriptivos, es la no exigencia de intereses de demora desde que la Administración incumpla el referido plazo.

Además de que la resolución del TEAR fue ejecutada en plazo, en caso de no serlo no hubiera tenido ninguna consecuencia sobre la prescripción en base a la citada sentencia.

Debe recordarse que la Administración inició un nuevo procedimiento de responsabilidad, por lo que debe determinarse si en la fecha en que se notificó la comunicación de inicio del nuevo procedimiento de responsabilidad, estaba prescrita la acción para declarar responsable a la sociedad recurrente, teniendo en cuenta tal como hemos razonado, que las actuaciones con esta finalidad realizadas en vía administrativa y económico-administrativa con conocimiento formal de la sociedad recurrente, han interrumpido el plazo de prescripción, y la doctrina de este Tribunal respecto a la interpretación del artículo 67.2 de la LGT derivada de las resoluciones de este tribunal RG 00-3257-2020 y 00-6421-2021, en aplicación de la sentencia de la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2022, dictada en Recurso nº 6321/2020:

De acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2022 dictada en el recurso de casación nº 6321/2020 que contradice la doctrina mantenida por este Tribunal Central (resolución de 21 de julio de 2016 dictada en el recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio RG 00-2288-2016), las actuaciones recaudatorias que tienen el efecto de interrumpir la prescripción del derecho a exigir el pago al deudor principal, no interrumpen el plazo de prescripción del derecho a declarar la responsabilidad solidaria del art 42.2.a)

y:

De acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2022 dictada en el recurso de casación nº 6321/2020 que contradice la doctrina mantenida por este Tribunal Central (resolución de 21 de julio de 2016 dictada en el recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio RG 00-2288-2016), el plazo de cuatro años de prescripción del derecho a declarar la responsabilidad solidaria del art 42.2.a) no se interrumpe por las actuaciones de cobro realizadas frente al deudor principal u otros obligados ya declarados, ni tampoco queda suspendido por la declaración de concurso del deudor principal.

La redacción vigente del artículo 67.2 de la LGT en la fecha de realización del acto de ocultación (10/11/2011) era la siguiente:

2. El plazo de prescripción para exigir la obligación de pago a los responsables solidarios comenzará a contarse desde el día siguiente a la finalización del plazo de pago en período voluntario del deudor principal.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el caso de los responsables solidarios previstos en el apartado 2 del artículo 42 de esta ley, dicho plazo de prescripción se iniciará en el momento en que ocurran los hechos que constituyan el presupuesto de la responsabilidad.

(...)

Según se desprende del criterio señalado en en el apartado 3 del Fundamento de Derecho Quinto de la sentencia de la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo de 14/10/2022, dictada en Recurso nº 6321/2020, el derecho de la Administración a declarar la responsabilidad es el previsto en la letra a) del artículo 66 de la LGT. Así se señala en la sentencia:

(...)

3.- La primera precisión que se impone aquí es que, en ambas versiones del precepto legal, se parte de un presupuesto conceptual bastante impreciso, pues: a) el artículo 67 LGT, en su conjunto, es la especificación del precedente artículo 66 LGT, relativo a cada uno de los supuestos de prescripción de derechos -en realidad, potestades o facultades, en el caso de la Administración- en cuanto al momento en que tales plazos cuatrienales comienzan a computar; b) sin embargo, la facultad, tanto para declarar la responsabilidad tributaria en sus diversas modalidades como la que autoriza para exigir el pago de la deuda surgida de tal declaración, no encuentra correlato directo en ninguno de los casos tipificados numerus clausus en el artículo66 LGT, pues es una acción de naturaleza distinta o, al menos, no fácilmente encuadrable en ninguna de las hipótesis de dicha norma; c) pese a que el art. 67 LGT hable, con carácter general, de "plazo... para exigirla obligación de pago a los responsables solidarios", en realidad expresa con escaso rigor que acomete la prescripción extintiva -presunción iuris et de iure de abandono de la acción o facultad de la Administración para determinar la deuda derivada-, acto declarativo imprescindible para exigir su importe al previamente declarado responsable, como deriva de nuestra doctrina, que refleja la sentencia impugnada.

