<Analizada la liquidación provisional practicada por la Dirección General de Tributos de la Comunidad de Madrid, se observa que en el "ANEXO DE BIENES Y DERECHOS" figuran los siguientes datos:

"TOTAL BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA: 40.906.462,18 VALOR REAL BIENES Y DERECHOS. DATOS CALCULADOS POR LA ADMINISTRACIÓN: 40.906.462,18"

Pese a ello, se observa asimismo que en la citada liquidación se consigna como "VALOR COMPROBADO POR LA ADMINISTRACIÓN" la cuantía de 49.475.199,66 euros, coincidente con la que figuraba en la propuesta de liquidación, que resultaba a su vez del primero de los informes de valoración realizados, ulteriormente sustituido por otro.

Se aprecia por tanto que existe una aparente incongruencia con respecto al "VALOR COMPROBADO POR LA ADMINISTRACIÓN" anteriormente aludido, sobre el cual se ha calculado la cuota tributaria, y los datos que figuran en el "ANEXO DE BIENES Y DERECHOS" del mismo documento de liquidación provisional que ahora se impugna.>

<Así pues, debe declararse que se ha producido la caducidad del procedimiento, en base a lo establecido en el artículo 104.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que dispone:

(...)

En el presente caso, desde el 20 de enero de 2021, fecha de notificación a la reclamante de la resolución dictada por este Tribunal de 22 de diciembre de 2021, fecha de notificación a la reclamante de la resolución dictada por este Tribunal el 22 de diciembre de 2020, en relación al expediente de referencia (2015-T-...31) hasta la fecha de la presente resolución (30 de mayo de 2023) no ha transcurrido el plazo señalado de cuatro años, por lo que debe desestimarse la alegación de prescripción formulada por la reclamante.

QUINTO.- La anulación previa del acto de liquidación que funda el acto sancionador impugnado (por caducidad del procedimiento) implica negar la concurrencia del necesario requisito para sancionar consistente en que haya incumplimiento de una obligación tributaria; además, la anulación previa comprende una cuota que es la base de la cuantificación de la sanción impuesta; es por ello que dicha anulación de la liquidación conlleva la necesidad de anular la sanción derivada de la misma.

SEXTO.- Como recapitulación, este Tribunal estima las reclamaciones, sin perjuicio de que en la posterior decisión o fallo se haga mención en singular a la presente reclamación, al haberse producido la acumulación.>

En el presente caso, desde el 18 de febrero de 2021 (fecha en que la resolución dictada por este Tribunal el 22 de diciembre de 2020 entra en el Registro de la Comunidad de Madrid) hasta el 29 de marzo de 2022, día en que se produce la notificación a la interesada la liquidación dictada en ejecución de la misma ha transcurrido en exceso el plazo de 6 meses establecido en el artículo 104 de la Ley General Tributaria.

Así pues, debe declarase que se ha producido la caducidad del procedimiento, en base a lo establecido en el artículo 104.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que dispone:

"5. Producida la caducidad, ésta será declarada, de oficio o a instancia del interesado, ordenándose el archivo de las actuaciones.

Dicha caducidad no producirá, por sí sola, la prescripción de los derechos de la Administración tributaria, pero las actuaciones realizadas en los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción ni se considerarán requerimientos administrativos a los efectos previstos en el apartado 1 del artículo 27 de esta ley"

CUARTO.- El artículo 66.a) de la Ley 58/03, General Tributaria dispone que prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos: "a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación".

Dicho plazo, de conformidad con el artículo 68.1 de la L.G.T. se interrumpe:

"a) Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado tributario, conducente al reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento y liquidación de todos o parte de los elementos de la obligación tributaria.

b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, por las actuaciones realizadas con conocimiento formal del obligado tributario en el curso de dichas reclamaciones o recursos, por la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción penal o por la presentación de denuncia ante el Ministerio Fiscal, así como por la recepción de la comunicación de un órgano jurisdiccional en la que se ordene la paralización del procedimiento administrativo en curso.

c) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente a la liquidación o autoliquidación de la deuda tributaria".

En el presente caso, desde el 20 de enero de 2021, fecha de notificación a la reclamante de la resolución dictada por este Tribunal el 22 de diciembre de 2020, en relación al expediente de referencia (2015-T-...31 ) hasta la fecha de la presente resolución (30 de mayo de 2023) no ha transcurrido el plazo señalado de cuatro años, por lo que debe desestimarse la alegación de prescripción formulada por la reclamante.

