Tribunal Económico-Administrativo Central

SALA PRIMERA

FECHA: 08 de octubre de 2026

PROCEDIMIENTO: 00-00417-2023-00

CONCEPTO: IMPUESTO RENTA PERSONAS FÍSICAS. IRPF

NATURALEZA: RECURSO ORDINARIO DE ALZADA

RECURRENTE: Axy - …

En MADRID, se ha constituido el Tribunal como arriba se indica, para resolver el recurso de alzada de referencia.

(…)

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-

El día 19/12/2022 tuvo entrada en este Tribunal el presente recurso de alzada, interpuesto el 19/12/2022 contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Asturias (en adelante, TEARA) de 11 de noviembre de 2022 , por la que se resuelve, en primera instancia, la reclamación económico-administrativa nº RG 33-00913-2020, interpuesta contra el acuerdo de liquidación A3 REFERENCIA_1 ,dictado por la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de CIUDAD_1 de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), siendo la cuantía de la reclamación … euros.

SEGUNDO.- Las actuaciones de comprobación e investigación con la obligada tributaria se iniciaron por la Dependencia de Regional de Inspección de CIUDAD_1 mediante comunicación de inicio notificada en fecha 22 de febrero de 2019, cuyo objeto era la comprobación del IRPF de los ejercicios 2015/2016 con carácter general.

La operación determinante de la regularización parte de la transmisión realizada por Dª. Axy de las participaciones que ostentaba en las entidades "XZ, SL" (95 % de su capital), en adelante, XZ y "TW, SL" (50% de participación), en adelante, TW, a la entidad de nueva creación "QR, SL", en adelante, QR, constituida en octubre del 2015. Ambas operaciones se acogieron a RFEAC.

En 2016 XZ reparte dividendos a QR por importe de 450.894,16 € (año 2016) y de 450.894,16 € (año 2017), beneficiándose del régimen de exención del artículo 21 LIS. A continuación, la sociedad receptora invierte los fondos recibidos en la suscripción de fondos de inversión.

El acuerdo de liquidación, en síntesis, considera que no procede la aplicación del régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores (FEAC) al canje de valores y a la aportación no dineraria realizados por la reclamante con las participaciones de las sociedades XZ , y TW en la constitución de la entidad QR, por considerar, en aplicación del artículo 89.2 de la LIS, que las operaciones no se efectuaron por motivos económicos válidos, sino con la mera finalidad de conseguir una ventaja fiscal, y desestima los motivos económicos alegados por la reclamante por no considerarlos acreditados. Por tanto, al no resultar aplicable el régimen especial FEAC, la inspección calcula la ganancia patrimonial resultante aplicando los artículos 37.1.h) y 37.1.d) de la LIRPF al canje y a la aportación no dineraria, respectivamente, y la imputa al ejercicio 2015.

TERCERO.- Disconforme con el acuerdo de liquidación referenciado anteriormente, la obligada tributaria interpuso reclamación económico-administrativa ante el TEARA, que resolvió, en primera instancia la reclamación interpuesta por resolución de fecha 11 de noviembre de 2022, en la que se desestimó la reclamación presentada.

CUARTO.- Tras dicha desestimación la reclamante presentó en tiempo y forma el correspondiente recurso de alzada ante este TEAC. En síntesis alega el interesado su disconformidad con la no aplicación del régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores (FEAC). En concreto, la reclamante alega:

-La infracción del artículo 89 de la LGT y la vulneración del principio de confianza legítima, al apartarse la Inspección del criterio vinculante de la DGT sin acreditar alteración de las circunstancias ni ocultación de datos, sin concretar qué extremos de la consulta no se corresponden con la realidad y contradiciendo sus propios actos previos;

-La incongruencia de la regularización, pues la Inspección reconoce la consulta como causa eximente de la sanción pero la desconoce al practicar la liquidación, con quiebra de la seguridad jurídica;

-La concurrencia de motivos económicos válidos, que defiende frente a las objeciones de la Inspección en relación con los cinco motivos invocados (estructura de holding y gestión efectiva de las participaciones, valorando los medios del grupo en su conjunto, con aportación de las actas de las juntas de 2016 y del préstamo de 60.000 € concedido a XZ en 2018; concentración de recursos y aversión al riesgo mediante la separación de patrimonios y su canalización a la reinversión; vehículo inversor, acreditado con inversiones financieras reales no condicionadas por la consulta; simplificación sucesoria del patrimonio familiar; y cumplimiento de los requisitos del artículo 4.Ocho.Dos de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio).

-La inexistencia de fraude o evasión fiscal, al ser el diferimiento de la plusvalía la única ventaja obtenida, lo que no constituye ventaja fiscal indebida conforme al artículo 89.2 LIS y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y al incurrir la Inspección en una "economía de opción inversa" que exige elegir la vía más gravosa;

-Por último, que no existe sobrevaloración de las participaciones aportadas, por cuanto la valoración debe atender a criterios contables (valor razonable conforme al PGC) y no fiscales, y no era posible ni necesario predecir en el momento de la consulta el valor exacto de la plusvalía, sin que su existencia invalide los motivos económicos alegados.

QUINTO.-La sociedad QR, SL también fue objeto de un procedimiento inspector simultáneo al de la reclamante, que no consta recurrido en las bases de datos de este tribunal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-  Este Tribunal es competente para dictar la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), así como en el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa (RGRVA), aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo. No concurre ninguna de las causas de inadmisibilidad previstas en el artículo 239.4 de la LGT y se cumplen, en especial, los requisitos de cuantía previstos en la Disposición Adicional decimocuarta de la LGT y el artículo 36 del RGRVA.

Segundo.-  Este Tribunal debe pronunciarse respecto a lo siguiente:

La conformidad a derecho de la resolución del TEAR objeto del presente recurso. En concreto, se trata de determinar:

-si el canje de valores y la aportación no dineraria de participaciones sociales de "XZ, SL" (100% de participación), y "TW, SL" (50% de participación) a la entidad de nueva creación "QR, SL, realizada por el obligado tributario, puede acogerse al régimen especial previsto en el capítulo VII del título VII de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (en adelante, LIS), que vamos a denominar en adelante Régimen FEAC, o si, por el contrario, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 89.2 LIS según el cual:

Asimismo, deben examinarse las alegaciones relativas a la vulneración del artículo 89 de la LGT y del principio de confianza legítima, a la incongruencia entre la ausencia de sanción y la regularización practicada, y a la valoración de las participaciones aportadas.

TERCERO.-Hechos y regularización de la Inspección.

De los hechos que constan en el expediente administrativo interesa destacar, para la resolución de este recurso, los siguientes:

El 16 de octubre de 2015, la reclamante aportó participaciones de dos sociedades, XZ y TW, (en el caso de XZ, 3.040 de sus 3.200 participaciones, esto es, el 95 % de su capital) a una nueva entidad creada como holding a una nueva entidad creada como holding (QR), acogiéndose a RFEAC, tras haberse evacuado consulta Vinculante por la DGT V-0586-14, en relación con los motivos esgrimidos en el escrito de consulta. En concreto, ante la inspección señala que la operación se realizó por los siguientes motivos:

XZ, S.L. es una sociedad unipersonal desde que, en 2009, la reclamante pasase a ser su socia única y administradora dedicada, de forma principal a la prestación de servicios de consultoría y asesoramiento a empresas, organismos oficiales e instituciones, y, accesoriamente a la compraventa y arrendamiento de inmuebles. Cuenta con personal contratado, y medios materiales y humanos para la realización de la actividad. son datos obrantes en el expediente y en el acuerdo de liquidación en relación con XZ:

• Ejercicio 2014
  • Resultado de 2014: 3.324,72 €.
  • Reservas voluntarias de 2014: 79.075,28 €.
  • Total disponible en 2014: 82.400,00 € (suma de resultado y reservas).
  • Distribución de los resultados de 2014: Se aprobó un dividendo de 82.400,00 € para ese ejercicio. Consta en el expediente un certificado de retenciones e ingresos a cuenta en el IRPF en el que se observa que XZ repartió en el año 2015 82.400 euros de dividendos a la reclamante.

• Resultados y Distribución (Ejercicio 2015):
  • Resultado del ejercicio (Pérdidas y Ganancias): 547.644,73 € (beneficio)
  • Total disponible para reparto: 547.644,73 € (se distribuyó íntegramente entre reservas y dividendos).
  • Distribución propuesta:
    • A reserva de Nivelación: 73.019,30 €.
    • A Dividendos: 474.625,43 €.
  • Fecha de exigibilidad del dividendo: 1 de julio de 2016.
• Movimientos de Dividendos hacia la Holding (QR):
  • La sociedad transfirió a la nueva sociedad holding (QR) un importe de 450.894,16 € en el ejercicio 2016 (concretamente el 14 de octubre de 2016), correspondiente al 95 % del dividendo de 474.625,43 € acordado con cargo al resultado de 2015; el 5 % restante (23.731,27 €) corresponde a la participación que la reclamante conservó directamente.
  • Se realizó otro pago de dividendos en el ejercicio 2017 por el mismo importe (450.894,16 €).
  • Ambas percepciones de dividendos se beneficiaron en sede de QR de la exención del artículo 21 LIS.

La sociedad TW, antes de la aportación no dineraria (en adelante, AND) realizada, pertenecía al 50 % a la reclamante, siendo ésta administradora de la sociedad junto con el otro socio al 50 %. Su objeto social era amplio y abarca múltiples sectores, incluyendo intermediación y comercio, ingeniería y servicios técnicos, mantenimiento y obras, comercio de alimentos y materiales, exportación.

Adicionalmente, en las actuaciones inspectoras se especificó que la empresa realizaba asistencia al comercio exterior, brindando apoyo a empresas españolas en el mercado del 3 Estado mediante prospección, estudios de mercado y partenariado empresarial.

A 31 de diciembre de 2014, la sociedad TW, S.L. reflejaba en sus cuentas un pasivo total de 1.417.803,83 €, con un componente de acreedores comerciales de 1.355.783,34 € frente a un patrimonio neto de 61.620,11 €, habiendo obtenido resultados positivos de 42.699,24 € y 31.247,73 € en los ejercicios 2013 y 2014, seguidos de un resultado negativo de 10.615,35 € en 2015, un resultado positivo de 2.354,05 € en 2016 y un resultado negativo de 16.961,84 €. en 2017. TW no reparte dividendos en los ejercicios comprobados ni en los que la inspección tiene a la vista en el momento de regularización.

La sociedad QR es una sociedad de nueva creación participada al 100 por cien por la reclamante.

Hasta el año 2015 la sociedad XZ venía distribuyendo pequeñas cuantías de dividendos a su socia, la reclamante, quien tributaba en su IRPF . Sin embargo, a partir de 2016 la sociedad XZ comienza a repartir cuantiosos dividendos aplicando la exención del artículo 21 LIS. En concreto, en 2016 XZ reparte dividendos a "QR, SL" por importe de 450.894,16 € y de 450.894,16 € en 2017.

El grueso de estos dividendos se destinan, por parte de QR, a la suscripción de fondos de inversión. No consta que QR reparta dividendos a la persona física.

En síntesis, la Inspección concluye, una vez analizado globalmente (en función de las circunstancias concretas -anteriores, coetáneas y posteriores- que concurren en el presente caso) el canje de valores efectuado en la transmisión de las participaciones de XZ a QR por la reclamante, y en relación a la AND realizada por la reclamante a QR de las participaciones en TW, que no procede la aplicación del RFEAC a las citadas operaciones, en base a la cláusula antiabuso prevista en el artículo 89.2 LIS, en tanto que la misma no se efectuó por motivos económicos válidos sino con la mera finalidad de conseguir una ventaja fiscal.

En concreto, la inspección aprecia como motivos para denegar la aplicación del RFEAC, en síntesis, los siguientes:

- Ausencia de actividad económica, o de mera gestión de las participaciones, real en la Holding: La sociedad QR S.L. carecía de la organización mínima de medios materiales y personales necesarios, no solo para gestionar a las sociedades participadas, sino para dirigir y gestionar las participaciones, como resulta fiscalmente exigible, cuando menos, para una sociedad holding. No disponía de local propio afecto a su actividad, su personal se limitaba a la administradora única (retribuida con 1.000 €/año) y externalizaba toda la gestión administrativa a terceros, circunstancia incompatible, según la jurisprudencia que se cita:.

