Tribunal Económico-Administrativo Central

SALA PRIMERA

 

FECHA: 19 de julio de 2024

 

RECURSO: 00-01456-2022

CONCEPTO: IMPUESTO RENTA PERSONAS FÍSICAS. IRPF

NATURALEZA: RECURSO DE ALZADA

RECURRENTE: Axy - NIF ...

REPRESENTANTE: ... - NIF ...

DOMICILIO: … - España

 

En Madrid, se ha constituido el Tribunal como arriba se indica, para resolver el recurso de alzada de referencia.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El día 17/02/2022 tuvo entrada en este Tribunal el presente recurso de alzada, interpuesto el 17/02/2022 contra la Resolución de ... de ... de 2021 del TEAR de Extremadura por el que se resuelve la reclamación económico- administrativa 06-01188-2019 interpuesta contra el siguiente acto dictado por la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de Extremadura, en relación al IRPF ejercicio 2013 y 2014:

•   Acuerdo de liquidación derivado del acta en disconformidad A02 …..00 en relación al IRPF ejercicio 2013.

SEGUNDO.- El día 14/03/2018 se iniciaron actuaciones inspectoras mediante notificación de la comunicación de inicio en el domicilio fiscal del obligado tributario. En dicha comunicación se le informa de que las actuaciones se extienden a los siguientes conceptos y periodos:

•   Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas - ejercicio 2014.

En cuanto al alcance de las actuaciones relativas al concepto tributario y período al que se refiere este acuerdo de liquidación (IRPF 2014), las actuaciones inspectoras han tenido alcance general, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 148 de la LGT y en el artículo 178 del RGAT.

En diligencia de 2 de mayo de 2018 se pone en conocimiento del obligado tributario la ampliación del alcance de las actuaciones de comprobación e investigación en curso al IRPF del ejercicio 2013, también con alcance general.

TERCERO.- En los años objeto de comprobación la reclamante obtiene indemnización que se fija en ejecución de la sentencia parcialmente estimatoria en la que se le reconoce el derecho a que se le revise la baremación correspondiente a los méritos académicos y, en concreto, al expediente académico en los estudios de licenciatura de farmacia. La Administración indemniza a la reclamante con el importe de 1.***.***,** euros, que se cuantifican estimando los beneficios que hubiese obtenido en el caso de apertura de farmacia en el municipio de MUNICIPIO_1.

La reclamante no había presentado declaraciones-liquidaciones por los períodos impositivos objeto de comprobación.

CUARTO.- Como consecuencia de las actuaciones inspectoras se dicta acta en conformidad A01 …...44 y A02 …...00 en las que se practican los siguientes ajustes:

•   Acta en conformidad A01 …...44:

- Imputación de ganancia patrimonial por importe de por importe de 27.933,37 euros por los intereses de demora percibidos en 2014:

Sostiene la Inspección que estos tendrán naturaleza indemnizatoria, en cuanto están destinados a resarcir al acreedor de daños y perjuicios derivados del retraso en el cumplimiento de un deber de pago, por un periodo inferior a un año, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 25.5 y 33.1 de la Ley 35/2006 (LIRPF), habría que calificarlos como ganancia patrimonial, que habría que imputar, según el artículo 14.1.c) de la misma Ley, al periodo impositivo en que tuvo lugar la alteración patrimonial.

•   Acta en disconformidad A02 …...00:

- Imputación de rendimientos netos de actividades económicas por importe de 530.926,55 euros derivados de la indemnización percibida como consecuencia de la imposibilidad de ejecución de sentencia estimatoria:

Entiende la Inspección que está indemnización se trata de una renta irregular derivada del ejercicio de una actividad económica y que viene a resarcir un daño patrimonial derivada de la no apertura de farmacia. Por tanto no se está ante los supuestos de exención previstos en las letras d) y q) del artículo 7 LIRPF.

QUINTO.- Disconforme con lo anterior, la reclamante interpuso reclamación económico - administrativa ante el TEAR de Extremadura 06-01188-2019 que fue resuelta mediante Resolución de ... de ... de 2021 en el que se acordó:

- Desestimar las pretensiones de la reclamante, confirmando la regularización practicada por la Inspección.

SEXTO.- Frente a dicha resolución, el reclamante interpuso el 17/02/2022 el presente recurso ordinario de alzada ante este Tribunal, realizando en síntesis las siguientes alegaciones:

1. Procedencia de la exención prevista en el artículo 7 d) LIRPF:

Defiende la reclamante la aplicación de la exención prevista en el artículo 7 d) LIRPF pues considera que lo que viene a resarcir la indemnización es un daño personal derivado de la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y no el lucro cesante, tal y como considera la Inspección.

