"1. Las solicitudes de devolución o de condonación de conformidad con el artículo 116 se presentarán a las autoridades aduaneras dentro de los plazos siguientes:

a) en caso de un exceso de cobro de derechos de importación o de exportación, error de las autoridades competentes, o equidad, en el plazo de tres años a partir de la fecha de notificación de la deuda aduanera;

b) en caso de mercancías defectuosas o que incumplen las condiciones del contrato, en el plazo de un año a partir de la fecha de notificación de la deuda aduanera;

c) en caso de invalidación de una declaración en aduana, en el plazo especificado en las normas aplicables a la invalidación.

El plazo especificado en las letras a) y b) del párrafo primero se prorrogará cuando el solicitante presente pruebas de que se vio imposibilitado para presentar una solicitud dentro del plazo establecido por tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor.”

"1. Una deuda aduanera de importación nacerá al incluirse las mercancías no pertenecientes a la Unión sujetas a derechos de importación en alguno de los regímenes aduaneros siguientes:

a) el despacho a libre práctica, incluso con arreglo a las disposiciones del destino final;

b) la importación temporal con exención parcial de derechos de importación.

2. La deuda aduanera se originará en el momento de la admisión de la declaración en aduana."

"Con posterioridad al levante de las mercancías y a efectos de los controles aduaneros, las autoridades aduaneras podrán verificar la exactitud e integridad de la información facilitada en las declaraciones en aduana, las declaraciones de depósito temporal, las declaraciones sumarias de entrada y de salida, las declaraciones de reexportación o las notificaciones de reexportación, y la existencia, autenticidad, exactitud y validez de los documentos justificativos, y podrán examinar la contabilidad del declarante y otros registros en relación con las operaciones relativas a las mercancías de que se trate o con otras operaciones comerciales anteriores o posteriores que afecten a dichas mercancías. Las autoridades aduaneras también podrán examinar esas mercancías y tomar muestras de ellas cuando aún sea posible.

Los controles podrán realizarse en los locales del titular de las mercancías o de su representante, en los de otra persona que, de forma directa o indirecta, haya actuado o actúe comercialmente en esas operaciones o en los de cualquier otra persona que esté en posesión de esos datos y documentos con fines comerciales."

"1. Cuando nazca una deuda aduanera como consecuencia de la admisión de la declaración en aduana de las mercancías para un régimen aduanero distinto de la importación temporal con exención parcial de derechos de importación, o de cualquier otro acto que tenga el mismo efecto jurídico que dicha admisión, las autoridades aduaneras procederán a la contracción del importe de los derechos de importación o de exportación exigibles dentro de los 14 días siguientes al levante de las mercancías.

(...)

3. Cuando una deuda aduanera nazca en circunstancias no contempladas por el apartado 1, se procederá a la contracción del importe de los derechos de importación o de exportación exigibles dentro de los 14 días siguientes a la fecha en la que las autoridades aduaneras se hallen en posición de determinar el importe de los derechos de importación o de exportación de que se trate y de adoptar una decisión."

"Cuando la deuda aduanera nazca en virtud de los artículos 79 u 82, o cuando la notificación de la deuda aduanera se derive de un control posterior al levante, se percibirá un interés de demora, además del importe de los derechos de importación o de exportación, desde la fecha en que nació la deuda aduanera hasta la fecha de su notificación."

"1. La deuda aduanera será notificada al deudor en la forma establecida en el lugar en el que haya nacido la deuda o en el que se considere que ha nacido de conformidad con el artículo 87.

(...)

2. Cuando el importe de los derechos de importación o de exportación exigibles sea igual al importe consignado en la declaración en aduana, el levante de las mercancías por las autoridades aduaneras será equivalente a la notificación al deudor de la deuda aduanera.

3. Cuando no sea de aplicación el apartado 2, las autoridades aduaneras notificarán la deuda aduanera al deudor cuando se hallen en posición de determinar el importe de los derechos de importación o de exportación exigibles y tomar una decisión.

No obstante, cuando la notificación de la deuda aduanera sea perjudicial para una investigación judicial, las autoridades aduaneras podrán aplazar dicha notificación hasta el momento en que la notificación no perjudique dicha investigación judicial.