El acuerdo de liquidación cita (páginas 70 y 71) la sentencia de la Audiencia Nacional, de fecha 14 de febrero de 2017, Recurso Nº. 153/2014, "que sigue la línea interpretativa que hemos mantenido en nuestras SAN (2ª) de 2 de junio de 2016 (Rec. 129/2013 ) y 16 de junio de 2016 (Rec. 543/2013)”, según la cual la cual las sociedades holding no son patrimoniales en tanto sus inversiones en valores se posean con la finalidad de dirigir y gestionar la participación. Para determinar si se cumple esa circunstancia no es preciso que dirija las actividades de la participada, sino que basta que únicamente disponga de una mínima organización para ejercer sus obligaciones como socio y tomar decisiones sobre la propia participación. Pero aclara que (subrayado añadido):

No obstante, habida cuenta que la empresa reconoce que encarga “las labores administrativas ordinarias (contables, fiscales...)” a otra entidad, la Inspección concluye que:

- Naturaleza patrimonial: La entidad actuó como una mera sociedad patrimonial o vehículo de inversión financiera, canalizando dividendos de la sociedad operativa (XZ) hacia fondos de inversión, sin realizar una gestión empresarial activa ni apoyar a las participadas.

-  Inconsistencia en los motivos alegados: La simplificación sucesoria y la centralización no requerían la creación de una nueva entidad si no existía un grupo familiar real participando en el capital, ni una dispersión de la gestión previa (la administradora ya controlaba todo).

A juicio de la Inspección, la verdadera finalidad perseguida fue "traspasar los recursos de XZ, S.L. a una sociedad de nueva creación y con ello, manteniéndose los mismos dentro del patrimonio familiar (no empresarial), pero lejos del riesgo inherente a toda actividad económica" (pág. 41 del acuerdo).

- Divergencia con la Consulta Vinculante: Aunque existía una consulta previa favorable (V-0586-14), los hechos comprobados (falta de medios, naturaleza de la inversión) alteraban las circunstancias descritas en la consulta, invalidando su efecto vinculante para este caso concreto.

- Descripción de los elementos de la ventaja fiscal indebida obtenida: La Inspección deniega la aplicación del régimen por “ haberse apreciado que la operación no se efectúa por motivos económicos válidos, sino que nos hallamos ante una erosión de bases imponibles, que se aleja de los fines concretos para los que fue concebido ese régimen y que justifican el diferimiento en la tributación; en definitiva, que la causa que motiva la realización de dichas transmisiones de participaciones de su propietaria a una entidad de nueva creación, es meramente fiscal, buscando conseguir una ventaja tributaria como fin principal sobre cualquier razón económica, no cabe aplicar beneficio, incentivo o régimen fiscal especial alguno.” (página 38. Énfasis en el original).  Asimismo, de hace eco de que este diferimiento se completa con el hecho de que QR percibió de XZ dividendos por 450.894,16 € en 2016 y en 2017, a los que aplicó la exención por doble imposición (págs. 22 y 43).  Y, de forma reiterada, aprecia que esos fondos quedaron remansados en la holding, que carece de actividad económica, y se destinaron a inversiones financieras ajenas a la actividad, en lugar de reintegrarse en el patrimonio de la socia o reinvertirse en la actividad empresarial (págs. 39-41, 72-73 y 75-76).

En consecuencia, la inspección determina la inaplicación del régimen FEAC, lo que implica que debe integrarse en la base imponible del ahorro del ejercicio 2015 la ganancia de patrimonio derivada de esa aportación no dineraria, determinada conforme a las normas de los artículos 33 y ss LIRPF. Para la determinación del valor de mercado en el valor de transmisión de las participaciones la inspección adopta el valor reflejado en la escritura de constitución de QR, determinando las siguientes ganancias patrimoniales:

• Ganancia XZ: primer lote (800 participaciones adquiridas el 02/05/2007): 221.112,00 € (valor de transmisión) 800,00 € (valor de adquisición) = 220.312,00 €; segundo lote (2.240 participaciones adquiridas el 19/05/2009): 619.113,60 € (valor de transmisión) 169,92 € (valor de adquisición, incluidos 168,92 € de gastos) = 618.943,68 €; total = 839.255,68 €.
• Ganancia TW: 23.226 € (Valor Transmisión) - 1.800 € (Valor Adquisición)= 21.426,00 €.

 En el presente recurso de alzada el reclamante solicita la anulación de la liquidación, defendiendo la aplicación del régimen especial FEAC en base a las alegaciones sintetizadas en los fundamentos de hecho, en las que se profundizará con ocasión de su resolución en los siguientes fundamentos de derecho.

CUARTO.-De la consulta de la DGT evacuada antes de la constitución de QR

En relación con la alegación del reclamante de que los motivos económicos esgrimidos han sido avalados como "válidos" a estos efectos (la aplicación del Régimen FEAC) por la Dirección General de Tributos, es importante señalar que el artículo 89 LGT establece ( el resaltado es de este TEAC):

Así, en el presente supuesto no existe, tal y como pone de manifiesto la inspección, identidad entre las circunstancias recogidos en el escrito de la consulta y las realmente acontecidas.

Esa falta de identidad no es una afirmación genérica, sino que resulta de datos concretos del expediente. En primer lugar, la consulta se contestó el 06/03/2014 respecto de una operación cuyo valor, según reconoce la propia reclamante en su escrito de alzada, se aproximaba entonces a 300.000 €, mientras que en la fecha de la aportación las participaciones se valoraron en 863.450 €, en buena medida por el beneficio de 547.644,73 € que XZ generó en el ejercicio 2015 y que distribuyó en 2016; esa circunstancia, determinante del juicio que se realiza en el fundamento de derecho SEXTO, no figuraba en el escrito de consulta. En segundo lugar, la consulta describía la aportación de la totalidad de las participaciones de XZ, mientras que la reclamante aportó el 95 % y conservó directamente el 5 % restante. Y, en tercer lugar, nada se dijo en la consulta sobre el destino que se daría a los dividendos que la holding percibiese, circunstancia posterior que la propia contestación reservaba expresamente a la comprobación administrativa

La apreciación de motivos económicos válidos la realiza, ex ante, sobre unas condiciones comunicadas por el consultante, la DGT, pero el propio escrito de la contestación a la consulta hace las siguientes salvaguardas:

Y además se concluye en la citada contestación de la DGT CV0586-14, la negrita es nuestra, que:

Es decir, la DGT no afirma de manera rotunda y sin posibilidad de prueba en contrario que la operación cumpliera con responder a "motivos económicos validos", vinculando con ese criterio a la AEAT en aplicación del artículo 89.1 LGT. El principio de confianza legítima no protege al contribuyente cuando la operación realizada no se ajusta a los hechos consultados y se ha acreditado la ausencia de motivos económicos válidos.

Lejos de lo alegado, señala la propia consulta la falta de datos suficientes para pronunciarse en relación con algunos extremos.

Y eso es, precisamente, lo que se ha producido: teniendo en cuenta que la entidad ha pretendido la aplicación del régimen; la Inspección de los Tributos, en el curso de las actuaciones inspectoras, le ha pedido justificar la realidad de los "motivos económicos válidos distintos del ahorro fiscal" que explicaron la operación que se llevó a cabo, habiéndose determinado justificadamente por parte de la inspección, como posteriormente se expondrá, que la motivación preponderante de la operación era la obtención de una ventaja fiscal abusiva, teniendo en cuenta todas las circunstancias: previas, simultáneas y posteriores concurrentes en la operación realizada, lo cual, determina la inaplicación del régimen.

En consecuencia, no puede considerarse que se haya vulnerado el principio de confianza legítima.

Tampoco puede sostenerse la alegada incongruencia entre la ausencia de sanción y la regularización practicada, porque una y otra operan en planos distintos.

La exclusión de la responsabilidad por infracción atiende a la culpabilidad del obligado tributario (artículos 179.2 y 183.1 de la LGT). El acuerdo de liquidación, que es el acto impugnado, la funda en que no se aprecia "un comportamiento claramente negligente" (Antecedente Tercero del acuerdo). Que la reclamante formulase una consulta y obrase conforme a su contestación es, precisamente, un elemento relevante para descartar la culpabilidad, en los términos del artículo 179.2.d) de la LGT; pero de ello no se sigue que la Administración quede vinculada, a efectos de la cuota, por un criterio emitido sobre hechos que no coinciden con los finalmente producidos, pues el artículo 89.1 de la LGT condiciona esa vinculación a la identidad de hechos y circunstancias.

No hay, por tanto, contradicción en que un mismo comportamiento no resulte sancionable y, al tiempo, deba regularizarse la deuda tributaria. Las imprecisiones de redacción que la reclamante advierte en el acta, que alude a la vez a la consulta y a la falta de igualdad sustancial, no alteran esta conclusión.

QUINTO.-Normativa y jurisprudencia aplicable

Conforme al artículo 33.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre (en adelante, LIRPF), son ganancias y pérdidas patrimoniales las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél, salvo que por esta Ley se califiquen como rendimientos.

El artículo 37.1.d) de la LIRPF contiene una regla específica de valoración aplicable a las ganancias y pérdidas patrimoniales puestas de manifiesto con ocasión de una aportación no dineraria a sociedades:

El artículo 37.1.h) de la LIRPF contiene una regla específica de valoración aplicable a las ganancias y pérdidas patrimoniales puestas de manifiesto con ocasión de un canje de valores:

Si bien, conforme al artículo 37.3 de la LIRPF, dicha norma específica de valoración se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el capítulo VIII del título VII del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, es decir, de la regulación del régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores (en adelante, régimen FEAC).

El régimen FEAC, regulado en el ejercicio objeto de comprobación en los artículos 76-89 LIS, es fruto de la transposición de la Directiva 2009/133/CE, cuyo antecedente es la Directiva 90/434/CEE relativa al régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones, escisiones parciales, aportaciones de activos y canjes de acciones.

El régimen pretende garantizar la neutralidad fiscal de las operaciones de reestructuración empresarial. Persigue como objetivo fundamental evitar que las implicaciones fiscales que pudieran derivarse del régimen general del Impuesto resulten un impedimento para la toma de decisiones empresariales tendentes a la reestructuración, reorganización o racionalización de actividades. Dicho propósito de neutralidad fiscal se materializa, esencialmente, en el diferimiento en la tributación de las rentas generadas en la transmisión de los elementos patrimoniales objeto de las operaciones.

La incorporación de este régimen fiscal en nuestro derecho es fruto de la trasposición de la Directiva 90/434/CEE, de 23 de julio de 1990, "relativa al régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de acciones realizados entre sociedades de diferentes Estados miembros".

La propia Directiva comienza por sintetizar sus objetivos, medios y límites (énfasis añadido):

Fue introducida por la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, de adecuación de determinados conceptos impositivos a las Directivas y Reglamentos de las Comunidades Europeas, cuya Exposición de Motivos sigue siendo clarificadora (énfasis añadido):

La Directiva 2009/133/CE, del Consejo, de 19 de octubre de 2009, sustituyó a la anterior con, en lo que aquí interesará, análogo contenido.

De lo anterior resulta que estamos ante un régimen fiscal pensado para ser aplicado a "operaciones económicas de concentración y reestructuración de empresas", con una finalidad clara: "permitir que las empresas aumenten su productividad y refuercen su posición de competitividad en el plano internacional."

El contenido fiscal del régimen (evitar que dichas operaciones se vean "obstaculizadas por restricciones, desventajas o distorsiones particulares derivadas de las disposiciones fiscales de los Estados miembros") se resume en evitar la tributación que, sin él, se produciría al aplicar las reglas generales a las plusvalías que se pondrán de manifiesto en las transmisiones de activos o acciones realizadas. Se consigue creando un "(...) régimen de diferimiento, hasta su realización efectiva, de la tributación de plusvalías correspondientes a los bienes aportados", aplicable tanto por sociedades como por socios participantes.

Pero las Directivas también se preocupan por evitar el acceso al diferimiento que ofrece de modo fraudulento, al prever, para estos casos, "la facultad de los Estados miembros de rechazar el beneficio de la aplicación de la presente Directiva"

En desarrollo de esta premisa, el artículo 11.1 letra a) de la Directiva 90/434/CEE (posteriormente artículo 15.1 a) de la Directiva 2009/133/CE) contiene la siguiente cláusula antiabuso:

Esta cláusula antiabuso, reflejo del principio general del Derecho de la Unión que prohíbe el abuso del derecho, se incorporó a nuestro derecho a través de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, que modificó la redacción del art. 110 de la Ley 43/1995 del Impuesto sobre Sociedades, siendo incorporada como artículo 96.2 al TRLIS, y sustituida por la posteriormente redactada por el artículo 89.2 de la LIS, de acuerdo con el cual:

De estas premisas normativas se extraen diversas conclusiones:

1. En primer lugar, se observa cómo la finalidad económico -empresarial de la operación de reestructuración ha de estar presente en las operaciones que se acogen al RFEAC.