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Este Tribunal es competente para resolver de conformidad con lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), así como en el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa (RGRVA), aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo. No concurre ninguna de las causas de inadmisibilidad previstas en el artículo 239.4 de la LGT y se cumplen, en especial, los requisitos de cuantía previstos en la Disposición Adicional decimocuarta de la LGT y el artículo 36 del RGRVA.

SEGUNDO.- Este Tribunal debe pronunciarse respecto a lo siguiente:

La conformidad Derecho de la Resolución del TEAR de Extremadura. En concreto debe pronunciarse sobre la aplicación de la exención prevista en el artículo 7 d) LIRPF respecto de la percepción de una indemnización por imposibilidad de ejecución de sentencia.

TERCERO.- El artículo 7 d) LIRPF contiene la siguiente redacción:

"Artículo 7. Rentas exentas.

Estarán exentas las siguientes rentas:

(...)

d) Las indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad civil por daños personales, en la cuantía legal o judicialmente reconocida"

Por tanto, conforme con esta configuración legal, para que la indemnización percibida pueda encontrarse amparada por dicha exención resulta necesario que se trate de una indemnización por responsabilidad civil por daños personales (concepto que incluye los daños físicos, psíquicos o morales), fijada legal o judicialmente. Esta exención no abarca las indemnizaciones destinadas a resarcir daños materiales (perjuicio patrimonial).

Para centrar la cuestión controvertida y pronunciarnos sobre la posible exención, conviene reproducir los hechos probados que constan en el acuerdo de liquidación sobre la percepción de la indemnización por imposibilidad de ejecución de sentencia.

"Mediante auto de fecha ...-...-2013 de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ COMUNIDAD AUT._1 se declaró la imposibilidad legal de ejecutar la sentencia dictada en el procedimiento contencioso-administrativo n.º .../2001, que reconocía al obligado tributario su derecho a la apertura de una oficina de farmacia en la ciudad de  CIUDAD_1,  el cual le fue denegado por la Junta de COMUNIDAD AUT._1.

En la sentencia, de fecha …  de ... de 2012, asumiendo la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo la posición del Tribunal de instancia, estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo n.º .../2001, interpuesto por D.ª Axy contra la Resolución de ...de ... de 199... de la Dirección General de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitaria de la Consejería de Sanidad y Consumo de la Junta de COMUNIDAD AUT._1, que resolvió procedimiento concursal de apertura de oficinas de farmacia, declarando el derecho de la parte actora a que la Administración revise la baremación correspondiente a los méritos académicos y, en concreto, al expediente académico en los estudios de licenciatura de farmacia, con todas las consecuencias que se derivan de dicha declaración.

Declarada la imposibilidad de ejecución de la sentencia, se concedió audiencia a las partes litigantes para que aportasen alegaciones en que apoyar la indemnización sustitutoria que estimaran procedente. Por último, la Sala, mediante nuevo auto de fecha ... de ... de 2013, dispone fijar el importe de la indemnización procedente a favor de la parte actora D.ª Axy en la cuantía de 1.***.***,** euros, importe que devengaría interés legal desde la notificación de la resolución judicial, el día ...-...2013. La Dirección de la Gerencia del Servicio ... de Salud procedió a la ejecución del auto de … de ... de 2013, ingresando en la cuenta bancaria que le indicó la parte actora 1**.*** euros en el ejercicio 2013, y el resto del principal, 9**.***,** euros, más los correspondientes intereses de demora por importe de 2*.***,** euros, en el ejercicio 2014.

Respecto a la cuantificación de la indemnización, el auto de ... de ... de 2013, señala lo siguiente (subrayado incorporado en la presente resolución:

"Para fijar la indemnización a favor de la parte actora, esta Sala de Justicia tiene en cuenta el perjuicio económico que la falta de apertura de farmacia en la ciudad de CIUDAD_1 ha ocasionado a la parte demandante. A la vista de las pruebas aportadas por las partes litigantes, la Sala considera que procede a cuantificación que realiza la Secretaría General de la Consejería de Salud y Política Social al basarse en datos concretos sobre las farmacias de nueva apertura en la provincia de PROVINCIA_1 tuvieron beneficios a partir del año 2033. Una vez determinado lo anterior, tiene en cuenta la facturación media de las farmacias de la ciudad de CIUDAD_1, siendo esta localidad dónde hubiera obtenido una farmacia la parte demandante, siendo procedente atender a los datos de facturación de dichas farmacias y no a otros de distinta zona. Por último, se aplica a la facturación el margen oficial de los medicamentos, según la legislación aplicable en cada momento y los gastos que son procedentes y que han sido obtenidos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de PROVINCIA_1. La Administración cifra este beneficio en el importe de 8**.***,** euros (de 20013 a 2012). A este importe le añadimos lo correspondiente a los meses de enero a marzo de 2013, pues a partir del auto de ...-...-2013 quedó determinada la imposibilidad legal de ejecutar la sentencia (...) Ello hace el total de 8**.***,** euro, Estimamos que esta cantidad es procedente pues responde a una compensación económica por los perjuicios directos derivados de la falta de ejecución de la sentencia.

La parte actora alega que procedería incluir los ingresos por medicamentos que se venden sin receta médica pero no tenemos datos acreditados de facturación sobre este extremo, y en todo caso estos ingresos se compensan con los gastos por alquiler o adquisición del local y los impuestos que gravan el rendimiento de la actividad, que, según informa la Junta de COMUNIDAD AUT._1, no han sido descontados del beneficio."

Frente a estos hechos considera la Inspección que según lo dispuesto tanto en la sentencia de … de ... de 2012 como en el auto de ... de ... de 2013, lo que retribuye la indemnización satisfecha al contribuyente no es un daño personal, sino el perjuicio patrimonial derivado del lucro cesante que, como consecuencia de no haber obtenido la licencia de apertura de la oficina de farmacia en el correspondiente concurso, el contribuyente ha dejado de percibir. Por tanto entiende la Inspección que no entran en juego los supuestos de exención de rentas que contempla el artículo 7 de la Ley 35/2006 del IRPF, en las letras d) ("las indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad civil por daños personales, en la cuantía legal o judicialmente reconocida") y q) ("las indemnizaciones satisfechas por las Administraciones Públicas por daños personales como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, cuando vengan establecidas de acuerdo con los procedimientos previstos en el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se regula el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial"), supuestos referidos únicamente a la reparación de daños personales (físicos, psíquicos o morales).

Por su parte el reclamante considera que procede la aplicación de la exención prevista en el artículo 7 d) LIRPF pues alega que lo que viene a resarcir la indemnización es un daño personal y no el lucro cesante. Concretamente entiende que lo que la indemnización está resarciendo se trata de un "daño moral" que se encuentra en el quebranto que supone el hecho de que el pronunciamiento obtenido en la sentencia no pueda ser ejecutado. Defiende su postura señalando que en la cuantificación de la indemnización la Sala se aleja de las reglas mínimas de cuantificación del lucro cesante al considerar otras cuestiones como el hecho de descontar los impuestos que gravan la actividad o el considerar que podría haber desarrollado otra actividad. En definitiva, considera que para que la indemnización venga a resarcir el lucro cesante este tiene que estar debidamente acreditado, cosa que no sucede en el presente caso. Asimismo cita sentencia de 28 de diciembre de 2018 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que para un caso que considera análogo al suyo, determina que la indemnización percibida viene a resarcir daños morales, y por lo tanto personales.

CUARTO.- La cuestión controvertida se trata de determinar si la indemnización percibida por imposibilidad de ejecución de sentencia tiene como fin resarcir un daño patrimonial o personal.

Sobre la delimitación de los daños morales y patrimoniales la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en sentencia de 17 de junio de 2020 (rec. 2971/2017) expone lo siguiente (el subrayado incorporado en la presente resolución):