4. Siempre que el pago haya sido garantizado, la deuda aduanera correspondiente al importe total de los derechos de importación o de exportación relativos a todas las mercancías cuyo levante haya sido concedido a una única y misma persona durante un plazo fijado por las autoridades aduaneras podrá notificarse al término de ese período. El período establecido por las autoridades aduaneras no será superior a 31 días."

“21. De lo anterior se desprende que, cuando el Tribunal de Justicia declara la invalidez de un reglamento antidumping, ningún operador económico podrá ya, en principio, reclamar la devolución de los derechos antidumping que hubiera abonado en virtud de ese reglamento y respecto a los cuales hubiera expirado el plazo de tres años previsto en el artículo 236, apartado 2, del Código aduanero. En efecto, el artículo 236, apartado 2, del Código aduanero establece un límite de tres años para la devolución de los derechos de aduana no adeudados legalmente.

22. El Tribunal de Justicia ha reconocido la compatibilidad con el Derecho de la Unión de un procedimiento nacional que fije un plazo razonable en el que un operador económico esté obligado, so pena de preclusión, a reclamar la devolución de un impuesto percibido con infracción del Derecho de la Unión. En efecto, tal plazo de preclusión no es un plazo que haga imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión. A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que un plazo de preclusión de tres años parece razonable (véanse las sentencias de 17 de noviembre de 1998, Aprile, C-228/96, apartado 19; de 24 de marzo de 2009, Danske Slagterier, C-445/06, apartado 32, y de 15 de abril de 2010, Barth, C-542/08, apartado 28).

23. Esta jurisprudencia es igualmente aplicable cuando, excepcionalmente, como en el caso relativo al asunto principal, el legislador de la Unión decide armonizar los distintos procedimientos que regulan las solicitudes de devolución de los impuestos indebidamente percibidos. En efecto, un plazo de preclusión razonable, independientemente de si lo establece el Derecho nacional o el Derecho de la Unión, es en interés de la seguridad jurídica, que protege tanto al justiciable como a la administración interesada, sin impedir por ello que el justiciable ejerza los derechos que le confiere el ordenamiento jurídico de la Unión (véanse, en este sentido, las sentencias antes citadas Aprile, apartado 19; Danske Slagterier, apartado 32, y Barth, apartado 28).”

"1. Siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la presente sección, se devolverán o condonarán los importes de los derechos de importación o de exportación, por cualquiera de los motivos siguientes:

a) cobro excesivo de importes de derechos de importación o de exportación;

b) mercancías defectuosas o que incumplen los términos del contrato;

c) error de las autoridades competentes;

d) equidad.

Cuando se haya pagado un importe de derechos de importación o de exportación y se invalide la correspondiente declaración en aduana de conformidad con el artículo 174, dicho importe será devuelto."

"1. Se devolverá o condonará un importe de derechos de importación o de exportación en la medida en que el importe correspondiente a la deuda aduanera inicialmente notificada exceda del importe exigible, o en que la deuda aduanera haya sido notificada al deudor en contra de lo establecido en el artículo 102, apartado 1, párrafo segundo, letras c) o d).

2. Cuando la solicitud de devolución o de condonación se base en la existencia, en la fecha de admisión de la declaración de despacho a libre práctica de las mercancías, de un derecho de importación reducido o de tipo cero aplicable en el marco de un contingente arancelario, de un límite máximo arancelario o de otra medida arancelaria favorable, la devolución o condonación se autorizará solo cuando en la fecha de presentación de la solicitud acompañada de los documentos necesarios se cumpla cualquiera de las condiciones siguientes:

a) si se trata de un contingente arancelario, que no se haya agotado su volumen;

b) en los demás casos, que no se haya restablecido el derecho normal."

"1. La deuda aduanera será notificada al deudor en la forma establecida en el lugar en el que haya nacido la deuda o en el que se considere que ha nacido de conformidad con el artículo 87.

La notificación prevista en el párrafo primero no se efectuará en ninguno de los casos siguientes:

(...)

c) cuando la decisión original de no notificar la deuda aduanera o de notificar esta con el importe de los derechos de importación o de exportación en una cifra inferior a la del importe de los derechos de importación o de exportación exigible se haya tomado con arreglo a disposiciones generales invalidadas en una fecha posterior por una decisión judicial;

d) cuando las autoridades aduaneras estén dispensadas conforme a la normativa aduanera de la notificación de la deuda aduanera."