De no ser así la interpretación lógica del precepto, la ley habría prescindido por completo de esta singular modalidad prescriptiva, pues en ningún otro pasaje de la ley se prevé la prescripción de la facultad de declarar al responsable solidario su obligación de pago de las deudas tributarias junto al deudor principal. Esto es,rectamente entendido, el precepto se refiere al dies a quo del plazo de prescripción que establece el art. 66.a)-no el b)- de la LGT.

(...)

En consecuencia, son aplicables los siguientes preceptos de la LGT al derecho de la Administración a declarar la responsabilidad en la fecha de realización de la ocultación (10/01/2011) los siguientes:

Artículo 66 LGT:

Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos:

a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.

b) El derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas.

c) El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.

d) El derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.

Artículo 67:

Artículo 67. Cómputo de los plazos de prescripción.

1. El plazo de prescripción comenzará a contarse en los distintos casos a los que se refiere el artículo anterior conforme a las siguientes reglas:

En el caso a), desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación.

En el caso b), desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo de pago en período voluntario, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo.

En el caso c), desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo para solicitar la correspondiente devolución derivada de la normativa de cada tributo o, en defecto de plazo, desde el día siguiente a aquel en que dicha devolución pudo solicitarse ; desde el día siguiente a aquel en que se realizó el ingreso indebido o desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar la autoliquidación si el ingreso indebido se realizó dentro de dicho plazo ; o desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la sentencia o resolución administrativa que declare total o parcialmente improcedente el acto impugnado.

En el supuesto de tributos que graven una misma operación y que sean incompatibles entre sí, el plazo de prescripción para solicitar la devolución del ingreso indebido del tributo improcedente comenzará a contarse desde la resolución del órgano específicamente previsto para dirimir cuál es el tributo procedente.

En el caso d), desde el día siguiente a aquel en que finalicen los plazos establecidos para efectuar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo o desde el día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo donde se reconozca el derecho a percibir la devolución o el reembolso del coste de las garantías.

2. El plazo de prescripción para exigir la obligación de pago a los responsables solidarios comenzará a contarse desde el día siguiente a la finalización del plazo de pago en período voluntario del deudor principal.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el caso de los responsables solidarios previstos en el apartado 2 del artículo 42 de esta ley, dicho plazo de prescripción se iniciará en el momento en que ocurran los hechos que constituyan el presupuesto de la responsabilidad.

Tratándose de responsables subsidiarios, el plazo de prescripción comenzará a computarse desde la notificación de la última actuación recaudatoria practicada al deudor principal o a cualquiera de los responsables solidarios.

Artículo 68:

1. El plazo de prescripción del derecho a que se refiere el párrafo a) del artículo 66 de esta ley se interrumpe:

a) Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado tributario, conducente al reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento y liquidación de todos o parte de los elementos de la obligación tributaria.

b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, por las actuaciones realizadas con conocimiento formal del obligado tributario en el curso de dichas reclamaciones o recursos, por la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción penal o por la presentación de denuncia ante el Ministerio Fiscal, así como por la recepción de la comunicación de un órgano jurisdiccional en la que se ordene la paralización del procedimiento administrativo en curso.

c) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente a la liquidación o autoliquidación de la deuda tributaria.

2. El plazo de prescripción del derecho a que se refiere el párrafo b) del artículo 66 de esta ley se interrumpe:

a) Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado tributario, dirigida de forma efectiva a la recaudación de la deuda tributaria.

b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, por las actuaciones realizadas con conocimiento formal del obligado en el curso de dichas reclamaciones o recursos, por la declaración del concurso del deudor o por el ejercicio de acciones civiles o penales dirigidas al cobro de la deuda tributaria, así como por la recepción de la comunicación de un órgano jurisdiccional en la que se ordene la paralización del procedimiento administrativo en curso.

c) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente al pago o extinción de la deuda tributaria.

3. El plazo de prescripción del derecho al que se refiere el párrafo c) del artículo 66 de esta ley se interrumpe:

a) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario que pretenda la devolución, el reembolso o la rectificación de su autoliquidación.

b) Por la interposición, tramitación o resolución de reclamaciones o recursos de cualquier clase.

4. El plazo de prescripción del derecho al que se refiere el párrafo d) del artículo 66 de esta ley se interrumpe:

a) Por cualquier acción de la Administración tributaria dirigida a efectuar la devolución o el reembolso.

b) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario por la que exija el pago de la devolución o el reembolso.

c) Por la interposición, tramitación o resolución de reclamaciones o recursos de cualquier clase.