"La jurisprudencia de esta Sala, de la que es expresión, la STS 801/2006, de 27 de julio, reconoce que, atendiendo a su origen, el daño causado a los bienes o derechos de una persona puede ser calificado como daño patrimonial, si se refiere a su patrimonio pecuniario; daño biológico, si se refiere a su integridad física; o daño moral, si se refiere al conjunto de derechos y bienes de la personalidad que integran el llamado patrimonio moral. Igualmente sostiene que no es inexacto calificar como daño moral el que tiene relación con la imposibilidad del ejercicio de los derechos fundamentales, integrados en el ámbito de la personalidad, como es el derecho a la tutela judicial efectiva. En tercer lugar, señala que deben ser calificados como daños morales aquellos que no son susceptibles de ser evaluados patrimonialmente por consistir en un menoscabo cuya sustancia puede recaer no sólo en el ámbito moral estricto, sino también en el ámbito psicofísico de la persona y consiste, paradigmáticamente, en los sufrimientos, padecimientos o menoscabos experimentados que no tienen directa o secuencialmente una traducción económica, no obstante: "Cuando el daño consiste en la frustración de una acción judicial (aun cuando, insistimos, en un contexto descriptivo, ligado a la llamada a veces concepción objetiva, el daño padecido pueda calificarse como moral, en cuanto está relacionado con la privación de un derecho fundamental), el carácter instrumental que tiene el derecho a la tutela judicial efectiva determina que, en un contexto valorativo, el daño deba calificarse como patrimonial si el objeto de la acción frustrada, como sucede en la mayoría de las ocasiones -y, desde luego, en el caso enjuiciado- tiene como finalidad la obtención de una ventaja de contenido económico mediante el reconocimiento de un derecho o la anulación de una obligación de esta naturaleza"

Por tanto, el Tribunal Supremo señala que podemos estar ante un daño moral en los casos en los que el daño se refiere a la imposibilidad del ejercicio de derechos fundamentales, como es el derecho a la tutela judicial efectiva. No obstante, matiza que el daño debe calificarse como patrimonial en aquellos casos en los que subyace una acción patrimonial, cifrada en la búsqueda de la ventaja económica ligada al derecho cuyo reconocimiento se reclama, o la obligación cuya vigencia se rechaza.

El derecho a la tutela judicial efectiva se configura en nuestro ordenamiento jurídico como un derecho fundamental plasmado en el artículo 24 CE:

"Artículo 24

1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión."

Respecto a la vulneración de este derecho fundamental como consecuencia de la imposibilidad de ejecución de sentencia se ha pronunciado el Tribunal Supremo en numerosas ocasiones, como es la más reciente Sentencia de 02/03/2023 (Rec. 5143/2021) en la que señala lo siguiente en su fundamento de derecho sexto:

"SEXTO.- La posición de la Sala expresada en la sentencia de 9 de julio de 2019 (recurso casación 677/2017), sobre que la imposibilidad de ejecución se sustituye por indemnización.

"NOVENO.- La inejecución de sentencias por razón del tiempo transcurrido y consecuencias a extraer.

Bajo el anterior marco casacional esta Sala dicto la Sentencia de 14 de junio de 2016, casación 1719/2015en que se hallaba concernida una indemnización sustitutoria por la inejecución de una sentencia por la Junta de (...).

No está de más recordar lo allí vertido en sus FJ Octavo y Noveno.

"Ha de insistirse en que la ejecución de la sentencia forma parte del contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, art. 24. CE, por lo que la inejecución por su imposibilidad jurídica o material, art. 105 LJCA, hace necesario una motivación especial exigente.

No define la LJCA, art. 105.2, en qué consiste la imposibilidad material de ejecución de una sentencia. Ha sido la jurisprudencia la que ha ido delimitando aquella con una concepción restrictiva de los supuestos de imposibilidad (SSTS 17 de noviembre de 2008, recurso casación 4285/2005, 14 de febrero de 2013, recurso casación 4311/2011). Estamos por tanto, frente a supuestos individualizados casuísticamente en atención a las circunstancias concurrentes en cada supuesto en que deben ponderarse los distintos intereses concernidos".

Por tanto, el Tribunal Supremo sitúa la imposibilidad de ejecución de Sentencia dentro del ámbito del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, cuyo quebranto "no es inexacto calificar como daño moral", lo que podría situarnos en el ámbito del artículo 7.d) de la LIRPF. Sin embargo, estamos tan sólo ante una posibilidad, que depende de importantes variables.

Por un lado, debe concretarse que se haya producido una inejecución de sentencia. El Tribunal Supremo afirma que la imposibilidad material de ejecutar una sentencia no está definida legalmente, y nos ofrece dos pautas para determinar cuándo debe entenderse que se está ante tal situación: que se viene delimitando tal situación por la jurisprudencia de modo restrictivo, y que habrá de atenderse a las circunstancias de cada caso, ponderando situaciones e intereses en juego.

En el presente caso la propia Inspección afirma que "Mediante auto de fecha ...-...-2013 de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ COMUNIDAD AUT._1 se declaró la imposibilidad legal de ejecutar la sentencia", por lo que hecha esta calificación judicial para el caso concreto no haremos más reflexiones al respecto, más allá de constatar la amplitud que al término se le da, habida cuenta la imposibilidad material de retroceder en el tiempo que, en muchos casos, requeriría la absoluta satisfacción de las pretensiones de la parte ganadora.