A) Así, por una parte, se observa cómo el TJUE pondera la finalidad de la operación a la hora de aplicar la cláusula antiabuso.

En diversas STJUE, en primer lugar el TJUE realiza un análisis objetivo del tipo de operaciones que pueden acogerse a FEAC, señalando:

y, a continuación, el TJUE realiza un análisis subjetivo en sede de la aplicación de la cláusula antiabuso de la letra a) del apartado 1 del artículo 11 de la Directiva, señalando que :

 Así, en la valoración de dichos motivos en sede de la aplicación de la cláusula antiabuso, señala la jurisprudencia europea que:

Posteriormente, encontramos otros pronunciamientos que sientan los principios a tener en cuenta a la hora de interpretar una cláusula antiabuso al amparo del derecho comunitario, como en laSTJUE de 26 de febrero de 2019 en los asuntos acumulados C-115/16, N Luxembourg 1, C-118/16 X Denmark A/S, C-119/16, C Danmark I, y C-299/16 Z Denmark ApS, en la que, al analizar el posible abuso de derecho a apreciar cuando se está analizando la aplicablidad del Régimen fiscal común aplicable a los pagos de intereses y cánones efectuados entre sociedades asociadas de diferentes Estados miembros, según la Directiva 2003/49/CE, en la que se señala (el énfasis es de este TEAC):

B) Por otra parte, esta finalidad económico- empresarial en la aplicación del régimen está en todo momento presente en nuestra jurisprudencia y doctrina administrativa. Sobre ello ha tenido ocasión de pronunciarse el Tribunal Supremo en diversas sentencias, pudiendo citarse, al respecto, la de23 de noviembre de 2016 (recurso 3742/2015) (el énfasis es de este TEAC):

En esos mismos términos se expresa, por ejemplo, la STS 463/2021, de 31/03/2021.

En este mismo sentido se ha ido pronunciando la Dirección General de Tributos ( DGT) en sus distintas consultas, hasta la reciente CV0050-25, de 22/01/2025, que, tras reproducir el artículo 89.2 LIS señala ( el resaltado es de este TEAC):

Así, la jurisprudencia admite, a efectos de validar el acogimiento al Régimen FEAC de este tipo de operaciones, la concurrencia de motivos distintos a la mera reorganización empresarial e, incluso, ha admitido la concurrencia de motivos fiscales sin que ello determine la inaplicación del Régimen FEAC siempre y cuando tales motivos fiscales sean secundarios y no preponderantes respecto del primero. Así, la Audiencia Nacional en Sentencia de 2 de junio de 2016 (recurso n.º: 289/2013) tiene dicho:

Con más claridad, si cabe, el Tribunal Supremo, ha señalado en su Sentencia de 12 de noviembre de 2012 (recurso de casación n.º: 4299/2010) que (el énfasis es de este TEAC):

Por tanto, apreciada, al analizar una operación de este tipo, que existen "motivos económicos" pero también una motivación fiscal que podría considerarse, abusiva o fraudulenta, procedería comparar ambos para determinar cuál es el prioritario y sólo en el caso de que se concluya que esta última es la principal o la preponderante, acudir al mecanismo de regularización previsto en el artículo 96.2 TRLIS/ 89.2 de la LIS, procediendo a la eliminación de esta última, puesto que por ello se podría afirmar que el objetivo o la finalidad principal de la operación era el fraude o la evasión fiscal (es decir, que lo que se pretendía, al realizarla, esencialmente, era acceder a una ventaja fiscal que de no haberse llevado a cabo la operación no sería "accesible").

2. En relación con el examen de las circunstancias y la carga de la prueba hay que tener en cuenta diversos extremos:

El TJUE ha establecido como criterio jurisprudencial en diferentes sentencias que, para comprobar si la operación de que se trata tiene como objetivo principal, o como uno de sus principales objetivos, el fraude o la evasión fiscal, las autoridades nacionales competentes no pueden limitarse a aplicar criterios generales predeterminados, sino que deben proceder, caso por caso, a un examen global de dicha operación. En particular, en la Sentencia de 17 de julio de 1997 (asunto C-28/95), expresó lo siguiente (el énfasis es de este TEAC):

En este mismo sentido se pronuncia el TJUE en la Sentencia de 8 de marzo de 2017 (C-14/16, Euro Park), en la que concluye:

Nuestra jurisprudencia interna viene apoyándose, al estudiar esta cuestión, en los criterios del TJUE. En este sentido en la Sentencia de 23 de noviembre de 2016 (recurso 3742/2015), el Tribunal Supremo resume su doctrina jurisprudencial sobre el régimen especial de diferimiento de la siguiente forma (el énfasis es de este TEAC):

En la Sentencia de 16 de marzo de 2016 (recurso cas. 1815/2014), el Tribunal Supremo concluye que la Administración puede utilizar, para justificar la inaplicación del régimen especial, la prueba de presunciones, de manera que puede resultar acreditada la realización de la operación "principalmente por fines de fraude o evasión fiscal", cuando no existan motivos económicos en la misma. Y, en tal caso, incumbiría a la sociedad que pretende acogerse al régimen especial desvirtuar la improcedencia de la conclusión presumida:

Finalmente, en la Sentencia de 16 de noviembre de 2022 (recurso 89/2018) concluye lo siguiente (el énfasis es de este TEAC):

Y, al objeto de llegar a dicha conclusión, debe realizarse, en todo caso, un análisis global de la operación, sin aislarla ni descotextualizarla - según el TS, se han de valorar no sólo las circunstancias pasadas y coetáneas a la operación, sino también las posteriores - y sin que que pueda promoverse, a este respecto, la conocida, y denominada por el TS, como "economía de opción inversa" en el sentido de considerar, por la Administración, únicamente operación válida o no abusiva aquélla con mayor carga fiscal. En este sentido señala la sentencia del TS anterior de 16 de noviembre de 2022 ( recurso 89/2018) que:

3. En aplicación directa de esta cláusula antiabuso la Administración puede determinar la inaplicación del régimen especial en el seno del procedimiento de inspección tributaria, sin necesidad de acudir a las cláusulas antiabuso genéricas previstas en la Ley General Tributaria, concretamente en sus artículos 13, 15 y 16 de la LGT, esto es, calificación, conflicto en aplicación de la norma tributaria y simulación. La autonomía de esta cláusula antiabuso está plena y unánimemente afirmada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, pudiendo destacarse las Sentencias de 16 de febrero de 2015 (recurso 647/2013) y la de 31 de de marzo de 2021 (recurso cas. 5886/2019), disponiendo esta última (el énfasis es de este TEAC):

4. La reciente STS núm. 949/2026, de 20/07/2026 (rec. cas. 6518/2023), viene a confirmar y reforzar el marco jurisprudencial que se acaba de exponer. Así, el Alto Tribunal ratifica el carácter de lex specialis de la cláusula antiabuso del régimen FEAC, derivada directamente del Derecho de la Unión Europea, que desplaza la aplicación de las figuras generales de los artículos 13, 15 y 16 de la LGT (FJ Quinto párr 1 de la sentencia, con cita de la STS de 31/03/2021, rec. cas. 5886/2019, anteriormente señalada). Confirma que la ausencia de motivos económicos válidos constituye el hecho base de una presunción, y no el elemento determinante por sí mismo, siendo la finalidad elusiva lo verdaderamente decisivo (FJ Quinto párr 2, con cita de la STS de 16/11/2022, rec. cas. 89/2018, ya recogida en el apartado 1. B anterior). Reitera la exigencia de un examen global de todas las circunstancias del caso previas, simultáneas y posteriores, con proscripción de criterios generales predeterminados o de automatismos (FJ Quinto de la sentencia, con cita de la STJUE de 08/03/2017, Euro Park Service, C-14/16), en plena coincidencia con el criterio que este Tribunal viene aplicando desde 2014 y que se explicita claramente en la resolución de 08/05/2026 (RG 2211/2024). Y afirma que el principio de proporcionalidad no limita, sino que legitima, la posibilidad de corregir el abuso mediante la inaplicación parcial del régimen FEAC, permitiendo eliminar exclusivamente las ventajas fiscales abusivas identificadas sin necesidad de acudir a la inaplicación total del mismo (FJ Octavo de la sentencia, doctrina).

Esta reciente sentencia consolida, en definitiva, el marco interpretativo sobre el que se asienta el criterio de este Tribunal, y refuerza la interpretación finalista y proporcionada de la cláusula del artículo 89.2 de la LIS que se viene sosteniendo desde la resolución de 27/05/2024 (RG 6513/2022), cuya proyección concreta sobre el diferimiento de la tributación se desarrolla en el fundamento de derecho OCTAVO de la presente resolución.

SEXTO.- Aplicación al presente caso de la cláusula antiabuso

Pues bien, procede, según hemos visto, en primer lugar, examinar si, en la operación objeto de la regularización sometida a la revisión de este TEAC son preponderantes los "motivos económicos válidos" que esgrime el reclamante, o la intención fraudulenta que ha visto la Inspección.

Para ello es necesario analizar el conjunto de operaciones realizadas, de manera global, teniendo en cuenta la totalidad de las circunstancias previas, simultaneas y posteriores.

A ) El reclamante , en sus alegaciones, señala que existen motivos económicos válidos. En concreto se refiere a:

Como ya se ha adelantado, la aplicación del RFEAC está condicionada a que la operación no tenga como principal objetivo el fraude o la evasión fiscal y, en particular, que se efectúe por motivos económicos válidos (art. 89.2 LIS). La ausencia de tales motivos constituye una presunción de que el objetivo principal es la elusión fiscal.

El reclamante alega que la creación de la sociedad "QR" responde a motivos económicos válidos: la gestión de participaciones, la protección de excedentes frente a riesgos y la inversión de recursos. Sin embargo, tras el análisis global de las circunstancias previas, simultáneas y posteriores a la operación, esta Sala considera que dichos argumentos no acreditan la existencia de una reestructuración o racionalización de actividades empresariales, sino que revelan una operación instrumentalizada para obtener una ventaja fiscal indebida.1. Sobre la gestión de participaciones y la subcontratación de servicios.

El reclamante sostiene que la sociedad holding realiza una actividad económica de gestión de participaciones mediante la asistencia a juntas y la votación, y que la subcontratación de servicios administrativos es lícita y no impide dicha calificación.

Si bien es cierto que la jurisprudencia admite que la gestión de participaciones puede constituir una actividad económica, ello exige que la entidad disponga de una organización de medios materiales y personales adecuados para tomar las decisiones necesarias en orden a su correcta administración (art. 5.2 LIS y doctrina de la DGT). En el caso presente, la sociedad "QR" carece de una estructura organizativa mínima propia. La única persona que interviene en su gestión es la administradora única, quien percibe una retribución anual de 1.000 euros. Además, la totalidad de la gestión administrativa, mercantil, fiscal y contable ha sido externalizada a una entidad tercera sin que se acredite que la administradora realice más allá de la mera formalización de decisiones que ya estaban tomadas o que se limite a asistir a juntas sin capacidad de dirección real.

La subcontratación de servicios administrativos no es, por sí sola, incompatible con la actividad económica, siempre que la entidad mantenga la capacidad de decisión estratégica y disponga de los medios propios para ejercerla. Sin embargo, en este caso, la externalización es total y la retribución de la administradora es simbólica, lo que demuestra que la sociedad no ejerce una actividad económica real, sino que actúa como un mero vehículo de tenencia de valores. La mera asistencia a juntas y la votación no constituyen una actividad económica si no van acompañadas de una organización empresarial que permita la dirección y gestión efectiva de las participaciones. La Inspección ha constatado que no existe una estructura empresarial que justifique la creación de la sociedad, sino una mera gestión patrimonial de la persona física.  En cualquier caso, no es una cuestión decisiva a los efectos que nos ocupan, ya que lo relevante es que en la decisión de crear la estructura construida los fundamental es el uso de la sociedad holding, de facto, para evitar tributar por los beneficios que se extraen de la operativa, y que, de facto, funcione como entidad, remansando fondos que no se reinvierten, lo que, obviamente, no es incompatible con el hecho de que, formalmente, pueda cumplir los requisitos para no ser considerada, fiscalmente, entidad de mera tenencia de bienes, ya que de lo contrario, si lo relevante fuese la configuración formal de la entidad, sería extremadamente fácil desactivar la cláusula antiabuso que aquí se aplica.

 2. Sobre la valoración conjunta de los medios en el seno de un grupo de sociedades.

El reclamante invoca el artículo 42 del Código de Comercio para argumentar que, al formar parte de un grupo de sociedades, los medios del grupo deben valorarse conjuntamente, demostrando así la existencia de actividad económica en la holding.