5. Producida la interrupción, se iniciará de nuevo el cómputo del plazo de prescripción, salvo lo establecido en el apartado siguiente.

6. Cuando el plazo de prescripción se hubiera interrumpido por la interposición del recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa, por el ejercicio de acciones civiles o penales, por la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción competente o la presentación de denuncia ante el Ministerio Fiscal o por la recepción de una comunicación judicial de paralización del procedimiento, el cómputo del plazo de prescripción se iniciará de nuevo cuando la Administración tributaria reciba la notificación de la resolución firme que ponga fin al proceso judicial o que levante la paralización, o cuando se reciba la notificación del Ministerio Fiscal devolviendo el expediente.

Cuando el plazo de prescripción se hubiera interrumpido por la declaración del concurso del deudor, el cómputo del plazo de prescripción se iniciará de nuevo en el momento de aprobación del convenio concursal para las deudas tributarias no sometidas al mismo. Respecto a las deudas tributarias sometidas al convenio concursal, el cómputo del plazo de prescripción se iniciará de nuevo cuando aquéllas resulten exigibles al deudor. Si el convenio no fuera aprobado, el plazo se reiniciará cuando se reciba la resolución judicial firme que señale dicha circunstancia.

Lo dispuesto en este apartado no será aplicable al plazo de prescripción del derecho de la Administración tributaria para exigir el pago cuando no se hubiera acordado la suspensión en vía contencioso-administrativa.

7. Interrumpido el plazo de prescripción para un obligado tributario, dicho efecto se extiende a todos los demás obligados, incluidos los responsables. No obstante, si la obligación es mancomunada y sólo se reclama a uno de los obligados tributarios la parte que le corresponde, el plazo no se interrumpe para los demás.

Si existieran varias deudas liquidadas a cargo de un mismo obligado al pago, la interrupción de la prescripción sólo afectará a la deuda a la que se refiera.

En el caso que nos ocupa, el plazo de prescripción se inició en la la fecha de realización de la ocultación el .../2011, interrumpiéndose, entre otros, por los siguientes actos:

  • Notificación del procedimiento de responsabilidad inicial: 13/10/2014

  • Notificación del acuerdo de responsabilidad: 18/11/2014

  • Interposición de reclamación(14-03815-2014) : 16/12/2014

  • Notificación de inicio del inicio del trámite de puesta de manifiesto del expediente para formular alegaciones: 15/04/2015

  • Presentación de las alegaciones 12/05/2015

  • Notificación de la resolución: 26/03/2018

  • Notificación de la comunicación de inicio del nuevo procedimiento de responsabilidad: 01/06/2018

  • Notificación del acuerdo de responsabilidad dictado el 31/08/2018: 05/09/2018.

Teniendo en cuenta que desde el .../2011, entre un acto interruptivo y el siguiente no han trascurrido más de cuatro años, debe concluirse que en la fecha de notificación de la comunicación de inicio del procedimiento de responsabilidad (01/06/2018) no estaba prescrito el derecho a declarar la responsabilidad. Tampoco se produjo la caducidad del procedimiento, ya que el acuerdo fue notificado el 31/08/2018, menos de 6 meses exigidos por el artículo 124.1 del Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.

CUARTO.- Por otra parte, el hecho de que no se impugnara la resolución anulatoria de la primera resolución, únicamente significa que la misma adquirió firmeza, sin que de ello se derive el reconocimiento por la Administración de la improcedencia de la derivación, en su caso, únicamente de la resolución impugnada por la incompletitud del expediente. Prueba de ello fue la anulación del acuerdo en ejecución de la resolución y el inicio de un nuevo procedimiento de responsabilidad por la misma causa y para la recaudación de las mismas deudas salvo tres que se excluyeron del segundo.

QUINTO.- El acuerdo de responsabilidad se dictó en base a lo previsto en el artículo 42.2 a) de la LGT, según el cual:

2.También serán responsables solidarios del pago de la deuda tributaria pendiente y, en su caso, del de las sanciones tributarias, incluidos el recargo y el interés de demora del período ejecutivo, cuando procedan, hasta el importe del valor de los bienes o derechos que se hubieran podido embargar o enajenar por la Administración tributaria, las siguientes personas o entidades:

a) Los que sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la Administración tributaria.