Por otro lado, deben excluirse los casos en los que el (tomando expresiones literales del Tribunal Supremo, de la precitada Sentencia de 17 de junio de 2020 (rec. 2971/2017): "el daño deba calificarse como patrimonial si el objeto de la acción frustrada, como sucede en la mayoría de las ocasiones -y, desde luego, en el caso enjuiciado- tiene como finalidad la obtención de una ventaja de contenido económico mediante el reconocimiento de un derecho o la anulación de una obligación de esta naturaleza".

QUINTO.- En el caso que nos ocupa, nos encontramos ante una indemnización que ha sido fijada en auto como consecuencia de que identifica como imposibilidad de ejecución de sentencia en el que se reconocía el derecho de la reclamante a que se revise la baremación correspondiente a los méritos académicos y, en concreto, al expediente académico en los estudios de licenciatura de farmacia.

El auto del TSJ de COMUNIDAD AUT._1 de ... de … de 2013, en el que se fija la indemnización a percibir, señala lo siguiente (subrayado incorporado en la presente resolución):

"PRIMERO.- El artículo 102.5 de la Ley 29/1998 de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, dispone lo siguiente: "Si concurriesen causas de imposibilidad material o legal de ejecutar una sentencia, el órgano obligado a su cumplimiento lo manifestará a la autoridad judicial a través del representante procesal de la Administración, dentro del plazo previsto en el apartado segundo del artículo anterior, a fin de que, con audiencia de las partes y de quienes considere interesados, el Juez o Tribunal aprecie la concurrencia o no de dichas causas y adopte las medidas necesarias que aseguren la mayor efectividad de la ejecutoria, fijando en su caso la indemnización que proceda por la parte en que no pueda ser objeto de cumplimiento pleno".

La imposibilidad de ejecutar sentencia lleva consigo el pago de una indemnización. Esta indemnización debe de valorar los daños y perjuicios producidos resultantes de la inejecución, tratándose de un derecho a favor de la parte actora que deriva directamente de la inejecución de la sentencia, como remedio sustitutorio de dicha inejecución; ya que en otro caso se dejaría sin efecto ni contenido alguno la sentencia firme, convirtiéndola en una mera declaración académica y liberando a la Administración condenada de su obligación de cumplirla, sin imponerle la correspondiente partida indemnizatoria, que es una consecuencia natural del incumplimiento de las obligaciones.

Para fijar la indemnización a favor de la parte actora, esta Sala de Justicia tiene en cuenta el perjuicio económico que la falta de apertura de farmacia en la ciudad de CIUDAD_1 ha ocasionado a la parte demandante. A la vista de las pruebas aportadas por las partes litigantes, la Sala considera que procede a cuantificación que realiza la Secretaría General de la Consejería de Salud y Política Social al basarse en datos concretos sobre las farmacias de nueva apertura en la provincia de PROVINCIA_1 tuvieron beneficios a partir del año 2033 (SIC). Una vez determinado lo anterior, tiene en cuenta la facturación media de las farmacias de la ciudad de CIUDAD_1, siendo esta localidad dónde hubiera obtenido una farmacia la parte demandante, siendo procedente atender a los datos de facturación de dichas farmacias y no a otros de distinta zona. Por último, se aplica a la facturación el margen oficial de los medicamentos, según la legislación aplicable en cada momento y los gastos que son procedentes y que han sido obtenidos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de PROVINCIA_1. La Administración cifra este beneficio en el importe de 8**.***,** euros (de 20013 a 2012). A este importe le añadimos lo correspondiente a los meses de enero a marzo de 2013, pues a partir del auto de ...-…-2013 quedó determinada la imposibilidad legal de ejecutar la sentencia (...) Ello hace el total de 8**.***,** euro, Estimamos que esta cantidad es procedente pues responde a una compensación económica por los perjuicios directos derivados de la falta de ejecución de la sentencia.

La parte actora alega que procedería incluir los ingresos por medicamentos que se venden sin receta médica pero no tenemos datos acreditados de facturación sobre este extremo, y en todo caso estos ingresos se compensan con los gastos por alquiler o adquisición del local y los impuestos que gravan el rendimiento de la actividad, que, según informa la Junta de COMUNIDAD AUT._1, no han sido descontados del beneficio."