Esta argumentación no puede acogerse. La regla del último párrafo del artículo 5.1 de la LIS, conforme a la cual, en los grupos de sociedades del artículo 42 del Código de Comercio, el concepto de actividad económica se determina teniendo en cuenta a todas las entidades del grupo, sirve para calificar a una entidad como patrimonial o no a efectos del Impuesto sobre Sociedades (artículo 5.2 de la LIS). Pero lo aquí debatido no es esa calificación, que el propio acuerdo de liquidación declara "completamente ajena" al caso (pág. 73), sino si la operación se efectuó por motivos económicos válidos o con la finalidad principal de obtener una ventaja fiscal. La existencia de un grupo de sociedades no justifica la aplicación del régimen especial si la entidad intermedia (la holding) no realiza ninguna actividad económica por sí misma y no contribuye a la racionalización de las actividades del grupo.

En el caso presente, la sociedad "QR" no realiza ninguna actividad que racionalice o mejore la gestión de las sociedades participadas. Su único objeto es la tenencia de participaciones y la inversión de excedentes. La Inspección ha demostrado que la sociedad no aporta ningún valor añadido a la gestión del grupo, sino que simplemente canaliza los dividendos de la filial operativa hacia inversiones financieras, sin que exista una reestructuración de las actividades empresariales. La valoración conjunta de los medios del grupo no puede utilizarse para eludir el requisito de que la operación debe suponer una reestructuración real.  Tampoco altera esta conclusión el préstamo de 60.000 € concedido por QRa XZ el 01/03/2018, que la reclamante invoca como muestra del apoyo financiero de la holding a su participada. Se trata de una operación aislada, de cuantía reducida en relación con los fondos recibidos de XZ en 2016 y 2017 (901.788,32 €), que se habría realizado en un ejercicio no comprobado, que ni cuantitativa ni cualitativamente afecta la valoración global realizada.  Como ocurría en el punto anterior, le relevante no es la calificación formal de la entidad holding, sino el objetivo material, real, para el que se crea, y en este caso se acredita por la Inspección que se crea para evitar tributar por los beneficios que se extraen de la operativa, y que, de facto, se remansan en la sociedad holding sin destinarlos a ninguna actividad empresarial, desvirtuando el objetivo del régimen FEAC, esto es, si la operación se efectuó por motivos económicos válidos o con la finalidad principal de obtener una ventaja fiscal, lo que, obviamente, no depende de la configuración formal de la entidad como entidad de mera tenencia de bienes, o no.

 3. Sobre la protección del excedente y la inversión de recursos.

El reclamante alega que uno de los motivos económicos válidos es la protección del excedente de las filiales frente a los riesgos de su actividad, canalizándolo a la holding para su reinversión en activos financieros.Las sentencias que invoca la reclamante admitieron la separación de riesgos como motivo económico válido en supuestos en los que se segregaban activos afectos a actividades de distinto riesgo, para que cada una continuase desarrollándose al abrigo de las contingencias de la otra (así, la SAN de 29/08/2017, rec. 662/2015, en relación con la promoción inmobiliaria). Nada de eso ocurre aquí: no se separa ninguna actividad, sino que se extraen de la sociedad operativa sus beneficios para destinarlos a inversiones financieras ajenas a cualquier actividad empresarial, de modo que la protección que se invoca no beneficia a la actividad económica, sino al patrimonio de la socia.  Por tanto, desde un punto de vista teórico, no compartimos la visión que ofrece el reclamante. Lo que ha hecho bien puede considerarse una descapitalización de su actividad económica. No la separa del riesgo de otra actividad, sino que la vacía de los recursos por ella generados que, como dice la Inspección, quedan desafectados de dicha actividad. No se aprecia como, con carácter general, descapitalizar una actividad puede contribuir al logro de los objetivos del régimen FEAC que señala la Directiva: "operaciones económicas de concentración y reestructuración de empresas", con la finalidad de "permitir que las empresas aumenten su productividad y refuercen su posición de competitividad en el plano internacional." Más bien se aprecia lo contrario. si algún riesgo amenazase con recaer sobre el patrimonio de la sociedad operativa (aunque no se dice cuál pueda ser) con la descapitalización realizada caerá sobre el patrimonio con el que se hace la actividad, que ha quedado completamente desprotegido, expuesto a ese supuesto riesgo .  Tampoco si descendemos al caso concreto encontramos cómo el movimiento hecho mejora las actividades económicas que se hacen. Se descapitaliza y desprotege la que se venía realizando, sin que se inicie ninguna otra nueva.

 A juicio de este TEAC es sustancial tener presente que estamos ante un régimen fiscal que se justifica para evitar trabas fiscales a operaciones de reestructuración de actividades económicas ( tal y como señala la Directiva: "operaciones económicas de concentración y reestructuración de empresas", con la finalidad de "permitir que las empresas aumenten su productividad y refuercen su posición de competitividad en el plano internacional." ), de modo que las motivos que persigan han de redundar en beneficio de la actividad económica transmitida, de su continuidad y desarrollo, de modo que deberán normalmente apreciarse en la sociedad adquirente, y no exclusivamente en beneficio de los socios.

De este modo, la aplicación de la cláusula antiabuso encuentra su explicación como herramienta jurídica que sirve para desenmascarar casos en los que, en realidad, no se persiguen los objetivos que justifican la aplicación del régimen, lo que, en justicia, debe impedir su aplicación, al convertirla en abusiva o fraudulenta, y contraria al principio de igualdad ante las cargas tributarias.

Así, cabe citar la Sentencia de la Sala de lo contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 2012 (recurso cas. núm. 3944/2009) (Sentencia “Lo Monaco”):

En este sentido, nº 00/01397/2016, de fecha 08/10/2019, confirmada por la Audiencia Nacional en la SAN de 5 de julio de 2023, num. rec 909/2019, en un caso de estructura de doble holding, indicaba que (la negrita es de este TEAC):

Así, la SAN de 5 de julio de 2023, num. rec 909/2019,que confirma la resolución del TEAC anterior, señala (el resaltado es de este TEAC):

Así, la SAN de 5 de julio de 2023, num. rec 909/2019, muestra claramente que se debe hacer un juicio global, para determinar cuál es el objetivo preponderante. Puede existir, en alguna medida, algún motivo económico en la operación, pero su importancia ha de compararse con la relevancia del objetivo fraudulento o abusivo descubierto.

Así, si se constata que, de forma global, la nueva titular de los dividendos repartidos por las sociedades operativas sin tributación NO reintegra esos fondos recibidos, de procedencia empresarial, hacia actividades empresariales, la operación se debe regularizar, pues no se ha correspondido con los objetivos que justifican el régimen de no tributación aplicado.

Debe rechazarse, asimismo, que el razonamiento de la Inspección incurra en la denominada "economía de opción inversa". Cuando el acuerdo de liquidación señala que la concentración pretendida podía lograrse en sede de XZ, o que los recursos ya estaban centralizados en la entidad que los generaba, no exige a la reclamante que opte por la alternativa fiscalmente más gravosa: utiliza esas alternativas como contraste para comprobar si los motivos alegados explican realmente la interposición de una nueva sociedad. Y la conclusión de que no la explican no se funda en la existencia de otras vías, sino en el examen global de la operación y, en particular, en el destino dado a los fondos recibidos por la holding, que se remansaron en inversiones financieras sin reintroducirse en actividad económica alguna. Ese examen global es, precisamente, el que exige la STS de 16/11/2022 (rec. cas. 89/2018), que proscribe aquella doctrina.

No se trata de “obligar” al reclamante a optar por la alternativa de más tributación. Ni de impedir, en todo caso, las alternativas que acarrean menos tributación. Se trata de impedir aquellas que se han logrado aplicando figuras (el régimen FEAC) sin cumplir la finalidad que justifica su existencia, evitando que se apliquen las reglas de tributación generales sin buscar ni cumplir los objetivos por los que la norma permite soluciones diferentes.

Tampoco puede acogerse el argumento de que la exención de los dividendos percibidos por QRse habría producido en las mismas condiciones sin aplicar el régimen especial.

Es evidente la radical diferencia entre las distintas situaciones. Sin el régimen FEAC, el canje habría determinado la tributación inmediata de la plusvalía latente, que incorporaba los beneficios generados por XZ antes de la operación. Sin haber hecho el canje, la extracción de los beneficios al socio habría tributado en el IRPF de la reclamante.

Es la combinación del diferimiento y de la exención del art. 21 de la LIS la que ha conseguido que esos beneficios lleguen a la esfera de disponibilidad indirecta de la socia sin tributar en ningún momento.

Por la misma razón, no es relevante que, para disponer directamente de esos fondos, la reclamante deba soportar en su caso la tributación del dividendo que QRle distribuyese, por dos motivos. Porque ya ha logrado la disponibilidad indirecta a través de una sociedad que ella sola controla es real y efectiva, lo que, a juicio de este TEAC, justifica, en el contexto en el que estamos, poner fin al diferimiento que hasta entonces se considera válido. Y porque ese ulterior reparto a la reclamante podrá no tributar, en los términos que 1resultan de los criterios sentados por este TEAC en las resoluciones, ya citadas, de 8 de mayo de 2026.

4. Simplificación de la eventual sucesión y posible aplicación del 4.ocho.2 LIP.

Se alega que se busca la simplificación de la sucesión familiar y facilitar la exención del Impuesto sobre el Patrimonio.  No obstante, no se acredita que la operación responda a una necesidad de planificación sucesoria real, no bastando con tener marido e hijos para considerar acreditado que esta circunstancia, no explicada, es un motivo económico válido más relevante que la evidente ventaja fiscal abusiva detectada.  La reclamante era la única propietaria del 100% del capital de XZ y del 50% de TW (y administradora de ambas). La situación de control y gestión ya estaba totalmente centralizada en la persona física de la contribuyente. La creación de una nueva sociedad intermedia no simplifica la sucesión, ya que, de no existir otros familiares implicados, la transmisión hereditaria de las participaciones de la nueva sociedad QRno difiere en su complejidad ni en sus efectos de la transmisión directa de las participaciones de las sociedades operativas. La estructura de holding no aporta ninguna ventaja organizativa real en materia sucesoria si no hay un grupo familiar plural que requiera un protocolo de sucesión. La reclamante no ha aportado prueba alguna de que existiera un riesgo real de disputas sucesorias o de dispersión de la gestión que justificara la creación de una nueva entidad. La jurisprudencia y la doctrina administrativa exigen que el motivo económico válido sea objetivo y real. En este caso, la operación responde a una planificación fiscal diseñada para diferir impuestos, no a una necesidad de reorganización familiar inexistente. La mera invocación de la "sucesión" como motivo, sin acreditar la existencia de problemas concretos que amenazan a la actividad económica que se viene realizando que se solucionarán con la operación mercantil, carece de virtualidad, al no ser más que un ejercicio teórico, insuficiente a estos efectos.

 En relación con la exención de la LIP, la reclamante argumenta que la tenencia de participaciones superiores al 5% con la finalidad de dirigir y gestionar dichas participaciones constituye una actividad económica conforme al artículo 5.2 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS), y que, por tanto, la estructura holding facilitaría el cumplimiento de los requisitos del artículo 4.8.2 de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio (LIP) para la exención de la "empresa familiar" y que la liquidación de la inspección es contraria a la consulta de la DGT. Sin embargo, esta interpretación es inexacta en el presente caso por las siguientes razones:  El artículo 4.ocho dos LIP se remite al concepto de la LIPRF para la determinación del concepto de actividad económica, no al artículo 5 LIS. Este este precepto exige, de manera imperativa, que para tal fin se disponga de la correspondiente organización de medios materiales y personales. La jurisprudencia y la doctrina administrativa han aclarado que esta organización no puede limitarse a la mera titularidad o a la subcontratación total de funciones sin control real. En el caso que nos ocupa, la sociedad "QR" carece de la organización mínima exigida. Se ha acreditado que no dispone de local propio afecto a su actividad (utiliza el de la filial operativa), no cuenta con personal propio (la administradora única percibe una retribución simbólica de 1.000 € anuales, insuficiente para asumir la gestión de un grupo con un capital de más de 860.000 €), ha externalizado la totalidad de la gestión administrativa, fiscal y contable a una entidad tercera por importes irrisorios y no existe prueba de una actividad de dirección y gestión efectiva más allá de la asistencia formal a juntas.  Según el artículo 4.8.2 de la LIP, están exentas las participaciones en entidades que realicen una actividad económica. Al ser "QR" una entidad patrimonial (cuyo activo principal son valores no afectos a actividad económica), las participaciones en ella no pueden acogerse a la exención de la "empresa familiar". Por tanto, la estructura creada no facilita el cumplimiento de los requisitos de la LIP, sino que, al convertir la entidad en patrimonial por falta de medios, imposibilita la aplicación de la exención que se alega querer obtener.