5. Producida la caducidad, ésta será declarada, de oficio o a instancia del interesado, ordenándose el archivo de las actuaciones.

Dicha caducidad no producirá, por sí sola, la prescripción de los derechos de la Administración tributaria, pero las actuaciones realizadas en los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción ni se considerarán requerimientos administrativos a los efectos previstos en el apartado 1 del artículo 27 de esta ley.

Las actuaciones realizadas en el curso de un procedimiento caducado, así como los documentos y otros elementos de prueba obtenidos en dicho procedimiento, conservarán su validez y eficacia a efectos probatorios en otros procedimientos iniciados o que puedan iniciarse con posterioridad en relación con el mismo u otro obligado tributario.

PRIMERO.- El presente proceso tiene su origen en la liquidación del impuesto de sucesiones devengado con ocasión del fallecimiento de Dña. Alicia el 31 de octubre de 2013. El dilatado procedimiento para la liquidación del tributo ha seguido la misma suerte para los herederos de dicha causante, que han acudido a esta Sala obteniendo sentencias favorables a sus intereses núm. 123 y 124/2023, de 17 de marzo, en los recursos 382 y 383/2021, interpuestos por Dña. Valentina y D. Romeo; y 194/2023, de 31 de marzo, recurso 647/2021 interpuesto por Dña. Elisenda .

Los recursos jurisdiccionales tienen idéntico fundamento, así como la oposición del Abogado del Estado y de la Comunidad de Madrid.

Por evidentes razones de unidad de doctrina y seguridad jurídica, debemos dar respuesta a las pretensiones de las partes reproduciendo nuestra precedente sentencia 123/2023, con las especificidades oportunas.

Dijimos en dicha sentencia:

(...)

CUARTO.- Son antecedentes de interés para la resolución del presente recurso los siguientes:

En fecha 31 de octubre de 2013 falleció Dª. Alicia, habiendo otorgado testamento en el que legaba a la actora una parte de una vivienda e instituía a la misma y a sus cuatro hermanos, todos sobrinos de la fallecida, herederos universales de todos sus bienes, derechos y acciones, por quintas partes iguales.

El 25 de abril de 2014 la actora presentó inventario de los bienes de la causante y autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones.

El 29 de septiembre de 2015 de emite propuesta de liquidación, iniciándose procedimiento de comprobación limitada, formulando la recurrente alegaciones frente a la misma.

Tras ello se gira el 9 de febrero de 2016 la liquidación provisional por importe de 72.143,74 euros [en este caso 62.351,97] [...]

Frente a dicha liquidación presentó la actora reclamación económico administrativa el 4 de marzo de 2016, que fue estimada en parte por el TEAR de Madrid, en resolución de 15 de junio de 2018, que anuló la comprobación de valor de parte de los bienes integrantes del caudal hereditario, por estar insuficientemente motivada.

Dicha resolución entró en la Dirección General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego de la CAM el 3 de septiembre de 2018, anulándose la liquidación el 21 de septiembre de 2018.

En fecha 8 de marzo de 2019 la actora presentó recurso de anulación frente a la resolución del TEAR, que fue desestimado por resolución de 29 de marzo de 2019.

En ejecución de la resolución del TEAR de 15 de junio de 2018, se emitió propuesta de liquidación provisional el 4 de febrero de 2019, por importe de 45.080,74 euros [en este caso 36.026,11].

El 1 de julio de 2019 se emitió la liquidación provisional por dicho importe, presentando la actora frente a la misma reclamación económico administrativa que fue estimada en parte por la resolución del TEAR de 26 de febrero de 2021 objeto de esta litis.

QUINTO.- La resolución del TEAR impugnada estimó en parte la reclamación económico-administrativa y, si bien anula la liquidación por caducidad del procedimiento, no apreció la prescripción del derecho de la Administración a liquidar al entender que la previa reclamación económico administrativa estimada por resolución de 15 de junio de 2018 interrumpió la prescripción, puesto que el Tribunal no apreció la caducidad en relación con el procedimiento de gestión tributaria que dio lugar a la liquidación entonces impugnada.

El TEAR aprecia la caducidad porque la resolución de 15 de junio de 2018 estimando en parte la primera liquidación provisional consta recibida el 3 de septiembre de 2018 y la nueva liquidación ahora impugnada se dictó el 1 de julio de 2019, superando el plazo ejecutorio conforme a la Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de octubre de 2017, Rec. 572/2017 , que estableció lo siguiente:

"... 2º) Tratándose de procedimientos tributarios de gestión, el tiempo en el que debe ser dictada la nueva resolución, después de retrotraídas las actuaciones, se rige por el artículo 104.1 LGT y no por el artículo 150.5 LGT (actual artículo 150.7).