"El Tribunal de Justicia de la Unión Europea controlará la legalidad de los actos legislativos, de los actos del Consejo, de la Comisión y del Banco Central Europeo que no sean recomendaciones o dictámenes, y de los actos del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros. Controlará también la legalidad de los actos de los órganos u organismos de la Unión destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros.

A tal fin, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse sobre los recursos por incompetencia, vicios sustanciales de forma, violación de los Tratados o de cualquier norma jurídica relativa a su ejecución, o desviación de poder, interpuestos por un Estado miembro, el Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente en las mismas condiciones para pronunciarse sobre los recursos interpuestos por el Tribunal de Cuentas, por el Banco Central Europeo y por el Comité de las Regiones con el fin de salvaguardar prerrogativas de éstos.

Toda persona física o jurídica podrá interponer recurso, en las condiciones previstas en los párrafos primero y segundo, contra los actos de los que sea destinataria o que la afecten directa e individualmente y contra los actos reglamentarios que la afecten directamente y que no incluyan medidas de ejecución.

Los actos por los que se crean los órganos y organismos de la Unión podrán prever condiciones y procedimientos específicos para los recursos presentados por personas físicas o jurídicas contra actos de dichos órganos u organismos destinados a producir efectos jurídicos frente a ellos.

Los recursos previstos en el presente artículo deberán interponerse en el plazo de dos meses a partir, según los casos, de la publicación del acto, de su notificación al recurrente o, a falta de ello, desde el día en que éste haya tenido conocimiento del mismo."

"19. Es preciso recordar que la admisibilidad de un recurso interpuesto por una persona física o jurídica contra un acto del que no es destinataria, con arreglo al artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, está supeditada al requisito de que se le reconozca la legitimación activa, lo que ocurre en dos supuestos. Por un lado, puede interponer tal recurso a condición de que dicho acto la afecte directa e individualmente. Por otro lado, esa persona puede interponer recurso contra un acto reglamentario que no incluya medidas de ejecución si dicho acto la afecta directamente (véase la sentencia de 3 de diciembre de 2020, Changmao Biochemical Engineering/Distillerie Bonollo y otros, C 461/18 P, apartado 54 y jurisprudencia citada).

20. Los requisitos de admisibilidad establecidos en dicha disposición deben interpretarse a la luz del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, tal como se recoge en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), sin que, no obstante, ello se traduzca en obviar dichos requisitos, expresamente establecidos en el Tratado TUE (véase la sentencia de 3 de diciembre de 2020, Changmao Biochemical Engineering/Distillerie Bonollo y otros, C 461/18 P, apartado 55 y jurisprudencia citada).

21. Asimismo procede recordar que el carácter normativo de un acto impugnado no excluye que afecte directa e individualmente a determinadas personas físicas o jurídicas interesadas (sentencia de 18 de mayo de 1994, Codorniu/Consejo, C 309/89, EU:C:1994:197, apartado 19; véase, asimismo, la sentencia de 28 de febrero de 2019, Consejo/Growth Energy y Renewable Fuels Association, C 465/16 P, EU:C:2019:155, apartado 72 y jurisprudencia citada; sentencia de 14 de septiembre de 1995, Antillean Rice Mills y otros/Comisión, T 480/93 y T 483/93, apartado 66).

Sobre el requisito relativo a la afectación individual

22. Es de reiterada jurisprudencia que el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, solo autoriza a las personas físicas y jurídicas a interponer un recurso contra un acto de alcance general, como un reglamento, cuando, además de afectar directamente a esas personas, también las afecta debido a ciertas cualidades que les son propias o a una situación de hecho que las caracteriza en relación con cualesquiera otras personas y, por ello, las individualiza de manera análoga a la de un destinatario de una decisión. En otros términos, las violaciones alegadas por la demandante deben ser idóneas para individualizarla de forma análoga a la forma en que lo sería el destinatario del acto (véase la sentencia de 18 de mayo de 2022, Uzina Metalurgica Moldoveneasca/Comisión, T 245/19, apartado 57 y jurisprudencia citada).

23. En primer lugar, deben rechazarse las objeciones de la Comisión basadas en la naturaleza del Reglamento impugnado.

24. En efecto, la circunstancia de que el Reglamento impugnado tenga, por naturaleza, efectos erga omnes no excluye la posibilidad de que tal acto pueda incluir medidas que se apliquen individualmente a determinados operadores económicos (véase, en este sentido, el auto de 30 de abril de 2003, VVG International y otros/Comisión, T 155/02, EU:T:2003:125, apartados 40 a 42). En consecuencia, aunque la aplicación del Reglamento impugnado se efectúe con arreglo a una situación establecida de manera objetiva, las demandantes pueden alegar elementos idóneos para individualizarlas de forma análoga a como se individualizaría el destinatario del acto.