 La contestación de la Dirección General de Tributos a la consulta no examinó si la entidad holding dispondría de una organización de medios adecuada, ni podía hacerlo con los datos que se le facilitaron: se limitó a valorar los motivos declarados, con la reserva expresa de su comprobación posterior. La Inspección ha demostrado que la realidad de los hechos (falta de medios) difiere sustancialmente de los supuestos consultados, ya que la operación no cumple los requisitos de hecho que fundamentaron la respuesta favorable. La mera invocación de la norma del 5% y la finalidad de gestión no es suficiente si no se acredita la organización empresarial que la norma exige como condición sine qua non para la calificación de actividad económica.

En conclusión, ninguna de las supuestas ventajas económicas aducidas el obligado tributario ante la inspección tiene consistencia necesaria para resultar asumible, sino que, a juicio de este TEAC se trata de un discurso teórico genérico.

B) La Inspección concluye que las operaciones tuvieron "como principal objetivo el fraude o la evasión fiscal", al no haberse acreditado que se realizaran por motivos económicos válidos, "sino con la mera finalidad de conseguir una ventaja fiscal" (págs. 37 y 66 del acuerdo), y afirma que no se aprecia "otro motivo económico válido que no sea la búsqueda de una ventaja puramente fiscal" (págs. 38 y 67). Esa conclusión se apoya en la presunción que, conforme al artículo 89.2 de la LIS y a la jurisprudencia expuesta, se deriva de la ausencia de motivos económicos válidos. Procede, por tanto, examinar si de los fundamentos del acuerdo resulta identificada la ventaja fiscal cuya obtención constituyó el objetivo principal de las operaciones, y con qué alcance en cada una de ellas.

En este caso, este TEAC observa que existe una diferencia entre la AND de TW y el canje realizado de las acciones de XZ. Así, de los fundamentos del acuerdo de liquidación resultan elementos de distinto alcance en uno y otro caso.

Respecto de TW, el único efecto fiscal que se describe es el propio diferimiento inherente al RFEAC (págs. 42-43 del acuerdo).

No se añade en el acuerdo valoración adicional alguna sobre otras operaciones o movimientos anteriores, simultáneos o posteriores a la AND que haya generado minoraciones o ahorros impositivos que se consideren fraudulentos o abusivos. En particular, no se describe ni valora dato alguno sobre posteriores repartos de dividendos en favor de sociedad holding, ni sobre el empleo de ninguna otra fórmula que suponga trasvase de beneficios hacia ella generados por la sociedad operativa, evitando la preceptiva tributación en el IRPF, como sí ocurre en el caso de XZ.

En estos términos, de la doctrina que viene aplicando este TEAC resulta que en relación con la AND de TW no ha quedado suficientemente identificado por parte de la inspección, como para producir los efectos de denegar la aplicación del RFEAC, puesto que el diferimiento propio de la aplicación del RFEAC, sin que vaya acompañado de ninguna acción posterior que invite a pensar que el objetivo fue la obtención de una ventaja fiscal abusiva (como podía haber sido la venta de las participaciones exenta, la realización de plusvalías existentes con anterioridad a la AND, etc, evitando la tributación en el IRPF), no puede ser el núcleo de la ventaja fiscal identificada. Los motivos económicos alegados son insuficientes en presencia de una ventaja fiscal abusiva preponderante, pero sin la presencia de esta, lo que ocurre en este caso concreto, no es posible sostener la activación de la cláusula antiabuso para inaplicar el RFEAC. Por lo tanto, este TEAC anula la liquidación en relación con la ganancia patrimonial aflorada con la aportación de las participaciones de TW a QR.

Respecto de XZ, en cambio, observa este TEAC cómo, además de identificar el abuso cometido con el propio diferimiento inherente al RFEAC, el acuerdo constata que QR percibió de ella dividendos por 450.894,16 € en 2016 y en 2017, a los que aplicó la exención para evitar la doble imposición (págs. 22 y 43); que esas rentas constituyen un "continuo trasvase" de los beneficios de XZ que la socia, de no haber mediado la operación, habría "reintegrado […] en su propio patrimonio" (págs. 72-73); y que se "remansaron" en la holding, destinadas a inversiones financieras ajenas a la actividad (págs. 39-41 y 75-76). Esto es, el acuerdo describe, aunque sin calificarlo con esa denominación, el resultado fiscal que la doctrina de este Tribunal identifica como ventaja abusiva: que los beneficios de la sociedad operativa lleguen a la esfera de disponibilidad indirecta de la socia sin tributar en su IRPF, al amparo de la exención del artículo 21 de la LIS.

Advierte este TEAC que el dividendo percibido por QR en 2016 procede del resultado del ejercicio 2015, en cuyo curso se realizó la operación (beneficio de 547.644,73 €, del que se destinaron a dividendos 474.625,43 €, correspondiendo a QR el 95 %).

Así, el componente abusivo en este caso se identifica con beneficios correspondientes con operaciones ordinarias/corrientes ya realizadas/devengadas por la sociedad aunque no hayan entrado en la masa contable correspondiente (resultado del ejercicio) pero que, según los indicios que se examinan en el fundamento de derecho NOVENO, podían ser de inminente materialización contable. Así, teniendo en cuenta el criterio sentado en la resolución de este TEAC de 19/11/2024 (RG 8869/2021), habrá que tener en cuenta los beneficios que se derivan de operaciones extraordinarias de previsible e inminente materialización en el momento de la AND, extremo que se examina en el fundamento de derecho NOVENO.

La resolución de este TEAC 2211/2024, de 8 de mayo de 2026, indicaba que tal y como resulta de la jurisprudencia consolidada, para verificar si una operación acogida a RFEAC tiene como principales objetivos los que responden a la finalidad que justifica el régimen, o si persigue fraude o evasión fiscal, será necesario realizar un análisis global que tenga en cuenta todas las circunstancias concurrentes, previas, simultáneas y posteriores a la operación mercantil, valorando si en la operativa desplegada es preponderante la búsqueda de una ventaja fiscal abusiva o de motivos económicos ajustados a la finalidad del régimen.

En la valoración del conjunto de circunstancias, el destino dado por la sociedad holding a los dividendos recibidos de la sociedad operativa es muy relevante. Si la generalidad de estos se reintroduce en el circuito económico empresarial, de modo acreditado, podrá apreciarse que el principal objetivo de la operativa realizada se ajusta a la finalidad del régimen (motivos económicos válidos), circunstancia que no se producirá cuando los fondos recibidos se remansen, de modo principal, en la sociedad holding, o se destinen a inversiones puramente patrimoniales, tal y como ocurre en el presente caso.

Así resulta de los propios términos del acuerdo de liquidación. Tras constatar que QR percibió de XZ dividendos por 450.894,16 € en 2016 y en 2017, a los que aplicó la exención para evitar la doble imposición (págs. 22 y 43), la Inspección describe el destino de esos fondos y la finalidad de la operación en los siguientes términos:

De la conjunción de estos pasajes resulta que el acuerdo describe los elementos del resultado que este Tribunal califica como abusivo: los beneficios de XZ se trasladan, sin tributar, a una sociedad interpuesta íntegramente controlada por la socia, eludiendo la tributación en el IRPF al que estaban abocados, y permanecen en ella sin reintroducirse en actividad económica alguna; resultado que solo es posible porque el régimen especial evitó, al tiempo de la operación, la tributación de la plusvalía que incorporaba esos mismos beneficios.

El núcleo de lo buscado, y lo realizado, es, como describe la Inspección:

Y a este objetivo y resultado, retirar fondos de una actividad para destinarlos al patrimonio personal, esto es, a una desinversión, le corresponde tributar, no la aplicación de un régimen de diferimiento pensado, y regulado, para otros objetivos que redunden en la mejora de la productividad y competitividad de actividades económicas.

A la vista de lo expuesto anteriormente, este TEAC comparte las conclusiones alcanzadas por la Inspección, en relación con XZ. Esto es, que, analizada globalmente el canje en función de las circunstancias concretas -anteriores, coetáneas y posteriores- concurrentes, se debe concluir que el mismo no obedeció a motivos económicos válidos, sino que, según todos los indicios puestos de manifiesto por la inspección, la operación tuvo como principal objetivo lograr una ventaja fiscal abusiva. Por lo tanto, este TEAC confirma la inaplicación del RFEAC en virtud del artículo 89.2 LIS.

Una vez constatada la existencia de ventaja fiscal abusiva y la inexistencia de motivos económicos válidos para la realización de la operación, procede examinar cómo se ha inaplicar el régimen FEAC de acuerdo con la reciente doctrina de este TEAC, teniendo en cuenta que el art 89.2 LIS permite la inaplicación parcial del régimen FEAC, lo cual se realizará en el siguiente fundamento jurídico.

SÉPTIMO: Inaplicación parcial del RFEAC. Resumen de la doctrina existente aplicable al caso.

No puede este TEAC dejar de aludir a las Resoluciones de 27 de mayo de 2024 (RG 6513/2022 y RG6550/2022) que resuelven un supuesto de aportación no dineraria a una sociedad holding, determinando que el dividendo por el 21 LIS seguirá exento, y que la inaplicación parcial del régimen consistirá en ir imputando la ganancia patrimonial puesta de manifiesto en la aportación no dineraria a medida que se va consumando la ventaja fiscal ( distribución de dividendos de la operativa a la holding , en el caso analizado por el TEAC). Las resoluciones referidas se han pronunciado en relación con el artículo 89.2 LIS, rechazando que el diferimiento de la tributación de las rentas que se pondrían de manifiesto si a la operación en cuestión le fuese de aplicación el régimen general y no el régimen FEAC regulado en la LIS, se deba admitir siempre, incluso aunque se haya acreditado debidamente que la operación en cuestión llevada a cabo tenía como principal objetivo el fraude o la evasión fiscal. Es decir, se rechaza que estemos ante, en palabras del TEAC,

Manifiesta así este TEAC en dichas resoluciones de 24 de abril de 2024 y de 27 de mayo de 2024, que ( el resaltado es el original):

La referida resolución describe cual debe ser, en la generalidad de los casos, el modo de aplicar lo dispuesto en el artículo 89.2 de la LIS (el resaltado es nuestro, para la presente resolución):

Por otra parte, es necesario señalar que el TSJ de la Comunidad Valenciana en su sentencia STSJCV nº634/24 se ha pronunciado en relación con la inpalicación parcial del régimen FEAC, la precitada consulta de la DGT CV 2214-2023 y las Resoluciones del TEAC a las que se ha hecho referencia, confirmando que el diferimiento puede ser objeto de regularización y la forma de interpretar de este TEAC la cláusula antiabuso del art 89.2 LIS (el resaltado es nuestro):

En definitiva, en relación con la inaplicación del RFEAC, cabe concluir que la ventaja fiscal considerada abusiva consiste, en el caso analizado, en que las personas físicas aportantes conseguirán disponer de los beneficios distribuibles generados por la sociedad operativa con anterioridad a la AND, evitando la tributación en el IRPF gracias a la interposición de la sociedad receptora de la AND y la exención del 21 LIS que esta proporciona.

El instrumento que permite este resultado abusivo es el diferimiento que ofrece el RFEAC, de modo que la eliminación de esta (en estos casos) herramienta que permite alcanzar un resultado abusivo, es, a juicio de este TEAC, la consecuencia a la que conduce la aplicación de la cláusula del artículo 89.2 LIS, eliminación que la nueva redacción del precepto obliga a que sea sólo la necesaria para evitar el fraude que se pretende impedir.

A lo expuesto se debe añadir que las resoluciones citadas no fijan una definición general del "fraude o la evasión fiscal" que, según la letra del artículo 89.2 de la LIS, demanda la inaplicación del RFEAC, sino que se limitan a afirmar que ha existido en el caso que analiza, a la vista de los hechos y las circunstancias que resultan del expediente.

En las resoluciones de 27 de mayo de 2024, el TEAC establece las pautas para la regularización en caso de inaplicación parcial del régimen FEAC. Señala (el resaltado es el original):

La doctrina establecida en las resoluciones de mayo de 2024 , se completa con las pautas que concretan las resoluciones de 19 de noviembre de 2024 (RG 8869/2021), de 12 de diciembre de 2024 ( RG 6543-2024 y RG 5937-2024), de 24 de junio de 2025 ( RG 05240-2022 y 5242-2022) y de 8 de mayo de 2026 ( RG 2211-2024 y 05163-2025).