3º) El artículo 104 LGT debe ser interpretado en el sentido de que, en una situación como la del presente litigio, la Administración tributaria debe tramitar el procedimiento retrotraído y notificar una resolución al interesado en el plazo que reste desde que se realizó la actuación procedimental causante de la indefensión del interesado, que determinó la anulación del acto administrativo que puso fin al procedimiento (en un caso como el litigioso el tiempo gastado desde la valoración inmotivada). Dicho plazo empieza a contarse desde el día siguiente a aquel en que se comunica la resolución anulatoria con retroacción de actuaciones al órgano competente para llevarla a puro y debido efecto..."

Con respecto a la prescripción, rechazada por el TEAR, cabe recordarlo establecido por esta Sección en sentencia de 30 de mayo de 2022, P.O. 224/2020:

"El transcurso del plazo máximo de seis meses de duración del procedimiento produce su caducidad y genera la obligación administrativa de declararla expresamente (art. 104.5 LGT ). La importancia de esta obligación ha sido recalcada por la jurisprudencia. Últimamente, la STS 14/2022, de 12 de enero (rec. 5040/2020) sienta esta doctrina: [...] La caducidad ha de acordarse de forma expresa, sin que quepa entender declarada la caducidad de forma tácita mediante la incoación de un nuevo procedimiento con análogo objeto. [...] La declaración de caducidad del primer procedimiento debe realizarse, con carácter general, de manera previa a la incoación de un nuevo procedimiento con el mismo objeto. Aunque la caducidad se produce ope legis ( STS 306/2021, de 3 de noviembre, rec. 1648/2020 , entre muchas otras), en ausencia de declaración expresa los actos realizados con posterioridad al vencimiento del plazo deben atribuirse al procedimiento caducado, aun cuando formalmente integren un procedimiento nuevo. En este sentido se ha pronunciado la STS 1667/2020, de 3 de diciembre (rec. 8332/2019 ), que, entre otras consideraciones, declara: En suma, de lo expuesto hemos de concluir que, en tanto no se haya dictado la resolución expresa declarando la terminación del procedimiento por caducidad, el procedimiento en que se ejerciten potestades de gravamen, ha de considerarse vigente, por más que hubiese transcurrido el plazo de caducidad, porque no es el mero transcurso del plazo el que genera la terminación del procedimiento -será su presupuesto-, sino la resolución que así lo ordena. Estamos en situación de acercarnos al debate suscitado en este recurso como cuestión casacional, que no es sino determinar si la Administración puede reiniciar un nuevo procedimiento sin haber declarado la caducidad de uno previo. Pues bien, conforme a lo expuesto, si el mero transcurso del plazo no comporta, por sí solo, la caducidad del procedimiento, sino que para su efectividad debe ser declarada por resolución expresa, es manifiesto que en tales supuestos, no es que se haya reiniciado un nuevo procedimiento sino que, en realidad, se trata del mismo procedimiento.

"Admitamos, y ya sería anormal porque de nada serviría la regulación de la caducidad, que en una misma resolución y conforme autoriza el artículo 95, la Administración acuerde a un mismo tiempo la caducidad del procedimiento ya iniciado, la incoación de un nuevo procedimiento y el mantenimiento de las actuaciones "cuyo contenido se hubieran contenido igual"; pero lo que no es admisible es pretender un a modo de decisión implícita, de una resolución tácita, en la incoación de un nuevo procedimiento de la caducidad del anterior. Ni lo autoriza precepto alguno, sino todo lo contrario, como hemos expuesto, ni es respetuoso con los derechos de los ciudadanos."

"Esta postura no es únicamente mantenida por la jurisdicción. El TEAC, en su resolución de 16 de noviembre de 2017 (00/04743/2017) dijo: "La conclusión es que, sin declaración expresa de la caducidad del procedimiento iniciado, las actuaciones realizadas con posterioridad se entienden practicadas en el seno del mismo procedimiento, caducado y por tanto sin virtualidad alguna interruptiva de la prescripción, de ahí la necesidad de que exista una declaración expresa de caducidad si se pretende iniciar un nuevo procedimiento".