25. En segundo lugar, las demandantes sostienen que ZMC es la única productora-exportadora conocida en los Estados Unidos de los productos sujetos a los derechos adicionales de que se trata. Sobre la base de los datos facilitados por Eurostat, los mismos que los utilizados por la Comisión para la adopción del Reglamento impugnado, las demandantes alegan que, una vez añadidos los costes del flete aéreo, del transporte terrestre y del seguro y otros gastos de envío conexos, y tras aplicar el tipo de cambio pertinente, el valor de las exportaciones de ZMC a la Unión de los productos en cuestión se aproxima mucho al valor total de las importaciones originarias de los Estados Unidos con el código NC 96138000 para el año 2019.

26. A este respecto, ha de recordarse que, si bien el hecho de ser la productora exportadora más importante de los productos sujetos a las medidas en cuestión no es suficiente, por sí solo, para individualizar a ZMC, no carece de toda pertinencia, en la medida en que forma parte de un conjunto de elementos constitutivos de una situación particular que caracteriza a la demandante, con respecto a la medida que se trata, frente a cualquier otro operador económico (véase, en ese sentido, la sentencia de 18 de mayo de 2022, Uzina Metalurgica Moldoveneasca/Comisión, T 245/19, , apartado 63 y jurisprudencia citada).

27. En el caso de autos, en la vista se pidió a la Comisión que se pronunciara sobre los datos numéricos facilitados por las demandantes. Pues bien, aunque la Comisión formuló sus reservas sobre el hecho de que ZMC fuera la única productora-exportadora de los productos en cuestión, admitió que los datos facilitados por las demandantes y los obtenidos de Eurostat se aproximaban. Procede concluir de todo ello que la Comisión no aportó pruebas que contradijeran los datos expuestos por las demandantes a este respecto.

28. Además, por lo que atañe a la objeción de la Comisión sobre la existencia de una clase cerrada de operadores, basada en que cualquier exportador actual o potencial, establecido en el territorio de los Estados Unidos, de productos comprendidos en el código NC 96138000 también se vería afectado por el Reglamento impugnado, procede identificar el conjunto de elementos que podría llegar a caracterizar una individualización de la demandante en el sentido de la jurisprudencia pertinente (véanse, en ese sentido, las sentencias de 16 de mayo de 1991, Extramet Industrie/Consejo, C 358/89, apartado 17, y de 18 de mayo de 2022, Uzina Metalurgica Moldoveneasca/Comisión, T 245/19, apartado 66).

29. En este contexto, en primer término, se debe señalar que el Reglamento impugnado establece derechos de aduana adicionales sobre los productos procedentes de los Estados Unidos comprendidos en el código NC 96138000 y que dichos productos forman parte de la actividad económica de las demandantes. En segundo término, todos los productos exportados a la Unión por ZMC proceden del territorio de los Estados Unidos. En tercer término, sin haber sido contradichas válidamente por la Comisión, las demandantes aportaron pruebas documentales, en particular dos certificados emitidos por organizaciones profesionales, y una serie de datos numéricos para demostrar que ZMC es la única productora-exportadora de productos comprendidos en el código NC 96138000 desde dicho territorio a la Unión. En cuarto término, los datos utilizados por la Comisión para adoptar el Reglamento impugnado, que proceden de Eurostat, se confunden con los datos relativos a ZMC aportados por las demandantes. En quinto término, aunque la Comisión alegó en la vista que el procedimiento de adopción de las medidas de reequilibrio no prevé una fase formal destinada a identificar a los productores o exportadores que puedan verse afectados por dichas medidas, reconoció que, durante el procedimiento de adopción del Reglamento impugnado, era consciente de la existencia de «Zippo», que había sido identificado como un «gran exportador estadounidense» de los productos comprendidos en el código NC 96138000, y del hecho de que una gran parte de las exportaciones comprendidas en dicha línea arancelaria, objeto del Reglamento impugnado, eran exportaciones de «Zippo». En sexto término, la Comisión también explicó, en la vista, que la selección de los productos objeto de las medidas de reequilibrio se realizó, en particular, con el fin de «inducir a la otra parte, en este caso los Estados Unidos de América, a abandonar sus medidas de salvaguardia incompatibles con la OMC» y que, en este contexto, tuvo en cuenta el estado de los Estados Unidos del que procedían dichos productos. En séptimo término, las demandantes alegan, sin que la Comisión las contradiga a este respecto, que el estado de Pensilvania, en el que ZMC tiene su domicilio, es uno de los estados de los Estados Unidos tomados en consideración a efectos de dicha selección.