Así, la resolución de este TEAC de 19/11/2024 (RG 8869/2021), en criterio aun no reiterado, analizó una AND de acciones de una sociedad con inmuebles con plusvalías tácitas que la evolución del mercado inmobiliario hacía evidentes y que se consideraron de inminente materialización, produciéndose, en el caso concreto, la inaplicación del régimen FEAC por considerar que su objetivo único o principal es evitar que el futuro reparto de los recursos obtenidos con la materialización de dichas plusvalías tácitas tributen en el IRPF al ser repartidos a los socios, buscando la exención del artículo 21 de la LIS. De esta resolución resultaba como criterio, publicado en Dyctea, que la aplicación de lo dispuesto en el artículo 89.2 de la LIS nos lleva a eliminar "exclusivamente los efectos de la ventaja fiscal" abusivos o fraudulentos producidos, pero debiendo eliminar todos ellos. Para ello, habrá que atender tanto al importe del abuso como al periodo en el que se produce. Se va más allá del precepto si la eliminación del régimen FEAC supone gravar, en el ejercicio de la aportación, todas las plusvalías latentes en los títulos aportados (en este caso por la tenencia de inmuebles con importantes plusvalías tácitas), ya que si aun no se han repartido los beneficios generados por la sociedad operativa, el aportante aun no dispuso de ellos. Pero no se corrige todo el abuso si sólo se regulariza el ejercicio de la aportación, al no poder incluir en él los efectos del abuso aun no materializados. La solución más ajustada a la finalidad del artículo 89.2 de la LIS obliga a que, una vez declarado que la aportación no dineraria tuvo como "principal objetivo el fraude o la evasión fiscal", se regularicen sus efectos abusivos en el ejercicio en el que estos se produzcan. En el caso planteado, los efectos abusivos se materializan en el ejercicio en el que la persona física aportante obtenga, a través de la "holding", la disponibilidad de los recursos generados por la realización de las plusvalías tácitas, ya existentes en el momento de realizar la aportación, que fueron repartidos a dicha "holding", teniendo en cuenta la totalidad de las circunstancias producidas hasta ese momento.

Por otro lado, es necesario hacer referencia a que de las citadas Resoluciones del TEAC de 12 de diciembre de 2024 ( RG 6543-2024 y RG 5937-2024) que señalan, con relevancia para el caso presente que :

- Los repartos de dividendos realizados en ejercicios posteriores a los comprobados a través de los cuales las personas físicas aportantes obtengan la disponibilidad, aun indirecta, de las plusvalías tácitas inicialmente diferidas por la aplicación del régimen FEAC, pondrán fin a dicho diferimiento, tributando como ganancia patrimonial en el socio aportante, al ser considerados materialización o consumación del abuso en su día declarado, si se dan condiciones análogas a las que llevaron a la calificación como fraudulenta de la operación FEAC, y que permitan confirmar dicha apreciación, entre las que, por ejemplo, se encuentra el destino que se haya dado por la entidad holding a esos fondos recibidos, en años futuros, por el reparto de dividendos que acuerde la sociedad operativa.

- La lógica del régimen FEAC y sus preceptos, que siguen siendo aplicables al caso al haber sido sólo parcialmente corregidos los efectos de dicho régimen, obligan a coordinar el importe de la plusvalía diferida por el socio aportante con el valor fiscal de adquisición de las acciones recibidas.

Por su parte, las resoluciones de 24 de junio de 2025 (RG 5242/2022, reiterada en RG 05240/2022) delimitan el perímetro de lo que puede considerarse abusivo, precisando qué es lo que no cabe someter a gravamen: no resulta abusivo colocar bajo la sociedad holding la mera expectativa de los beneficios futuros del negocio. La ventaja fiscal que la cláusula del artículo 89.2 de la LIS permite eliminar se circunscribe a los beneficios ya generados y acumulados en la sociedad operativa con anterioridad a la aportación, y a las plusvalías tácitas incorporadas a activos (materiales o inmateriales, incluido el fondo de comercio) cuya realización fuese, al tiempo de la aportación, inmediata y previsible.

Por su parte, la resolución del TEAC de 8 de mayo de 2026 (RG 02211/2024), estableció diversos criterios, de los cuales, a efectos de la presente resolución, resulta conveniente destacar que:

- Tal y como resulta de la jurisprudencia consolidada, para verificar si una operación acogida a RFEAC tiene como principales objetivos los que responden a la finalidad que justifica el régimen, o si persigue fraude o evasión fiscal, será necesario realizar un análisis global que tenga en cuenta todas las circunstancias concurrentes, previas, simultáneas y posteriores a la operación mercantil, valorando si en la operativa desplegada es preponderante la búsqueda de una ventaja fiscal abusiva o de motivos económicos ajustados a la finalidad del régimen.

En la valoración del conjunto de circunstancias, el destino dado por la sociedad holding a los dividendos recibidos de la sociedad operativa es muy relevante. Si la generalidad de estos se reintroduce en el circuito económico empresarial, de modo acreditado, podrá apreciarse que el principal objetivo de la operativa realizada se ajusta a la finalidad del régimen (motivos económicos válidos), circunstancia que no se producirá cuando los fondos recibidos se remansen, de modo principal, en la sociedad holding.

-Concepto de inversión. Para considerar que se ha producido inversión en una actividad empresarial lo razonable es partir de una interpretación sistemática con las aproximaciones legales a este concepto ya existentes en nuestro ordenamiento tributario, en particular con lo dispuesto en el artículo 4.ocho.dos de la Ley de la Ley 19/1991 del Impuesto sobre el Patrimonio, al que precisamente remite el artículo 87.1 c) de la LIS cuando, al regular las AND en cuyo contexto estamos, busca asegurar que las acciones aportadas por la persona física sean de sociedades dedicadas a realizar actividades económicas, y no entidades de mera tenencia de bienes desconectados de una actividad económica, de modo que los fondos que salieron de una actividad empresarial han acabado invertidos en otra actividad de la misma naturaleza.

OCTAVO.- Efectos en la doctrina anterior de la reciente STS núm. 949/2026, de 20/07/2026 (rec. cas. 6518/2023) que aborda las siguientes tres cuestiones interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.

La primera es esta:

Se analiza en el FD 5º, y se responde positivamente, sentando (FD 8º) la siguiente doctrina:

Es claro que la doctrina que desde 2024 viene manteniendo este TEAC, centrada en dotar de contenido al principio de proporcionalidad, está en completa sintonía con esta posición del TS.

La segunda se centra en determinar si la aplicación de la cláusula antiabuso puede llegar suprimir el diferimiento del gravamen de las plusvalías latentes puestas de manifiesto en la operación:

Analiza la cuestión el TS en el FD 6º, concluyendo que:

Se confirma que, como venía sosteniendo el TEAC, el efecto básico del régimen FEAC, el diferimiento, no puede ser inmune a la aplicación de la cláusula antiabuso, tal y como resulta de la literalidad de su redacción, tanto en la Directiva como en la norma española, y de que “se trata de una cláusula antiabuso que, en palabras de la sentencia de esta Sala de 31 de marzo de 2021 (recurso 5886/2019, ECLI:ES:TS:2021:1258), opera como lex specialis directamente derivado del DUE”, como nos recuerda el FD 5º.1 de la reciente STS de julio de 2026, que hace que su aplicación deba ceñirse a los términos estrictos para los que está concebida, esto es, limitarse a la posible eliminación de los efectos propios y directos del régimen FEAC, que no son más que el diferimiento de la tributación de las plusvalías latentes, que concurre en la generalidad de los casos, o la subrogación del adquirente en créditos fiscales del transmitente, que comparece de forma más ocasional (circunstancia que no concurre en este caso). De hecho, la identificación entre régimen FEAC y diferimiento es tan intensa que en la práctica es usual nombrar al régimen con el sustantivo que corresponde a su efecto básico,identificación que comparte el propio TJUE, para el que la Directiva "únicamente establece un régimen de tributación diferida de las plusvalías correspondientes a los bienes aportados, el cual, al evitar que la aportación de la actividad dé lugar por sí misma a una imposición, salvaguarda los intereses financieros del Estado de la sociedad transmitente al asegurar la tributación de estas plusvalías en el momento de su realización efectiva" (Euro Park Service, C 14-16, apartado 67; véanse también su apartado 29 y Modehuis A. Zwijnenburg, C-352/08, apartado 39 : "la Directiva 90/434 tiene por objeto eliminar los obstáculos fiscales para las reestructuraciones transfronterizas de sociedades al garantizar que los posibles aumentos de valor de las participaciones sociales no sean gravados antes de que sean llevados a cabo efectivamente").

Según la Directiva (artículos 11 antigua y 15 de la nueva), los efectos de la cláusula se limitarán a “negarse a aplicar total o parcialmente las disposiciones de los artículos 4 a 14 o a retirar total o parcialmente el beneficio de las mismas”. A su vez, el artículo 89.2 en su párrafo inicial indica que “no se aplicará el régimen”, concretando en su párrafo segundo cómo llevar a cabo las “actuaciones de comprobación de la Administración tributaria que determinen la inaplicación total o parcial del régimen fiscal especial”.

Ambas normas sitúan la única corrección posible, en aplicación de esta cláusula, en el marco de la inaplicación total o parcial del régimen, por lo que la corrección a efectuar sólo puede consistir en corregir una de las previsiones derivadas de la aplicación misma del régimen, aquellas que otorgan un tratamiento tributario diferente a los contribuyentes que lo aplican. En estos casos (aportación no dineraria especial o canje) concurre un único efecto derivado de la aplicación misma del régimen especial: el diferimiento.Así lo ha expresado el Tribunal de Justicia: "la Directiva 90/434 establece el principio de la tributación diferida de las plusvalías correspondientes a los bienes aportados y sólo permite denegar ese beneficio con una condición, esto es, únicamente cuando la operación contemplada tenga como objetivo el fraude o la evasión fiscales" (Euro Park Service, C 14-16, apartado 50).

En la misma línea, el Tribunal de Justicia ha circunscrito el alcance de la cláusula a la operación de reestructuración y a su tratamiento fiscal: la disposición "se circunscribe claramente a la materia de fusiones de sociedades y de las demás operaciones de reorganización de sociedades y se aplica únicamente a los impuestos devengados con ocasión de estas operaciones" (Modehuis A. ZwijnenburgZwijnenburg, C-352/08, apartado 47, énfasis añadido).

Concluyendo, en su apartado 50 que: "De ello se desprende que los únicos impuestos que pueden acogerse a las ventajas establecidas por la Directiva 90/434 y, consiguientemente, entrar en el ámbito de aplicación de la excepción prevista por el artículo 11, apartado 1, letra a), de la misma son los expresamente contemplados por ella."

Negar la posibilidad de la aplicación de la cláusula antiabuso pueda corregir el diferimiento la reduciría, en los casos que nos ocupan, a la irrelevancia. Aunque se haya identificado que la defraudación buscada se materializa en la posterior aplicación de la exención del artículo 21 de la LIS por la entidad adquirente, la aplicación de la cláusula antiabuso especial no permitirá eliminar esta figura, al no ser uno de los efectos propios del régimen FEAC.

Pero esta eliminación, claro, debe hacerse con las limitaciones que exige la “protección de este régimen, que se configura como un régimen de aplicación general y no excepcional, justifica tales exigencias, con el objeto de salvaguardar el principio de neutralidad al que sirve” (FD 6º 17).

Las limitaciones básicas que fija la STS, a juicio de este TEAC, se pueden sintetizar de este modo.

1.- Las que resultan de la proporcionalidad afirmada en el FD 5º, que se condensan en la prohibición de que la retirada del diferimiento sea “automática”, tal y como se indica (hasta 9 veces) en el FD 6º Sexto, “(…) de suerte que solo alcance a la ventaja fiscal abusiva que se pretenda obtener”, dado que “Esta ventaja no se puede identificar necesariamente con el diferimiento de la tributación de las plusvalías latentes”. (FD 6º.10.)

La doctrina del TEAC que acabamos de describir cumple, a nuestro juicio, completamente las exigencias del TS, al aplicar la cláusula antiabuso con estas pautas:

-La solución del TEAC evita todo automatismo cuantitativo, al basarse en una escrupulosa búsqueda de la proporcionalidad, ya que, tras la identificación por la Inspección del fraude o abuso perseguido, tan solo se corrige la parte de las plusvalías latentes inicialmente diferidas que forman parte del abuso identificado.