La responsabilidad tributaria, se regula con carácter general en el artículo 41 de la LGT, que establece:

1.La ley podrá configurar como responsables solidarios o subsidiarios de la deuda tributaria, junto a los deudores principales, a otras personas o entidades. A estos efectos, se considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de esta ley.2.Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.

3.Salvo lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 42 de esta Ley, la responsabilidad alcanzará a la totalidad de la deuda tributaria exigida en período voluntario.

Cuando haya transcurrido el plazo voluntario de pago que se conceda al responsable sin realizar el ingreso, se iniciará el período ejecutivo y se exigirán los recargos e intereses que procedan.

4.La responsabilidad no alcanzará a las sanciones, salvo las excepciones que en esta u otra ley se establezcan.

En los supuestos en que la responsabilidad alcance a las sanciones, cuando el deudor principal hubiera tenido derecho a la reducción prevista en el artículo 188.1.b) de esta Ley, la deuda derivada será el importe que proceda sin aplicar la reducción correspondiente, en su caso, al deudor principal y se dará trámite de conformidad al responsable en la propuesta de declaración de responsabilidad.

La reducción por conformidad será la prevista en el artículo 188.1.b) de esta Ley. La reducción obtenida por el responsable se le exigirá sin más trámite en el caso de que presente cualquier recurso o reclamación frente al acuerdo de declaración de responsabilidad, fundado en la procedencia de la derivación o en las liquidaciones derivadas.

A los responsables de la deuda tributaria les será de aplicación la reducción prevista en el artículo 188.3 de esta Ley.

Las reducciones previstas en este apartado no serán aplicables a los supuestos de responsabilidad por el pago de deudas del artículo 42.2 de esta Ley.

5.Salvo que una norma con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un acto administrativo en el que, previa audiencia al interesado, se declare la responsabilidad y se determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto en los artículos 174 a 176 de esta ley. Con anterioridad a esta declaración, la Administración competente podrá adoptar medidas cautelares del artículo 81 de esta ley y realizar actuaciones de investigación con las facultades previstas en los artículos 142 y 162 de esta ley.

La derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios requerirá la previa declaración de fallido del deudor principal y de los responsables solidarios.

6.Los responsables tienen derecho de reembolso frente al deudor principal en los términos previstos en la legislación civil.

En lo relativo a las normas procedimentales, el artículo 174 de la LGT dispone:

1. La responsabilidad podrá ser declarada en cualquier momento posterior a la práctica de la liquidación o a la presentación de la autoliquidación, salvo que la ley disponga otra cosa.

2. En el supuesto de liquidaciones administrativas, si la declaración de responsabilidad se efectúa con anterioridad al vencimiento del período voluntario de pago, la competencia para dictar el acto administrativo de declaración de responsabilidad corresponde al órgano competente para dictar la liquidación. En los demás casos, dicha competencia corresponderá al órgano de recaudación.

3. El trámite de audiencia previo a los responsables no excluirá el derecho que también les asiste a formular con anterioridad a dicho trámite las alegaciones que estimen pertinentes y a aportar la documentación que consideren necesaria.

4. El acto de declaración de responsabilidad será notificado a los responsables. El acto de notificación tendrá el siguiente contenido:

a) Texto íntegro del acuerdo de declaración de responsabilidad, con indicación del presupuesto de hecho habilitante y las liquidaciones a las que alcanza dicho presupuesto.

b) Medios de impugnación que pueden ser ejercitados contra dicho acto, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos.

c) Lugar, plazo y forma en que deba ser satisfecho el importe exigido al responsable.

5. En el recurso o reclamación contra el acuerdo de derivación de responsabilidad podrá impugnarse el presupuesto de hecho habilitante y las liquidaciones a las que alcanza dicho presupuesto, sin que como consecuencia de la resolución de estos recursos o reclamaciones puedan revisarse las liquidaciones que hubieran adquirido firmeza para otros obligados tributarios, sino únicamente el importe de la obligación del responsable que haya interpuesto el recurso o la reclamación.