30. En estas circunstancias y a la luz de la jurisprudencia citada en el apartado 20 anterior, procede declarar que de los elementos obrantes en autos, sobre los que las partes se pronunciaron en la vista, se desprende que existe un conjunto de elementos de hecho y de Derecho que constituyen una situación particular que distingue a una de las demandantes, a saber, ZMC, en consideración al Reglamento impugnado, de cualquier otro operador económico y que, por tanto, demuestra su afectación individual en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto.

31.En consecuencia, debe concluirse que ZMC se ve individualmente afectada por el Reglamento impugnado.

Sobre el requisito relativo a la afectación directa

32. Según reiterada jurisprudencia, el requisito de que la decisión objeto de recurso afecte directamente a una persona física o jurídica, como prevé el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, exige que se reúnan dos criterios acumulativos, a saber, por un lado, que la medida impugnada surta efectos directamente en la situación jurídica del particular y, por otro, que no deje ningún margen de apreciación a los destinatarios encargados de su aplicación, por tener esta carácter meramente automático y derivarse únicamente de la normativa de la Unión, sin aplicación de otras normas intermedias (sentencias de 6 de noviembre de 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Comisión, Comisión/Scuola Elementare Maria Montessori y Comisión/Ferracci, C 622/16 P a C 624/16 P, apartado 42, y de 3 de diciembre de 2020, Changmao Biochemical Engineering/Distillerie Bonollo y otros, C 461/18 P, apartado 58).

33. Además, debe recordarse, por una parte, que la exigencia de que el acto no incluya medidas de ejecución no debe confundirse con el requisito relativo a la afectación directa y, por otra parte, que, al analizarse la afectación directa, la mera existencia de medidas de ejecución no basta para excluir esta afectación, pues el criterio jurídico pertinente es el que no exista ningún margen de apreciación para los destinatarios del acto de que se trate, que son los encargados de su aplicación (véase la sentencia de 18 de mayo de 2022, Uzina Metalurgica Moldoveneasca/Comisión, T 245/19, apartado 45 y jurisprudencia citada).

34. En el presente asunto, ha de examinarse si ZMC, que está individualmente afectada por el Reglamento impugnado, también se ve directamente afectada por él.

35. En primer lugar, procede señalar que del artículo 1, apartados 1 y 2, letra a), del Reglamento impugnado se desprende, en particular, que, si el Consejo del Comercio de Mercancías de la Organización Mundial del Comercio (OMC) no lo desaprueba, la Unión suspende, a partir del 8 de mayo de 2020, la aplicación al comercio con los Estados Unidos de América de las concesiones sobre derechos de importación con arreglo al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (DO 1994, L 336, p. 11; en lo sucesivo, «GATT de 1994») en relación con los productos comprendidos en el código NC 96138000 y se aplican a partir de esa fecha derechos ad valorem adicionales del 20 % a las importaciones de dichos productos. Además, el artículo 2 del citado Reglamento dispone que la Unión aplicará esos derechos de aduana adicionales siempre y cuando los Estados Unidos de América apliquen o vuelvan a aplicar sus medidas de salvaguardia, y en la medida en que lo hagan, de manera que pudiera afectar a los productos procedentes de la Unión.

36. En consecuencia, debe considerarse que los Estados miembros, encargados de aplicar el Reglamento impugnado, no tienen margen de apreciación alguno por lo que respecta a los derechos antidumping adicionales sobre las importaciones en la Unión y a la imposición de esos derechos a los productos a los que se refiere, y que, por tanto, el segundo criterio mencionado en el apartado 32 anterior se cumple [véanse, en ese sentido, las sentencias de 12 de diciembre de 2014, Crown Equipment (Suzhou) y Crown Gabelstapler/Consejo, T 643/11, apartado 28 (no publicado), y de 3 de mayo de 2018, Distillerie Bonollo y otros/Consejo, T 431/12, apartado 50, y el auto de 10 de septiembre de 2020, Camboya y CRF/Comisión, T 246/19, apartados 66, 68 y 108].