Habitualmente, en estos casos, el esquema abusivo regularizado ha consistido en incumplir el objetivo empresarial exigido por el régimen FEAC de neutralidad, al revelar el análisis global de la operativa seguida que no se ha buscado una mejora para actividades empresariales pasadas o futuras, sino algo bien distinto: la desafectación de una actividad económica de los recursos generados por ella, para dejarlos, en la sociedad holding, al servicio de las necesidades del socio o como mera inversión pasiva, sin ponerlos al servicio de ninguna otra actividad económica, y todo ello sin asumir ninguna tributación.

Para conseguir este efecto es imprescindible el cambio de titularidad de las acciones de la sociedad operativa, ya que si es una persona física quien extrae los beneficios generados por ella tributará en todo caso, mientras que si los extrae una sociedad podrá utilizar la exención del artículo 21 de la LIS.

Obviamente, es imprescindible que ese cambio de titularidad se haga sin tributar, para no anticipar la tributación que se pretende evitar. La tributación a la que conducen las reglas generales del IRPF es obvia: esos recursos que se está pensando extraer de la actividad económica de la sociedad operativa estarán, generalmente, en su contabilidad, como reservas, de modo que formarán parte del valor de mercado de las acciones que la persona física transmitirá a la sociedad holding, generando ganancia patrimonial.

Sólo el régimen FEAC, y su diferimiento, pueden evitar esa tributación.

Como hemos expuesto en el FD anterior, tan sólo se corrige el diferimiento de la plusvalía latente diferida que se corresponde con el abuso detectado, esto es, con los recursos que finalmente se separan, de modo efectivo, de la actividad económica que los generó, y sólo si, en los términos expuestos, se verifica que no se reinvierten en otra actividad económica. A estos efectos, para preservar la proporcionalidad, se vienen fijando criterios y pautas para identificar la cuantía de la plusvalía latente diferida de modo abusivo en los dos momentos de la operativa abusiva detectada, tanto en el diferimiento inicial que la prepara como en su parcial (y posterior) finalización al consumarse el abuso al materializarse el citado trasvase.

-La solución del TEAC evita automatismos temporales, que puedan suponer someter a gravamen abusos que finalmente no lleguen a materializarse, ya que tan sólo se pone fin al diferimiento cuando la finalidad elusiva descrita se hace realidad, sometiendo a gravamen, sólo en ese momento, la parte de la plusvalía latente afectada que, hasta entonces, se mantuvo diferida.

2.-La necesaria motivación. Afirma la STS que cuando la Administración elimine el diferimiento, haciendo tributar al contribuyente por las plusvalías latentes derivadas de la operación, deberá justificar, “mediante una motivación reforzada, que el diferimiento constituye el principal objetivo buscado al realizar la operación”.

En primer lugar, a juicio de este TEAC, se ha de entender que para cumplir esta exigencia (reiterada en el FD 6º 15 y 17; FD 8º (ix y x); FD 9º), no bastará, obviamente, la mera acreditación de que la búsqueda de este concreto efecto fiscal ha sido decisiva para elegir una operación mercantil que, al dar entrada al régimen FEAC, haga posible su obtención, ya que esta intención concurrirá en la generalidad de los casos. Será necesario acreditar que ese objetivo fiscal principal, el diferimiento, es “una ventaja fiscal abusiva identificada como tal por la inspección” (FD 6º, apartados 10, 15 ó 16).

Lo que está exigiendo el TS, por tanto, es que, para poder corregir el diferimiento de la plusvalía latente existente en el momento de realizar la AND se haya motivado suficientemente (de modo “reforzado”) su calificación como abusivo o fraudulento.  Será un juicio, el de motivación, que habrá que realizar y analizar, como es lógico, atendiendo a las circunstancias concretas de cada caso. No obstante, sí deben hacerse dos reflexiones generales.

 La primera es que se cumple, a juicio de este TEAC, la exigencia de “motivación reforzada” del carácter abusivo del diferimiento que se pretenda corregir cuando, como ocurre en este caso según luego se verá, esta descansa fundamentalmente en la motivación y prueba de que hay abuso en el reparto de dividendos por la sociedad operativa, procedentes de beneficios generados antes de la AND, a la holding, sin tributar, ya que se materializa la desafectación de una actividad económica de los recursos generados por ella, para dejarlos, en la sociedad holding, al servicio de las necesidades del socio o como mera inversión pasiva, sin ponerlos al servicio de ninguna otra actividad económica, siempre que se haya acreditado que lograr este ahorro abusivo era el principal objetivo por el que buscó el diferimiento que ofrecía la AND. Y ello aunque no se haya explicitado la calificación como abusivo, o fraudulento, del propio diferimiento de las ganancias patrimoniales puestas de manifiesto al hacer la AND, individualmente considerado, desconectado de los efectos fiscales de operaciones posteriores para cuya consecución se buscó, y para los que es imprescindible.

Por un lado, vemos que juzgar de este modo el objetivo principal de la operación, de la AND, a la luz de sus consecuencias, haciendo un análisis global, no es sino cumplir la jurisprudencia reiterada del TJUE (por todas, Caso Foggia-SGPS, S. del TJUE de 10 de noviembre de 2011, Asunto C-126/10: “el examen global de la operación, y no basarse en elementos aislados”). Es también una exigencia lógica de cualquier juicio de la intención con la que se hace una operación, que no puede limitarse a constatar los objetivos declarados, o teóricos, debiendo sustentarse en la constatación de los efectos realmente conseguidos.

El obligado juicio global hace evidente que la conexión entre ambos efectos fiscales (diferimiento y posterior exención de dividendos, ambos efectos positivos para el contribuyente, por lo que ambos pueden considerarse ventajas fiscales) es tan intensa que pueden considerarse, en estos casos, como dos piezas de un único mecanismo: el que ha permitido que recursos que estaban al servicio de una actividad económica pasen a estar al servicio de las necesidades del socio, o colocados como mera inversión pasiva, desvirtuando el objetivo del régimen FEAC. Ese mecanismo único de elusión fiscal necesita estos pasos.

-Necesita que los beneficios generados por la actividad empresarial de una sociedad los reciba otra sociedad, y no una persona física, para que no tributen.

-Necesita, por tanto, que el socio persona física transmita las acciones de la sociedad con beneficios empresariales repartibles a otra sociedad.

-Necesita, es obvio, que en esa transmisión no se anticipe ya la tributación que se quiere evitar, dado que los beneficios que se piensan extraer forman parte de las plusvalías latentes en ella. Sólo el diferimiento propio de una operación FEAC lo evita.

Es claro, por tanto, que si la elusión buscada se juzga como abusiva (porque no es querida por el ordenamiento, y la operación FEAC no tenía otro objetivo conocido que la explicase, que le diese sentido) ese juicio recae, simultáneamente, tanto sobre la ventaja fiscal concreta que materializa o consuma el fraude fiscal a través de la aplicación de la exención del artículo 21, como sobre la primera ventaja fiscal, instrumental o inmediata, el diferimiento, la primera pieza del mecanismo elusivo único, que deja preparado, o planificado, el citado fraude fiscal, por la parte de plusvalía latente que se corresponde con las futuras salidas de beneficios de la sociedad que los generó.

Pero es claro también que esta valoración como abusivo del diferimiento, visto con la necesaria perspectiva global, parte de una premisa imprescindible: considerar abusiva el acceso a la exención del artículo 21 de la LIS, que sólo el previo diferimiento hacía posible sin tributación previa que inutilizase su efecto, y considerar que este abuso o fraude es corregible por la aplicación de la cláusula antiabuso antes regulada en el artículo 96.2 del TRLIS, ahora el 89.2 de la LIS. Este juicio se viene sosteniendo por la Inspección, y por este TEAC, siguiendo pronunciamientos judiciales, tanto del TS como de la AN y del TSJ, que ya han sido citados, que lo confirman para casos análogos, criterio judicial que, en tanto no sea modificado por la propia jurisprudencia, marca el camino a seguir a los órganos administrativos.

Especialmente significativa es, por todas, la ya citada STS de 25 de mayo de 2012 (recurso cas. núm. 3944/2009), cuyas conclusiones, para un caso análogo tan sólo se ven modificadas por la reciente STS de 20 de julio de 2026, a juicio de este TEAC, en lo tocante al principio de proporcionalidad, que también con la legislación anterior a 2015, demandaba en estos casos una inaplicación parcial, y no total del régimen FEAC, esto es, del diferimiento:

La segunda reflexión es que la STS a la que nos venimos refiriendo no pudo partir de esta premisa fundamental, de la que vienen partiendo tanto la Inspección como el TEAC, lo que, a nuestro juicio, hace que su resolución del caso concreto, su juicio sobre la motivación del acuerdo de liquidación que juzgó, no sea trasladable a los órganos que sí estamos vinculados por la jurisprudencia previa.

Decimos que el TS no pudo contar con el previo juicio negativo sobre si la falta de tributación en la sociedad holding de los beneficios generado por la sociedad operativa eran una ventaja fiscal corregible por la cláusula, porque la propia sentencia explica que queda fuera de su análisis, pese a que, aunque con un error material en la cita del precepto aplicable, había sido planteada la cuestión. Así, en tercer lugar, se le planteó al TS si:

Y esta tercera cuestión no es abordada por el TS, por la razón procesal que se explica en el FD 7º (énfasis añadido por este TEAC):

Por tanto, el TS ni confirma ni rechaza si el ahorro de impuestos que se busca, y que se consigue, sustituyendo al socio persona física (abocado a tributar en el IRPF) por el socio sociedad (que no tributará por los dividendos recibidos, hasta 2014 a través de deducción por doble imposición del artículo 30TRLIS, y desde 2015 con la exención para evitar la doble imposición) es un objetivo abusivo, como habían sostenido tanto la Inspección como el TSJ y la AN, o si está amparado por una economía de opción.

Si no se pudo entrar a juzgar si el ahorro de impuestos ya descrito es abusivo, o no lo es, este ahorro se convierte en una pieza inutilizable para el necesario juicio de intenciones que se ha de hacer. Queda así fuera del tablero de juego que pudo manejar el TS las piezas que contiene el grueso de la motivación, del análisis de hechos y derecho aplicable, esgrimidos por la Inspección, y confirmados por AN y TSJ, de modo que su juicio de la verdadera intención de la operación realizada sólo pudo resultar de analizar el diferimiento en sí mismo, desconectado de lo que pase después, desconectado de los efectos realmente producidos, que son los que permiten juzgar lo realmente pretendido. No pudo hacer un análisis global.

El diferimiento en sí mismo es, nadie lo duda, el efecto propio y natural del régimen especial, por lo que es difícil pensar que, desconectado del obligado análisis global, pueda sostenerse que es abusivo. Por ello, el TS, que sólo pudo juzgar el diferimiento en sí mismo, desconectado de la valoración de su único objetivo conocido (posibilitar el posterior reparto de dividendos sin tributar), sólo podía concluir que no estaba motivada su consideración como abusivo, de modo que su eliminación era automática.

Concluir otra cosa hubiese podido ser valorado como la confirmación tácita, o el rechazo tácito, de la valoración expresa que, por razones procesales, se dice que no se puede hacer en esta sentencia.

NOVENO.- Aplicación al caso concreto.

Pues bien, teniendo en cuenta la doctrina anterior a continuación se van a particularizar sus efectos para el caso que presenta esta resolución:

- 1. Identificación de la ventaja fiscal abusiva:

En este caso, y centrándonos en el caso del canje de valores de la sociedad XZ (puesto que la AND de TW ya ha señalado este TEAC que le es de aplicación el RFEAC por falta de identificación suficiente del elemento abusivo por parte de la inspección), observamos cómo se ha identificado suficientemente la ventaja fiscal abusiva, observamos que los elementos que constan en el acuerdo de liquidación, en los términos expuestos en el fundamento de derecho SEXTO, permiten identificar suficientemente la ventaja fiscal abusiva.

La persona física, aquí reclamante, aportó, a QR (que sería equivalente a la sociedad holding de las resoluciones del TEAC citadas) , las acciones de la sociedad XZ (que sería equivalente a la sociedad denominada operativa en las resoluciones citadas) cuando dicha sociedad estaba realizando operaciones que determinaban la obtención de un cuantioso beneficio en el ejercicio de realización de la operación. Con posterioridad al canje, dichos beneficios se reparten en forma de dividendo de la sociedad XZ a QR aplicando la exención del 21LIS, cuando, de no haber mediado el canje correspondiente, hubieran tributado en el IRPF de la reclamante.

Así, del acuerdo de liquidación resulta que la Inspección constata el posterior reparto de dividendos de XZ a QR y su remansamiento en la holding, cuando, de haber permanecido las participaciones en la propiedad de la reclamante, esos beneficios habrían tributado en su IRPF al serle distribuidos (págs. 22, 43 y 72-73 del acuerdo), mientras que, tras la aportación, se benefician de la exención del artículo 21 de la LIS.