No obstante, en los supuestos previstos en el apartado 2 del artículo 42 de esta Ley no podrán impugnarse las liquidaciones a las que alcanza dicho presupuesto, sino el alcance global de la responsabilidad. Asimismo, en los supuestos previstos en el citado apartado no resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 212.3 de esta Ley, tanto si el origen del importe derivado procede de deudas como de sanciones tributarias.

6. El plazo concedido al responsable para efectuar el pago en período voluntario será el establecido en el apartado 2 del artículo 62 de esta ley.

Si el responsable no realiza el pago en dicho plazo, la deuda le será exigida en vía de apremio, extendiéndose al recargo del período ejecutivo que proceda según el artículo 28 de esta ley.

Y el Artículo 175:

1. El procedimiento para exigir la responsabilidad solidaria, según los casos, será el siguiente:

a) Cuando la responsabilidad haya sido declarada y notificada al responsable en cualquier momento anterior al vencimiento del período voluntario de pago de la deuda que se deriva, bastará con requerirle el pago una vez transcurrido dicho período.

b) En los demás casos, una vez transcurrido el período voluntario de pago de la deuda que se deriva, el órgano competente dictará acto de declaración de responsabilidad que se notificará al responsable.

(...)

El citado artículo 42.2.a) de la LGT, que tiene su antecedente legislativo en el artículo 131.5 de la LGT 230/1963, configura una responsabilidad del pago de las deudas y sanciones tributarias que tiene como fin el proteger la acción de cobro, que la doctrina ha perfilado como de naturaleza indemnizatoria, con base en el artículo 1.902 del Código civil, es decir el resarcir a la Hacienda Pública en la cuantía que se corresponda con la acción ilegítima del responsable, que causa un daño mediando culpa o negligencia. Así, será responsable quien colabora con el deudor o, sin más, es causante de tal ocultación, y lo hace culpablemente. Lógicamente, cuando se produce la verdadera e irrevocable transmisión de unos bienes o derechos, pues sólo es posible encubrir los bienes o derechos de que se sigue siendo titular. Sin embargo cabe señalar que es posible que la transmisión de los derechos sea el medio para lograr la ocultación de los elementos del activo del deudor. En concreto, puede afirmarse que se realiza la conducta prevista en la norma que estatuye la responsabilidad cuando, con la requerida intencionalidad, un tercero adquiere un bien o un derecho de un deudor en una transmisión onerosa, realizada incluso a valor de mercado, si con ello ingresa en el patrimonio del deudor, en sustitución de lo enajenado, otro bien u otro activo que puedan pasar inadvertidos o resultar opacos para la Administración ejecutante. En tal caso, no se trataría de que los bienes transmitidos se hubieran ocultado, pero se produce ocultación por cuanto la transmisión da como resultado su sustitución por otros fácilmente ocultables, como, por ejemplo, cuando se transmite un bien inscrito en un registro público a cambio de dinero en efectivo o participaciones sociales, exigiéndose en el responsable la existencia de "sciencia fraudes", es decir, una conciencia o conocimiento de que se puede producir un perjuicio a la Hacienda Pública.

Así el Tribunal Supremo, en su Sentencia de fecha 14/12/2017 en el recurso 1847/2016, señala en el Fundamento de Derecho TERCERO:

"TERCERO.- Sobre el fondo del debate.

(...)

Como antes se ha puesto de manifiesto al transcribir parcialmente la sentencia, la Sala de instancia hace una lectura e interpretación correcta del expresado art. 42.2.a) de la LGT, siguiendo al efecto una constante jurisprudencia al respecto, brevemente para recordar que, sentencia de 22 de diciembre 2016, rec. cas. 159/2015, «Los requisitos de hecho de este artículo, son:

1. La existencia de una deuda tributaria del obligado principal que se encuentre liquidada en el momento de declaración de responsabilidad.

2. Ser causante o colaborar en la ocultación de bienes y derechos con la finalidad de impedir la traba por la Administración Tributaria, entendiéndose por ocultación « cualquier actividad que distraiga bienes o derechos ya sea por, ya sea por desprendimiento material o jurídico de estos, para evitar responder con ellos (...) », tal y como señala el Tribunal Económico-Administrativo Central en su resolución de 24 de febrero de 2009, dictada en virtud de recurso extraordinario para la unificación de criterio; y por causar o colaborar cualquier acto positivo dirigido a la ocultación de bienes o derechos, « como puede ser una donación simulada a un familiar, la venta de bienes a familiares por precio inferior al de mercado, así como la modificación del régimen económico-matrimonial» supuestos estos que encajan en el citado precepto, evitándose con ello la necesidad de acudir a la vía judicial con acciones de nulidad o rescisión, para la defensa del crédito público, exigiéndose en el responsable un «animus noscendi» o «sciencia fraudes», es decir, una conciencia o conocimiento de que se puede producir un perjuicio.