37. En segundo lugar, por lo que respecta al primer criterio mencionado en la jurisprudencia citada en el apartado 32 anterior, procede señalar, de entrada, que ZMC no soporta el pago de los derechos de aduana adicionales de que se trata, como se ha recordado en el apartado 4 anterior.

38. No obstante, de la jurisprudencia se desprende que la circunstancia de que la citada demandante no abone esos derechos no resulta determinante y que la constatación de la afectación directa puede basarse en otros factores (véase, en ese sentido, el auto de 10 de septiembre de 2020, Camboya y CRF/Comisión, T 246/19, apartado 107).

39. En el caso de autos, en primer término, debe tenerse en cuenta que los productos comprendidos en el código NC 96138000 estaban sujetos antes de la entrada en vigor del Reglamento impugnado a un tipo consolidado del 2,7 %, resultante, en particular, de la aplicación de las concesiones multilaterales en el marco del GATT de 1994. En segundo término, el Reglamento impugnado suspendió temporalmente dichas concesiones y aplicó a los citados productos derechos ad valorem adicionales del 20 %. En tercer término, en virtud del artículo 2 del Reglamento impugnado y hasta su suspensión mediante el Reglamento de Ejecución 2021/2083, la Unión aplicaba dichos derechos siempre y cuando los Estados Unidos de América aplicaran o volvieran a aplicar sus medidas de salvaguardia, y en la medida en que lo hicieran, de manera que pudiera afectar a los productos procedentes de la Unión. En cuarto término, como se desprende de los considerandos 9 y 11 del Reglamento impugnado, la Comisión estimó que las medidas de reequilibrio apropiadas debían adoptar la forma de medidas de política comercial consistentes, en particular, en la imposición de derechos de aduana adicionales proporcionales al efecto de las medidas de salvaguardia de los Estados Unidos de América, que, no obstante, no fueran excesivos. En quinto término, tales derechos respondían a las medidas de salvaguardia adoptadas por los Estados Unidos de América que podían tener un importante impacto económico negativo en las industrias de la Unión afectadas, como se desprende de los considerandos 7 y 8 del Reglamento impugnado. En sexto término, como se ha señalado en el apartado 29 anterior, las demandantes alegan que ZMC es la única productora-exportadora conocida establecida en los Estados Unidos de los productos comprendidos en el código NC 96138000 que están sujetos a los derechos de aduana adicionales en cuestión. En séptimo término, estos productos son importados en la Unión, en particular, por filiales de ZMC que están sujetas al pago de tales derechos. En octavo término, de la información presentada por las demandantes en respuesta a una diligencia de ordenación del procedimiento se desprende que, a lo largo del año 2021, período durante el cual estaban en vigor dichos derechos, la parte de los productos importados en la Unión por esas filiales representaba más del 80 % del volumen de los productos de ZMC importados en la Unión.

40. Por lo tanto, por una parte, debe considerarse que, de manera análoga a las medidas de salvaguardia impuestas por los Estados Unidos de América, las medidas de reequilibrio introducidas por el Reglamento impugnado pretenden, mediante la aplicación de derechos de aduana adicionales proporcionales a los efectos de dichas medidas de salvaguardia, tener un impacto económico negativo en la actividad de las empresas de los Estados Unidos que exportan a la Unión los productos a los que se aplican tales medidas, incluida ZMC en su condición de única productora-exportadora de productos comprendidos en el código NC 96138000, por las razones expuestas en el apartado 29 anterior. Además, en el caso de autos, este impacto se acentúa en relación con ZMC por su condición de sociedad matriz de sociedades que importan en la Unión más del 80 % del volumen de dichos productos procedentes de los Estados Unidos y que, por tanto, soportan la mayor parte del pago de los derechos adicionales introducidos por el Reglamento impugnado. Por consiguiente, procede considerar, en cuanto atañe a los productos comprendidos en el código NC 96138000, que ZMC se vio directamente afectada por el impacto negativo perseguido por la Comisión al adoptar el Reglamento impugnado.