En este punto cabe realizar algunas precisiones:

1. La doctrina del TEAC ha venido identificando como abusivo la realización de una AND con la intención de canalizar a la esfera de disponibilidad personal del socio (a través del remansamiento en una holding que no reintroduce en la economía productiva) los recursos generados por una sociedad operativa, eludiendo la tributación en el IRPF que prevé nuestro sistema fiscal cuando desde una sociedad salen beneficios en favor del socio.

Esta motivación, principalmente fiscal y abusiva, de la aplicación del régimen FEAC se ha venido considerando acreditada cuando la sociedad operativa ya disponía, al ser aportadas sus acciones, de beneficios distribuibles que, posteriormente, se podrán repartir eludiendo la tributación a la que estaban avocadas cuando el socio era una persona física, sin extender este juicio a los beneficios obtenidos por la sociedad operativa cuando su socio ya era la sociedad holding.

Así, en las resoluciones de mayo de 2024, se señala ( FJ decimocuarto):

De hecho, esta doctrina se desarrolla con un criterio para determinar, a los estos efectos, de los beneficios con cargo a los que se reparten los dividendos, teniendo en cuenta una interpretación finalista de la cláusula antiabuso. Así, en las resoluciones de 12 de diciembre de 2024 (RG 6543/2024 y RG 5937/2024), dictadas en ejecución de las de 27 de mayo de 2024, este Tribunal entendió que (FD Séptimo):

2.- No obstante, también se ha contemplado la posibilidad de que se pueda apreciar el abuso en situaciones en las que el beneficio generado por la sociedad operativa aun no luce en su balance al hacerse la AND, pero, por su cercanía y previsibilidad, se considera que la evitación de su futura tributación, cuando sea repartido, ha sido el motivo principal de la aplicación del régimen FEAC.

Así, en la resolución de noviembre de 2024 (RG 8869/2021, FD SEXTO), ya citada, se identifica el abuso con:

Las resoluciones de 24 de junio de 2025 (RG 5242/2022, reiterada en RG 05240/2022), concretan que, con carácter general, no se considerará abusivo colocar bajo la sociedad holding la mera expectativa de los beneficios futuros del negocio (fondo de comercio), sin perjuicio de la posibilidad de que se pueda acreditar que la AND se hizo buscando eximir de tributación plusvalías tácitas incorporadas a activos (materiales o inmateriales, incluido el fondo de comercio) cuya realización fuese, al tiempo de la aportación, inmediata y previsible. Así, las citadas resoluciones señalan en el FJ NOVENO.1:

3. En el presente caso, la entidad participada no contaba, al aportarse sus acciones, con reservas procedentes de ejercicios anteriores. En efecto, el resultado del ejercicio 2014 (3.324,72 euros) y la totalidad de las reservas voluntarias (79.075,28 euros) se distribuyeron a la reclamante en 2015 y tributaron en su IRPF. Sin embargo, en ese mismo ejercicio 2015 la sociedad obtuvo un resultado de 547.644,73 euros. El canje de valores se hizo el 15 de octubre de 2015, y el expediente no permite determinar qué parte de esos resultados se había generado antes de dicho canje y qué parte después, ni tampoco se concreta en qué medida los eventuales beneficios posteriores eran previsible en dicha fecha.

Ante esta situación, y conforme a la doctrina de este Tribunal Central expuesta anteriormente, consideramos que los beneficios ya generados a la fecha del canje de valores, pese a que aún no tengan reflejo expreso y separado en la contabilidad, deben tenerse a los efectos que nos ocupan.

Sin embargo, los resultados generados después del canje tan sólo deberían ser tenidos en cuenta si eran previsibles entonces. Si eran ya conocidos por los socios, o razonablemente previsibles para ellos, la operación pudo tener por objeto, precisamente, sustraerlos a la tributación que habrían soportado en su sede de haberse distribuido. Sin embargo, la Inspección no valora esta situación, ni aporta datos que permitan apreciarla, por lo que tan sólo podemos sostener que el abuso recae sobre la parte de la plusvalía latente correspondiente a los beneficios ya generados por las operaciones realizadas en la fecha del canje de valores al que se aplica el régimen FEAC. Esta solución exige conocer la cuantía de tales beneficios, circunstancia que no depende de juicios de valor que debieran haberse hecho con anterioridad, sino de una mecánica tarea de medición de la parte del beneficio correspondiente a las operaciones ya realizadas a la fecha del canje, susceptible de ser realizada en ejecución de la presente resolución.

En consecuencia, en el presente caso, lo más razonable es considerar que la ventaja fiscal abusiva preparada, y con ella el límite máximo de la regularización, se identifica con los beneficios de la sociedad operativa correspondientes a operaciones realizadas antes de la fecha de la aportación, aunque el beneficio generado en ellas aun no estuviese reflejado, a dicha fecha, en la contabilidad de la sociedad, al no haber cerrado cuentas. Su determinación corresponderá a la Inspección en ejecución de la presente resolución referida a las participaciones aportadas (el 95 % del capital de XZ) y a partir de los registros contables de la entidad. Quedan excluidos los beneficios de explotación generados con posterioridad a dicha fecha, al no haberse valorado por la Inspección que constase que eran beneficios de conocida e inminente realización.

- 2. Distinción entre preparación y consumación del abuso normativo en el caso concreto:

En el presente caso, y, de acuerdo con la doctrina expuesta, este TEAC advierte que el abuso normativo ha quedado plenamente preparado con la AND realizada, pero únicamente ha sido consumado en los ejercicios 2016 y, posiblemente, en función de lo que determine la inspección en ejecución, 2017, en los que se obtuvo, sin tributar, la disponibilidad indirecta, a través de la sociedad holding, de los beneficios generados por la sociedad operativa al producirse la AND, que llegaron a la holding por el reparto de dividendos por la operativa, siempre que no hayan sido reintroducidos en el circuito económico empresarial.

-3. Conclusiones respecto de la liquidación de la inspección:

No puede prosperar, por tanto, la liquidación realizada por Inspección, porque, pese a constatar el reparto de dividendos de XZ a QR posterior a la operación y su remansamiento en la holding, ha sometido a gravamen, liquidando el IRPF de 2015, la totalidad de las plusvalías afloradas como ganancia patrimonial en el momento de realizar el canje, aplicando sin matiz alguno la regla de cálculo del artículo 37.1.h) de la LIRPF.

Como hemos expuesto, del expediente resulta que, en el ejercicio 2015, ningún efecto del abuso detectado se ha producido.

Es en el ejercicio 2016 y, posiblemente, si así lo determina la inspección en ejecución, 2017, cuando, como consecuencia del reparto de dividendos de XZ a QR, queda materializado el abuso, y donde, por lo tanto, tiene que tener efecto cuantitativo la liquidación, en relación con el abuso que efectivamente ha quedado materializado.

A estos efectos, conforme al criterio de las resoluciones de 12/12/2024 (RG 6543/2024 y RG 5937/2024) y de 08/05/2026 (RG 2211/2024 y RG 5163/2025), el dividendo percibido por QR en 2016, procedente del resultado de 2015, se imputará en primer lugar a los beneficios generados antes de la aportación. Solo si estos excedieran de su importe podrá apreciarse consumación en 2017, para lo cual la Inspección deberá verificar con cargo a qué resultados se acordó el dividendo de ese ejercicio.

Sí procederá liquidar, en su caso, en los posteriores ejercicios, en los que se hayan producido los citados repartos de dividendos que pueden suponer, como se ha expuesto, consumación del abuso regularizado. A estos efectos, si procede liquidar el 2017, la Administración Tributaria podrá aplicar lo dispuesto en el artículo 68.9 LGT, relativo a las obligaciones tributarias conexas. En este caso, se deberá atender a las conclusiones alcanzadas en las Resoluciones del TEAC de 12 de diciembre de 2024 ( RG 6543-2024 y RG 5937-2024), por las que se resuelven los recursos contra la ejecución interpuestos contra las RTEAC de 27de mayo 2024 citadas.

Por lo tanto, procede estimar parcialmente las alegaciones de la reclamante, anulando parcialmente la liquidación recurrida, en relación con el canje de XZ en lo que a la aplicación de la cláusula antiabuso del 89.2 LIS se refiere, en los términos expuestos.

4. Sobre la alegada reinversión de los dividendos obtenidos por la holding

En las resoluciones de 8 de mayo de 2026 señaladas anteriormente (RG 2211-2024 y 05163-2025), se determinaron los criterios para considerar cuándo existe una reinversión de los fondos recibidos, que permita modular el importe de las consumaciones producidas. Señalan dichas resoluciones al respecto:

Descendiendo al caso concreto, el reclamante alude a la creación de la sociedad QR para que sirva como vehículo inversor e indica que se han realizado diversas inversiones en fondos de inversión. A la luz de la doctrina del TEAC, procede examinar si, dado que las citadas inversiones no han permitido considerar que existiera MEV, pueden servir para minorar el importe del abuso consumado. Sin embargo, observa este TEAC cómo las canalización de los dividendos hacia fondos de inversión no constituyen una reintroducción en el circuito económico empresarial a la luz de los criterios anteriores, sino que se trata de una mera inversión patrimonial, una forma de invertir los fondos provenientes de la operativa de forma que generen un rendimiento explícito. La canalización de los dividendos percibidos por la holding a inversiones en actividades económicas en los términos señalados en la doctrina reproducida anteriormente, constituye un requisito para poder modular el importe de las consumaciones que, en este caso, no se considera cumplido. Por todo lo anterior este TEAC considera que las inversiones realizadas no son susceptibles de minorar el importe del abuso consumado.

DÉCIMO.-Valoración de las participaciones

Las disquisiciones realizadas por la inspección y el reclamante en relación con la valoración de las participaciones quedan resueltas a la luz del cuerpo doctrinal ya sentado por el TEAC en relación con la inaplicación parcial del RFEAC al que venimos haciendo referencia.

La inspección tomó como valor de mercado de las participaciones el otorgado por las partes en la escritura pública de canje de valores. Con referencia en dicho valor, determinó la correspondiente ganancia patrimonial que actuará como límite máximo de la regularización total. Sin embargo se ha de advertir la presencia de un segundo límite: el de la ventaja fiscal obtenida abusivamente que ha sido consumada, que, tal y como ha resultado definida en el fundamento jurídico OCTAVO, en este caso, es menor, por lo que será el límite que efectivamente operará.

Por otra parte, en las resoluciones de este TEAC de diciembre de 2024 y de junio de 2025 ya citadas, se concretan los efectos que la inaplicación parcial del RFEAC determina en el valor fiscal de las participaciones, siendo dicha doctrina de aplicación en el presente supuesto.

DÉCIMO PRIMERO.- Resumen

- Se anula la liquidación en lo que se refiere a la regularización de la AND de las acciones de TW a QR por considerar que no existe una correcta identificación de la ventaja fiscal abusiva obtenida.

- Se desestiman las alegaciones relativas a la vulneración del artículo 89 de la LGT y del principio de confianza legítima, y a la incongruencia de la regularización.

- Se confirma la declaración que formuló la Inspección en aplicación del artículo 89.2 LIS sobre el canje de las participaciones de XZ y QR, esto es, que aquella tuvo como principal objetivo el fraude o la evasión fiscal, por lo que, en aplicación de lo previsto en dicho precepto se debe proceder, en el presente caso, a disponer la inaplicación total o parcial del mismo (en este caso, según lo expuesto, parcial).

- Que esa declaración sirve de base para corregir la consumación del abuso normativo producida en los ejercicios 2016 y, en su caso, en el año 2017, por la realización de las plusvalías tácitas que, procediendo, en este caso, de beneficios correspondientes a operaciones devengadas que incorporaban las acciones de XZ cuando fueron aportadas a QR, por cualquier medio por el que haya obtenido la disponibilidad de dichos beneficios, teniendo en cuenta, en todo caso, las circunstancias adicionales que puedan haberse producido.

- Se anulan, por lo tanto, la liquidación practicada por el IRPF del ejercicio 2015, en relación con la inaplicación del régimen FEAC, ya que en dicho ejercicio no se han producido los efectos del abuso que se pretende corregir, por lo que en ese ejercicio no es procedente hacer ningún ajuste en aplicación del artículo 89.2 LIS; debiendo liquidarse en los años que se consume el abuso los efectos de dicha consumación.

 Por lo expuesto,

Este Tribunal Económico-Administrativo acuerda ESTIMAR EN PARTE el presente recurso, anulando la resolución impugnada en los términos señalados en la presente resolución.