3. Como dice la sentencia recurrida, en su Fundamento de Derecho Tercero, no es necesaria la consecución de un resultado, sino la dicción literal del precepto revela que basta con que los actos realizados por los responsables tiendan a la ocultación o transmisión sin necesidad de que se consume dicho resultado».

Por otra parte, en nuestra resolución de fecha 24 de febrero de 2009, dictada en recurso extraordinario de alzada para unificación de criterio (R.G.:00-205-2008), se decía que "causar" implica un enlace razonable y directo entre la conducta del responsable y la ocultación; y colaborar entraña complicidad, cooperación", pudiendo consistir tal actuación en "una donación simulada a un familiar, la venta de bienes a familiares por precio inferior al de mercado, así como la modificación del régimen económico-matrimonial," supuestos estos que encajan en el citado precepto.

Trasladando al presente recurso el relato de los hechos que de modo resumido hemos señalado, y que constan acreditados y detallados ampliamente en el acuerdo de derivación y en el expediente administrativo que lo sustenta, resulta necesario analizar si se cumplen los requisitos legales necesarios para la exigencia de este tipo de responsabilidad.

En el expediente resulta acreditado la existencia de unas deudas tributarias del obligado principal que se encuentran liquidadas en el momento de la declaración de responsabilidad.

En lo relativo al segundo de los requisitos, que se refiere a la existencia de ocultación o transmisión de bienes y/o derechos del obligado principal, ya se ha apuntado, que tanto nuestra Doctrina como la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, debe entenderse por ocultación «cualquier actividad que distraiga bienes o derechos, ya sea por desprendimiento material o jurídico de estos, para evitar responder con ellos (...) ».

La ocultación resulta acreditada en el expediente mediante el otorgamiento .../2011 de la escritura pública de compra venta, por la que la sociedad deudora transmite a la sociedad recurrente el pleno dominio de un inmueble de su titularidad a por un precio total incluido IVA de 1.214.220 euros, cuyo pago se realizó parte en metálico (140.000 euros), mediante dos pagarés cobrados en ventanilla por la vendedora (100.000 euros) y el resto (974.220 euros) mediante la entrega de unos pagarés con distintos vencimientos, que la entidad financiera ha manifestado que no se han satisfecho. El resultado de esta actuación es que un bien fácilmente aprehensible como son el inmueble pasa a ser de titularidad de otra persona jurídica, dejando a la Hacienda Pública en una situación evidentemente empeorada sin que a cambio se hayan entregado bienes equivalentes cuantitativa y cualitativamente. Sin realizar ningún esfuerzo intelectual resulta evidente de mejor condición un inmueble libre de cargas que dinero pagado en metálico y unos pagarés.

De acuerdo con los anteriores razonamientos, este Tribunal considera suficientemente acreditado el elemento objetivo de la responsabilidad, cual es la existencia de ocultación y el momento en el que se llevo a cabo la misma.

En lo relativo al elemento intencional, es decir, la colaboración de la responsable en la ocultación con la intención de impedir la actuación de cobro de la Administración, tanto la Doctrina de este Tribunal como la Jurisprudencia mas reciente del Tribunal Supremo, exige en el responsable un «animus noscendi» o al menos «sciencia fraudes», es decir, una conciencia o conocimiento de que se puede producir un perjuicio a la Hacienda Pública.