41. Por otra parte, al suspender la aplicación del tipo consolidado del 2,7 % a la importación de los productos comprendidos en el código NC 96138000 y al aplicar derechos ad valorem adicionales del 20 % a dichos productos, el Reglamento impugnado afecta al derecho de acceso al mercado de la Unión del que disfrutaban estos productos hasta su entrada en vigor (véase, por analogía, el auto de 10 de septiembre de 2020, Camboya y CRF/Comisión, T 246/19, apartados 60 y 61). Pues bien, en la medida en que la Comisión no ha refutado válidamente que ZMC fuera la única productora-exportadora de dichos productos establecida en los Estados Unidos, debe considerarse que el Reglamento impugnado también afecta al derecho de acceso al mercado de la Unión de los productos de ZMC, por lo que surte efectos jurídicos directos respecto de ella.

42. El hecho, invocado por la Comisión, de que, tras la entrada en vigor del Reglamento impugnado, aumentara el volumen de los productos exportados por ZMC al territorio de la Unión no modifica esta conclusión. En efecto, por una parte, las demandantes alegan que dicho aumento se debió, en particular, a una reorganización de la distribución de sus productos y a un incremento del número de sus puntos de venta en el mercado de la Unión, y que, de no existir los derechos de aduana impuestos por el Reglamento impugnado, ese incremento podría haber sido mayor. Por añadidura, debe señalarse que los derechos de aduana en cuestión se aplicaron durante un período relativamente corto, del 8 de mayo de 2020 al 31 de diciembre de 2021. Por otra parte, la circunstancia de que no resulta posible observar el impacto negativo que se pretende obtener mediante un reglamento que establece medidas de reequilibrio, como el Reglamento impugnado, no es determinante a efectos de la apreciación del criterio del efecto directo, por cuanto basta con que la medida controvertida modifique automática e inmediatamente la situación jurídica de la demandante. Pues bien, por las razones expuestas en los apartados 40 y 41 anteriores, el Reglamento impugnado surtió automática e inmediatamente efectos directos respecto de la situación jurídica de ZMC.

43. Por tanto, procede concluir que ZMC está directamente afectada por el Reglamento impugnado y tiene, en consecuencia, legitimación activa en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto.

44. Pues bien, según reiterada jurisprudencia, basada en razones de economía procesal, si un mismo acto es impugnado por varias partes demandantes y se demuestra que una de ellas tiene legitimación activa, no procede examinar la legitimación activa de las otras partes demandantes (véanse, en ese sentido, las sentencias de 9 de junio de 2011, Comitato Venezia vuole vivere y otros/Comisión, C 71/09 P, C 73/09 P y C 76/09 P, apartado 37, y de 24 de octubre de 2019, EPSU y Goudriaan/Comisión, T 310/18,

45. En el presente asunto, habida cuenta de la conclusión de que ZMC tiene legitimación activa para interponer un recurso de anulación contra el Reglamento impugnado, no procede examinar si Zippo GmbH y Zippo SAS tienen la legitimación activa necesaria para interponer un recurso con arreglo al artículo 263 TFUE contra ese mismo Reglamento.

46. Además, procede señalar que las demandantes tienen interés en recurrir el Reglamento impugnado, extremo que la Comisión no discute.

47. A este respecto, el hecho de que, después de la entrada en vigor del Reglamento impugnado, los derechos ad valorem adicionales en cuestión fueran suspendidos por el Reglamento de Ejecución 2021/2083, tras la interposición del recurso, resulta irrelevante por lo que concierne al interés de las demandantes en ejercitar la acción habida cuenta del objeto del recurso. En realidad, dicho Reglamento de Ejecución no derogó ni eliminó el Reglamento impugnado del ordenamiento jurídico de la Unión, del que, por tanto, sigue formando parte. Además, el Reglamento de Ejecución 2021/2083 establece que esta suspensión debe finalizar el 31 de diciembre de 2023. Pues bien, las demandantes conservan el interés en ejercitar la acción también para evitar que las supuestas ilegalidades se repitan en el futuro, en particular en el contexto del posible mantenimiento de los derechos de aduana adicionales en cuestión (véanse, en ese sentido, las sentencias de 23 de diciembre de 2015, Parlamento/Consejo, C 595/14, apartado 17 y jurisprudencia citada, y de 3 de mayo de 2018, Distillerie Bonollo y otros/Consejo, T 431/12, apartado 108 y jurisprudencia citada).

48. Habida cuenta de la totalidad de las consideraciones anteriores, procede declarar la admisibilidad del recurso."