"Además, la falta de efecto interruptivo de la prescripción es extensible a la declaración del sujeto pasivo que dio origen al procedimiento, a la liquidación y a los recursos formulados contra ella. Sobre la primera, la STS 1627/2019, de 25 de noviembre (rec. 6270/2017 ), sentó el siguiente criterio interpretativo: "declarada la caducidad de un expediente iniciado por declaración, los actos del mismo, incluyendo la declaración, no interrumpen el plazo de prescripción, por lo que solo puede reiniciarse el procedimiento si no ha transcurrido el plazo legalmente establecido". Acerca de la liquidación, aun habiéndose emitido en un procedimiento que reviste la forma de inspección, ya dijimos que materialmente debe atribuirse al procedimiento caducado, por lo que no es de aplicación la excepción a la caducidad del art. 150.6 LGT . Y la ineficacia interruptiva de las actuaciones realizadas en los procedimientos caducados afecta a los recursos y reclamaciones formulados por el interesado ( STS de 19 de diciembre de 2013, rec. 1885/2013 , y SSTS núm. 1733/2016, de 12 de julio, rec. 3404/2015 , y 1745/2016, de 13 de julio, rec. 3690/2015).

"En definitiva, la prescripción del derecho de la Administración a liquidar comenzó el día siguiente al vencimiento del plazo para presentar la declaración (art. 67.1 LGT), que tuvo lugar a los seis meses del fallecimiento de la causante ( art. 67.1 del Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre , que aprueba el reglamento del impuesto), por lo que sin duda el término de cuatro años debe considerarse muy ampliamente rebasado."

El artículo 66 de la LGT dispone lo siguiente:

"Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos: a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación".

Y el artículo 67 dispone lo siguiente:

"El plazo de prescripción comenzará a contarse en los distintos casos a los que se refiere el artículo 66 de esta Ley conforme a las siguientes reglas:

En el caso a), desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación."

El artículo 67 del Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre , por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, dispone lo siguiente:

"Los documentos o declaraciones se presentarán en los siguientes plazos:

a) Cuando se trate de adquisiciones por causa de muerte, incluidas las de los beneficiarios de contratos de seguro de vida, en el de seis meses, contados desde el día del fallecimiento del causante o desde aquel en que adquiera firmeza la declaración de fallecimiento."

En este caso, el fallecimiento de la causante tuvo lugar el 31 de octubre de 2013, por lo que el plazo para presentar la declaración vencía el 30 de abril de 2014, comenzando al día siguiente el plazo de cuatro años que expiraba el 1 de mayo de 2018, por tanto, cuando se dicta la segunda liquidación el 1 de julio de 2019, había prescrito el derecho de la Administración a liquidar, no pudiendo atribuirse efectos interruptivos de la prescripción a la reclamación económico- administrativa interpuesta por la actora el 4 de marzo de 2016 en aplicación de la jurisprudencia recordada en la sentencia transcrita.

Procede, por todo ello, la estimación del recurso, al haber prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.

<<SÉPTIMO.- Pues bien, la notificación a los interesados de la resolución de Tribunal Económico- Administrativo Regional de 25 de abril de 2014 se produjo el 6 de mayo de 2014 y ordenó la retroacción de actuaciones tuvo, en principio, efectos interruptivos de la prescripción del derecho a liquidar el Impuesto por la Administración, pues es claro que la caracterización del vicio reconocido en dicha resolución no produce la nulidad de pleno derecho y por ende es susceptible de interrumpir la prescripción. Es este un criterio reiterado del Tribunal Supremo, valga como ejemplo las recientes Sentencias de 22 de diciembre de 2020 (rec. 2931/2018) y de 3 de abril de 2024 (rec. 8287/2022)).

Ahora bien, una vez que, retrotraídas las actuaciones, el procedimiento caduca, tal y como reconoce la propia Administración Autonómica en su propia resolución de 20 de febrero de 2018 , dado que tanto las actuaciones gestoras anteriores a la retroacción como las posteriores conforman un único procedimiento, terminado definitivamente por caducidad, ninguna de estas actuaciones es susceptible de interrumpir la prescripción, conforme se dispone en el segundo párrafo del artículo 104.5 de la LGT:

"(...)”

Tampoco producirá dicho efecto la resolución económico administrativa que dispuso la retroacción de actuaciones, dado que la misma se dictó únicamente para que procediera a adecuarse la motivación del acto, pero sin afectar ello, como se ha dicho, al carácter único del procedimiento de gestión que finalmente resulta caducado, por lo que ninguna de las actuaciones realizadas desde que se incoó este en 2011 hasta que se declara caducado en 2018 interrumpen el plazo de prescripción.(...)>>