En cuanto a la carga de la prueba, es a la Administración a quién corresponde acreditar este conocimiento o conciencia y para ello en puede que haya que recurrir a la prueba indiciaria, pues es posible que no quepa una prueba directa, sino que esta intencionalidad de los sujetos intervinientes en las operaciones de despatrimonialización quede dentro de un círculo íntimo cuyo ánimo hay que deducir de actos coetáneos, anteriores u posteriores o incluso a las presunciones como las define el artículo 386 de la LEC que señala que a partir de una hecho admitido o probado y siguiendo las reglas del criterio humano se establezca un enlace preciso y directo que permita concluir en el hecho que se ha de tener como definitivo y decisorio en la cuestión planteada. Este conocimiento se demuestra por un cúmulo de indicios racionales como puede ser la ausencia de otra explicación lógica de la operación, la vinculación entre el deudor y el responsable, la incongruencia económica de la operación, la concatenación temporal de la misma con la aparición de la deuda, el mantenimiento de la posesión sobre los bienes, etc.

Es evidente que de los elementos probatorios que obran en el expediente, se desprende que la sociedad responsable tenía conocimiento del perjuicio que la transmisión iban a ocasionar a la Hacienda Pública, ya que la administradora única y única socia de la sociedad transmitente era la madre del administrador único y único socio de la sociedad adquirente en el momento de la transmisión. Por tanto, dada la vinculación entre ambas entidades, no ofrece ninguna duda que la entidad adquirente del inmueble colaboró con la deudora para impedir la actuación de la Administración.

A la vista de estos hechos, este Tribunal Central considera acreditada la colaboración de la ahora reclamante en la ocultación, con la finalidad de evitar que la Administración tributaria pudiera trabar embargo sobre el bien transmitido.

Acreditada la concurrencia de este presupuesto de responsabilidad, resulta irrelevante si concurre otro presupuesto de responsabilidad solidaria por las mismas deudas ya que en ningún momento la norma establece tal imposibilidad, al margen que la sociedad recurrente no ha a portado elementos suficientes de prueba, pero insistimos, no impedirían la responsabilidad declarada. Por otra parte, la propia declaración de responsabilidad dictada a la sociedad recurrente, por las mismas deudas, excluiría la declaración de responsabilidad del artículo 43.1.h) de la LGT.

SEXTO.- En relación con el alcance de la responsabilidad, alega no haberse explicado la diferencia del importe pendiente existente entre el acuerdo inicial y el ahora objeto de estudio. En los dos acuerdos se recogen en una tabla la identificación de las deudas pendientes, los importes liquidados o autoliquidados en periodo voluntario, el liquidado en concepto de recargo de apremio, los ingresos aplicados a las deudas pendientes y el importe pendiente. Igualmente se describen todas las actuaciones realizadas sobre el patrimonio de la deudora, sin que se deduzca de ello que el resultado de las mismas haya sido sólo para la satisfacción de las deudas objeto de derivación, sino para acreditar que del resultado de las mismas no se ha podido satisfacer las deudas objeto de derivación cuyos ingresos son los recogidos en las reseñadas tablas.

Comparando las deudas pendientes entre ambos acuerdos, resulta que las deudas siguientes no han sido incluidas en el segundo acuerdo, siendo irrelevante la causa:

  • A41...0 de importe pendiente 86,80, euros

  • A14...70 de importe pendiente 102,81 euros

  • A14...00 de importe pendiente 4.792,81 euros

Por otra parte, la deuda con clave de liquidación ACUERDO LIQUIDACION_4, en la fecha del primer acuerdo no tenía ningún ingreso, pero en el segundo acuerdo tiene ingresados 508,92 euros.

Por tanto, el importe pendiente del segundo acuerdo es la diferencia entre el importe pendiente del primer acuerdo y la suma del importe pendiente de las deudas del primer acuerdo no incluidas en el segundo y los ingresos del segundo acuerdo no incluidos en el primero, es decir:

189.180,52-102,81-86,80-4.792,81- 508,92= 186.689,18 euros

En consecuencia, el importe del alcance de este segundo acuerdo está perfectamente justificado, sin que sean relevantes actuaciones ejecutivas realizadas sobre otras deudas distintas de las incluidas en el alcance de la responsabilidad como son las señaladas por la la sociedad recurrente en sus alegaciones.

SÉPTIMO.- Rechazadas todas las alegaciones y acreditada la concurrencia del presupuesto de la responsabilidad así como su alcance, procede declarar conforme a derecho la resolución impugnada y el acuerdo de responsabilidad objeto de la misma.


 

Por lo expuesto

Este Tribunal Económico-Administrativo acuerda DESESTIMAR el presente recurso, confirmando la resolución impugnada.