El Auto, asimismo, reconoce una indemnización de 2**.*** euros por el hecho de que, en el momento de la sentencia, no es posible abrir oficina de farmacia en MUNICIPIO_1, y se desconoce al momento en el que se podrá. La determinación de ese importe, a tanto alzado, también, de forma expresa, tiene en cuenta tan sólo hipótesis económicas, parámetros económicos, esto es, beneficios de la actividad económica, pero que no se fijan de modo preciso ante la incertidumbre sobre la fecha en la que se podrá acceder a dicha actividad, y las muchas hipótesis que, en el futuro, podrían poner fin a la actividad, que expone y valora el TSJ. Pero, en ningún caso, valora daños personales o morales.

Es claro, por tanto, que estamos ante una indemnización que identifica como patrimonial el daño que indemniza, al fijarse exclusivamente en parámetros de esta naturaleza para cuantificar los importes que acuerda que se paguen. Por tanto, según el Tribunal Supremo matiza, aun partiendo de una situación de inejecución de sentencia, estamos ante un daño patrimonial cuando lo que subyace es la reclamación por la pérdida de una ventaja de contenido económico que se resarce con la indemnización pagada.

En definitiva, lo que ha venido a indemnizar tal cantidad se trata del lucro cesante por la no obtención de ganancias relacionadas causalmente con tal hecho (la no baremación de los méritos y la consecuente apertura de farmacia), sin que pueda ser calificado el daño que repara como moral ni, por tanto, como uno de los daños "personales" a los que se refieres el artículo 7 d) LIRPF. Se han suplicado las rentas de una actividad económica no realizada, pero durante un tiempo en el que, como indica el propio Auto, se han podido realizar otras actividades generadoras de rentas.

A lo que hemos concluido no se oponen las resoluciones judiciales que aporta el contribuyente, que sí reconocieron la aplicación del citado precepto de la LIRPF, pero en situaciones diferente a la que se da en el caso que nos ocupa.

Así, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 12/12/2018 (Rec. 287/2017), se refiere a un caso en el que la sentencia que fijó la indemnización afirmó hacerlo para reparar daños morales:

2En dicha Sentencia se determina la naturaleza indemnizatoria y no salarial de la cantidad percibida por la recurrente de la citada SOCIEDAD (...) SA, como consecuencia de la exclusión de los recurrentes de las bolsas de trabajo y se establece en la citada Sentencia el derecho a la aplicación de la exención del art. 7 d) LIRPF en relación a la cantidad percibida, ya que, en definitiva, se razona que se indemniza por daños morales, que se consideran los daños personales a que hace referencia el precepto aludido, puesto que los daños personales son tanto los físicos como los morales, y no puede considerarse que la indemnización percibida lo hay sido en concepto de daños patrimoniales. (...)

O la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia Andalucía, de 8 de octubre de 2007 (recurso 113/2007), que resolvió sobre una indemnización que valoró los prejuicios personales derivados de conceder, indebidamente un puesto de trabajo en una localidad diferente a la de su residencia, perjuicios que la sentencia calificó como personales:

(...) El fundamento de la condena, claramente es la responsabilidad civil, o patrimonial, de la Administración por el daño que se ha causado a la actora al destinarla a un puesto al que tuvo que desplazarse durante un tiempo, y resultar finalmente que tenía derecho a otro puesto en esta ciudad. El fundamento de la condena, claramente es la responsabilidad civil, o patrimonial, de la Administración por el daño que se ha causado a la actora al destinarla a un puesto al que tuvo que desplazarse durante un tiempo, y resultar finalmente que tenía derecho a otro puesto en esta ciudad. De otra manera cabría preguntarse: si esa indemnización no obedece a un título de responsabilidad civil, a qué obedece. Respuesta que no hallamos porque, entendemos, solo cabe la ya dicha. La actora cobró una indemnización que era materialmente una responsabilidad civil declarada judicialmente. El título de su derecho se encuentra sin duda en el artículo 106 de la Constitución y en los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, sin perjuicio de que no se siguiera el procedimiento administrativo para su declaración. Pero, como dijimos, lo cierto es que hay un daño personal que ha sufrido la actora y la responsabilidad era de la administración que por ello fue condenada. El supuesto encaja a la perfección en el artículo 7 apartado d) del RDL 3/2004. La renta debe ser declarada exenta y el recurso por tanto ha de prosperar ".

Por lo tanto, se desestiman las alegaciones, y se confirma la liquidación recurrida.



 

 

Por lo expuesto

Este Tribunal Económico-Administrativo acuerda DESESTIMAR el presente recurso, confirmando la resolución impugnada.